Entrevista a Jorge Iglesias, abogado del Colectivo Apacheta
"Prácticamente les estamos pagando
nosotros
para que se lleven todo el mineral"
para que se lleven todo el mineral"
25 de julio de 2015
Por Red Nacional de Medios
Alternativos (RNMA)
A casi 4.000 metros sobre el
nivel del mar, la localidad de Susques es parte del llamado “triángulo del Litio”, zona que
abarca el sur de Bolivia y el norte de Chile y Argentina y que concentra más
del 80% de este mineral. Si bien Bolivia tiene las mayores reservas mundiales,
Argentina cuenta con los salares de mejor calidad y de mayor grado. El litio es
el elemento sólido más ligero y se emplea especialmente en aleaciones
conductoras del calor, en baterías eléctricas y, sus sales, en el tratamiento
del trastorno bipolar.
Un proyecto de ley presentado en abril 2014 –impulsado por los diputados
nacionales del Partido Solidario, Carlos Heller y Juan Carlos Junio, junto a
otros diputados oficialistas– declara
las reservas minerales de litio como “recurso natural de carácter estratégico”.
Califica de interés público la exploración, explotación, concesión de
explotación, industrialización y demás actos consiguientes del litio y sus
derivados, con el objetivo de garantizar “el desarrollo sustentable en los
aspectos económicos, sociales y ambientales”. Este proyecto prevé la creación
de la
empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del
Estado, empresa estatal con participación de las provincias, la que le otorgará
al Estado la posibilidad de tener la primera opción para adquirir el litio y
sus derivados producidos en el país.
Hoy, en el “triángulo del litio”, con la
anuencia de los Gobiernos nacional y provincial, las empresas multinacionales
se llevan el mineral y destruyen las fuentes de agua. Como contracara, las
comunidades de pueblos originarios reunidas en el Colectivo Apacheta resisten
por la vía judicial a esta depredación mercantilista de la naturaleza.
Durante el programa de la RNMA, Enredando las Mañanas, conversamos
con Jorge Iglesias,
abogado de este Colectivo, sobre la
situación en la zona, las causas legales que llevan más de cinco años de
iniciadas y las expectativas sobre este proyecto de ley.
Iglesias comenzó agradeciendo nuestra llamada
porque, según comentó, en Jujuy la mayoría de los medios
de comunicación pertenecen al vicegobernador, a diputados y empresarios con lo
cual se hace dificultoso poder hablar de ciertos temas. “Y todo lo que sea
visibilizar la situación que se da con el litio en Argentina nos parece bien”,
dijo.
“Nosotros venimos desde el año 2010 planteando
esta problemática. En la región tenemos dos empresas asentadas Exar S.A y Sales
de Jujuy que tienen relación con empresas que son de Canadá, de Estados Unidos
y de Australia, y que están en sociedad con las empresas automotrices
Mitsubishi y Toyota. Y ahora se suma el Grupo Posco que es de Corea del Sur”,
detalló.
Según pudieron ver en su viaje del fin de
semana pasado a esa localidad, se está avanzando con la instalación de las
líneas de media tensión para el proyecto de montar un parque industrial que,
según nos explicó Iglesias, no solo será para acopiar litio sino también
minerales de otras regiones como los que vienen de las minas Pirquita y El
Aguilar. Estos tendidos los están haciendo pasando dentro de los campos de las
comunidades a quien el abogado representa, sin pedir autorización.
Mientras estas empresas trabajan intensamente
en la región el Gobierno de la provincia “se presta a negociados” sin haber
hecho en ningún momento consulta alguna, como debería. “No realizó ningún
procedimiento administrativo. Se ha llevado por delante los talleres
productores que pertenecen a las comunidades originarias de Susques”, afirmó.
“Nosotros venimos planteando en reuniones con
el Gobierno –aunque mucho sentido no tiene reunirse con el Gobierno– que
tampoco nos han dado participación ni nos han mostrado los papeles ni los
planos del parque industrial que quieren realizar a 3 o 4 km del pueblo, cercano a los
campos de las personas a quien yo represento”, dijo Iglesias.
“La gente, por donde ya pasó la línea de media
tensión, no estaba al tanto de lo que sucedía. Les llevaron un papel que se lo
hicieron firmar. Y cuando preguntan si van a tener que pagar algo o si eso va a
contaminar, se los trata de ignorantes. Se les dice que eso va a llevar el
progreso a la región y que encima que le llevan la luz lo tratan de esa forma”,
explicó.
En realidad el tendido de los cables responde
a la necesidad de la construcción del parque industrial y no porque se esté
pensando en mejorar las condiciones de los lugareños.
Volviendo sobre el proyecto de ley, el tema
más preocupante es el del agua. “Datos oficiales de una empresa en Jujuy que
nos ha recibido hace más o menos un año y medio, decían que están sacando 13 millones de litros
de agua de salmuera por día y 2 millones de litros de agua dulce que toman del
río Archibarc. Nosotros hemos firmado un acta pidiendo que la gente
originaria participe del control efectivo, o sea ir al contador de agua, poder
determinar si la están contando bien; pero nunca se puede llegar a esa etapa de
participación. La participación es nula entonces no sabemos si sacan más. Y
estamos hablando solo de una empresa”, detalló el abogado.
¿Esa cantidad que ellos declaran afectaría la
cría de ganado y la poca o mucha agricultura que puedan tener allí, en el
altiplano?, fue nuestra pregunta.
La respuesta de Iglesias vino desde lo que
pudieron conversar con una Doctora en Biología del CONICET y de la Facultad de
Ciencias Agrarias, la
Dra. Erika Cuyckens que fue a la región un par de veces para
poder hacer informes que tengan sustento científico: la conclusión es que ya se
está afectando la región.
Iglesias comentó que en los campos de los
pequeños productores que se nuclean en el Colectivo Apacheta se han realizado
mediciones de los niveles de agua, trabajando sobre las lagunas, los ojos de
agua, en los ríos que atraviesan en muchos casos el territorio de los
habitantes del lugar. También han trabajado sobre la vegetación y sobre los
animales.
“Nosotros estamos viendo que estos pequeños
productores quieren seguir con su modo de vida, quieren mantener su campo, su
ganado, como lo vienen haciendo sus abuelos”, comentó.
Iglesias también contó que ellos están en
juicio con el Estado provincial. “No tenemos mucha confianza en la Justicia de
acá porque se da una situación parecida al tema de los medios .
El hermano del vicegobernador es parte del Superior Tribunal de Justicia y los
demás integrantes son del palo del oficialismo. Esto no nos da para nada
confianza en la Justicia.
No creemos que lleguemos a un resultado positivo”, afirmó.
Casi cerrando la entrevista, nuestra reflexión
se trasladó de la situación local hacia la nacional donde vemos que el proyecto
minero es sostenido como modelo de producción. Y por lo tanto, cualquier cosa
que lo afecte no creemos que tenga mucho destino.
Iglesias acordó sobre esta idea y afirmó:
“Nosotros creemos que la Nación tendría que haber intervenido acá hace rato.
Esto es una mesa de tres patas en la que tiene que intervenir la Nación, el
Gobierno de la provincia y las comunidades originarias. Yo pude leer algunos
artículos del proyecto. Y espero que se le de participación a las comunidades
originarias. También espero que con carácter urgente se pueda llevar adelante.
Yo no se si es la herramienta idónea. Pero tenemos una situación de que las
empresas multinacionales ya están sacando por el Pacífico para Asia todo el
mineral de litio a gran escala, siendo un recurso no renovable”.
Las empresas están explotando el litio de
manera intensiva y esto es así porque
si bien están autorizados los emprendimientos por 40 años, están al tanto de
los cambios en la legislación que se pueden dar y que por eso se les pudiese
restringir o terminar ese negocio.
Nadie sabe con certeza cuánto mineral está
saliendo por la Aduana. Sólo se tiene al respecto los datos de las mineras. “Y
el Estado siempre atrás, aprobando, sin contratar seguros de garantías,
falsificando firmas, escaneando documentación que no corresponde”, se indignó
Iglesias.
Las regalías que deben pagar las mineras por
su actividad en la provincia son de apenas el 3%. Si se suma a esto todos los
beneficios y exenciones impositivas que tienen estas empresas resultará que,
tal como cerró Iglesias esta entrevista, “prácticamente
les estamos pagando nosotros para que se lleven todo el mineral”.
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