Apreciemos: "Los ciclos de lucha vienen mostrando que se incorpora a las rebeliones toda una nueva generación donde la radicalización de un sector del movimiento feminista y de la juventud es un componente decisivo, con la característica fundamental de que una enorme cantidad de ese activismo no participa de fuerzas políticas previas. Por muchas razones desconfía fuertemente de los espacios políticos existentes y esa desconfianza –con motivos ciertos y valederos que se impone valorar– alcanza a las izquierdas revolucionarias. De allí que construir espacios sociales amplios, articulaciones abiertas de movimientos populares asamblearios es una tarea urgente, en paralelo a la necesidad de convergencia de organizaciones político-sociales y revolucionarias que reivindiquen el derecho a la rebelión como un derecho imprescindible de les de abajo".

Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Dossier América Latina en la encrucijada: pandemia, rebeliones y

estados de excepción

13 de abril de 2020

Por Colectivo de Comunicación ContrahegemoníaWeb

(…)Despojo de los bienes comunes y crisis civilizatoria
 Otro elemento clave para analizar la etapa es la exacerbación de la acumulación por desposesión que, como señalara David Harvey, se torna una necesidad constante del capitalismo. Desde el 2008 asistimos a una crisis aguda del sistema capitalista. Como ya se anunció con anterioridad a la pandemia, se esperaba una nueva y más aguda crisis cuando aún no se ha logrado una recuperación plena de la de aquel año. Obviamente, los efectos de la pandemia y los números brutales de aumento cotidiano del desempleo, la caída de la producción y la agudización de la recesión están anunciando que probablemente estemos a las puertas de una crisis de dimensiones cercanas a la de los años 30, con características devastadoras en todo el mundo capitalista. Una crisis en todos los órdenes -social, político, ambiental, cultural, de cuidados-, que asume claros perfiles de crisis civilizatoria y que pone en evidencia nuevamente que el capitalismo ya no puede garantizar siquiera la vida.

La necesidad del capital de profundizar el extractivismo y controlar el litio boliviano, el petróleo y el gas de Vaca Muerta o de Venezuela, la biodiversidad amazónica en Brasil, el agua de Chile o del acuífero guaraní, por mencionar algunos de los bienes comunes de nuestra región, ya estaba presente, pero ante la crisis se torna aún más feroz. Adquieren cada vez más importancia las luchas socio-ambientales en defensa del territorio, de nuestros bienes comunes, con fuerte protagonismo de los pueblos indígenas y poblaciones rurales, a las que se van sumando cada vez más sectores populares perjudicados por la destrucción ambiental, la deforestación, las fumigaciones o la pérdida del acceso a un elemento vital como el agua.

Frente a esto, los gobiernos que se asumen como “progresistas” –como es el caso argentino– lo hacen en un contexto profundamente diferente al de principios del siglo XXI. Asistimos a una baja aguda de los precios de las materias primas y alimentos en una región cada vez más primarizada, que se potencia en un ciclo capitalista de aguda depresión y crisis a nivel mundial como el que transitamos y que la pandemia exacerba.
Por lo tanto, las recetas neodesarrollistas, distribucionistas, que proponen un imposible retorno al Keynesianismo de la segunda postguerra sin afectar resortes claves del sistema capitalista, tendrán serias dificultades para conciliar cierto crecimiento económico con el despliegue de mecanismos de consenso en la población. Ésta es una tendencia de mediano plazo que no debería ignorarse, como sucede en el caso argentino, por la existencia de una luna de miel de gran parte de la sociedad con esos gobiernos, donde la comparación con la brutalidad depredatoria del macrismo potencia su capacidad de gobernabilidad. Junto a la caída de los precios de los bienes exportables, el talón de Aquiles de la gobernabilidad pasa por el endeudamiento fenomenal de la región, otra tendencia clave que se ha multiplicado en la última década. De hecho, en nuestro país el gobierno de Macri en cuatro años tomó una deuda gigantesca, incluso superior a la que se contrajo durante el menemismo y la última dictadura militar (la cual, junto a la de Brasil, fueron el inicio del endeudamiento como nueva forma de dependencia). Estos elementos marcan que los nuevos progresismos tienen un escenario mucho más complejo y difícil. Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia potenciarán mucho más esas dificultades.

Latinoamérica antes de la pandemia
Un aspecto decisivo que se encontraba en pleno despliegue cuando el impacto del Corona Virus Covid-19 frenó su avance, era el auge de las luchas populares en el mundo y en particular en nuestro subcontinente. No nos detendremos en su análisis exhaustivo, los artículos de este Dossier lo harán aportando muchos más elementos. En síntesis, podemos decir que se trata de un arco de conflictos que se van enlazando entre sí y que tienen un inicio en el Caribe y Centroamérica, como lo demuestran las enormes y poco conocidas –al menos en Sudamérica– rebeliones haitiana o la hondureña.
Este ciclo repercute muy fuerte en Ecuador, cuya rebelión tuvo su epicentro en el sector más dinámico del movimiento popular de ese país: la coordinadora indígena CONAI. Ese protagonismo y liderazgo se produce en un marco más vasto de rebelión popular contra el ajuste de Lenin Moreno.
Pero la gran novedad de este nuevo ciclo de protestas estalla en el vientre del llamado “mejor alumno” del neoliberalismo de la región: Chile. Un país donde la dictadura del general Augusto Pinochet construyó las bases del modelo socio-económico que los sucesivos gobiernos de la Concertación sostuvieron en tiempos de la democracia.
Aún resta ver cómo evoluciona la protesta social tras la pandemia, pero sin duda el Estado neoliberal ha sufrido un golpe enorme. Es eso lo que ha estallado y que logró derrotar el miedo que la dictadura y las democracias del capital habían instalado en la población. Encontramos en estas peleas antecedentes más cercanos, como la lucha contra un sistema educativo perverso, las enormes movilizaciones en contra de las jubilaciones privadas, la histórica lucha del pueblo mapuche –pese a la aplicación de la ley antiterrorista que había elaborado Pinochet por parte de los gobiernos civiles de les “socialistas” Ricardo Lagos y Michelle Bachelet– con las recuperaciones de territorio y las acciones directas contra las grandes empresas extractivistas. A estos antecedentes se les agrega un dato nuevo, fundamental: la llamada primera línea, que evidencia la necesidad y legitimidad de la violencia y la autodefensa popular. Éste es un elemento clave, ya que recuperar la convicción en la legitimidad de la violencia popular ante las feroces represiones, como la que hemos visto en Chile, es una de las cuestiones que tendremos que discutir en los próximos años.
Finalmente, este ciclo llega a Colombia, donde la legitimidad del uribismo, que había sido muy alta sobre todo en las grandes urbes, comienza a degradarse ante el despliegue de las movilizaciones.
Surcando todo este ciclo de rebeliones y como una ola arrasadora en nuestro sub-continente, el movimiento feminista remueve las viejas estructuras patriarcales. Nos sentimos parte de aquel feminismo interseccional, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries, plurinacional y anticapitalista, que lucha contra los patriarcados racistas, heteronormativos y cisexistas, sostenedores de políticas extractivistas y coloniales.
La pandemia genera nuevos desafíos para los movimientos feminista y de la diversidad. En un contexto donde la enorme mayoría de los casos de violencia machista ocurren dentro de los hogares, el aislamiento social obligatorio ha dejado a mujeres y disidencias encerradas con sus agresores. Por otra parte, distintos grupos fundamentalistas y ciertos gobiernos aprovecharon la emergencia sanitaria para negarles el acceso a servicios de aborto a mujeres, niñas, adolescentes y personas trans.
Particularmente, en Argentina  hubo 34 femicidios en el transcurso del mes de marzo, con un 39% de aumento en la demanda de la línea de ayuda 144 durante el confinamiento. Ante los evidentes peligros del “#QuedateEnCasa” para estos sectores de la población, extraña que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no esté incluido en el comité de emergencia concertado por el gobierno.
Es evidente que en la prolongación del encierro obligatorio es vital impulsar en la región, tal como vienen sosteniendo diversas organizaciones feministas, una #CuarentenaLibredeViolencia. Esto implica una serie de medidas, tales como la inclusión de nuevos espacios para ampliar la red nacional de refugios y hogares, campañas de difusión masivas contra la violencia de género y la defensa del aborto y la anticoncepción como prestaciones de salud esenciales en tiempos de pandemia. En síntesis, debe garantizarse el cumplimiento del Paquete Mínimo de Servicios Iniciales para la Salud Reproductiva, un estándar internacional de atención que debe implementarse ante cada emergencia.

 El caso argentino 
Paradójicamente, en el momento de alza de esas luchas en América Latina, un país que es referencia histórica a nivel de la conflictividad social como Argentina, no formó parte de este ciclo de rebeliones con características insurreccionales, como las que pueden verse en todos estos ejemplos que acabamos de mencionar. Aquí hay una discusión que se abre. A nuestro modo de entender, no hay que ver sólo el vaso medio lleno o medio vacío.
¿Qué pretendemos decir? En el 2017 la gran lucha contra la reforma previsional implicó una importante movilización, masiva y con predisposición a resistir por varias horas una fuerte represión. Al mismo tiempo, existió cierto grado de enfrentamiento con las fuerzas policiales, sin que hubiera repudio por parte del resto de la movilización a los sectores que se enfrentaban con la policía. El macrismo triunfó, pero fue un triunfo pírrico. Triunfó, pero quedó claro que no estaba en condiciones de avanzar en la profundización neoliberal. Triunfó en aprobar la reforma previsional, pero demostró que no tenía condiciones para avanzar en la reforma laboral. La constatación de su debilidad provocó la corrida cambiaria motorizada por una parte del establishment, lo que aceleró el deterioro económico. Sin los efectos de la lucha de clases, muy probablemente no habría habido corrida cambiaria. Habiendo perdido la confianza de un sector de la clase dominante, el gobierno macrista tendió a apoyarse en el FMI y en sus préstamos, lo que profundizó aún más la crisis.
En un escenario de crisis y de importantes movilizaciones, la mayor parte del fragmentado Partido Justicialista, la dirigencia sindical, la Iglesia Católica y sectores empresariales, comenzaron a prepararse y a generar las condiciones para el recambio electoral hacia el 2019. La unidad del peronismo con el kirchnerismo –sin que éste último fuera el eje de esta alianza que terminó desplazando al macrismo del gobierno–construyó una alternativa que gran parte de la sociedad percibió como viable. En estos dos años, el eje pasó fundamentalmente por lo electoral y se manifestó un descenso de las luchas populares, donde sus últimas grandes manifestaciones fueron el conflicto universitario y las masivas manifestaciones por la sanción de la Ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito durante 2018.
En este momento, estamos todavía transitando el periodo de luna de miel de gran parte de la sociedad con el gobierno, e incluso crece en las encuestas la aceptación social a Alberto Fernández en el contexto de la pandemia. Por un lado, capitaliza el acierto de haber tomado en cuenta el ejemplo negativo de países como Italia o España y avanzar con la cuarentena sin esperar la multiplicación de contagios. Por otra parte, impulsar medidas de congelamiento del aumento de los alquileres y de las hipotecas, así como la suspensión de los cortes de servicios esenciales, lo legitiman en el imaginario social, aún más si se piensa –como gran parte de la población hace– en lo que hubiera sucedido en esta crisis con un nuevo período de gobierno de Macri, que se caracterizó por un brutal recorte de la inversión en salud, ciencia y tecnología.
No obstante, hay situaciones que pueden erosionar esa credibilidad. En primer lugar, la militarización de los territorios y las consecuencias sociales terribles de darle carta blanca a las fuerzas represivas para hacer cumplir la cuarentena está acarreando, como los informes de CORREPI ponen de relieve. En segundo lugar, la prohibición de los despidos fue tardía y es violada permanentemente por las patronales, mientras el aumento de la cantidad de seguros de desempleo va acompañado de masivos subsidios al gran capital, así como de la modalidad de suspensiones con quita salarial. En tercer lugar, brilla por su ausencia la aplicación de la ley de abastecimiento con un control real de precios, que han tenido un aumento virulento en estos días, así como no hay voluntad de intervenir las empresas que desabastecen y especulan con el faltante de bienes imprescindibles. En cuarto lugar, en plena crisis se ha efectuado un pago de 250 millones de dólares de intereses de la deuda externa y se anuncia un posible nuevo pago de 500 millones de dólares. Esto sucede en momentos desesperantes por la falta de insumos sanitarios y cuando se hace más necesario que nunca declarar el default, escenario que de todos modos no es posible descartar con la agudización de la crisis. En quinto lugar, errores garrafales como convocar a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH a cobrar en los bancos sin calendario previo, provocando colas gigantescas en plena pandemia, o la compra de alimentos para comedores por parte del Estado a precios más altos que los de los supermercados, muestran problemas estructurales del gobierno. Finalmente, abre un panorama preocupante la presión de los grandes grupos económicos para terminar con la cuarentena, al menos de manera selectiva, que pondría en riesgo la vida de miles de trabajadores y dilapidaría el enorme esfuerzo social realizado hasta ahora, en un contexto en el que múltiples profesionales de la salud afirman que el pico de la epidemia aún está por llegar.
Estas críticas fundadas no deberían hacernos perder de vista el apoyo social que el gobierno construyó hasta aquí. La gran pregunta es qué líneas de acción y estrategias se deben trazar las fuerzas que se consideran revolucionarias. 

Apuntes para una estrategia
En ese sentido, ya podemos ir marcando algunas enseñanzas políticas de este contexto y período que creemos necesario recoger.
Una primera cuestión es que a los diversos sectores de las clases dominantes les resulta cada vez más difícil construir su hegemonía, presentar sus perspectivas y proyectos como beneficiosas para el conjunto de la sociedad. La derecha neoliberal sólo puede ofrecer más de lo mismo, profundización del ajuste, apertura económica, individualismo y meritocracia. Estos discursos han sufrido un duro golpe durante esta pandemia, siendo muy difícil, por ejemplo, seguir justificando el dejar librado al mercado y la rentabilidad los sistemas de salud pública.
En la opción que ofrece Donald Trump, se trata de reconfigurar el neoliberalismo y proteger a Estados Unidos de los cambios en el orden mundial, con altísimas dosis de misoginia, racismo, represión, control social, junto a medidas que implican una mayor incidencia económica del Estado para repatriar capitales de multinacionales y reactivar el ciclo económico interno sin modificar las lógicas de exclusión aguda, la desprotección social, la precarización laboral o la baja del salario real.
Con respuestas variables, la derecha neoliberal latinoamericana sigue aferrada al programa neoliberal clásico, el cual es exigido por los Estados Unidos directamente o a través de organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial: más ajuste, apertura, reformas laborales, previsionales, tributarias y educativas. Trump y el establishment estadounidense no recetan ni admiten para nuestra región las medidas que se pueden aplicar en territorio estadounidense sino todo lo contrario. La pandemia agudiza la dificultad hegemónica de la derecha para construir estabilidad y consenso mayoritario. El ciclo de luchas que describimos previamente es una demostración de esto.

Desde las clases dominantes va ganando consenso el aceptar cierta intervención y fortalecimiento del Estado para emparchar lo que los principales grupos económicos no pueden ni quieren remediar. A partir de esto, algunos se ilusionan con un regreso a un imposible “Estado benefactor”, o “Estado maternal”, como algunes reformulan.

En este marco, es primordial cuestionar el pensamiento de que sea el Estado argentino, nacido del genocidio de los pueblos originarios, sostenido sobre los miles de desaparecidos durante la última dictadura militar, edificado sobre una deuda que anuda los lazos de nuestra dependencia, capturado en buena parte por sus vínculos estructurales con el poder económico, la herramienta apta para desanudarlos y volcar hacia el pueblo los inmensos recursos que necesitamos. Señalar estas cuestiones no significa caer en posturas que niegan la necesidad de la disputa de instancias estatales y de construir un Estado con características populares genuinas. El problema pasa por construir un Estado permeado por la sociedad civil al mismo tiempo que se evita la subordinación de los movimientos sociales a la estatalidad. El ejemplo paradigmático fue el caso venezolano: sin el Estado chavista difícilmente se hubieran generado las condiciones para la emergencia de espacios comunales. Sin embargo, estratégicamente, las comunas necesitan, como instancias de autoemancipación, evitar ser subsumidas por la estructura estatal venezolana.
A nuestro entender –aún cuando resta ver el escenario post pandemia– los efectos de la expansión del coronavirus van a agravar las dificultades hegemónicas de las clases dominantes, no las van a solucionar. Creemos que se pueden abrir más posibilidades para traccionar en un sentido rupturista, si somos capaces como pueblo de asumir nuestro protagonismo y rechazar recetas conocidas que, en el mejor de los casos y cada vez menos, sólo estiran la agonía.

Una segunda enseñanza es que cada vez que se hacen concesiones a la nueva derecha –como evidenció el proceso de ascenso de Bolsonaro al gobierno en Brasil o el golpe en Bolivia– en aras de la “gobernabilidad” y “razonabilidad”, el resultado final es un debilitamiento acelerado de los progresismos gobernantes, su caída y un empoderamiento de esas derechas a las que se intentó frenar a fuerza de pactos. Este es un hecho que no podemos despreciar en esta etapa: no se pueden hacer concesiones políticas al neofascismo y a la nueva derecha. Y mucho menos asumir ante ellas y como propias la defensa de un “orden” y de una “normalidad” que hastía y oprime a los pueblos. Paradójicamente, parte de la fortaleza de los neofascismos ha sido su capacidad de aparecer como disruptivos y anti-sistémicos.  Menos aún, en aras de la defensa del sistema que las nuevas derechas neofascistas dicen enfrentar, puede pensarse en buscar aliados en fracciones de la clase dominante, cuando los sueños de una supuesta burguesía nacional que acompañaría un proceso de redistribución mercado internista se han demostrado absolutamente inviables, en un ciclo del capitalismo plenamente globalizado desde hace tiempo.

 En tercer lugar, es clave cómo dirigimos la mirada y las acciones hacia un nuevo programa en el contexto del avance de la pandemia. Una temática decisiva de ese programa mínimo consiste en poner fuerte énfasis en frenar los grados de militarización en América Latina y el agudo avance de los estados de excepción. Militarizar o comunizar es una disyuntiva de la hora.

Apostar a lo comunitario, a la comunidad, a empoderar a los movimientos desde abajo; a seguir explorando la clave del poder popular como estrategia, la clave de la auto-organización, de socializar vínculos, de estrechar lazos, de reconocer y compartir experiencias, de tratar de reconstruir una subjetividad de otro tipo.

Justamente en los barrios es necesario garantizar la capacitación sanitaria con insumos de las organizaciones populares. Deben ser ellas las que impulsen y organicen por abajo la cuarentena, no las fuerzas represivas que multiplican los abusos, sobre todo hacia les jóvenes, como se puede ver en los informes cotidianos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en la Argentina. Desde esa base, necesitamos una auto-organización, una construcción de lazos comunitarios, que no se agoten en cada territorio ni en cada lugar de trabajo, sino que abone a la perspectiva de ir construyendo otra institucionalidad propia, hacia una democracia protagónica real que supere a esta “democracia” liberal que sólo usufructúa tal denominación.
En cuarto lugar, para los grandes empresarios que pretenden “no parar la economía”, lo único sagrado es la ganancia, mientras los seres humanos y la naturaleza somos objetos descartables, que solo servimos en tanto persista alguna gota de rentabilidad que puedan extraernos. Si el sistema impone cada vez más la libertad absoluta para la circulación de mercancías y de capitales, mientras restringe al máximo la libertad de las personas, los pueblos necesitamos exactamente lo contrario.
La pandemia requiere, dado el ajuste agudo que empieza a hacer el capital, leyes que prohíban absolutamente los despidos y la degradación de las condiciones de trabajo. Para que estas disposiciones tengan incidencia real, hay que dar espacio a instancias por abajo que controlen su cumplimiento. El caso emblemático pero no único de Techint, que mantuvo los despidos de 1450 trabajadores a pesar del decreto que los prohibía –despidos finalmente avalados por la UOCRA y el Ministerio de Trabajo– señalan la importancia de construir e imponer estas instancias desde abajo.
De la misma manera la pandemia requiere que se implementen leyes de abastecimiento. Argentina cuenta con una de ellas desde la época del tercer gobierno peronista, la cual todos los gobiernos se negaron a aplicar, incluso en épocas hiperinflacionarias, pero que pueden ser un remedio frente a la brutal especulación en medicamentos, alimentos y elementos de higiene y desinfección. Al igual que sucede con la defensa de los puestos de trabajo, no puede garantizarse sin una organización popular por abajo, contra la carestía y el acaparamiento.
Obviamente, se necesitan más recursos para invertir en el sistema de salud, en el de educación, para viviendas y para quienes han perdido la posibilidad de autosustentarse, para enfrentar de manera contra-cíclica la brutal crisis económica que la pandemia y la presión del capital traen aparejadas.
Ante estas cuestiones emerge muy claramente la necesidad de reclamar la suspensión total del pago de la deuda externa y su investigación y auditoría, declarando nula toda deuda ilegítima y odiosa. Al mismo tiempo, esto debe ir acompañado de la nacionalización del sistema financiero y del control estatal -con participación de las fuerzas populares- del comercio exterior. Es la única manera de impedir la fuga de divisas hacia los paraísos fiscales, uno de los elementos de las crisis económicas de nuestra región.

Se ha divulgado que 950 argentinos tienen en el exterior cuentas sin declarar por 2.600 millones de dólares. Al mismo tiempo, la Unión Industrial Argentina reclama pagar sólo un 70% de los salarios mientras dure la cuarentena. Algunas empresas, como Garbarino, se apresuraron en pagar sólo el 30% a sus trabajadores. Necesitamos, por el contrario, que se mantengan y aumenten los salarios, mientras se grave fuertemente a los dueños de estas fortunas, para obtener los fondos para enfrentar la pandemia y satisfacer las necesidades populares.
La única manera de salir de la barbarie que la expansión del capitalismo genera y que se pone de manifiesto con una agricultura envenenadora de la población, la producción industrializada de los animales, la devastación de los bosques, el cambio climático y las condiciones materiales para nuevas pandemias con efectos sociales cada vez más perniciosos, es una concepción que debata e impulse nuevas formas de alimentación, nuevas formas de producción y una nueva relación con la naturaleza. Esa cosmovisión inevitablemente tiene que poner en tela de juicio la pervivencia del sistema capitalista para poder ser una alternativa real al desastre existente.

En quinto lugar, obviamente estos pasos requieren la acumulación de una gran fuerza social que lo haga posible. En ese sentido se torna aún más urgente la necesidad de una disputa de sentido, de una disputa por la subjetividad, una disputa política, social, por abajo pero también comunicacional. La única manera de poder hacer frente, con algún grado de posibilidad real de incidencia, a los desafíos de este escenario, es comprender la necesidad de convergencias, pensar en proyectos de formación lo más masivos posibles, proyectos de comunicación de envergadura y procesos de articulación política y social de organizaciones populares y todo tipo de colectivos sociales, de trabajadores, de género, antirrepresivos, educativos, culturales, productivos.
Los ciclos de lucha vienen mostrando que se incorpora a las rebeliones toda una nueva generación donde la radicalización de un sector del movimiento feminista y de la juventud es un componente decisivo, con la característica fundamental de que una enorme cantidad de ese activismo no participa de fuerzas políticas previas. Por muchas razones desconfía fuertemente de los espacios políticos existentes y esa desconfianza –con motivos ciertos y valederos que se impone valorar– alcanza a las izquierdas revolucionarias. De allí que construir espacios sociales amplios, articulaciones abiertas de movimientos populares asamblearios es una tarea urgente, en paralelo a la necesidad de convergencia de organizaciones político-sociales y revolucionarias que reivindiquen el derecho a la rebelión como un derecho imprescindible de les de abajo.

Imágen: Rodolfo Fucile para revista Cítrica

www.rodolfofucile.com.ar

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/dossier-america-latina-en-la-encrucijada-pandemia-rebeliones-y-estados-de-excepcion