La encíclica papal, el ecosocialismo y
el avance de la minería en Venezuela.
el avance de la minería en Venezuela.
7 de julio de 2015
Por Emiliano Teran
Mantovani
"Procurar a la contribución de la defensa de la vida en el
planeta (Objetivo V del Plan de la Patria) merece extender este diálogo
propuesto por la encíclica y su reconocimiento por parte del presidente Maduro.
Merece también atender a las múltiples propuestas y alternativas sugeridas por
diversas organizaciones populares, comunales y ambientalistas del país, que
proponen otras formas de gestionar el territorio y la economía."
El pasado 18 de junio, el presidente Nicolás
Maduro saludaba la carta encíclica Laudato
si del Papa Francisco, sobre
“el cuidado de la casa común”, planteando que se trataba de “uno de los
documentos más importantes que han salido en las últimas décadas” y que
representa “las bases de un nuevo ecologismo del mundo”[1].
En dicha carta de fecha 24 de mayo de este
año[2], se muestran, en efecto, interesantes ideas y reflexiones sobre la
crisis ambiental global, al parecer muy influidas por numerosos debates
provenientes de la ecología política, de movimientos sociales ambientalistas y
de diversos pueblos en resistencia ante la devastación de sus territorios. Esta eco-encíclica, sin precedentes
en la historia de la narrativa del Vaticano, no sólo interpela al mundo cristian o creyente acerca de la relación del humano
con la naturaleza, sino amplía los llamados de atención globales ante el camino
que transitamos como civilización.
Resaltan su crítica al mito del progreso, sus llamados ante el
dramático problema del cambio climático y la contaminación de las aguas;
recurre a la noción de bien
común, plantea la subordinación de la propiedad privada al destino
universal de los bienes; critica con agudeza las visiones tecnocráticas, la
economía verde, la hegemonía del capital financiero, y el consumismo e
individualismo; propone una visión ecológica integral de la vida, y persigue
una sensibilización subjetiva respecto a la naturaleza; al tiempo que
reivindica la idea de decrecimiento, la sabiduría de los pueblos indígenas y la
justicia con las próximas generaciones.
En este sentido, el presidente Maduro en su intervención
televisiva, planteaba que asumía plenamente el compromiso propuesto en la
encíclica por el Papa Francisco, que deseaba la difusión del documento en
comunas
, barrios y organizaciones de base, al tiempo que afirmaba que en
Venezuela estas premisas se estaban poniendo en marcha en el marco de la
construcción del ecosocialismo.
Esta invitación es muy significativa, si
tomamos en cuenta que aún en Venezuela, el debate ambiental tiene múltiples
omisiones y puntos ciegos, incluyendo el propio tabú sobre el tema del
petróleo. La orientación de este debate nacional ha tenido un marcado sesgo
hacia las políticas internacionales, con mucha fuerza en las vocerías de las
cumbres de cambio climático (COP), lo cual es importante, sobre todo para
mostrar la inmensa responsabilidad que tienen los países del centro capitalista
y los emergentes BRICS en la devastación ambiental global.
Sin embargo, es fundamental también revisar
puertas adentro, nuestros planes de desarrollo, y el alcance de las políticas ambientales
nacionales ―como lo propone la encíclica en el punto II. del capítulo
quinto―; preguntarnos qué podemos hacer aquí, en nuestros territorios, para
evitar profundizar este modelo devastador denunciado en la carta papal (véase
el punto 176).
Variados problemas ambientales podrían
mencionarse, como los relacionados con la explotación y procesamiento de crudos
extrapesados en la Faja del Orinoco, la aceleración de la urbanización y la
entropía de nuestros sistemas urbanos, grandes deforestaciones en el sur del
país, o nuestra vulnerabilidad ante la intensificación de sequías e
inundaciones. Pero a nuestro juicio, uno de los dilemas ecológicos más
resaltantes en el país tiene relación con los planes de expansión minera.
Además de los planes de desarrollo extractivo
en el llamado “Arco Minero de Guayana”, detallados en el Plan de la Patria
2013-2019, el 10 de febrero de 2015, el presidente Nicolás Maduro aprobada el
decreto 1.606 para la explotación de carbón en 24.192 hectáreas
de los municipios Mara y Guajira (norte del estado Zulia), lo cual representa
un salto histórico del extractivismo minero en la zona.
Como lo ha planteado el Papa Francisco en la encíclica,
específicamente en el punto 185: “En toda discusión acerca de un
emprendimiento, una serie de preguntas deberían plantearse en orden a discernir
si aportará a un verdadero desarrollo integral: ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo?
¿Quién paga los costos y cómo lo hará?”.
Esta serie de preguntas planteadas en el
documento papal son muy pertinentes para evaluar los planes de expansión de la
actividad de extracción carbonífera en la zona. ¿En qué sentido un país que ha
captado una importante renta petrolera, y que se propone duplicar su cuota
extractiva de 3 a
6 millones de barriles diarios, necesita añadir esta renta minera? ¿Cuáles
serán sus costos sociales, ambientales, económicos y culturales?
La extracción de carbón a cielo abierto
contamina severamente las fuentes hídricas, lo cual afectaría las cuencas de
los ríos Guasare (ya se encuentra afectado) y Socuy, y al propio suministro de
agua de ciudades como Maracaibo y otros poblados[3]; también contamina el aire
y empobrece los suelos; esto se suma a la afectación de los modos de producción
agrícola y ganadera de la zona, que contrasta con los enormes volúmenes de
material que es necesario remover para obtener sólo una tonelada de carbón ―10
tons. x cada 1 ton. obtenida[4]― y su precio, con tendencia a la baja en los
últimos 5 años ―para mayo 2015, una tonelada métrica de carbón colombiano
costaba 54,3 US$[5]―.
Este tipo de actividad, también mantiene e
intensifica la persistente amenaza a los pueblos indígenas de estos territorios
(wayuu, yukpa, barí, entre otros), y sus modos de vida; y refuerza el patrón de
combustibles fósiles que empeora nuestras emisiones de GEI y nuestra
contribución a la agudización del cambio climático. Venezuela es el país de
Latinoamérica que emite más
CO2 por persona[6], lo que contrasta con las
propuestas de impulso a la energía solar o eólica en la Guajira venezolana
(norte del estado Zulia), que han impulsado diversos movimientos ambientalistas
en el país[7].
La conclusión es evidente: Venezuela NO necesita esta explotación
masiva de carbón. Los perjuicios superan en todos los ámbitos a cualquier cosa
que se considere beneficio. En este sentido, el llamado del presidente Maduro a
los principios de la encíclica papal es una oportunidad para abrir diálogos
ambientales sobre diversas políticas que podrían transformarse o ser revertidas.
El punto 184 de la carta de Francisco es
bastante claro:
184. Cuando aparecen eventuales riesgos para
el ambiente que afecten al bien común presente y futuro, esta situación exige
«que las decisiones se basen en una comparación entre los riesgos y los
beneficios hipotéticos que comporta cada decisión alternativa posible» [131]. Esto vale sobre todo si un
proyecto puede producir un incremento de utilización de recursos naturales, de
emisiones o vertidos, de generación de residuos, o una modificación
significativa en el paisaje, en el hábitat de especies protegidas o en un
espacio público. Algunos proyectos, no suficientemente analizados, pueden
afectar profundamente la calidad de vida de un lugar debido a cuestiones tan
diversas entre sí como una contaminación acústica no prevista, la reducción de
la amplitud visual, la pérdida de valores culturales, los efectos del uso de
energía nuclear. La cultura consumista, que da prioridad al corto plazo y al
interés privado, puede alentar trámites demasiado rápidos o consentir el
ocultamiento de información.
El reconocimiento en el punto 146 de los
terribles efectos de la vulneración de pueblos indígenas por proyectos
extractivos, la necesidad de priorizar la preservación del agua en la
aprobación o no de este tipo de proyectos (punto 185), o la necesidad de
superar el cortoplacismo político y el consumismo, para en cambio promover
agendas públicas ambientales (punto 178), junto a otros elementos planteados
por la encíclica, pareciera sugerirnos con claridad, la conveniencia de derogar
el decreto 1.606 para la explotación de carbón en el Zulia. Esto, en el
espíritu del punto 186 de dicha carta –detener o modificar cualquier proyecto
que socialmente se evidencie que implica peligro de daños graves o
irreversibles–, podría aplicarse para la evaluación de otros grandes proyectos
mineros propuestos en el país.
Procurar a la contribución de la defensa de la vida en el planeta
(Objetivo V del Plan de la Patria) merece extender este diálogo propuesto por
la encíclica y su reconocimiento por parte del presidente Maduro. Merece
también atender a las múltiples propuestas y alternativas sugeridas por
diversas organizaciones populares, comunales y ambientalistas del país, que
proponen otras formas de gestionar el territorio y la economía. La
invitación de la carta papal en el punto 179 es clara: la población organizada
debe obligar a sus gobiernos a evitar y/o controlar los daños ambientales. Se
trata de un principio político fundamental: la defensa de los bienes comunes
comienza desde abajo.
*Emiliano Teran Mantovani es investigador
del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, docente de la Universidad Central
de Venezuela y hace parte de la Red Oilwatch
Latinoamérica.
Fuentes consultadas:(…)
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