Obstáculos para las
autonomías
de los pueblos indígenas.
18 de julio de 2015
de los pueblos indígenas.
18 de julio de 2015
Por Gilberto López y Rivas
(La Jornada)
Los procesos autonómicos que protagonizan los
pueblos indígenas enfrentan arduos obstáculos y desafíos, entre ellos,
esencial, la falta de voluntad del Estado capitalista neoliberal para abrir
espacios de reconocimiento efectivo, aun dentro de los limitados derechos
formalmente reconocidos en la Constitución, principalmente en su artículo 2, y
de aquellos establecidos en los marcos jurídicos internacionales, como el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal
de Derechos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas.
La reforma constitucional en materia de
derechos indígenas, que se llevó a cabo en el año 2001, no fue satisfactoria
para nadie en el ámbito de las organizaciones originarias independientes del
Estado, así que los pueblos emprendieron el camino de construcción de la autonomía
por la vía de los hechos, la autonomía de
facto, siendo el caso más
consistente el de los indígenas mayas-zapatistas en Chiapas, que reivindican no
tener relación alguna con los gobiernos federal y estatal, aunque en la
cotidianidad de los territorios, las autoridades municipales de origen
partidario acuden frecuentemente a las juntas de buen gobierno zapatistas para
resolver problemas de variada naturaleza.
Por su parte, la Coordinadora Re gional
de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), en Guerrero; el
municipio purépecha de Cherán, Michoacán, y otros pueblos y organizaciones que
resisten de manera silente, mantienen relación con el Estado. La de la CRAC-PC,
permanentemente conflictiva, y la
de Cherán , por igual confrontada pero legalizada por la
victoria obtenida en su demanda ante el Instituto Electoral Estatal, que
reconoció la facultad de sus habitantes para nombrar sus autoridades y
gobernarse según estructuras organizativas propias. Esta es una diferencia
notable con respecto a los zapatistas y la CRAC-PC, y también en relación con
otras experiencias de cabeceras municipales que siguen dominadas por mestizos,
como entre los wixáritari (huicholes) del estado de Jalisco, donde en varias de
ellas, una mayoría de población indígena segregada social y geográficamente se
encuentra subordinada a esta suerte de dominación mestiza también en el plano
político.
Así, en los autogobiernos indígenas predominan
autonomías de facto con diversas gradaciones en lo que
respecta a su relación con el Estado, aunque siempre conflictiva,
contradictoria y ambigua, cargando el peso de una perspectiva discriminatoria
hacia el mundo indígena y una permanente política de cooptación de los procesos
en marcha, o si es posible, de erradicación de los mismos. Estas autonomías,
por ejemplo entre los mayas zapatistas, se desarrollan en el contexto de una
estrategia de contrainsurgencia o guerra de desgaste por parte del Ejército (el
yunque), y la paramilitarización (el martillo) que la caracteriza, teniendo
lugar permanentes agresiones de grupos que provenientes de varias
organizaciones políticas, se paramilitarizan y violentan a los municipios
autónomos con la invasión de las tierras de las ex fincas recuperadas por los
indígenas zapatistas en 1994.
Pero todas las autonomías, tanto las amparadas en el artículo 2
constitucional como las de
facto, y también las que se
desarrollan bajo preceptos constitucionales locales más consistentes, como en
Oaxaca, viven una situación de permanente asedio, de confrontación, cuyo origen
es el Estado, los grupos oligárquicos locales, las policías y el Ejército,
además de las corporaciones del extractivismo capitalista en su frenética
búsqueda de recursos y desposesión territorial.
Las autonomías están cercadas por los
poderes fácticos protegidos por la mano dura del Estado de formas diferentes.
En la última década, hay que añadir también el poder represivo que ejerce el
Estado a través del narcotráfico, y en general, del crimen organizado, que
representa un sector más de la economía capitalista, y también, junto con la guerra contra el narcotráfico,
conforman las múltiples facetas de la estrategia del Estado (y sus mentores
estadunidenses) para golpear al mundo indígena y campesino, y al conjunto de
las oposiciones regionales y nacionales. La masacre de Iguala y la desaparición
forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa constituye la macabra
culminación de esta estrategia de un Estado criminal.
Como las corporaciones capitalistas madereras,
mineras, turísticas, etcétera, que buscan apoderarse de los recursos de los
pueblos indígenas, lo que está en el centro del problema del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su
territorialidad, fundamento material de su reproducción y espacio estratégico
de sus luchas; su finalidad es expropiar a los indígenas de sus
tierras-recursos-fuerza-de-trabajo, y las fuerzas armadas y policíacas son
cómplices de esta sustracción a partir de sus acciones represivas y
contrainsurgentes realizadas con el apoyo de los grupos paramilitares que
operan como el brazo clandestino de la guerra
sucia. La militarización para
supuestamente combatir al crimen no trae la disminución de las
actividades delictivas, como lo prueban las extensas zonas de la República Mexicana
bajo virtual ocupación castrense.
La delincuencia organizada no es más que la cara clandestina del
sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente desbocada, sicópata
y sin mediación social y política que la controle. Es
altamente rentable económicamente, además, a partir del hecho de que Estados
Unidos es el principal proveedor de armas de los grupos del narco. The Independent daba a conocer ya desde 2004 que el tráfico de drogas es la tercera
mercancía mundial en generación de efectivo, tras el petróleo y el tráfico de armas (29 de febrero).
La única posibilidad de una defensa efectiva frente a este
fenómeno en el mundo indígena –como muestran las juntas de buen gobierno
zapatistas; Cherán, en Michoacán; la Policía Comunitaria
de Guerrero, o los nasa en el Cauca de la geografía colombiana– es el
fortalecimiento de las autonomías, a partir de las cuales se ha logrado
controlar –no sin dificultades– la presencia del crimen organizado en los
territorios indígenas.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201221
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