Un estudio en treinta
paises de cuatro continentes da cuenta del nuevo fenómeno
La privatización de las semillas
20 de julio de 2015
Por Darío Aranda (Página 12)
La investigación de las organizaciones Vía Campesina y Grain
muestra cómo las corporaciones avanzan para controlar un insumo básico de la
producción de alimentos. “La criminalización de las semillas campesinas.
Resistencias y luchas” es el nombre del informe.
Las grandes empresas del agro impulsan leyes
“que privatizan las semillas” y “judicializan a los productores”. Es una de las
afirmaciones de la investigación realizada por las organizaciones
internacionales Vía Campesina (reúne a movimientos rurales de todo el mundo) y
Grain, que analizaron las legislaciones y políticas públicas de más de treinta
países de cuatro continentes. “Las semillas campesinas, uno de los pilares de
la producción de alimentos, están sometidas a un ataque de corporaciones y
gobiernos”, advierte el informe. Las principales empresas del mercado son
Monsanto, Dupont Pionner, Syngenta, Bayer y Dow.
“La criminalización de las semillas
campesinas. Resistencias y luchas”, es el nombre de informe publicado por la Vía Campesina (VC) y
Grain. Analiza la situación de América, Asia, Africa y Europa. Recuerda que el
intercambio libre de semillas, entre comunidades y pueblos, fue lo que permitió
que los cultivos se adapten a diferentes condiciones, climas y topografías. “Es
lo que ha permitido que la agricultura se extienda, crezca y alimente al
mundo”, remarca. Y precisa que desde la llamada “revolución verde” (década del
’60), cuando las empresas comenzaron a tener mayor injerencia, se inició un
proceso de apropiación de las semillas, el primer eslabón de la alimentación.
Tres empresas controlan más de la mitad (53
por ciento) del mercado mundial de semillas. Monsanto (26 por ciento), DuPont
Pioneer (18,2) y Syngenta (9,2). Entre el cuarto y décimo lugar aparecen la compañía Vilmorin
(del francés Grupo Limagrain), WinField, la alemana KWS , Bayer
Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y Takii. Entre las diez
empresas dominan el 75 por ciento del mercado mundial de semillas.
El informe señala que en América se
desarrollan resistencias contra las “leyes Monsanto”. Describe el caso de
Chile, donde tras cuatro años de movilizaciones lograron en 2014 que se
retirara un proyecto de ley que privatizaba las semillas. También resalta el
caso de Colombia, en 2013, cuando las organizaciones campesinas iniciaron una
huelga masiva en todo el país. Bloquearon rutas y paralizaron la producción de
alimentos. El gobierno intentó que el intercambio de semillas indígenas
enfrentara multas o incluso prisión. “En 2011, las autoridades del gobierno
colombiano irrumpieron en los almacenes y camiones de los agricultores de arroz
(en la provincia de Huila), y destrozaron de manera violenta 70 toneladas de
arroz que según ellos no se habían procesado de acuerdo a la ley”, recuerda el
informe. Las organizaciones sociales insisten en la derogación de la ley.
De Brasil, que es el segundo productor mundial
de transgénicos y el gobierno habilitó nuevas semillas, describe el proyecto de
gran escala para el desarrollo de semillas criollas, en el marco de la Política Nacional
para la Agroecología y la Producción Orgánica , adoptada en 2012. Y
remarcaron la importancia, desde 2003, del Programa de Adquisición de
Alimentos, en el que el Estado adquiere las cosechas de los campesinos. En
octubre de 2013, 5000 agricultores brasileños ocuparon unas instalaciones de
producción de semillas pertenecientes a Monsanto en el estado de Pernambuco.
En Costa Rica, en 1999, el gobierno intentó
modificar sus leyes para cumplir con los requisitos de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). La movilización de las organizaciones sociales impidió la
nueva legislación y se avanzó en el camino contrario, por la prohibición de los
transgénicos. En la actualidad, el 80 por ciento del territorio se declaró
libre de transgénicos.
En El Salvador se avanzó en un plan
agricultura familiar que incluye la distribución de semillas a los pequeños
agricultores. “La iniciativa se enfrentó a problemas con el gobierno
estadounidense, al considerar que infringía tratados de libre comercio y
exigieron el fin de la distribución de semillas y que se las compren a
Monsanto”, explica el informe.
El trabajo de VC y Grain detalla el papel de
Venezuela, donde se impulsa un proyecto de ley que limita la entrada de
transgénicos y defiende las semillas campesinas, como parte de un modelo
productivo basado en la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria.
Resultado de una serie de consultas nacionales en distintos puntos del país,
define las semillas como un bien público, “herencia colectiva que no puede ser
privatizada”.
México mantiene desde hace más de una década
una lucha masiva en defensa del maíz, el cultivo más importante del país.
Mediante el Tratado de Libre Comercio del Norte se intenta la introducción
masiva de transgénicos. En 2005 fue aprobada una legislación (llamada ley
Monsanto) que abrió paso a los transgénicos. “Le siguió una Ley Federal de
Producción, que criminalizaba el libre intercambio de semillas nativas. Y le
siguió el decreto presidencial para nuevos permisos de transgénicos”, afirman la Vía Campesina y
Grain.
Con esa ingeniería legal, las multinacionales
Monsanto y Dow recibieron 156 permisos para el cultivo experimental de maíz.
El informe recuerda que existen pruebas
concluyentes de que el maíz transgénico de Estados Unidos ya contaminó el maíz
nativo de México. Dato positivo, los agricultores mexicanos siguen optando por
las semillas campesinas: el 80 por ciento del maíz de México sigue siendo el
criollo.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-277441-2015-07-20.html
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Las leyes, similares en el mundo
20 de julio de 2015
20 de julio de 2015
Por Darío Aranda
La investigación de
Vía Campesina y Grain señala que las leyes de semillas tienen características
comunes de casi todos los países. Son impulsadas por corporaciones y gobiernos
con el argumento de que son necesarias para garantizar la supuesta calidad de
semillas, dejan abierta la posibilidad de considerar delito el intercambio,
implican la privatización de las semillas, las leyes “son redactadas de manera
imprecisa” que dejan zonas grises para libre interpretación, avanzan mediante
tratados de libre comercio y, en la mayoría de los casos, las leyes pasan por
las cámaras legislativas en secreto o sin debates ni participación de
campesinos e indígenas.
“Estas leyes a
menudo conllevan que las semillas campesinas sean decretadas como ilegales, catalogadas
como inadecuadas y tratadas como una fuente de riesgo a eliminar”, alerta el
informe y denuncia que el objetivo final es evitar que los agricultores
preserven las semillas y se vean obligados a comprar a un puñado de grandes
empresas.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/277441-73620-2015-07-20.html
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