Reclaman justicia en
las calles de Morillo (Argentina)
Las heridas que el gasoducto
pone al descubierto
13 de abril de 2016
Por Hernán Scandizzo
Muertes bajo custodia policial, asesinatos y desapariciones
A medida que avanza la traza del Gasoducto del
NEA, proyectado por Enarsa para extender la red de gas al noreste del país, se
desnudan tensiones sociales y disputas de poder en los territorios que
atraviesa. Primero fueron las protestas de comunidades pilagá de Formosa por
promesas incumplidas por la contratista Techint , en marzo se sumó la
sospechosa muerte de Pablo Moreno, referente piquetero que estaba preso en la
comisaría de Tartagal, en el norte de Salta. Moreno había sido detenido junto a
un grupo de desocupados de Morillo tras enfrentarse con la policía cuando
reclamaba puestos de trabajo a la compañía Vertúa SA , encargada de ejecutar un
tramo de la obra.
El 18 de marzo Pablo Moreno murió mientras lo
trasladaban desde la Comisaría 45 de Tartagal hacia el hospital de esa
localidad, ubicada en el norte de Salta. Según el informe de la médica Martina Gómez ,
del Centro de Investigaciones Fiscales de Orán, el deceso se produjo por
broncoaspiración, durante un ataque de epilepsia. Pero los familiares y la
abogada defensora, Sarah Esper, afirman que fue asesinado, y sostienen que el
intendente de Morillo, Atta Gerala, está vinculado. Cabe destacar que Gerala
fue recientemente procesado por malversación de fondos, en el Concejo
Deliberante local se estudia su destitución y a nivel provincial se evalúa la
intervención del municipio.
Los familiares del referente piquetero
sostienen que en varias oportunidades había sido amenazado por la policía: “te
vamos a sacar en bolsa de la cárcel”. Pascual Moreno recordó, en declaraciones
al portal de noticias El
Intransigente, que su hermano le había contado en una carta que cuando
intentaba recurrir a la Justicia, la fiscal le decía siempre: “Dejá de joder,
no hagas denuncia por los derechos humanos porque vos no tenés derechos”.
El mismo día que murió Pablo Moreno desapareció en Morillo Claudia
Campos, de 16 años, joven militante campesina, sobrina de Lucía Ruíz, una
opositora al intendente Gerala. Claudia fue encontrada muerta en un camino del
monte. Según El Intransigente,
los lugareños atribuyen el asesinato a la narco política. Ambas hechos
rompieron la tranquilidad aparente de ese pueblo de casas bajas y calles
polvorientas, donde viven unas 6 mil personas, y que recientemente fue visitado
por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. El 27 de marzo más de 2 mil
marcharon pidiendo justicia para Campos y Moreno, e incluyeron en sus reclamos
a Lisandra Albornoz, de 14 años, desaparecida desde noviembre de 2014, y a
Antonia Sosa, de 24 años, que fue encontrada muerta en el paraje Los Baldes.
Trabajo y represión
Pablo Moreno estaba detenido desde octubre de
2015 en Tartagal, sindicado como uno de los responsables de los incidentes
producidos durante el reclamo de trabajo a la empresa Vertúa , a
cargo del tendido del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) entre las
localidades salteñas Campo Durán y Capitán Juan Pagés. La obra va mucho más
allá del territorio salteño, atraviesa también las provincias de Formosa, Santa
Fe, Chaco, Corrientes y Misiones. Según sus promotores, los 4000 kilómetros de
cañerías permitirán abastecer de gas a 3,4 millones de personas, para su
realización se presupuestó una inversión de 28 mil millones de pesos y sus
tramos son ejecutados por una decena de empresas.
Cuando Vertúa SA desembarcó en Morillo las
expectativas de empleo crecieron entre los pobladores. Una posibilidad de
dinamizar la deprimida economía local, aunque más no sea por unos meses,
mientras durara la obra. Lo
mismo había sucedido en 2010, cuando la contratista Wicap
inició los trabajos de prospección sísmica para la empresa Maxi petrol ,
concesionaria del área Morillo. Si bien estos proyectos generan preocupación
por los impactos que puedan acarrear, ésta es matizada por la necesidad.
En los días previos a la represión, relata la
abogada y periodista Mara Puntano en una crónica, “desocupados aborígenes y
criollos acamparon [en el ingreso a la empresa Vertúa ],
esperando ser bendecidos con un trabajo para dar de comer a sus hijos”. El desempleo y la
precariedad laboral en Morillo y el resto de los pueblos que se levantan a la
vera de la ruta nacional 81, en el chaco salteño, se conjuga con la
concentración de tierras por parte de empresarios agroindustriales, que se
llevan las ganancias hacia otras latitudes. En tanto en las pequeñas
localidades y parajes cercanos a la frontera con Formosa queda la pobreza
extrema, repartida entre el campesinado criollo y las comunidades wichí.
En 2013 el programa televisivo Periodismo
Para Todos, conducido por Jorge Lanata, emitió un informe sobre casos de
desnutrición en el chaco salteño que generó gran revuelo mediático. Incluso el
Gobierno salteño reconoció en el Anuario Estadístico 2012 que más del 10% de
los chicos de la provincia, de entre uno y cinco años, tiene problemas de
desnutrición. La situación, incubada durante décadas de despojos y pobreza
estructural, poco cambió en el tiempo transcurrido desde que aquellas noticias
que asaltaron las pantallas.
Según una fuente que el periódico El Intransigente no identifica, la situación para la
empresa “es muy complicada”, porque en el tramo Campo Durán – Capitán Juan Pagé
existen 174 comunidades indígenas, “todos quieren sacar algo de plata del
gasoducto y los números se te van a las nubes”. “El gasoducto no puede tomar más de 400
personas, porque no hacen falta más trabajadores, es por eso que mientras el
gasoducto va avanzando se va tomando gente, pero se va despidiendo a otras,
pero nadie quiere darse por despedido, nadie quiere dar el espacio para que
entren los nuevos. Todos los días hay problemas”, sostenía el anónimo en
declaraciones al medio digital, exculpando responsabilidades de la empresa pero
también de las autoridades públicas en situación que atraviesa la región, y
centrando la conflictividad en que “nadie quiere darse por despedido”.
Aquella mañana de fines de septiembre el
reclamo en el acceso al obrador de Vertúa fue reprimido por la Guardia de
Infantería, que irrumpió con bastones, balas de goma y gases lacrimógenos
contra hombres, mujeres y niños. En ese marco dos policías resultaron con
quemaduras tras ser alcanzados por combustible en llamas y las instalaciones de
la empresa sufrieron cuantiosos daños. “Normalmente, la policía de Salta aplica
la extrema mano dura para los trabajadores desocupados que reclaman trabajo”,
afirma Puntano, en una nota publicada por la Agencia
de Noticias Copenoa. “Esta no fue la excepción, máxime cuando en el
enfrentamiento resultaron lesionados policías. Golpes en la detención, golpes
en la comisaría de Tartagal, a 360
km de Morillo, y por supuesto, amenazas de todo tipo
sufrieron los detenidos”, destacó.
A fines de octubre la fiscal penal de Embarcación,
Lorena Martínez, había elevado al Juzgado de Garantías de Tartagal un
requerimiento para enjuiciar a los once piqueteros detenidos tras la protesta. Tres de
ellos –entre los que se contaba Moreno- imputados por tentativa de homicidio,
coacción agravada y daños, y los restantes por coacción agravada, daños y
lesiones.
Según El
Intransigente, la demanda de trabajo a Vertúa estuvo atravesada por una
feroz interna entre dirigentes del Partido Justicialista local protagonizada
por Atta Gerala, que luego de cuatro años alejado de la intendencia, en
diciembre inició su quinto mandato al frente del Municipio de Morillo, y la
entonces jefa comunal, Marcela Carabajal. El portal digital asegura que
Carabajal se había reunido con representantes de la empresa y del gobierno
provincial, donde le garantizaron 300 puestos de trabajo para gente del lugar
en el tendido del gasoducto. Pero que poco después el secretario de Relaciones
Institucionales de Vertúa, Federico Hanne, en acuerdo con Gerala y el senador
Mashur Lapad, prescindió de esos trabajadores.
Techint y el conflicto en Formosa
Las comunidades Penqole y Qompi, del pueblo
pilagá de Formosa, denunciaron que la empresa Techint no
cumplió las promesas efectuadas para entrar a su territorio con el tendido del
GNEA. Juana Segundo, de la
comunidad Penqole , en declaraciones aPágina/12 sostuvo que en agosto 2015 les
prometieron el pago de canon mensual por utilizar su territorio, el cual, a
enero pasado, se había concretado. La comunidad también había solicitado materiales
para la construcción de un salón comunitario, pero la obra quedó a medio
construir porque obtuvieron cemento, arena y ladrillos, pero faltó el hierro
para columnas y vigas. También demandaba la realización del relevamiento
territorial, según lo establece la ley nacional 26.160, y viviendas para la
comunidad, según el parte de prensa difundido entonces por el Instituto de
Cultura Popular (Incupo).
A inicios de noviembre la comunidad denunció
en la Justicia al responsable de Techint en la región, Jorge Pellegrini, por
delito de “envenenamiento” y solicitó peritajes para que se examinen los
residuos arrojados cerca del pozo utilizado por los pilagá para abastecerse de
agua.
El accionar de Techint también afectó a la
comunidad pilagá Qompi, ubicada en la localidad de Pozo del Tigre. “Nos dijeron
que nos correspondía un pago mensual por canon. Y prometieron trabajo para los
hombres”, recordó Cipriana Palomo, vocera de la comunidad. En agosto
pasado le cerraron el paso a la empresa y exigieron que contrate más personas,
y que provea de alambre para los corrales, caños para conexiones de agua y
cuatro motosierras. “Sólo entregó algo de alambre y caños”, afirmó Palomo en
declaraciones a Página/12 en enero pasado.
Fuentes
Agencia de Noticias Copenoa (Marco Antonio
Díaz Muñoz), 01/04/2016. Tartagal: Familiares de joven dirigente asesinada en
Morillo marchan pidiendo justicia.
— (Mara
Puntano), 04/04/2016. Salta, provincia donde protestar pidiendo trabajo se paga
con cárcel y muerte: Pablo Moreno de Morillo.
Clarín, 27/01/2015. Morillo, el pueblo pobre donde vivía el chico.
Cuarto Poder, 21/03/2016. Un caso muy turbio.
— 04/04/2016. “Familiares” por Pablo Moreno.
El Intransigente.com (Huaity González), 30/09/2015. Obra gasoducto del NEA: una tierra en guerra.
— (Huaity
González), 07/10/2015. Gasoducto del NEA: Nuevas evidencias contra la intendente
Carabajal.
— 28/03/2016. 2000 personas marcharon en Morillo pidiendo justicia.
— 04/04/2016. Crítica situación en Rivadavia: no hay paz para Morillo.
El Tribuno, 03/09/2013. La desnutrición alcanza al 10% de los chicos salteños.
— 14/10/2016. Uno de los 8 piqueteros
detenidos ayer en Tartagal está acusado de tentativa de homicidio.
Incupo, 31/08/2015. Formosa: las comunidades Pilagá le ponen freno a Techint
y Enarsa.
Nuevo Diario de Salta, 22/06/2011. Salta: Reprimidos tras pedir trabajo y frenar desmontes
ilegales.
Página/12 (Darío Aranda), 26/01/2016. La multinacional Techint contra los Pilagá.
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