Tener a un country de vecino:
el drama de vivir inundado
4 de abril de 2016
Cómo afecta la construcción de countries a los barrios vecinos. La
importancia de los humedales y la denuncia de vecinos que entienden que se está cometiendo un delito de lesa
humanidad.
Por La Revancha.
Hace tres años los habitantes
de la ciudad de La Plata vieron cómo sus calles y casas no pudieron resistir
los 400 milímetros
que llovieron en solo cuatro horas. En total, 89 personas murieron después de
las jornadas del 2 y 3 de abril de 2013 a causa de la invasión del agua.
Comenzando por la inoperancia de funcionarios públicos y del ex gobernador
Daniel Scioli, hasta la falta de construcción de obras hídricas que incluyó la
falta de una planificación estratégica urbana, las causas fueron múltiples. Hubo
otro factor, también, que incidió en que el desastre que vivieron los y las
platenses haya tenido la proporción que registró: la destrucción de los
humedales.
¿Qué son los humedales? Los científicos los describen como
ecosistemas cuyas características se podrían asemejar al de una esponja,
natural, capaz de absorber las crecidas de cursos agua y lluvias. “Generan
microclimas y regulan las sequías, son corredores de biodiversidad”, agrega la geógrafa Patricia Pintos ,
especialista del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional
de La Plata.
Desde hace dos décadas, los humedales resultan afectados tanto
sobre la costa del Río de la Plata como del río Luján. Y su destrucción no es
azarosa: la expansión del negocio inmobiliario de barrios privados y countries
en la provincia de Buenos Aires resultó un golpe a la preservación de estos
sitios.
Las primeras consecuencias de este tratamiento del terreno caen
sobre la biodiversidad presente en los humedales. “Se pierde la vegetación y la
fauna autóctona que es desplazada por un medio urbano que nada tiene que ver
con la naturaleza del lugar”, explica Pintos. Una vez dañado el medio ambiente,
rellenados los humedales y construidas encima las casas de los nuevos barrios
-seguramente con tentadoras amenities- los efectos de las lluvias se hacen
sentir aunque no para las nuevos propietarios: una lluvia copiosa o la crecida
de un río o arroyo bastará, en muchas ocasiones, para que quienes vivan al lado de un country o un barrio cerrado vean
cómo el agua cierra sus calles y entra a sus casas. La razón: el agua, en vez
de ser absorbida por un humedal, ahora baja hacia los barrios que no tienen la
altura o los desagües para evitar la inundación.
Dice la geógrafa: “El aprovechamiento que hacen estas empresas desarrolladoras
inmobiliarias no es muy diferente a lo que caracterizamos como el extractivismo
minero o los agronegocios. Tiene connotaciones de un modelo de desarrollo
económico de tipo extractivista, que lo que hace es vender, en este caso,
naturaleza. Forma parte de la propuesta paisajística que venden las empresas
desarrolladoras inmobiliarias que lo que hacen es colocarlo como una
mercadería, pero sin hacer el debido cálculo de los perjuicios que esto tiene
para el funcionamiento del sistema metropolitano”.
Estas palabras tal vez encuentren un buen ejemplo en el municipio
de Tigre. Allí, hace tres semanas, el Fiscal Federal de San Isidro, Fernando
Domínguez, le solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que paralice toda
construcción que se esté desarrollando en los barrios cerrados y clubes
privados en la planicie del río Luján y en el Delta del Paraná.
Para justificar su pedido, el fiscal federal de San Isidro
consideró que está demostrado que la proliferación de esos emprendimientos
afectan el medio ambiente y provocan “graves estragos” e “incalculables daños a
la propiedad pública y privada”.
La medida forma parte de una causa iniciada por organizaciones
sociales y vecinos de Tigre, quienes denunciaron la ilegalidad del
emprendimiento inmobiliario Colony Park -un proyecto de country náutico en una
isla del Delta-, y el daño ambiental que provocaba.
En la causa se destacó que las urbanizaciones sobre el río Luján
generaron “un efecto acumulativo impidiendo el normal escurrimiento de las
aguas”. Las organizaciones y vecinos, por su parte, denuncian que las
construcciones no respetaron el proceso de evaluación de impacto ambiental
previo a toda construcción. Además, fundamentan que la forma en que se llevan a
cabo este tipo de emprendimientos constituyen un delito de Lesa Humanidad,
porque sostienen que “todos estos actos de los que el Estado forma parte traen
como consecuencia reiteradas inundaciones y destrucción de fuentes de agua
dulce atentando gravemente contra la salud y la integridad física de millones
de personas”.
Los habitantes que iniciaron la causa señalan que la
responsabilidad es compartida entre el Estado y el sector privado.
“La construcción de barrios privados es desbordante en la cuenca
del río Luján, es desbordante en cientos o miles de hectáreas, construidas sin
estudio ambiental o permiso de los municipios”, dice Valentín Palma Callamullo,
integrante Movimiento en Defensa de la Pacha.
Palma incluso menciona que algunos proyectos inmobiliarios son
financiados con fondos del narcotráfico y que al final, el resultado es de
hacinamiento para quienes no pueden vivir en los relucientes barrios. Otras
consecuencias se ven, por ejemplo, en Punta Querandí, un espacio público y un
sitio sagrado de una hectárea que conserva restos arqueológicos indígenas de
mil años de antigüedad al que no se puede acceder por estar emplazado allí
mismo el country San Benito. Otra zona afectada se ubica en la entrada de Villa
La Ñata, en donde se encuentra el campo La Bellac, actualmente un pulmón verde
y zona arqueológica. Allí, la firma Eidico SA vende lotes del futuro barrio
privado Santa Ana.
“En Tigre, el 90 por ciento de la población tiene que vivir en lo
que queda luego de que el 50 por ciento (del municipio) está ocupado por los
countries y no sé qué porcentaje por la industria. Eso
genera hacinamiento, la pérdida de cursos de agua, calles públicas“, sostiene
el integrante del Movimiento en Defensa de la Pacha.
Pintos concluyó: “Lo que se está configurando es claramente una
ciudad muy injusta. Hay situaciones de injusticia ambiental y territorial en
pos de favorecer que se puedan construir barrios de este tipo en áreas frágiles
que no tienen las condiciones naturales para la urbanización”.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11743
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