Con el nuevo Gobierno, en Vaca Muerta persisten los conflictos con las comunidades mapuches
5 de febrero de 2020
Ayer, mientras se volvió a registrar un sismo
en Añelo, en el centro de Vaca Muerta, Neuquén, donde vive la comunidad
mapuche Campo Maripe, hace pocos días comenzaron una obra para instalar
un ducto para transportar hidrocarburos. La comunidad, luego de la
sorpresiva presencia de una empresa concesionada por YPF, se manifestó
en el lugar y logró frenarla momentáneamente. YPF ofreció conciliar
mediante una mesa de diálogo que iba a tener lugar ayer, pero la
suspendieron hasta que los representantes de la comunidad se presenten
solos, específicamente sin la organización que los contiene, la
Confederación Mapuche de Neuquén. Las políticas y funcionarios macristas
siguen intactos con el nuevo Gobierno Nacional encabezado por Alberto
Fernández.
Por Agustina López Oribe, para ANRed.
No es una casualidad que los movimientos sísmicos en
la región de Vaca Muerta el año pasado hayan ocurrido más
frecuentemente. En Gran Bretaña suspendieron el fracking justamente
porque es una actividad que, además de contaminar masivamente, provoca
movimientos de la tierra y fracturas de las placas geológicas. Pero en
Neuquén todo es diferente. El gobernador Omar Gutiérrez se reúne con el
Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para acelerar la
sanción de una ley de hidrocarburos que fomenta las inversiones para
extraer más gas y petróleo en la zona y en las comunidades aparecen
grandes máquinas y operarios de empresas extranjeras subcontratadas por
YPF. “Esta es una ley que va a buscar promover, facilitar e
incentivar el desarrollo hidrocarburífero en cada rincón de cada
provincia productora”, declaró el gobernador neuquino.
Frente a esto, Campo Maripe logró suspender las
zanjas que, de pronto, estaban excavando los operarios de la empresa
Pecom, prestadora de YPF. Ninguna normativa del derecho indígena
argentino fue cumplida. Entraron a su territorio y sin consulta previa.
Luego ofrecieron dialogar pero con condiciones. “La estrategia de ellos
es negociar con el más débil. Hay una docena de comunidades en Vaca
Muerta y negocian individualmente ofreciéndoles paliativos. La cuestión
del derecho de los pueblos indígenas queda siempre postergada. Tienen
que cumplir con lo establecido y punto”, dijo luego de la suspensión de
la reunión Jorge Nahuel, dirigente de la Confederación Mapuche. “El
motivo del fracaso fue que quisieron imponer a la comunidad que prohíban
que esté presente nuestra organización y
Campo Maripe no aceptó”,
agregó.
Como YPF es la concesionaria del gran
bloque de Vaca Muerta que contrata empresas multinacionales para
extraer recursos naturales no renovables, es la responsable principal de
cumplir con las leyes vigentes y controlar que el resto de las empresas
lo hagan también. Pero Pablo Bissotto, vicepresidente ejecutivo
upstream de YPF, nombrado por la administración de Mauricio Macri,
persiste en mantener políticas antiguas. La comunidad lo expone en un comunicado y
denuncia que en la anterior gestión “cumplió a rajatabla la orden del
Ministerio de Seguridad que era demonizar la presencia mapuche,
criminalizarla y aplicar una política represiva a todo quien se opusiera
a la explotación descontrolada de Vaca Muerta”. Por el momento,
Bissotto sigue en el cargo.
“YPF es la empresa de bandera pública cuando se quiere
hacer propaganda, pero cuando exigís información o explicaciones
funcionan como sociedad anónima, actúan como si no tuvieran obligaciones
y si derechos a mantener la confidencialidad en la información de las
obras. Tiene esas dos facetas y las utiliza según su conveniencia”, dice
Nahuel, y explica: “Eso se debe a que no hay una política clara. Juegan
con nosotros hasta que llega el momento en que hay una acción directa
como la que protagonizó ahora Campo Maripe, que prohibió continuar con
el ducto”. Esta actitud de protesta busca un diálogo serio, de respeto
recíproco entre YPF y la comunidad mapuche. “No puede ser que
pretendamos que nos respeten las multinacionales que
entran y salen a su antojo si la propia empresa de bandera es la primera
que viola los derechos. Eso no lo hace YPF porque si, lo hace porque
hay una política pública que lleva adelante la provincia de Neuquén de
no controlar de no fiscalizar, de declarar que eso es un desierto y que
pueden entrar y salir a su antojo”.
Además declara que “revientan la
tierra, la poca capacidad productiva que tiene la terminan de destruir,
generan contaminación, tenemos que soportar los derrames y todos los
accidentes que ha, que son producto de la falta de control. Eso no puede
continuar, no puede ser una política que se repita año tras año. Lo
tuvimos que soportar estos últimos años porque nos mandaban a
Gendarmería, nos fusilaron por la espalda como le pasó al peñi Rafael
Nahuel, vivimos un estado de amenaza y militarización en el territorio.
Ahora que hay un discurso nuevo, que hay una gestión nueva, donde todo
va a ser producto del diálogo y la participación, no pueden continuar
estos funcionarios. Éstos vienen de la gestión macrista y todo el
discurso que hace el gobierno actual se cae si los que lo van a
representar son estos personajes oscuros”.
El diálogo propuesto por YPF debe ser sin condicionamientos. La
empresa estatal tiene asesoramiento garantizado. La comunidad vulnerada
tiene todo el marco jurídico para prohibir que las empresas petroleras
se instalen en su territorio. Falta un Estado que no lo ignore y aplique
el derecho vigente que en la práctica sigue postergado, provocando
desastres permanentes en el ambiente pero que impactan de forma
inmediata en las comunidades que allí viven.
https://www.anred.org/2020/02/05/con-el-nuevo-gobierno-en-vaca-muerta-persisten-los-conflictos-con-las-comunidades-mapuches/
Por Agustina López Oribe, para ANRed.
No es una casualidad que los movimientos sísmicos en
la región de Vaca Muerta el año pasado hayan ocurrido más
frecuentemente. En Gran Bretaña suspendieron el fracking justamente
porque es una actividad que, además de contaminar masivamente, provoca
movimientos de la tierra y fracturas de las placas geológicas. Pero en
Neuquén todo es diferente. El gobernador Omar Gutiérrez se reúne con el
Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para acelerar la
sanción de una ley de hidrocarburos que fomenta las inversiones para
extraer más gas y petróleo en la zona y en las comunidades aparecen
grandes máquinas y operarios de empresas extranjeras subcontratadas por
YPF. “Esta es una ley que va a buscar promover, facilitar e
incentivar el desarrollo hidrocarburífero en cada rincón de cada
provincia productora”, declaró el gobernador neuquino.
Frente a esto, Campo Maripe logró suspender las
zanjas que, de pronto, estaban excavando los operarios de la empresa
Pecom, prestadora de YPF. Ninguna normativa del derecho indígena
argentino fue cumplida. Entraron a su territorio y sin consulta previa.
Luego ofrecieron dialogar pero con condiciones. “La estrategia de ellos
es negociar con el más débil. Hay una docena de comunidades en Vaca
Muerta y negocian individualmente ofreciéndoles paliativos. La cuestión
del derecho de los pueblos indígenas queda siempre postergada. Tienen
que cumplir con lo establecido y punto”, dijo luego de la suspensión de
la reunión Jorge Nahuel, dirigente de la Confederación Mapuche. “El
motivo del fracaso fue que quisieron imponer a la comunidad que prohíban
que esté presente nuestra organización y
Campo Maripe no aceptó”,
agregó.
Como YPF es la concesionaria del gran
bloque de Vaca Muerta que contrata empresas multinacionales para
extraer recursos naturales no renovables, es la responsable principal de
cumplir con las leyes vigentes y controlar que el resto de las empresas
lo hagan también. Pero Pablo Bissotto, vicepresidente ejecutivo
upstream de YPF, nombrado por la administración de Mauricio Macri,
persiste en mantener políticas antiguas. La comunidad lo expone en un comunicado y
denuncia que en la anterior gestión “cumplió a rajatabla la orden del
Ministerio de Seguridad que era demonizar la presencia mapuche,
criminalizarla y aplicar una política represiva a todo quien se opusiera
a la explotación descontrolada de Vaca Muerta”. Por el momento,
Bissotto sigue en el cargo.
“YPF es la empresa de bandera pública cuando se quiere
hacer propaganda, pero cuando exigís información o explicaciones
funcionan como sociedad anónima, actúan como si no tuvieran obligaciones
y si derechos a mantener la confidencialidad en la información de las
obras. Tiene esas dos facetas y las utiliza según su conveniencia”, dice
Nahuel, y explica: “Eso se debe a que no hay una política clara. Juegan
con nosotros hasta que llega el momento en que hay una acción directa
como la que protagonizó ahora Campo Maripe, que prohibió continuar con
el ducto”. Esta actitud de protesta busca un diálogo serio, de respeto
recíproco entre YPF y la comunidad mapuche. “No puede ser que
pretendamos que nos respeten las multinacionales que
entran y salen a su antojo si la propia empresa de bandera es la primera
que viola los derechos. Eso no lo hace YPF porque si, lo hace porque
hay una política pública que lleva adelante la provincia de Neuquén de
no controlar de no fiscalizar, de declarar que eso es un desierto y que
pueden entrar y salir a su antojo”.
Además declara que “revientan la
tierra, la poca capacidad productiva que tiene la terminan de destruir,
generan contaminación, tenemos que soportar los derrames y todos los
accidentes que ha, que son producto de la falta de control. Eso no puede
continuar, no puede ser una política que se repita año tras año. Lo
tuvimos que soportar estos últimos años porque nos mandaban a
Gendarmería, nos fusilaron por la espalda como le pasó al peñi Rafael
Nahuel, vivimos un estado de amenaza y militarización en el territorio.
Ahora que hay un discurso nuevo, que hay una gestión nueva, donde todo
va a ser producto del diálogo y la participación, no pueden continuar
estos funcionarios. Éstos vienen de la gestión macrista y todo el
discurso que hace el gobierno actual se cae si los que lo van a
representar son estos personajes oscuros”.
El diálogo propuesto por YPF debe ser sin condicionamientos. La
empresa estatal tiene asesoramiento garantizado. La comunidad vulnerada
tiene todo el marco jurídico para prohibir que las empresas petroleras
se instalen en su territorio. Falta un Estado que no lo ignore y aplique
el derecho vigente que en la práctica sigue postergado, provocando
desastres permanentes en el ambiente pero que impactan de forma
inmediata en las comunidades que allí viven.https://www.anred.org/2020/02/05/con-el-nuevo-gobierno-en-vaca-muerta-persisten-los-conflictos-con-las-comunidades-mapuches/
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