La crisis de hegemonía institucional
20 de julio de 2015
Por Juan Luís Berterretche (Rebelión)
En la coronación de Alejandro V, como papa de
la iglesia católica en el año de 1409, se agregó a la liturgia un nuevo
elemento. Un sacerdote interrumpió en tres oportunidades la ceremonia --como
parte del ritual-, para quemar unas ramas de lino y luego del fuego consumirse
decir, dirigiéndose al santo padre: “Sic transit gloria mundi" una
reflexión en latín que significa “así pasa la gloria del mundo”. Para
recordarle al nuevo pontífice lo efímero de los triunfos mundanos. Este rito
tradicional se mantuvo hasta el siglo pasado aunque las ramas de lino fueron
sustituidas más adelante por un fogonazo de magnesio.
Es una lástima que ese ritual de advertencia no fuera usado cuando
se inviste a los nuevos presidentes de la Cámara y del Senado en Brasil. No
porque se trate de un talismán efectivo contra la soberbia -la historia del
propio Vaticano demuestra lo contrario- sino más bien para recordar a la
ciudadanía la necesidad de mantener un riguroso control y una fuerte
indignación ante la corrupción y la petulancia política.
Estos sentimientos abordan cuando se mira la fotografía del
presidente del senado Renán Calleiros -senador por Alagoas- y el presidente de
la cámara de diputados Eduardo Cunha -diputado por Rio de Janeiro- en actitud
de triunfo, mientras se tapan la boca para que los periodistas no puedan leer
en sus labios los previsibles comentarios de impunidad ante la práctica
repetida del soborno.
Pues bien, en medio de ese triunfalismo anticipado ocurrieron dos
hechos que provocaron cambios significativos en esta situación de crisis
institucional y de hegemonía política en el Brasil. El martes 14 de julio, la
policía federal cumplió una operación de búsqueda y aprensión en las
residencias funcional y particular del senador Fernando Collor de Melo
-ex-presidente del país separado del cargo por corrupción política y tráfico de
influencias, en setiembre de 1992. Collor era un millonario miembro de la
oligarquía del estado de Alagoas, que la burguesía pro-imperialista y los
grandes medios seleccionaron para
enfrentar la candidatura de Lula en las elecciones de 1989. Asumió la
presidencia para aplicar las medidas neo-liberales del Consenso de Washington,
un programa casi idéntico al de Menem en Argentina o de Lacalle en Uruguay.
Después de varios años de inhabilitación política, en octubre de 2006 volvió a
ser elegido senador por el estado de Alagoas. En el allanamiento de la semana
pasada a su domicilio, que se trataba de la operación “Politeia” un
desdoblamiento de la
Operación Lava Jato , fueron aprehendidos documentos,
computadores y bienes, entre ellos tres automóviles de lujo avaluados en cerca
de R$ 6 millones (más de un millón y medio de dólares).
La operación no tenía como objetivo al cadáver político de Collor
de Melo en sobrevivencia artificial senatorial, se trataba de un tiro por
elevación para que Renán Calleiros tomara consciencia de que tenía pendiente
una amenaza de allanamiento a su hogar, por la operación Lava Jato.
Y de rebote estaba también dirigida al ensoberbecido Eduardo Cunha que había
gestionado una cadena nacional de radio y televisión para dar bombo a las
retrógradas medidas aprobadas por la Cámara en el primer semestre.
La estocada de fondo fue el viernes 17 de julio. Mientras Eduardo
Cunha hablaba por cadena nacional de radio y televisión, por Internet se
difundía un video del empresario Julio Camargo, reo del caso Lava Jato,
ejerciendo su situación de culpado acogido al “delito premiado” y acusando a
Eduardo Cunha de haber recibido 5 millones de dólares de coima por una gestión
relacionada a contratos con Petrobras.
Cunha, que tenía engavetados los pedidos de investigación de la
Justicia a la Cámara que lo incluían junto a otros de sus acólitos, vio
arruinado su momento de gloria y perdió toda compostura, declarándose en
ruptura con el gobierno de Dilma Rousseff. El barco que capitaneaba del lobismo
empresarial en la cámara de diputados -con más de 300 diputados federales-,
dominado por la bancada conocida como BBB -Boy, Bala, Biblia- una alianza de
terratenientes ligados al agro-negocio, defensores de la violencia represiva y
evangélicos intolerantes, empezó a hacer agua.
El video del delator produjo el destrozo previsto. De inmediato el
vice-presidente Michel Temer hizo una declaración pública dejando claro que
cualquier decisión del PMDB aliado al gobierno sería tomada por los organismos
competentes del partido. Y el opositor PSDB de Aecio Neves dejó trascender que
no harán frente común con Eduardo Cunha. El sábado 18/07 Folha de S ã o Paulo
difundió una nota que anunciaba “Oposición
y PMDB aíslan Cunha después del rompimiento con el gobierno”. La reacción esperada de Cunha es
avanzar en un eventual proceso de “impeachment” contra la presidente Dilma. Un golpe blanco al estilo Paraguay contra el
presidente Fernando Lugo, en 2012. Pero Cunha está amenazado en lo inmediato
por la posibilidad de que el Procurador General de la República, Rodrigo Janot
-con simpatías por la presidente- requiera al Supremo Tribunal Federal en los
próximos días, su separación cautelar del cargo de presidente de la Cámara.
El viernes 17/07 el diputado Silvio Costa (PSC), pernambucano como
Severino Cavalcanti lo recordó para comparar con la situación actual de Eduardo
Cunha. El 21 de setiembre de 2005, Severino renunció a su mandato de diputado
federal y abandonó el cargo de presidente de la Cámara como consecuencia de una
denuncia pública del dueño de un restauran que funciona en las instalaciones
del Congreso que lo acusó de cobrarle una mensualidad de 10 mil reales por pago
de coima, bajo amenaza de cerrarle el restauran.
Costa afirmó después de la difusión del video del delator “del punto de vista moral, él (Cunha) perdió las condiciones de
continuar al frente de la Cámara”...”Por mucho menos la Casa destituyó a
Severino.”
¿Por qué el gobierno atraviesa por una grave crisis de hegemonía
política?
Durante el primer ejercicio de gobierno, Dilma Rousseff fue
acumulando año a año un verdadero descontento social-político, proveniente de
una estrategia económica de desarrollo que
heredó de las dos presidencias de Lula y que acumuló incontables problemas.
Ese proyecto original del “Lulismo” basado en un inexistente
futuro de los combustibles fósiles y agravado por la minería a cielo abierto y
el agro-negocio volcados a desforestar y contaminar la naturaleza a la vez que
envenenan los alimentos con agro-tóxicos, tiene graves consecuencias sociales
porque promueve la violencia rural contra agricultores familiares, trabajadores
rurales e indígenas, a la vez que provoca la exclusión campesina y humana en
general de las zonas rurales. Y origina el crecimiento de las favelas y
periferias pobres de las ciudades.
Ya las movilizaciones de junio de 2013 indicaban la temperatura
popular de descontento en la población que, sin la mínima sensibilidad social
Dilma fue incapaz de interpretar. Hoy Dilma cuenta con una aprobación de la
ciudadanía del 9% (Datafolha). En el actual ejercicio creció más el
debilitamiento del gobierno del PT, por la contradicción flagrante entre lo
prometido por Dilma en su campaña electoral y las medidas de gobierno que viene
aplicando en este primer semestre de 2015. Los que la votaron se sienten
estafados por el ajuste fiscal contra los trabajadores mientras se aumentan las
tasas de interés que favorecen a los rentistas de la deuda pública, que ya
absorbe el 50% del presupuesto federal. Y por la profundización de la errada estrategia de desarrollo, a la vez que se reparten
ministerios a políticos que provienen de alianzas espurias con partidos
volcados en especial al saqueo de las arcas públicas. El ajuste fiscal es, por
ejemplo, el responsable de que se hayan perdido en el primer semestre de 2015,
más de 345 mil puestos de trabajo.
Pero además la población cada vez es más consciente de que la estrategia económica de desarrollo del “lulismo” está empujando al
país a una crisis de derechos y libertades humanas insostenible.
En ese Congreso federal donde domina una mayoría de centenares de
representantes de empresas y corporaciones, una comisión parlamentaria de
investigación (CPI) de la violencia contra los jóvenes negros y pobres, ante
los hechos y las pruebas incontrovertibles aprobó por unanimidad el 15/07
actual un documento final que prevé la creación de un plan nacional de
enfrentamiento al homicidio de jóvenes. El investigador Antonio Texeira de Lima
declaró en la CPI que el total de muertes violentas en el país ya sobrepasó el
número de 60 mil por año. Es decir aproximadamente 166 diarias. Y que “la
máquina de muerte en masa está diezmando principalmente a los
jóvenes negros”. No se trata apenas de individuos aislados, se trata de una
matanza indiscriminada de la etnia negra, golpeada por la precariedad en todos
los aspectos de su vida, y por una política de exterminio instituida por el
estado brasileño. Como hemos denunciado en notas anteriores estamos frente a un
racismo institucional en el grado de genocidio. De los homicidios que superan
el medio millón entre 2002 y 2012, más de la mitad corresponde a jóvenes entre
15 y 29 años y de ese total el 77% son negros. Y más del 90% pertenecen a la
periferia y áreas faveladas de los centro urbanos.
En el caso de desaparición del trabajador de la construcción Amarildo
de la favela Rosinha
de Rio de Janeiro, por la campaña nacional e internacional encaminada por
varios movimientos sociales y populares , se pudo comprobar que había sido
torturado y asesinado en una comisaría de las unidades de policía de
pacificación (UPP). Sin embargo su cuerpo no ha aparecido y es parte de los 40
mil desaparecidos en la ciudad de Rio de Janeiro durante los dos gobiernos del Prefeito Sergio Cabral (PMDB) aliado al PT en
las elecciones del estado.
Y las desapariciones no afectan sólo a los adultos: en Brasil
cerca de 40 mil niños y adolescentes desaparecen por año, y según la secretaria
de derechos humanos de la presidencia, entre 10 y 15% jamás son encontrados. En
el último informe de Unicef de julio 2015, sobre la situación de niños y
adolescente en Brasil se destaca además del exterminio de jóvenes negros, la
exclusión escolar. Más de 3 millones de niños y adolescentes están todavía
fuera de la escuela. Los
excluidos de la educación representan exactamente las poblaciones
marginalizadas del país: son pobres, negros, indígenas y quilombolas. Muchos
dejan la escuela para trabajar y gran parte vive en zonas suburbanas de baja
renta, en la Amazonia o en zonas rurales.
La situación de los derechos humanos en las zonas rurales se ha
agravado. En el cuarto congreso nacional de la Pastoral de la Tierra se informó
que por tercer año consecutivo Brasil encabeza ranking mundial de asesinatos de
líderes sociales y ambientales. Al mismo tiempo el Consejo Indigenista
Misionario (CIMI) informa que la violencia contra los indígenas volvió a crecer
en 2014 con 70 víctimas indígenas de homicidios. ¿Puede haber alguna duda de
que estos crímenes tienen una relación directa con terratenientes que cuentan
con el abierto apoyo de los gobiernos del PT al agro-negocio?
No desconocemos que, durante los gobiernos del PT los programas
asistencialistas disminuyeron, tanto la pobreza como la miseria extrema. Pero
el descontento popular que se profundiza está relacionado a la gran brecha que
existe entre las expectativas de la población respecto a sus ilusiones sobre
cambios profundos que se esperaban del gobierno del PT y el limitado
asistencialismo, que dejó por el camino la reforma agraria, la reforma política
y electoral, la reforma impositiva, la reestructuración de los medios de comunicación, la ampliación del derecho a
una salud de calidad gratuita, la inclusión universal en la educación, el
transporte urbano de calidad, etc.
Por eso hoy el gobierno se enfrenta a una crisis de hegemonía
democrática, acumula descontento popular y es víctima de una ofensiva
reaccionaria de sus “aliados” y opositores. Para el día 16 de agosto la
oposición y grupos reaccionarios esperan concretar una gran movilización contra
la presidencia y el PT que los acerque al soñado “impeachment”.
Aunque Dilma Rousseff hasta ahora no lo ha comprendido, su única
esperanza de sobrevivencia es que la galaxia de movimientos sociales populares,
sindicales y estudiantiles, ya comenzaron a articularse para construir una gran
movilización el 20 de agosto. Y que la polarización institucional actual salga
de los gabinetes de la élite política y empiece a definirse en las calles.
Juan
Luis Berterretche es miembro de consejo de edición y redacción de
Desacato.info.Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201278
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