Detenciones masivas de
integrantes del movimiento social en Colombia
Historia universal de
la infamia
24 de julio de 2015
24 de julio de 2015
Por Arrigo Paci(Rebelión)
“Il faut penser comme moi
pour être sauvé.
Voilà le dogme affreux qui désole la terre»
Jean-Jacques Rousseau
El 8 de julio a las 2h19 el presidente de
Colombia Juan Manuel Santos lanzaba un twitter en el que decía que habían sido
“Capturadas 11 personas del ELN responsables de petardos en Bogotá.
Felicitaciones a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol -Pagarán por atentados! Acto
seguido y haciendo a un lado la presunción de inocencia y el debido proceso
afirmaba que “Continuaremos operativos para dar con todos los responsables de
sembrar terror en (la) capital”.
Matoneo mediático del Estado contra el
movimiento social
La condena pública contra estas personas,
orquestada desde la policía y los servicios de seguridad colombiana, ha estado
acompañada de un amplio despliegue mediático por parte de revistas como Semana,
los principales periódicos colombianos y algunos funcionarios estatales que han
actuado al límite de lo permitido por sus cargos. Sin que todavía se les hubiera
imputado cargos estas personas - feministas, estudiantes, periodistas,
filósofas, profesoras, educadoras populares pertenecientes al Congreso de los
Pueblos - fueron a través de la radio, la televisión, los periódicos y las
nuevas plataformas de comunicación acusadas de terroristas y sometidas a un “matoneo”
mediático. El acoso se hizo extensivo a q uienes hacen su defensa jurídica y a
las organizaciones sociales de las cuales hacen parte o se han solidarizado con
su situación. A tal punto que la defensa de las personas detenidas hizo un
llamado expreso a los generales Rodolfo Palomino y Humberto Guatibonza para que
respeten la ley.
Sindican a las instituciones que realizan la investigación de
haber inferido en el proceso al filtrar pruebas a la prensa que no han sido
utilizadas en las audiencias y por lo tanto no constituyen pruebas asociadas al
proceso y de efectuar aseveraciones que constituyen una condena mediática antes
del juicio.
En el pasado reciente la inhabilitación
política de Piedad Córdoba, toda la campaña desplegada contra el alcalde Gustavo Petro y todo ese número impresionante de
líderes y lideresas sociales detenidos durante los gobierno de Uribe y Santos
acusados de pertenecer a las insurgencias muestran que la utilización del
aparato judicial para perseguir a los opositores es una realidad latente que
debe cambiar [1].
Respetar los derechos fundamentales
En una democracia el derecho a la oposición
política es un derecho fundamental que en Colombia ha estado siempre limitado.
En ocasiones mediante la persecución política o jurídica, en otras a través de
la violencia más atroz, la corrupción o el desprestigio sistemático. Reconocer
a las minorías, a los grupos y organizaciones opositoras como interlocutoras
válidas con derechos a ejercer el poder, a gobernar y llegado el caso a
transformar la sociedad o el país es una asignatura pendiente de la democracia
colombiana. Es necesario un sistema político y judicial que respete y acepte la
legitimidad de tener otras visiones y concepciones de la vida, la sociedad y la
economía y no las persiga o condene.
Los recientes sucesos, a los que podemos
agregar toda la persecución desatada contra la organización social Marcha
Patriótica, han ratificado una vez más la necesidad de garantizar al conjunto
de la población, en especial a la directamente involucrada en los problemas la
posibilidad de participar, de decidir y de transformar a Colombia. La
construcción de paz y de convivencia requiere de la creación de canales no
violentos para tratar las diferencias y los antagonismos sociales y políticos.
Asegurar esa convivencia significa garantizar el pluralismo político y
establecer reglas claras que permitan a los actores sociales involucrados tener
acceso a la información, la formación y la posibilidad de organizarse según sus
conveniencias y convicciones. Estos propósitos exigen la superación de las
prácticas mafiosas enquistadas en la política colombiana en donde imperan el
mesianismo moral y el chantaje. Hay que cambiar aquellas practicas que hacen que
al opositor de cualquier clase se le quite primero su dignidad humana y se le
demonice para luego condenarlo al exterminio como pasó con la Unión Patriótica
y con otros movimientos y organizaciones sociales, incluidas el Congreso de los
Pueblos y Marcha Patriótica, que están ahora en la picota pública. Un opositor
u opositora política no es un obstáculo a eliminar y por el contrario puede ser
una garantía para la convivencia, la construcción de confianzas, la justicia
social y el buen vivir y convivir.
En Colombia en pleno proceso de paz se ha
continuado demonizando a la insurgencia armada sin reconocer el hecho de que se
trata de delincuentes políticos. Consciente de las dificultades que esto
significa porque no se puede pretender que la sociedad acepte la participación
en los espacios democráticos de aquel que durante años se ha condenado
negándole derechos a expresarse, a interlocutor, a escuchar y a ser escuchado,
el presidente Santos hizo un llamado a realizar un trato mas respetuoso al
referirse a las FARC. Sin embargo la incontinencia verbal del sistema se está
empleando ahora contra el movimiento social como lo reflejan los twitteres
enviados por los y las funcionarias del Estado.
Caza de brujas contra la libertad de
pensamiento y de expresión
Históricamente el ELN ha demandado la
participación protagónica de la sociedad en el proceso de paz y ha hecho de la
defensa de los recursos naturales, de la soberanía nacional y del pensamiento
de Camilo Torres elementos centrales de sus propuestas. Probablemente muchas
personas en Colombia y en el exterior, que no tienen ninguna relación con la
lucha armada, compartan esos mismos enfoques políticos y sociales y resulta
entonces absurdo que se desate una cacería de brujas y que se considere - como
ha pasado con las personas detenidas del Congreso de los Pueblos - que tener
libros de Camilo Torres o relacionados con los temas antes mencionados les haga
condenables.
Ese obscurantismo político, que atenta contra
la libertad de expresión y pensamiento es absolutamente reprobable e
insostenible y constituye una suerte de chantaje en el que se violan los
derechos fundamentales a miles de personas y organizaciones sociales y
políticas.
El presidente Juan Manuel Santos ha diseñado
una estrategia de paz que tiene como propósito central resolver el conflicto
armado y desmovilizar a las insurgencias armadas, sin embargo muchos de quienes
participan desde la sociedad en la búsqueda de la paz y las guerrillas mismas
quieren cambios que encuentren soluciones reales a los problemas sociales,
políticos y de justicia social que están en la base del conflicto. Surge
entonces la pregunta si el interés del gobierno de Santos estriba en pactar la
paz con la insurgencia armada mientras le declara la guerra a los movimientos
sociales y políticos alternativos como el Congreso de los Pueblos o la Marcha Patriótica
para que nada cambie?.
Las recientes detenciones de dirigentes
populares de esas dos organizaciones nos hacen preguntarnos si existe una
estrategia del gobierno y de sus medios
de comunicación de acusarles de tener vínculos con la insurgencia para
justificar su exterminio o su inhabilitación política y la destrucción del
tejido social que construyen. De nada sirve un proceso de paz, que acorde con
la especificidad colombiana, establezca acuerdos si después la maquinaria del
poder utilizando diversas estratagemas se encargue de desmontarlos o evita que
la ciudadanía y los actores sociales puedan concretarlos en acciones
transformadoras de su vida y de la sociedad.
¿Un capitulo más de la infamia oficial contra
la oposición?
En el momento de las detenciones a los y las
compañeras del Congreso de los Pueblos se les acusó de colocar las bombas en
las sedes del fondo de pensiones Porvenir, sin embargo con el paso de las horas
y dados los testimonios de diversas fuentes que los ubicaban lejos de los
lugares de los atentados y las debilidades de las pruebas aportadas por los
organismos de seguridad del Estado esa acusación se cayó y todo parece indicar
que el propósito ahora de algunas autoridades es el de incriminarlos a toda
costa en cualquier hecho con connotaciones delictivas para evitar reconocer que
se trata de un falso positivo judicial.
En este caso resulta interesante saber cuál
será el rol a jugar por parte del aparato judicial en Colombia y si quienes se
ocupan de los hechos serán capaces de actuar con total independencia para
garantizar un debido proceso a aquellas personas que ya han condenado
mediáticamente y colocado en grave riesgo al señalarlos como blanco de la extrema
derecha y del paramilitarismo. Estas historias universales de la infamia
política y social en Colombia como diría J.L Borges deben desaparecer. Superar
todas estas anquilosadas prácticas de la “democracia colombiana” exige entender
que además de las leyes y los derechos políticos y de pactar el fin del
conflicto armado con la insurgencia es necesario garantizar una democracia
social y económica a través de cambios hechos con la más amplia participación
en todas las esferas del Estado, en todas las instituciones y en los medios de comunicación para que se puedan abrir así
espacios de convivencia.
Nota (...)
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201402
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