Tortura en Argentina, cinismo y silencio
15 de abril de 2016
Por Rolando Astarita
Días atrás tuve una
discusión con un colega profesor, kirchnerista y sociólogo, quien me
argumentaba que a partir de la asunción de Macri a la presidencia de la Nación
se ha producido un cambio cualitativo en lo que hace al tratamiento de los
presos. “Se aplican torturas y malos tratos como nunca se había conocido desde
los tiempos de la
dictadura. Esto demuestra que estamos ante un gobierno de
corte semi-fascista”. Mucha gente comparte esta idea.
Sin embargo, los informes sobre torturas y malos tratos en las
cárceles y comisarías no parecen respaldar la idea de mi colega. Concretamente,
todo indica que, en lo que atañe a torturas y malos tratos, hay más continuidad que cambio
entre el kirchnerismo y Cambiemos. Es que en las comisarías y
cárceles se tortura habitual y sistemáticamente, desde antes del 10 de
diciembre de 2015, con el silencio cómplice de jueces, legisladores,
ministros y también presidentes. Y así sigue en lo que va de 2016.
“Hay que ocuparse de los derechos humanos del siglo XXI, de lo que está pasando
hoy”, declaró Macri en la campaña electoral. Pero “lo que está pasando hoy” en
materia de derechos humanos son torturas y vejaciones sistemáticas de
detenidos, sobre las cuales el ingeniero no dice palabra. Y los Kirchner
tampoco mencionaron el tema en los 12 años en que estuvieron en el
poder. Así, sean “nacionales y populares”, o “neoliberales ajustadores”,
todos confluyen en ocultar la tortura. Aunque
con un tranquilo cinismo, también todos se dicen defensores de los derechos
humanos. Sin embargo, los
hechos son de una gravedad inocultable.
Informe sobre tortura
El 14 de abril pasado el Boletín
Informativo de Red Eco Alternativo trae la nota “En 2015 se registraron 775
casos de torturas y malos tratos en penitenciarías”, de los que extraigo los
siguientes pasajes:
“La Procuración Penitenciaria
de la Nación presentó un informe que recopila los principales resultados del
protocolo de actuación aplicado por su Área de Investigación y Documentación Eficaces
de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, con el objetivo principal de conocer,
aclarar y documentar hechos de tortura y establecer las responsabilidades de
las personas e instituciones implicadas. (…)
Durante 2015, se registraron 775 casos de
tortura y malos tratos, de los cuales solo el 35% de las víctimas prestó
consentimiento para denunciar lo sucedido. El resto de los detenidos prefirió
no iniciar acciones legales ante el temor de sufrir represalias por parte de
sus victimarios; en cambio sí autorizaron a la Procuración Penitenciaria
de la Nación (PPN) a la realización de un informe con reserva de identidad o
simplemente a dejar registro estadístico de lo sucedido.
De los 775 casos de tortura, las personas
victimizadas suman 588, ya que algunas de ellas sufrieron las agresiones de
manera reiterada. 716 fueron varones (92%), 47 mujeres (6,5%) y 12 LGBTI
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales)
(1,5%). (…) En cuanto a la distribución de casos según otros rangos
etarios, el informe registra: 18
a 24 años: 200 (27%); 35 a 44 años: 139 (18%); 45 a 54 años: 21 (3%); 55 a 64 años: 5 (0,5%).
Si se toma en cuenta el lugar de las
penitenciarías donde se sucedieron los hechos de violencia, la mitad ocurrió en
las celdas o pabellones (350 casos, el 51%). Otras zonas fueron: leonera (170,
25%), pasillos (130, 19%), celda de aislamiento (76, 11%), centro
médico/hospital penitenciario (73, 11%), oficinas administrativas (52, 7,5%),
camión de traslados (32, 5%). (…)
En relación a la modalidad de la violencia
ejercida sobre los detenidos, el 89% fue a través de golpes de puño (582
casos), el 68% patadas (445), el 41% cachetadas (268), el 14% golpes en oídos
con palmas (93), 12% asfixia (75), el 6% golpes en los pies (37), entre otros.
Estos sometimientos se concretaron en 416 casos en el piso (72%), 368 de
espaldas (64%), 359 con la víctima esposada o atada (62%), 98 desnudo (17%), en
69 se produjo arrastre de los pelos (12%), 27 con los ojos vendados
(4,7%) y 25 a
través de escupitajos (4%).
El 24% de estos episodios se desencadenó
como represalia a las víctimas por reclamos formales o denuncias por agresiones
físicas presentadas contra autoridades penitenciarias. En el 47% de los casos,
los agredidos se vieron obligados a firmar partes de sanción y sufrieron
aislamientos posteriores (23%) que obstaculizaron la denuncia de estos hechos.
Otras estrategias de encubrimiento utilizadas con más frecuencia por los
agresores fueron las amenazas (43%), que incluyeron de muerte o de futuras
agresiones hasta la pérdida u obtención de beneficios.
En el 25% de los casos, las personas agredidas fueron obligadas
a firmar un acta que dejaba constancia que no registraban lesiones, dejando sin
responsabilidad por lo sucedido a los agentes con la complicidad y el silencio
de los médicos del Servicio Penitenciario Federal”.(http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=18477:en-2015-se-registraron-775-casos-de-tortura-y-malos-tratos-en-penitenciarias&catid=18:ddhh&Itemid=504;
también puede consultarse http://www.ppn.gov.ar/?q=node/2539).
Torturas a menores de edad
“Los tormentos se dan tanto en las instituciones dependientes de
la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como en las comisarías y en otras
situaciones de detención [se refiere a la provincia de Buenos Aires]. Se ha
comprobado la inexistencia de espacios de encierro eximidos del uso de la
violencia (en cualquiera de sus tipos), ya que todos ellos despliegan prácticas
de sometimiento, asimetría, degradación y administración de suplementos
punitivos (aun cuando estos se hallen naturalizados o justificados en el
habitus de los jóvenes y del personal). Sin embargo, no se conoce en la
provincia existencia de acción gubernamental alguna sobre la aplicación o al
menos diseño de planes de prevención y eliminación de la violencia
institucional. Tampoco existe ningún modo para que los adolescentes puedan
denunciar situaciones de golpes o malos tratos, ya que encuentran severamente
cercenado su acceso al teléfono u otros medios
de comunicación, así como la privacidad para sus conversaciones” (Comité contra
la Tortura, Comisión Provincial por la Memoria, http://www.comisionporlamemoria.org/comite/index.php?id=adolescencia1).
Malos tratos lindantes con la tortura
No siempre está clara la frontera entre tortura y tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Formalmente, para que determinados actos
entren bajo la categoría de tortura deben causar un dolor y un sufrimiento
graves. Lo cual supone evaluar su intensidad. Pero “es difícil proceder a dicha
evaluación, pues se trata de nociones muy subjetivas que dependen de una
variedad de factores, como la edad, el sexo, el estado de salud, la educación,
el contexto cultural o las convicciones religiosas de la víctima. ¿Cómo
establecer una distinción entre un dolor leve, moderado, importante, grave,
intenso, extremado, insoportable, intolerable, extremadamente grave, atroz?”
(Hernán Reyes, “Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura
psicológica”, septiembre 2007,International Review of the Red Cross, https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc-867-reyes.pdf).
El gobierno de EEUU, por ejemplo, ha sostenido que “el submarino” (hundir la
cabeza de la víctima en un balde con agua, generalmente sucia, hasta un punto
cercano a la asfixia; o colocarle una bolsa plástica en la cabeza), que emplea
la CIA, no es tortura. Sin embargo, los testimonios de quienes han sufrido el
submarino no dejan lugar a dudas acerca de su carácter extremadamente cruel (un
compañero con el que estuve secuestrado en 1976 y sufrió el submarino, nos
decía en la celda que había sido peor que la picana).
Pero además, malos tratos tales como permanecer de pie, negar
abrigo cuando hay temperaturas invernales, aislamiento prolongado, simulacros
de fusilamiento, privación de comida, hacinamiento, impedir el sueño,lindan
con la tortura lisa y llana. Cuando se tienen en cuenta todas estas
formas de daño a las personas, la lista en Argentina se amplía.
Torturas y/o malos tratos en Argentina
El 17 de diciembre de 2015 la Procuración Penitenciaria
de la Nación, la
Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios
sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPy DH) del Instituto Gino Germani
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA presentaron el cuarto informe del
Registro Nacional de Casos de Tortura. En el mismo se consigna que “en más
de 50 instituciones de encierro relevadas, 2074 víctimas describieron 6843
casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de
detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas,
falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar
y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados
gravosos y requisas personales vejatorias” (http://www.8300.com.ar/2015/12/17/mse-producen-19-casos-de-tortura-por-dia-en-argentina/).
En el encuentro Alicia Daroqui, directora del GESPyDH, habló de la necesidad de
“resistir la tendencia a minimizar y naturalizar la violencia contra los más desposeídos y los
más pobres, que son los que están en la cárcel, que son los que las
fuerzas de seguridad hostigan, intimidan, marcan, torturan y matan. La
tortura es una práctica histórica que el Estado, y sobre todo el Estado
moderno, ejecuta para gobernar a determinados sectores”. Además: “Si existe la
tortura no es sólo porque hay alguien que tortura, sino porque hay una justicia
que lo avala, legitima, encubre y naturaliza. Son entonces partícipes
necesarios de la tortura; son entonces torturadores” (ídem).
También Amnistía Internacional: “En al
menos 81 países en todo el mundo se siguen practicando la tortura y los malos
tratos. Argentina es uno de ellos. (…). Bajo el pretexto de querer combatir la
‘inseguridad’ o la ‘guerra contra el terror’ se violan los derechos humanos y
se ha intentado justificar lo injustificable: el uso de la tortura y los malos
tratos”.
Consecuencias de la tortura
Sobre las consecuencias de la tortura dice
Manfred Nowak, ex relator Especial sobre la Tortura de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU: “La tortura constituye un ataque directo a lo más íntimo de
la personalidad humana, que reduce a las víctimas al más absoluto desamparo,
las convierte en simples objetos y destruye su dignidad como seres humanos. La
tortura hiere el cuerpo y es un ataque directo al alma. La tortura inflige
lesiones que pueden no curarse. … las consecuencias de la tortura con
frecuencia traumatizan a las víctimas por el resto de sus vidas. … es bien
sabido que tiene efectos perjudiciales duraderos sobre los esposos, las esposas
y los hijos de las víctimas”.
Acerca de las consecuencias sociales, escribe Octavio Márquez
Mendoza: “La tortura siembra el terror en la víctima y en este sentido cumple
con la intención de intimidarla o amedrentarla. Adicionalmente la tortura entra
en el ámbito social en el momento en que la población teme ser una futura
víctima de la tortura.
Por lo que puede constituirse en una estructura social basada
en el miedo, al anular la personalidad de la víctima. (…) El hecho de que
muchos de estos métodos sean utilizados en diferentes países a nivel mundial
nos hacen constatar que la tortura se ha institucionalizado y que la formación
de elementos de la fuerza pública para la aplicación de la tortura como forma
del control social se encuentra sumamente extendida en la mayor parte de los
países del mundo” (“Tortura, dolor psíquico y salud mental”, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/37/pr/pr25.pdf).
A la vista de estos elementos, parece
inconcebible que intelectuales que se precian de defender libertades
democráticas (sean K o macristas) y militantes que se consideran progresistas,
y hasta de izquierda, colaboren en la invisibilización de la tortura y los
tratos inhumanos a detenidos. Tiene toda la razón Alicia Daroqui
cuando habla contra la naturalización de la tortura. Hay que
animarse a mirar la realidad de frente, y sacar las conclusiones necesarias.
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