El TiSA obligará a los Estados a hacer
leyes
que cumplan sus pactos secretos.
2 de julio de 2015
2 de julio de 2015
Por Carlos Enrique Bayo
'Público' revela, en
exclusiva mundial de Wikileaks con medios
de otros doce países, el contenido del texto central del acuerdo internacional
sobre comercio de servicios que están negociando en la sombra medio centenar de
países, incluida España aunque a los socios de la UE sólo los representa la Comisión Europea. Este
tratado secreto impondrá a todos los firmantes cláusulas que benefician a las
grandes corporaciones multinacionales en detrimento de la soberanía y de los
intereses públicos de cada país.
Las leyes económicas
que los Estados aprueben en el futuro vendrán impuestas por acuerdos secretos
entre medio centenar de gobiernos aliados de EEUU y de la UE, sin que
parlamentarios ni ciudadanos conozcan los verdaderos motivos por los que se
legisla a favor de las grandes corporaciones multinacionales incluso cuando se
está perjudicando los intereses públicos.
Ésa es, al menos, la
intención de los 50 gobiernos que negocian en absoluto secreto el Trade in
Services Agreement (TiSA o Acuerdo de Comercio de Servicios), un pacto
internacional en el que participan los 28 países de la UE pero de cuyo
contenido sólo se han enterado los eurodiputados del Parlamento Europeo gracias
a la filtración de Wikileaks, que Público tiene en exclusiva para España y
en la que colaboran medios de otros
nueve países. El pasado 3 de junio, nuestro diario reveló la existencia y gran
parte de los anexos de esta verdadera alianza neoliberal planetaria: un acuerdo
todavía más antidemocrático y neoliberal que el transatlántico TTIP y que se
pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros
cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del
comercio mundial de servicios (ver
aquí).
Ahora, Público
facilita a sus lectores el contenido del Core Text del TiSA, es decir el cuerpo
central de ese pacto internacional secreto, en colaboración con los otros doce medios asociados con Wikileaks en esta exclusiva
mundial: The Saturday Paper (Australia),Libération (Francia), Mediapart(Francia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Ethnos (Grecia),Kjarninn (Islandia), L'Espresso (Italia), La Jornada (México), Dagens Næringsliv (Noruega), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) yBrecha (Uruguay).
El TiSA restringe la
capacidad del Gobierno para moldear el mercado
Es en el mismo
Preámbulo del cuerpo central del TiSA, en el punto 3 del Artículo I-I sobre el
Alcance de las Disposiciones Generales, donde se estipula: "En el
cumplimiento de las obligaciones y compromisos bajo el Acuerdo, cada partícipe
[país firmante del acuerdo] debe adoptar todas las medidas razonables a su disposición
para asegurar su cumplimiento por los gobiernos regionales y locales y por las
autoridades y organismos no gubernamentales dentro de su territorio" (ver texto original).
Es decir, que los
Estados implicados tendrán que legislar, e imponer reglas y normativas
ejecutivas –puesto que es la única manera de obligar al cumplimiento de esas
disposiciones a los organismos, entidades y empresas no gubernamentales– en
aplicación de unas cláusulas negociadas en secreto y cuyo contenido se pretende
mantener oculto a la ciudadanía y representantes electos mientras están en
vigor. Una situación orwelliana que sólo tiene parangón en el secretismo
normativo de la Inquisición.
Porque, como explica
la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland, Jane Kelsey, "las
reglas centrales del acceso a los mercados [establecidas por el TiSA]
restringen la capacidad de los gobiernos para moldear esos mercados limitando
el tamaño o el crecimiento de determinadas actividades, tales como bancos,
franquicias turísticas o hipermercados, tanto a nivel nacional como local, y
tanto si son de propiedad nacional como extranjera" (ver
texto original).
En este cuerpo central
del TiSA es donde se establecen las restricciones más extremas a la acción de
los gobiernos de cada país firmante, porque el acuerdo secreto trata todos los
servicios como mercancías comercializables y niega todas sus funciones
sociales, culturales, mediambientales, laborales o de desarrollo. La gente no
es considerada como ciudadanos o miembros de sus comunidades, sino simplemente
como "consumidores" (ver texto original).
Así que los
proveedores de esos servicios –públicos o privados– no precisan tener conexión
alguna con las personas o las comunidades que dependen de esos servicios,
puesto que pueden "suministrarse" desde otros países, por un
visitante temporal o a través de compañías extranjeras que establezcan una
presencia local pero cuya prioridad sea la de obtener beneficios económicos a
los accionistas foráneos. Ninguno de esos proveedores tendrá ningún compromiso
ni responsabilidad a largo plazo con el país queconsume dichos servicios (ver
texto original).
Así que los gobiernos que negocian el TiSA en secreto se disponen a renunciar a su derecho soberano de dar preferencia a los proveedores locales de servicios estratégicos o de necesidad pública, como la educación, la sanidad, las telecomunicaciones, la energía o los abastecimientos urbanos, igual que renunciarán al poder de limitar la inversión extranjera en sectores clave o de requerir mayorías nacionales en los consejos de administración y en los accionariados de los sectores de los que dependa la seguridad nacional.
Así que los gobiernos que negocian el TiSA en secreto se disponen a renunciar a su derecho soberano de dar preferencia a los proveedores locales de servicios estratégicos o de necesidad pública, como la educación, la sanidad, las telecomunicaciones, la energía o los abastecimientos urbanos, igual que renunciarán al poder de limitar la inversión extranjera en sectores clave o de requerir mayorías nacionales en los consejos de administración y en los accionariados de los sectores de los que dependa la seguridad nacional.
El conjunto de las
normativas que se están negociando secretamente en el marco del TiSA barre de
golpe con todos los derechos soberanos de los gobiernos en cuanto al crucial
comercio de servicios, pues limita el empleo y alcance de prácticamente todas
las herramientas legales a disposición del Ejecutivo, como leyes, regulaciones,
reglamentos, procedimientos, decretos, decisiones administrativas y
cualesquiera otra forma de regular el mercado.
Igualmente, las
cláusulas secretas del TiSA se aplicarán a cualquier tipo de medida que afecte al "comercio" de un
servicio, público o privado, incluso si lo hace indirectamente, por ejemplo
estableciendo normas de pago o de distribución, o si lo regula con objetivos
medioambientales o incluso si lo que pretende es proteger a la población con
restricciones a la venta de productos insalubres.
Cualquier monopolio
público o privado, como un servicio de Correos o una coordinadora estatal de
comercialización y distribución agrícola, puede ser desafiada por corporaciones
extranjeras que disputen incluso su derecho a ofrecer servicios no
monopolísticos, aduciendo que se sirve de su ventaja inicial. Y las cláusulas
que permiten excepciones que deberían proteger de ese asalto multinacional la
salud pública o el medioambiente, por ejemplo, siempre dependen de los tribunales
de arbitraje que benefician a las empresas y ya se han mostrado ineficaces como
salvaguardas en el marco de la Organización Mundial del Comercio: sólo han
prosperado plenamente en una de las más de 40 disputas dirimidas por esos
motivos (ver
texto original).
En definitiva, el TiSA
nos promete un futuro en el que todas las leyes y normas que regirán los
servicios públicos y privados estarán impuestas por los pactos internacionales
en beneficio de las grandes multinacionales... que estarán ocultos a la ciudadanía. La
distopía del 1984 de Orwell será una realidad.
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