HIJOS: el lugar de los archivos en la lucha por justicia contra el olvido y el silencio
18 de abril de 2020
El 14 de abril de 1995, cuando en la Argentina reinaba la
impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura
cívico-militar, en un encuentro en Córdoba, nació la agrupación Hijas e
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(HIJOS). La organización fue, desde sus inicios, un espacio donde
colectivizar la identidad como hijos e hijas de víctimas del terrorismo
de Estado, reivindicar las trayectorias políticas de sus padres y
madres, y luchar la institucionalización de políticas públicas en
memoria, verdad y justicia. A 25 años de nacimiento compartimos la
experiencia de dos hijas en el trabajo con archivos de memoria: los
aportes a los juicios, el compromiso ético con las víctimas, la historia
personal y la reparación
Por Agencia Andar.
“Los archivos siempre estuvieron vinculados a la posibilidad de
conocimiento de la verdad que nos había sido negada por los jerarcas
militares, es la posibilidad de dar cuenta del silencio organizado por
los represores”, dice Claudia Bellingeri. Su padre Héctor militaba en el
Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos y tenía 45 años cuando
fue secuestrado en junio de 1977. Claudia es directora del programa de
Justicia por delitos de lesa humanidad de la Comisión Provincial por la
Memoria (CPM).
Bellingeri es una de las hijas e hijos de detenidos desaparecidos
durante el terrorismo de Estado que el 14 de abril de 1995 se reunieron
en Córdoba y conformaron la red nacional de Hijas e Hijos por la
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). “Fue la
primera experiencia común de sociabilización. Nos encontramos, nos
reconocimos en nuestras vivencias, en la experiencia traumática frente a
la desaparición forzada”.
18/04/2020
A 25 años del encuentro en Río Ceballo, en diálogo con ANDAR, Claudia
y Mariana recorren la trayectoria colectiva y personal de esa
organización: de los escraches en tiempos de impunidad a la
institucionalización de las políticas públicas de memoria, verdad y
justicia. “Veníamos de un Estado con políticas muy inconstantes y
desfavorables al movimiento de derechos humanos. Esos primeros años de
HIJOS estuvo marcado por la impunidad, y el escrache como estrategia
estuvo marcado hacia el interior por una fuerte reflexión y
problematización del concepto de justicia”, señala Tello.
La nulidad de las leyes de impunidad en 2003 cambió todo el escenario y también las lógicas de intervención de la organización. Las dos hijas destacan la voluntad política del gobierno de Néstor Kirchner, sin voluntad política eso no hubiese sido posible.
“A partir de allí, desde la organización, fuimos parte activa de los juicios de lesa humanidad, somos testigos, querellantes. Trabajamos en los sitios, en los archivos, trabajamos porque hay una idea fundante que es la lucha por la justicia y contra el olvido y el silencio”, reconoce Bellingeri.
La justicia, la reparación, los archivos
A partir de ese momento, muchos hijos e hijas comenzaron también a ocupar espacios de gestión pública: “Nos formamos para esto, para contribuir de manera cercana a este proceso de justicia y reparación. Y en eso, creo, HIJOS fue el espacio donde encontramos una contención colectiva para trabajar estos temas” asume Tello.
Desde el 2001 la CPM preserva y gestiona el ex archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), uno de los fondos documentales de inteligencia desclasificados más importantes del mundo: “Los archivos del pasado reciente, como éste, como otros archivos ligados a los responsables de la dictadura, tienen que estar en poder de organismos que los democraticen, porque son archivos que para las víctimas tienen un contenido simbólico pero también concreto porque pueden develar algo de lo que le han pasado a las víctimas. Recuperar estos archivos es muy importante porque pone un poco de libertad a esas historias personales y es reparador cada vez que un familiar encuentra algo, cada vez que aportamos para los juicios, en todas esas instancias se está haciendo justicia”.
El ex archivo de la DIPPBA tiene alrededor de 4 millones de folios.
El espionaje, el seguimiento, el registro y el análisis de la
información para la persecución política ideológica fueron las
principales funciones desde su creación en el año 1956 hasta su
disolución en el año 1998. Durante el terrorismo de Estado, esas
acciones de inteligencia fueron indispensables para la comisión de los
crímenes de lesa humanidad.
Como señalaba Bellingeri, los archivos están íntimamente vinculados con aquellos principios básicos de HIJOS: la lucha por la justicia y contra el olvido y el silencio. Desde el fin de las leyes de impunidad, la CPM presentó prueba documental de la DIPPBA en la mayoría de los juicios que se realizaron en todo el país. En esa labor, ella es una de las peritos designada por la Cámara Federal de La Plata del acervo documental de la CPM.
“La política de desaparición fue borrar todo indicio del accionar criminal del Estado. Casi no dejó rastros estatales; en esa particularidad, archivos como el de la DIPPBA son excepciones, casi accidentes o errores en su planificación. Y es algo que queda en evidencia cuando se ve la poca cantidad de archivos oficiales que existen de la represión, la idea era que no existieran. Esas excepciones son valiosas porque son marca del accionar represivo, reflejan ese accionar escrito por los mismos perpetradores de esa represión”, agrega Tello.
Si la dictadura militar intentó borrar todo indicio del accionar criminal del Estado, la ciudadanía, desde las voces de las víctimas, intentó reconstruir esas historias. El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) se creó en el 2003 con el objetivo de conservar los testimonios y documentos sobre las violaciones a los derechos humanos y la respuesta social e institucional. Su acervo documental está integrado, entre otros, por el fondo de la CONADEP, el juicio a las juntas, el archivo oral.
“Tengo la responsabilidad de gestionar estos archivos que son interesantes porque son archivos que hizo la ciudadanía con el deseo de construcción de la verdad y la justicia, que el Estado oficializó y preserva, pero que nacieron del deseo de la ciudadanía”, explica la directora del ANM.
Mariana Tello recuerda que, durante muchos años, acompañó a víctimas a
declarar, escuchó sus testimonios. Esos documentos son los que les toca
gestionar: “Sé lo que significó para cada una de esas personas dejar
una declaración y, ahora, tengo una responsabilidad aún mayor, el
desafío de restituir la documentación de esas palabras de las víctimas.
Esos legajos son parte de las historias familiares, muchas veces no
contadas por los miembros de las familias. Y esa es la importancia de
las políticas de estos años de restitución de estos pedacitos de
historia, de saber qué hicieron esas personas por la búsqueda de
justicia, porque en ese acto lo que se restituye son los rastros de esa
lucha”.
Desde la propia experiencia, Claudia Bellingeri y Mariana Tello destacan tres principios en el trabajo de gestión de estos archivos: la colaboración, la formación técnica y el compromiso ético con las víctimas. “El tratamiento de estos archivos es un trabajo profesional que tiene la carga afectiva y de responsabilidad de todo acto de reparación. Hay una dimensión de esa labor que debe considerar la archivística, la historia y la vida de esas familias que buscan una reparación”, explica Bellingeri.
“Trabajar con estos archivos de la represión, siendo parte de un organismo de derechos humanos, que desde el 95 está haciendo un camino para recuperar la verdad robada, es una enorme responsabilidad. Sin lugar a dudas, hay una parte profesional que hacemos con responsabilidad. Y hay otra parte que es la militancia, que es una cuestión de identidad, que es trascendente porque somos sujetos políticos, que dejamos de ser víctimas el mismo día que empezamos a estar juntos, y desde ahí trabajar con estos archivos impone una responsabilidad extraordinaria”, agrega Bellingeri.
“La ética creo es el desafío más importante, porque significa contemplar las implicancias que tiene la gestión pública de estos archivos en la vida de esas personas. El testimonio circula y de alguna manera refleja un problema social, que es disputar los sentidos de la justicia y la reparación, y también la identidad de las personas”, remarca Tello.
Hay acervos documentales vinculados a la última dictadura militar que todavía no fueron desclasificados. Hay otros, relacionados al proceso de justicia, los testimonios y la recuperación de espacios ligados al terrorismo de Estado, que se van construyendo en la misma práctica. “Si bien cada archivo tiene una estrategia de reparación, los organismos de derechos humanos tenemos la necesidad de democratizarlos y ponerlos al alcance de la ciudadanía porque el reclamo de justicia continúa”, señala la perito del archivo de la ex DIPPBA.
“Y hay una necesidad de una política de búsqueda y preservación, sobre todo por sus aportes a la justicia, porque la justicia es la mayor reparación. Esto lo digo a título personal, no hay nada que repare más que la justicia. Porque la dictadura militar borró socialmente los límites entre lo que el Estado tiene o no permitido hacer con los ciudadanos. Y en esto la justicia reparó no sólo a las víctimas, reparó porque volvimos a sentir como comunidad que estábamos de acuerdo en eso, que esos límites no podían borrarse y debían condenarse. Por eso la reparación de la justicia va más allá del hecho, en lo personal tuve la posibilidad de ver en el banquillo al último de los acusados por la muerte de mi mamá, pero esa condena no alcanza sino es reconocida por la comunidad”, cierra Tello.
https://www.anred.org/2020/04/18/hijos-el-lugar-de-los-archivos-en-la-lucha-por-justicia-contra-el-olvido-y-el-silencio/
La nulidad de las leyes de impunidad en 2003 cambió todo el escenario y también las lógicas de intervención de la organización. Las dos hijas destacan la voluntad política del gobierno de Néstor Kirchner, sin voluntad política eso no hubiese sido posible.
“A partir de allí, desde la organización, fuimos parte activa de los juicios de lesa humanidad, somos testigos, querellantes. Trabajamos en los sitios, en los archivos, trabajamos porque hay una idea fundante que es la lucha por la justicia y contra el olvido y el silencio”, reconoce Bellingeri.
La justicia, la reparación, los archivos
A partir de ese momento, muchos hijos e hijas comenzaron también a ocupar espacios de gestión pública: “Nos formamos para esto, para contribuir de manera cercana a este proceso de justicia y reparación. Y en eso, creo, HIJOS fue el espacio donde encontramos una contención colectiva para trabajar estos temas” asume Tello.
Desde el 2001 la CPM preserva y gestiona el ex archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), uno de los fondos documentales de inteligencia desclasificados más importantes del mundo: “Los archivos del pasado reciente, como éste, como otros archivos ligados a los responsables de la dictadura, tienen que estar en poder de organismos que los democraticen, porque son archivos que para las víctimas tienen un contenido simbólico pero también concreto porque pueden develar algo de lo que le han pasado a las víctimas. Recuperar estos archivos es muy importante porque pone un poco de libertad a esas historias personales y es reparador cada vez que un familiar encuentra algo, cada vez que aportamos para los juicios, en todas esas instancias se está haciendo justicia”.
Ficheros del archivo de la ex DIPPBA
Como señalaba Bellingeri, los archivos están íntimamente vinculados con aquellos principios básicos de HIJOS: la lucha por la justicia y contra el olvido y el silencio. Desde el fin de las leyes de impunidad, la CPM presentó prueba documental de la DIPPBA en la mayoría de los juicios que se realizaron en todo el país. En esa labor, ella es una de las peritos designada por la Cámara Federal de La Plata del acervo documental de la CPM.
“La política de desaparición fue borrar todo indicio del accionar criminal del Estado. Casi no dejó rastros estatales; en esa particularidad, archivos como el de la DIPPBA son excepciones, casi accidentes o errores en su planificación. Y es algo que queda en evidencia cuando se ve la poca cantidad de archivos oficiales que existen de la represión, la idea era que no existieran. Esas excepciones son valiosas porque son marca del accionar represivo, reflejan ese accionar escrito por los mismos perpetradores de esa represión”, agrega Tello.
Si la dictadura militar intentó borrar todo indicio del accionar criminal del Estado, la ciudadanía, desde las voces de las víctimas, intentó reconstruir esas historias. El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) se creó en el 2003 con el objetivo de conservar los testimonios y documentos sobre las violaciones a los derechos humanos y la respuesta social e institucional. Su acervo documental está integrado, entre otros, por el fondo de la CONADEP, el juicio a las juntas, el archivo oral.
“Tengo la responsabilidad de gestionar estos archivos que son interesantes porque son archivos que hizo la ciudadanía con el deseo de construcción de la verdad y la justicia, que el Estado oficializó y preserva, pero que nacieron del deseo de la ciudadanía”, explica la directora del ANM.
Archivo Nacional de la Memoria
Desde la propia experiencia, Claudia Bellingeri y Mariana Tello destacan tres principios en el trabajo de gestión de estos archivos: la colaboración, la formación técnica y el compromiso ético con las víctimas. “El tratamiento de estos archivos es un trabajo profesional que tiene la carga afectiva y de responsabilidad de todo acto de reparación. Hay una dimensión de esa labor que debe considerar la archivística, la historia y la vida de esas familias que buscan una reparación”, explica Bellingeri.
“Trabajar con estos archivos de la represión, siendo parte de un organismo de derechos humanos, que desde el 95 está haciendo un camino para recuperar la verdad robada, es una enorme responsabilidad. Sin lugar a dudas, hay una parte profesional que hacemos con responsabilidad. Y hay otra parte que es la militancia, que es una cuestión de identidad, que es trascendente porque somos sujetos políticos, que dejamos de ser víctimas el mismo día que empezamos a estar juntos, y desde ahí trabajar con estos archivos impone una responsabilidad extraordinaria”, agrega Bellingeri.
“La ética creo es el desafío más importante, porque significa contemplar las implicancias que tiene la gestión pública de estos archivos en la vida de esas personas. El testimonio circula y de alguna manera refleja un problema social, que es disputar los sentidos de la justicia y la reparación, y también la identidad de las personas”, remarca Tello.
Hay acervos documentales vinculados a la última dictadura militar que todavía no fueron desclasificados. Hay otros, relacionados al proceso de justicia, los testimonios y la recuperación de espacios ligados al terrorismo de Estado, que se van construyendo en la misma práctica. “Si bien cada archivo tiene una estrategia de reparación, los organismos de derechos humanos tenemos la necesidad de democratizarlos y ponerlos al alcance de la ciudadanía porque el reclamo de justicia continúa”, señala la perito del archivo de la ex DIPPBA.
“Y hay una necesidad de una política de búsqueda y preservación, sobre todo por sus aportes a la justicia, porque la justicia es la mayor reparación. Esto lo digo a título personal, no hay nada que repare más que la justicia. Porque la dictadura militar borró socialmente los límites entre lo que el Estado tiene o no permitido hacer con los ciudadanos. Y en esto la justicia reparó no sólo a las víctimas, reparó porque volvimos a sentir como comunidad que estábamos de acuerdo en eso, que esos límites no podían borrarse y debían condenarse. Por eso la reparación de la justicia va más allá del hecho, en lo personal tuve la posibilidad de ver en el banquillo al último de los acusados por la muerte de mi mamá, pero esa condena no alcanza sino es reconocida por la comunidad”, cierra Tello.
https://www.anred.org/2020/04/18/hijos-el-lugar-de-los-archivos-en-la-lucha-por-justicia-contra-el-olvido-y-el-silencio/
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