¿Victoria de los derechos humanos?
Con Scioli aumentaron
el gatillo fácil y las torturas
29 de julio de 2015
29 de julio de 2015
Por Daniel Satur (La
Izquierda Diario )
Un balance sobre lo hecho por el gobernador bonaerense durante los
últimos ocho años confirma que las violaciones a los derechos humanos y la
impunidad son norma en el sistema de “seguridad” y penitenciario provincial. Lo
denuncia la
Comisión Provincial por la Memoria.
Los datos de la realidad enrojecen los ojos de
cualquiera que se asuma “progresista”. Mientras Página/12 abandona las
denuncias documentadas contra la Policía y el Servicio Penitenciario
bonaerenses, al tiempo que el mismo medio presenta a Daniel Scioli como “nuestro hombre en La Habana”,
en la provincia que gobierna hace ocho años el “hijo político de Menem” reinan
todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
En el territorio provincial son marca
registrada la falta de vivienda para cientos de miles de familias, el trabajo
precario para la juventud y la salud y la educación de décima categoría para la
población trabajadora y pobre.
Pero la cosa es más oscura si se analizan los
datos sobre torturas en comisarías y cárceles, desapariciones forzadas de
personas que quedan impunes y muertes por supuestos “suicidios” o
“enfrentamientos” entre uniformados armados hasta los dientes y víctimas que
mueren sin haber disparado ningún tiro.
Un "sistema de la crueldad" para la
victoria
Aún no se sabe si Daniel Scioli será el
próximo presidente de la
Nación. Pero sí está claro que el 10 de diciembre concluirán
sus ocho años al frente de la gobernación bonaerense. Y un balance necesario es
aquel que muestra el rostro quizás más perverso de la gestión de quien hoy
habla de “victorias” por doquier como continuador del proyecto kirchnerista.
“La gestión actual finaliza demostrando que
(…) [se ha] agravado la violación de derechos”. “La política criminal impulsada
por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis
en materia de derechos humanos”. “La mayor tasa de encarcelamiento de la
historia de la Provincia, que ha implicado una agudización del hacinamiento en
cárceles y comisarías, y un agravamiento en la situación estructural, ya
existente, de vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas
detenidas”. “También ha aumentado considerablemente el ejercicio de la
violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones
arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza”. “Esta violencia
cotidiana (…) crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como
torturas o ejecuciones sumarias, más conocidas como ’gatillo fácil’.”
Mientras ese cuadro se reproduce, “no ha
habido ninguna propuesta consistente ni efectiva para los mercados ilegales de
drogas, autopartes, arma, trata de personas, que son los que organizan el
delito en toda su complejidad”. A su vez es regla “la impunidad de los delitos
cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a
los derechos humanos”, existiendo “escasísimas condenas por torturas o apremios
ilegales, a pesar de los miles de casos que acontecen cotidianamente”. Así se
sigue dando vía libre a represores de uniforme para que utilicen “la tortura y
la muerte como herramienta de control”.
De forma complementaria, “el gobierno es
incapaz de mostrar información certera y confiable que dé cuenta de forma
fehaciente de que estamos ante una grave crisis en materia de seguridad. Se
basa en percepciones sociales, construcciones mediáticas que se afianzan en el
discurso belicista que el propio Estado despliega”. Lo que demuestra que hay
“una estrategia de gobierno del conflicto social que se despliega en el
territorio militarizándolo, aumentando los dispositivos de vigilancia, captando
más personas para el sistema penal y desplegando distintas violencias tanto
afuera como adentro del encierro. A esta modalidad de gobierno la hemos llamado
el ’sistema de la crueldad’.”
La única verdad es la realidad
Esas afirmaciones entrecomilladas no
pertenecen a Nicolás del Caño, ni a Myriam Bregman, ni a Christian Castillo ni
a ningún otro candidato del Frente de Izquierda. Y aunque esos dirigentes
puedan suscribir cada palabra, esas frases textuales son parte de las
conclusiones a las que arribó la Comisión Provincial por la Memoria y que fueron
vertidas en su Informe Anual 2015 publicado a finales de junio.
Quienes están al frente de la CPM, como Adolfo
Pérez Esquivel, la
monja Martha Pelloni o Víctor De Gennaro, no podrían ser
tildados de “trotskistas”. Será por eso que sus informes y denuncias son ninguneados
por la militancia kirchnerista, que al no hallar chicanas ni latiguillos de
ocasión para desvalorizados (como lo hacen macartistamente con los “zurdos que
le hacen el juego a la derecha”) prefiere mirar para otro lado y hacerle la
campaña a Scioli. Es que resulta imposible refutar la realidad que la CPM
documenta.
Las prácticas represivas que derivan en torturas, desapariciones y muertes a manos
de policías o penitenciarios, con la consiguiente impunidad garantizada por
funcionarios judiciales y políticos, se extienden de norte a sur y de este a
oeste de la Provincia de Buenos Aires. La provincia que Daniel Scioli, Gabriel
Mariotto, Alejandro Granados, Ricardo Casal y las decenas de los Barones de las
intendencias gobiernan desde hace años. En algunas ciudades podrá haber menos
casos, en otras el odio popular a los asesinos decantará en mayor desprestigio
institucional, pero la lógica es una sola y así queda demostrado pese al
discurso edulcorado de las autoridades.
La muerte como regla
A través de inspecciones en barrios,
comisarías y cárceles, encuestas a centenares de jóvenes pobres y testimonios
directos de las víctimas, la comisión arriba a conclusiones lapidarias. En el
informe, como muestras contundentes, se presentan algunos casos que estremecen
y a la vez dan por tierra con cualquier justificación oficial.
Algunos datos configuran el mapa de terror.
Hoy la población encerrada en cárceles y comisarías de la Provincia es de casi
35.000 personas, un récord histórico (cuando Scioli asumió en 2008 eran
27.840). De ese total, casi 2.200 personas están alojadas en comisarías,
ocupando unos 1060 camastros inhumanos. La sobrepoblación carcelaria tiene
picos alarmantes, como en la Departamental La Matanza
donde supera el 600 % o como en Lomas de Zamora, con un porcentaje incluso
mayor.
En ese marco, morir encerrado o bajo control
de uniformados no sólo es posible, sino que es más que probable. Entre 2013 y
2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario
Bonaerense y al menos 18 en comisarías. A su vez la policía bonaerense informó
que al menos 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” entre abril y
octubre de 2014.
Esa misma lógica de desprecio por la vida se
reproduce en los neuropsiquiátricos: sólo en el Hospital Alejandro Korn de
Melchor Romero murieron 133 internos entre febrero del 2012 y febrero de 2014.
Esas muertes (que son un subregistro) se
produjeron por acción u omisión del Estado. Algunas ejecuciones las realizaron
agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo
custodia o “protección” del Estado. Entre 2013 y 2014 el Registro Nacional de
Casos de Torturas o Malos Tratos contabilizó 4.987 hechos de torturas padecidas
por 1.136 personas en la Provincia de Buenos Aires.
Un dato político ayuda a entender estos
números. “La declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de
2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el
deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida
por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales”, afirma la CPM.
A estos datos se puede agregar que la
Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional (CORREPI), que registra
desde hace décadas los casos de gatillo fácil y asesinatos en lugares de
encierro, al presentar su informe 2014 contabilizaba 185 muertes en todo el
país durante los primeros diez meses del año, lo que proyectado daría un
registro anual de más de 200 casos. El 45% de esas muertes fue en la Provincia
de Buenos Aires. Es decir que el año pasado al menos un centenar de muertes por
gatillo fácil o en lugares de encierro se produjeron bajo la tutela política de
Daniel Scioli y Alejandro Granados.
Por su parte el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, constató que a nivel nacional
“2014 fue el año con más muertes ocasionadas por las fuerzas federales desde el
año 2003” ,
es decir desde que asumió la presidencia Néstor
Kirchner. Y que, justamente, esa evolución histórica se
evidencia sobre todo en la Región Metropolitana de Buenos Aires, gobernada
en gran parte de su extensión por Daniel Scioli y por los Barones del
conurbano. El CELS afirma que entre 2003 y 2014 hubo en la región 1223 muertes
de civiles a manos de uniformados (policías, gendarmes, prefectos,
penitenciarios o militares), y que las 154 muertes del año pasado representan
un crecimiento importante respecto a los años anteriores. Vale aclarar que
muchos de estos números son registrados por organismos de derechos humanos no
estatales, ya que las cifras oficiales brillan por su ausencia.
Herencia menemista
La Comisión por la Memoria concluye en que
“hoy tenemos indicadores que miden la acción punitiva del Estado similares a
los niveles de los años 2001-2002, cuando la crisis social campeaba las calles
y los indicadores sociales de pobreza y desocupación alcanzaban los récords
históricos”. Los años, ni más ni menos, de gobernación de Carlos “meta bala”
Ruckauf y de Felipe Solá.
Todo lo anterior es parte de políticas
reproducidas a nivel nacional. Según las mismas definiciones de la CPM, esas
políticas “comienzan a corroer al menos en términos simbólicos la clara
demarcación entre seguridad interior y seguridad exterior que constituyó uno de
los grandes consensos construidos en los años iniciales de la transición
democrática por un amplio espectro político y social”. Casi como respondiéndole
a la maniobra de Cristina Fernández para “reconciliar” a la sociedad con las
Fuerzas Armadas (plagadas aún de genocidas y represores), la comisión plantea
que “preocupa la habilitación de tareas, fronteras adentro, del Ejército
nacional”.
En este artículo se optó por no presentar los
casos emblemáticos que cita el informe de la CPM. No sólo porque son muchos sino porque pueden
verse en extenso en el informe que enlazamos más arriba. Lo que sí se debe
remarcar es que cuando se habla de torturas, desapariciones y muertes se
encuentran porcentajes altísimos de víctimas jóvenes y pobres. Desde niños en
situación de calle hasta activistas ecologistas, desde jóvenes que se niegan a
robar para la policía hasta presos sin condena que mueren supuestamente
“ahorcados” en sus celdas. Desde chicas robadas para ser prostituidas por
empresarios y comisarios hasta familias enteras desalojadas con gases y balas
de predios ocupados para exigir vivienda.
La provincia que Scioli quiere mostrar como
ejemplo de su gestión, buscando convencer al país de que ese “modelo” puede
reproducirlo a nivel nacional, tiene este costado atroz de criminalización,
represión e impunidad. Es una provincia en la que los magnates del gran delito
organizado pueden actuar sin preocupaciones, asociados con los estamentos más
variados de un Estado preocupado centralmente en llenar las cárceles de pobres
y las calles de patrulleros.
Es el “modelo” en el que 9 de cada 10 presos
fueron encarcelados sin orden judicial previa (agarrados por la policía en la
calle); en el que más de la mitad de esos detenidos esperan durante años un
juicio que diga si son culpables o inocentes; en el que esas personas viven
hacinadas en celdas con agua contaminada, sin condiciones mínimas de salud e
higiene y hasta encerradas en habitáculos de dos por dos durante días; en el
que la policía y el servicio penitenciario garantizan y gerencian el
narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino, los desarmaderos de
autos y la prostitución.
Contra ese modelo peleó durante el último año
y medio Christian Castillo en la Legislatura Bonaerense.
El diputado del PTS y el Frente de Izquierda se opuso
tenazmente a cuanto proyecto de ley presentó el sciolismo en pos de aumentar la
criminalización y la
represión. Y a su vez presentó decenas de proyectos que
buscaron poner un freno a la avanzada reaccionaria. Fue él quien se opuso a la
formación de las policías locales (el "chiche nuevo" de Scioli y
Granados) y el único diputado de toda la Cámara que votó en contra del
presupuesto 2015. Presupuesto, vale recordar, que mientras aumentó un 28% la partida
de educación y un 31% las de salud y desarrollo social, lo hizo en un 66% para
“seguridad”, es decir para más poder de fuego y personal de la Bonaerense. Pero
esa pelea fue dada en soledad, sin contar siquiera con el apoyo de quienes
desde el kirchnerismo se presentan como defensores de los derechos humanos.
Queda demostrado que cuando las candidatas y
los candidatos del Frente de Izquierda como Myriam Bregman, Alejandrina Barry, María Victoria Moyano,
Carla Lacorte, Edgardo Moyano y
demás integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos levantan la voz para denunciar al
Estado represor del pueblo trabajador, no se equivocan.
Tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri y
Sergio Massa comparten un proyecto criminalizador y disciplinador hacia las
masas populares. Control y domesticación, sería el plan de consenso. Mal que
les pese a muchos kirchneristas que intentan ver en Carlos Zanini y algunos
candidatos a diputados el contrapeso “progre” al conservador y derechoso
gobernador bonaerense, lo que no se puede desonocer es que si Scioli llega a la Casa Rosada lo hará
con su “balance de gestión” de ocho años gobernando desde La Plata. Y eso, más que un
sapo a tragar, puede convertirse en un factor determinante de complicidades y
acompañamiento a un giro aún más conservador y represivo protagonizado por el
PJ.
Fuente original: http://www.laizquierdadiario.com/Con-Scioli-aumentaron-el-gatillo-facil-y-las-torturas
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201567
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201567
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