Militarización,
paramilitarización y negación al amparo del estado de emergencia
económica y social
20 de abril de 2020
Boletín Especial sobre Derechos Humanos Nª 2
Boletín Especial sobre Derechos Humanos Nª 2
Las condiciones
generadas por la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica en todo el territorio nacional (Decreto presidencial 417 del
17 de marzo de 2020) y la imposición de severas medidas a la población
como el aislamiento obligatorio con el fin de prevenir la propagación de
la pandemia del coronavirus no han impedido la continuidad de graves
violaciones a los derechos humanos y la represión a diversas
manifestaciones de la inconformidad ciudadana. Desde el 6 de marzo, fecha
en que se confirmó el primer caso d e Covid - 19 en el
país al menos 10 excombatientes que firmaron la paz han sido
asesinados en Sucre, Putumayo, Chocó, Tolima y Meta 1 . Durante
el mismo periodo, 21 líderes sociales fueron asesinados, generalmente en sus
casas, o sacados de ellas mientras se resguardaban por la
cuarentena para aparecer luego asesinados en otros lugares por los
habituales “desconocidos” o “sicarios indeterminados”, quienes sí han podido
moverse libremente en medio de las restricciones de movilidad impuestas 2 .
La
represión violenta de la Fuerza Pública a sectores que protestan en
diversas ciudades y regiones acosados por el hambre o por la destrucción
de sus medios de subsistencia tampoco se ha detenido, especialmente por la
intensificación en este período de la denominada “ guerra” contra
las drogas, que se ha centrado en la represión a miles de familias que
han venido reclamando la sustitución concertada de cultivos ilícitos y planes
alternativos para la subsistencia económica, reclamos para los que el
Gobierno no muestra vo luntad y dice no tener los recursos, mientras
sigue incumpliendo en gran parte los compromisos asumidos con cerca de 90.000
familias que lograron ser incluidas en los programas de sustitución de
cultivos acordados en el marco del Acuerdo Final de Paz entre el
Gobierno y las Farc. En este contexto, los grupos paramilitares y el
sector de las denominadas “disidencias” articuladas al narcotráfico y
funcionales a la estrategia paramilitar han aprovechado el aislamiento obligatorio
para expandir su control mili tar y su accionar a diversas regiones,
imponer confinamientos por espacio de muchos días a comunidades
indígenas, imponer o reforzar los “toques de queda” en distintas regiones con
el pretexto de la cuarentena para favorecer sus actividades de
narcotráfico o, inclusive, para buscar casa por casa a
excombatientes en municipios con alta presencia de la Fuerza Pública ,
como sucedió el 13 de abril en el casco urbano del municipio de Argelia
en el Cauca. De otra parte, llama poderosamente la atención que el
co nfinamiento por combates entre los paramilitares de las AGC y el
ELN se desarrolle precisamente en Bojayá, que es justo uno de los 43 municipios
priorizados para la presencia integral de las fuerzas militares, al ser incluido
dentro de las “Zonas Futuro”, y que la respuesta de mando militar ante las denuncias luego de
varios días sea la de declararse sorprendido y prometer que harán presencia
en la zona para confirmar o desvirtuar las denuncias de las comunidades . Varios
días antes voceros tanto de Naci ones Unidas como de la Iglesia, habían
alertado sobre esta situación, al igual que se habían denunciado
confinamientos, restricciones a la movilidad de las comunidades y desplazamientos,
recientemente, en Carmen del Darién, Alto Baudó, Sur de Córdoba, Baj o
Cauca, Roberto Payán y Tumaco por enfrentamientos y terror de estructuras
ilegales sobre las comunidades. Pero como se ha vuelto costumbre, las
autoridades siempre parecen ser las últimas en enterarse, a pesar del
gigantesco aparato y presupuesto destina do a la inteligencia
militarse, y limitan a declarar que harán presencia en la zona para verificar
las denuncias. A comienzos de abril la Defensoría del Pueblo constató la
consumación de riesgos en contra de la población civil de los municipios
de Fronti no y Urrao por la llegada y copamiento de estructuras de los
paramilitares de las AGC a estos municipios donde están asentados
excombatientes de las Farc . Esta misma semana desde el Espacio Regional
de Construcción de Paz de los Montes de María, se denunc ió el
resurgimiento de grupos armados ilegales en esta región del norte del
país, que abarca municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre .
Igualmente, el Proceso Social de Garantías para la labor de las y los defensores
de derechos humanos de Anti oquia denunció la perpetración de hechos
violentos como efecto del “avance paramilitar contra las veredas de El
Carmen, la Cristalina, el Piñal, Lejanías y Mina Nueva del Municipio de
Segovia” Antioquia y sus alrededores en el contexto de la crisis de salu d
pública por el coronavirus . Y las denuncias por hechos similares se
repiten por diversas regiones de la geografía nacional, evidenciando que
la militarización en el contexto del encierro obligatorio ha estado acompañada
del copamiento intensivo de las regiones por parte de las estructuras paramilitares
y las denominadas “disidencias” que se articulan con esta estrategia. La
situación se ha vuelto repetitiva en las mismas regiones, igual que las
respuestas de las autoridades centradas en los mismos pretextos,
que de tanto repetirse han dejado de ser creíbles y expresan más claramente una
situación de connivencia con la expansión de las diversas modalidades de
la estrategia paramilitar y una situación de delegación en estas
estructuras del combate y confrontación a las insurgencias y del control
y disciplinamiento de las comunidades en dichas estructuras
paramilitares. Las alertas tempranas sobre los riesgos para las
comunidades del Chocó han sido declarados reiterativamente por parte de la
Defensoría del Pueblo. Ante esta situación la Ministra del Interior se ha
limitado a declarar recientemente que “en el Chocó entre los años
2018 y 2019, se han emitido ya 21 alertas tempranas, de las cuales la respuesta
rápida ha sido dar traslado al Ministerio de Defensa , el Director
de la Unidad Nacional
de Protección, el Comandante General de las Fuerzas Armadas, el Director
de la Policía
Nacional , de la Unidad de Víctimas y demás autoridades
departamentales y municipales para posteriormente hacer el seguimiento” La
respuesta nunca es rápida ni se evidencia efectividad en el seguimiento
ni por parte del Gobierno ni de los organismos de control y judiciales.
Ante los llamados por las situaciones de confinamiento en Bojayá y el Alto Baudó
que persistieron por varias semanas desde fines del año pasado y
comienzos del presente sin respuesta alguna por parte de la Fuerza Pública , el
Comandante de las Fuerzas Militares General Luis Fernando Navarro, aseguró,
ante los medios de comunicación que la seguridad de los habitantes d e
esta región estaría garantizada y que “la presencia militar será
permanente” .
Hoy de nuevo las comunidades se encuentran en confinamiento
y ante las narices de las fuerzas militares, son los paramilitares de las denominadas
Autodefensas Gaitanistas de Colombia los que confrontan militarmente a
los frentes del ELN en la región Comisión Nacional de Garantías de
Seguridad, pueda acordar, poner en marcha y dar seguimiento al plan para
el desmantelamiento de dichas estructuras. En vez de ello el
programa de protección colectiva piloto acordado para Bojayá otorga mayor poder
a las Fuerzas Militares asentadas en la región, pues termina por incluir
a Bojayá dentro de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral,
mediante las cuales se subordina tanto a las autoridades locales como a las
organizaciones sociales al poder del mando militar en la zona, tanto en
la provisión de asistencia humanitaria como en los distintos rubros del
desarrollo económico y social, incluido el control y direccionamiento de los
fondos de cooperación internacional. En efecto, recientemente la
Presidencia informó que “el municipio de Bojayá (Chocó) será incluido en
la estrategia de Zonas Futuro, en cumplimiento del compromiso asumido por
el Presidente Duque en su visita del 11 de enero a esa región” . Las
Zonas Estratégicas de Intervención Integral, reeditan las anteriores Zonas de
Consolidación y Rehabilitación que otorgaron facultades exorbitantes
para limitar la democracia y las libertades fundamentales en diversas zonas
afectadas por el conflicto, por lo que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional
en el año 2003, Ante esto la Presidencia decidió simplemente cambiarles
el nombre pasando a denominarlas “Zonas Futuro”.
Es evidente que,
al estar ubicadas en las regiones donde los nexos de Fuerza Pública y las estructuras
de narco - paramilitares están más consolidadas, estas Zonas están
condenadas al fracaso y no frenarán los abusos a los Derechos
Humanos ni la persecución a los líderes y organizaciones que se oponen a los propósitos
de unos y otros. La respuesta del Gobierno y la Fiscalía frente a los
reclamos sigue siendo la de mostrar que lo que pasa no es tan grave, o
que no pasa nada o pasa muy poco. El 3 de marzo la Ministra del Interior Alicia
Arango en la Mesa por la
Vida celebrada en Puerto As ís (Putumayo), anunció
una hoja de ruta para la efectiva protección de líderes sociales desde
los departamentos, iniciativa conjunta de la sociedad civil, los gobernadores
departamentales y la Procuraduría General. Pero en el mismo
momento expresó que era mucho más grave el fenómeno del robo de celulares
que el del asesinatos de líderes sociales, y al día siguiente se lamentaba ante
los medios porque “todos chillan por los líderes sociales y no por
otros muertos” expresando el desprecio y desagrado que le merecen las
personas que dedican su vida a la defender los derechos de las
comunidades más marginadas. Dos semanas más tarde fue asesinado Marco
Rivadeneira, en Puerto Asís, quien era el más destacado líder de las
comunidades campesinas del Putumayo.
Hasta ahora, no se ha generado
ni una sola muestra de rechazo o de condena a dicho asesinato por parte
de la Ministra y las demás autoridades del Alto Gobierno. En los debates
citados en el Congreso por esta situación, la Ministra volvió, apoyada en
registros la Fiscalía, a minimizar la situación de los líderes y
lideresas, expresando que eran solo 8 y luego sólo 13, los líderes asesinados
entre el 1 de enero y el 10 de abril, mientras el Programa Somos Defensores
tiene registrados 62 líderes asesinados e Inde paz exhibe un
registro de 72 asesinatos durante ese periodo. Es más, la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas ya había reportado 56 denuncias de asesinatos de líderes
y lideresas sociales entre el 1 y el 24 de marzo con datos de la Oficina
de la Al ta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos
Humanos.
Fuente: https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/04/1-3.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario