A nueve
años del crimen político de
Silvia
Suppo sigue en pie
la
exigencia de justicia
2 de abril de 2019
El 29 de marzo de 2010 la ex detenida desaparecida y testigo clave en
juicios de lesa humanidad, fue asesinada en su local comercial de Rafaela,
Santa Fe. Su familia y organismos de derechos humanos luchan por que se sepa la
verdad.
Por Constanza
Villanueva y Celina Tidoni,
abogadas del CeProDH.
El 29 de Marzo de 2016, frente al
negocio donde trabajaba Silvia, sus hijos Marina y Andrés Destefani, colocaron
una baldosa que decía: “Aquí soñó y vivió Silvia Suppo, militante peronista
testigo en causas de lesa humanidad. Aquí fue asesinada el 29 de marzo de 2010.
Verdad y Justicia. Baldosas por la Memoria”.
En cada lucha y movilización por el
aniversario del Golpe cívico militar, Jorge Julio López y Silvia Suppo están
presentes en el grito de decenas de miles que exigen memoria, verdad y
justicia. Tienen en común haber sido sobrevivientes del terrorismo de Estado y
que sus testimonios fueron claves para enjuiciar a genocidas. Pero no pudieron
presenciar las tardías condenas.
Silvia Suppo fue asesinada en la mañana
del 29 de marzo de 2010 en su local comercial de Rafaela (Santa Fe). Era
militante política, víctima de delitos de lesa humanidad y testigo clave en los
juicios a los represores de la última dictadura en esa provincia.
A pocas horas de los hechos, el
gobierno provincial de Hermes Binner declaró que el asesinato de Silvia había
sido consecuencia de un robo común, garantizando un manto de silencio e
impunidad.
Sus hijos continúan exigiendo que se
investigue el móvil político del crimen de Silvia y reclamando que se condene a
los policías que participaron en la “investigación” por la cantidad de
irregularidades y delitos cometidos durante la instrucción como torturas y
ocultamiento de pruebas.
Fallo histórico: los delitos sexuales
son de lesa humanidad
Meses antes ser asesinada, Silvia había
declarado como testigo en el juicio que concluyó con el primer exjuez federal
de la Argentina condenado por crímenes de lesa humanidad, Víctor Brusa. El
mismo fue funcionario judicial durante la dictadura y luego, ya en el período
constitucional, promovido a juez. Durante el proceso, Silvia manifestó sentirse
hostigada e intimidada en diversas ocasiones.
Suppo fue secuestrada a los 18 años el
24 de mayo de 1977, horas antes habían secuestrado a su hermano y en enero a su
compañero Reynaldo Hattemer en la puerta de una Iglesia. La trasladaron primero
a la seccional 4° de la Policía en Santa Fe y de ahí al centro clandestino de
detención “La Casita”.
En ese lugar, Silvia fue torturada y
violada en varias ocasiones, luego fue derivada a la Guardia de Infantería
Reforzada como presa legal y, al constatar su embarazo, le practicaron un
aborto en un consultorio privado. Su carcelera era María Eva Aebi quien se hizo
pasar por la hermana y el genocida Farina, como su marido.
Silvia tenía que volver a declarar en la “Megacausa Rafaela ”
que valientemente impulsó. Sus hijos Marina y Andrés Destéfani continuaron la
querella representados por el equipo jurídico de HIJOS Santa Fe, en el juicio a
los ex policías María Eva Aebi -ex sargenta primera-, Ricardo Ferreyra
-comisario inspector retirado-, Juan Perizzotti -comisario mayor retirado- y
Oscar Farina -comisario inspector retirado- por delitos de lesa humanidad
cometidos a siete víctimas.
El 8 de octubre de 2018, finalmente el
Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en un inédito fallo en la provincia, condenó
a los acusados del secuestro de Jorge Destéfani, Hugo Suppo, Ricardo Díaz y
Graciela Rabellino, quienes sobrevivieron; de la desaparición forzada de
Reinaldo Alberto Hattemer y del asesinato de Rubén Luis Carignano. Respecto a
Silvia, se los condenó por Privación Ilegal de la Libertad, tormentos agravados
por ser la víctima perseguida política, violaciones reiteradas (3 hechos) y
aborto forzado, siendo considerado como un delito autónomo dentro de los
crímenes del terrorismo de Estado.
Marina, hija de Silvia, expresó a este
diario: “La condena para nosotros es un triunfo porque lo veníamos trabajando
como querellantes en la causa y fue fundamental en ese sentido el asesoramiento
y el testimonio que recibimos de parte de Susana Chiarotti que es abogada y
militante feminista muy importante,y Lucila Puyol que es una referente
feminista de la provincia”.
La visibilización de la violencia
específica contra las mujeres en los Centros Clandestinos de Detención, es
producto de una gran tarea llevada adelante gracias a la lucha de los
organismos de derechos humanos, abogadas y abogados querellantes contra los
genocidas e investigadoras. Pero sobre todo, a las sobrevivientes que lo
contaron como es el caso de Silvia Suppo.
En el juicio al genocida Miguel Osvaldo
Etchecolatz, la abogada y diputada porteña Myriam Bregman, querellante en
varias de estas causas, señaló que “la violencia sexual implementada como parte
del terrorismo de Estado” también debía considerarse como constitutiva de ese
plan, que orquestaron las grandes patronales nacionales y extranjeras, los
civiles y militares del último golpe de 1976. Pese a ello, recién en 2010 se
consiguió que esos crímenes fueran reconocidos como tales en un puñado de
casos, lo que muestra hasta qué grado se perpetúa desde el Estado la violencia
machista.
El Poder Judicial tardó más de 20 años
en incorporar muchos de estos testimonios e inscribirlos como delitos de lesa
humanidad. La Iglesia
Católica , hizo su voto de silencio. Y muchos de los 400 hijos
e hijas apropiados, continúan sin tener derecho a su identidad.
A nueve años, exigimos justicia por
Silvia, reafirmamos el compromiso inquebrantable de pelear cada día por el
juicio y castigo, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas y
mantener la lucha en las calles para que el Estado entregue los archivos de la
represión en su totalidad.
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Fuente: https://www.anred.org/?p=112836
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