YPF del Litio, la
minería "progresista"
27 de julio de 2015
Por Darío Aranda (ComAmbiental)
Diputados kirchneristas impulsan un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”. Intenta
regular la extracción de un mineral pretendido por empresas mineras y
automotrices en el noroeste del país, mayoritariamente en territorio indígena.
La iniciativa se presenta como progresista porque promueve que el Estado
controle este "recurso estratégico". Sin embargo, la propuesta
legislativa no contempla los derechos básicos de los pueblos originarios.
Tampoco hace hincapié en la leyes ambientales.
“El oro del futuro”, publicitan empresas y
gobiernos al referirse al litio, un mineral utilizado en las baterías de
teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos. En el norte argentino ya
se explota minería de litio, hermana menor de la megaminería metalífera (de oro, plata y cobre). Desde el
kirchnerismo acaban de presentar un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, que lo
intenta declarar “bien estratégico” y propone –con discurso progresista–
procesarlo y que el Estado se apropie de esa renta. El proyecto no contempla
ninguno de los derechos de los pueblos originarios (donde está buena parte de
las reservas de litio) y no menciona ningún aspecto del derecho ambiental.
“¿Qué dirían esos diputados si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le
hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”, reprochó
Clemente Flores, kolla de las Salinas Grandes de Jujuy.
Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan
Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto tiene 74 artículos, declara las
reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establece
de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e
industrialización. También propone la creación de la “YPF del litio” (llamada
formalmente Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado).
“Nosotros no decimos ‘no a la minería’,
decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de
explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén
debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta, la
semana pasada. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe
haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema
imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a
un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es
titular del Centro Cultural de la Cooperación (vinculado al mismo banco),
espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña. Y,
desde la última década, ámbito alineado con el kirchnerismo. El escrito es
acompañado con la firma de los legisladores Carlos Raimundi, Juan Mario Pais,
Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni, todos del oficialismo.
El articulo 20 crea la Comisión Nacional
de Explotación del Litio (CNEL), que dependerá del Ministerio de Planificación,
tendrá como objeto regular y fiscalizar la exploración, explotación,
industrialización y comercialización. La Comisión tendrá un directorio
constituido por un presidente y siete miembros: uno a las provincias que tengan
yacimientos de litio, uno a las universidades nacionales con sede en las provincias
con litio, uno del Ministerio de Ciencia, uno al Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), uno a la Secretaría de
Ambiente de la Nación, uno a la Secretaría de Minería y uno a las “comunidades
originarias”.
En los fundamentos llama al litio como el
"oro blanco" y "mineral del siglo XXI", afirma que
se ha duplicado su demanda a nivel mundial en menos de una década (desde
comienzos de 2000) y señala que “las proyecciones coinciden en que el
incremento en la demanda será sostenido y crecerá en forma exponencial”.
También detalla que el “80 por ciento del
litio del planeta” está en el sur de Bolivia, y el norte de Chile y Argentina,
área denominada como “el triángulo del litio” y asegura que “en el mundo minero
y de las finanzas asociadas a los recursos extractivos se habla informalmente
de la 'Arabia Saudita
del litio'". El proyecto remarca de manera reiterada la importancia de que
el Estado maneje el recurso, menciona la posibilidad de una “asociación
estratégica” con Bolivia y Chile, y celebra que (los tres países) podrían
“controlar en forma cuasi-monopólica la oferta mundial del litio”.
Por un minería nacional (sin indígenas)
Las salinas (o salares) son las extensas
planicies blancas del norte del país que suelen ser la foto buscada de los
turistas y, al mismo tiempo, espacio de vida, trabajo y cultura de los pueblos
originarios. El litio está contenido en esos territorios y ya es motivo de
conflicto de corporaciones y comunidades indígenas.
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de
Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la
subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas
mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se
organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y
Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa,
marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para
que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional ),
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera
afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos originarios.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y
4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo
24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el
directorio de la
Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que
en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de
las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento
de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena
no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la
legislación vigente).
“Le pone una pátina indígena pero por supuesto
que muy alejado de respetar el derecho a la consulta. La
presencia de un indígena en la Comisión de explotación es sólo para legitimar,
aparte que es posterior, nunca antes de la explotación. Y el
artículo 30 es de sólo participación y no consulta, y sólo en la evaluación de
impacto ambiental y tampoco es vinculante. En fin, con una ley de ese tipo se
está en graves problemas, no se cumplen los derechos indígenas”, afirmó Silvina
Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas (AADI) y
del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance
del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería:
ignora toda la legislación indígena vigente.
La acción judicial de las 33 comunidades reclama que se respeten
sus derechos. Llegó hasta la
Corte Suprema pero fue remitida a tribunales provinciales. En
la actualidad tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dilemas del progresismo extractivo
La minería del litio forma parte del modelo de
extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran
escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero
sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la
Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por
el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de
infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes
de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología
Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas
atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales
en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o
hidrogeológica en la
Salinas Grandes ”, se llama el informe que concluye: “Las
perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles
salinos superficiales y acuíferos (...) La perforación presenta surgencia
permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...)
Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad
de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de
que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos
profundos de baja salinidad”.
Rodrigo Solá, uno de los abogados de las comunidades, explicó que
(durante la exploración) “perforaron el acuífero” y realizaron un doble mal:
contaminaron el acuífero de donde obtienen agua para consumo humano, animales y
cultivos. Y, al mismo tiempo, el agua dulce que ascendió hasta la superficie
arruinó la sal de ese sector de la salina.
Tras cinco años de resistencia, en Salinas Grandes no hay minería
de litio. Sí comenzó la explotación a 90 kilómetros , en
Susques, donde el accionar conjunto del Gobierno provincial y las empresas
Orocobre (australiana-estadounidense), Posco-Exar (consorcio
coreano-canadiense) y Sales de Jujuy dividió a las comunidades indígenas.
El proyecto de ley de Heller y Junio señala
que en la explotación de litio “sus impactos a la salud y a la integridad
territorial-ambiental son mucho menores que cualquier otra alternativa
energética” y destaca que “la preocupación por el impacto ambiental y a la
población de la extracción del litio está ampliamente incluida en los artículos
18, 29 y 41” .
De la lectura de los artículos se desprenden
generalidades:
- “Deberán adoptar las medidas
necesarias para proteger el ambiente, los recursos naturales y
culturales”.
- “El Fondo Nacional para la
Valorización del Litio se destinará a la implementación de instrumentos
para la prevención de los impactos ambientales”.
- Se incorpora “la inclusión de
los organismos nacionales y provinciales que velan por la integridad
ambiental”.
·
No menciona la
Ley General del Ambiente (norma básica en la materia) ni el
“principio precautorio” (cuando no haya certeza científica, deben tomarse
medidas para proteger a la población y el ambiente), derecho reclamado por
organizaciones sociales, asambleas socioambientales y pueblos indígenas.
Clemente Flores, kolla de la Mesa de Pueblos
Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (que reúne a las 33
comunidades afectadas) no cree en espejitos de colores: “Dicen que no van a
contaminar pero ya afectaron el acuífero y las salinas. No nos contó nadie, lo
vimos nosotros mismos en el territorio”. Y deja un mensaje para los
legisladores: “Antes de escribir leyes debieran leer la Constitución Nacional
y los convenios internacionales. Ahí verán que tenemos derechos y que ellos
también deben respetarlos”.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201486
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