Los derrames que no
contarás
5 de abril de 2016
Por Darío Aranda (Rebelión)
La minera Barrick
Gold tuvo tres vertidos contaminantes en San Juan que no fueron
informados a la
población. Así lo confirmó un documento oficial (del
Ministerio de Ambiente), incluido en la causa judicial. En la Puna jujeña, el
gobierno provincial viola las leyes que protegen a los pueblos indígenas y dio
luz a la minería del litio, que pone en riesgo las Salinas Grandes y la vida de
33 comunidades kollas y atacama. Ante la avanzada minera, con fuerte apoyo del
gobierno nacional, la Unión de Asambleas Ciudadanas se reunió en Jáchal
(provincia de San Juan), denunció la complicidad del poder político y judicial
con las empresas, exigió el retiro de Barrick Gold y advirtió de que resistirán
la presentación de nuevos proyectos.
El 12 de
septiembre pasado, trabajadores de la mina Veladero (de Barrick Gold, la mayor empresa
del sector) avisaron por WhatsApp a sus familiares de un derrame contaminante y
pidieron que no tomaran agua. El aviso llegó, siempre mediante los vecinos, a
todo el pueblo de Jáchal. Empresa y gobierno provincial guardaban silencio.
Hasta que, un día después, tuvieron que reconocer el derrame de cianuro y agua
contaminada. Barrick Gold precisó que habían sido 15.000 litros, negó
la contaminación y descartó que haya llegado al río. Una semana después, el 21
de septiembre, reconoció que se trató de 224.000 litros. El
23 de septiembre confesó que habían sido un millón de litros y que la
contaminación había llegado al río.
En diciembre,
un informe oficial sobre el vertido, de la División Operaciones
del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal,
determinó que se “acreditó contaminación” en cinco ríos directamente vinculados
a la zona de operaciones de Barrick Gold (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco,
Palca y Las Taguas).
La semana
pasada, una pericia del Ministerio de Ambiente de la Nación que consta en el
expediente judicial (y difundida por el periodista Juan Pablo Parrilla, de Infobae) confirmó los temores y
denuncias de la comunidad sanjuanina: la minera tuvo otros derrames. Sucedieron
el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011. Y el 22 de marzo de 2012.
Se repitió el
mecanismo de septiembre pasado: ni Barrick Gold ni el gobierno provincial
informaron a la
población. La empresa los calificó como de una gravedad
“baja” (a los dos primeros) y de “media” (al de 2012). La Asamblea Jáchal No
Se Toca no cree en los informes de la minera y afirmó que, como en septiembre,
la contaminación fue mucho peor a la reconocida por Barrick Gold.
Del 24 al 27
de marzo se realizó en Jáchal el XXVI encuentro de la Unión de Asambleas
Ciudadanas (UAC), espacio de referencia contra el extractivismo, donde
confluyen organizaciones territoriales de todo el país. Se trataron cuatro
grandes temáticas (megaminería, fracking, agronegocios y contaminación urbana).
Se recordaron las medidas tomadas por el gobierno nacional en favor del
extractivismo (la eliminación de retenciones al agronegocio y a las mineras,
los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, los subsidios a las
petroleras, entre otros). Hubo coincidencia en dos puntos fundamentales:
señalar que el presidente Macri intentará profundizar el extractivismo y, por
otro lado, que las resistencias territoriales se multiplicarán.
En Jujuy
también comenzó el relanzamiento de la megaminería. Y en
uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes,
una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas.
Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y
Atacama. Y es también una gran reserva de litio (mineral que se utiliza para
baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos). Desde hace al menos
seis años se alinearon en la causa empresas multinacionales, gobiernos y
científicos para explotar el litio. Los tres actores minimizaron los riesgos
ambientales (afectación del salar y contaminación del agua dulce).
Tampoco
contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente
(incluida la
Constitución Nacional), los estados deben obtener el
consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera
afectar a los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la
Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que
reúne a 33 comunidades, denunció la violación de los derechos, se movilizó
frente al poder político y afirmó que no quieren minería en su territorio. La
causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(después de que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los
derechos indígenas).
El gobierno
de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos
indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la
Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del
Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial
visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las
necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo
local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto.
El 8 de
marzo, la minera canadiense Dajin Resource anunció en el exterior la firma de
un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de Salinas Grandes.
Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán)
y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades
originarias que viven en el lugar (que se enteraron por los medios de comunicación). Clemente Flores, vocero
kolla, reiteró el rechazo de las 33 comunidades a la minería y advirtió una
escalada de acciones directas en defensa del territorio indígena.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-296131-2016-04-04.html
Tres días
de asamblea
“Estamos
tomando agua contaminada, sin embargo el derrame generó más conciencia y
organización, podemos decir que movimos montañas”, afirmó la Unión de Asambleas
Ciudadanas (UAC) en su comunicado de cierre de su XXVI encuentro nacional, en
el que remarcó el fortalecimiento de la Asamblea de Jáchal y la Asamblea Sanjuanina
contra la Contaminación y el Saqueo. El accionar de Barrick Gold, incluida la
persecución a quienes denuncian, ocupó un lugar central en las tres jornadas
del encuentro. Esa semana se conoció que el juez sanjuanino Pablo Oritja
procesó a nueve directivos de la empresa y que el gobierno provincial
estableció una multa a la compañía por 145 millones de pesos. “La multa y los
procesamientos son insuficientes. Los verdaderos responsables son el ex
gobernador José Luis Gioja, el ex titular de hidráulica Jorge Eduardo Millón y
el ex secretario de minería de la provincia Felipe Saavedra,
entre otros”, denunció la Asamblea de Jáchal.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=210782
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