Pronto
estarán los resultados de la documentación secuestrada
Analizan documentos de Tenaris para
determinar su rol en delitos de lesa humanidad
22 de octubre de 2015
22 de octubre de 2015
Por Juan Manuel Mannarino (Infojus)
A la firma del grupo Techint la allanaron hace unos días. La
Justicia quiere determinar si entre 1974 y 1983 los directivos de la empresa
colaboraron, de algún modo, con el secuestro de obreros. “Pensamos que en la
zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos
eran trabajadores de esa empresa”, dijo el abogado Pablo Llonto.
Enrique Roberto
Ingegnieros, de 28 años, era militante de Montoneros y trabajaba como dibujante
técnico en la
fábrica Dálmine-Siderca de Campana. Hacía los bocetos de los
tubos sin costura para la industria petrolera cuando, el 5 de mayo de 1977, fue
secuestrado en el interior de la planta. Según testigos, fue citado a la oficina
de personal de la empresa y allí fue detenido por uniformados del Ejército. Su
mujer, Irma Pompa, que también era parte de Montoneros, fue detenida ese mismo
día en la casa que compartían. Ambos siguen desaparecidos. Meses antes, en
septiembre de 1976, habían sido secuestrados cuatro obreros de la misma fábrica
siderúrgica en el lapso de dos horas, lo que se dio en llamar “La noche de los
tubos”. Los operativos habían sido planificados por los jefes de Campo de Mayo,
al mando de Santiago Omar Riveros.
Casi 40 años después,
la firma -rebautizada como Tenaris-Techint- fue allanada por la Justicia y
ahora se esperan los peritajes de la documentación secuestrada. Fue un pedido
de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Con la entrada en vigencia
del nuevo Código Civil y Comercial, en agosto, las empresas sólo tienen la
obligación de conservar la documentación contable y laboral de los últimos diez
años. O sea que podrían haber eliminado todo desde 2005 hacia el pasado.
Nosotros primero pedimos la custodia de esa información, que fue avalada por el
juez Canicoba Corral, y después se ordenó el secuestro. La empresa podía
destruir todo su archivo de la dictadura, por eso la urgencia en el pedido de
la Procuraduría”, explicó a Infojus
Noticias el fiscal federal de
San Martín, Miguel García Ordaz.
El caso de Ingegnieros
fue, a principios de año, un caso testigo: la Justicia aceptó la demanda de su
hija María Gimena Ingegnieros, que se basó en la Ley de Accidentes de Trabajo
vigente en 1977 para exigir un resarcimiento y condenó a Techint a
indemnizarla.
Fuentes judiciales
explicaron que la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero
(OFINEC) participó del allanamiento en las dependencias de Tenaris en Campana y
en oficinas del centro porteño. También actuaron el Juzgado Federal de Campana,
a cargo de Adrián Gonzalez Charvay, y el Juzgado Federal de San Martín,
tutelado por Alicia Vence.
En las próximas
semanas estarían los primeros resultados de la documentación secuestrada,
compuesta por archivos de personal, actas y estudios contables. Lo que intriga
a los investigadores es si, entre 1974 y 1983, los directivos de la empresa
colaboraron, de algún modo, con el secuestro y la privación ilegítima de obreros.
“Tenaris accedió a darnos la información, que estaba completa. Todavía no hay
ningún procesamiento porque estamos en plena etapa de investigación”, precisó
el fiscal.
Según cálculos de la
fiscalía, hay cerca de 40 casos de obreros de la empresa que fueron privados de
libertad y luego desaparecidos. “Creemos que pueden existir más, pero primero
queremos demostrar qué tipo de responsabilidad tenía los directivos y el
personal jerárquico en delitos de lesa humanidad”, adelantó García Ordaz.
Un campo de exterminio
La empresa está dentro
del área 400 –correspondiente a Zárate-Campana-, zona 4 de Campo de Mayo. Por
esa dependencia militar pasaron cerca de 7 mil personas, y sólo sobrevivieron
100. “Fue un campo de exterminio, que atacó fuertemente la militancia política
y laboral. Era una zona fabril e industrial fuertemente sindicalizada. Y
todavía tenemos pendiente cómo fue la relación operativa con las empresas”,
definió. Una vez comprobados los vínculos, la intención de los investigadores
es anexar la instrucción a la megacausa Campo de Mayo, que actualmente está en
juicio.
“Nosotros pensamos que
en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de
ellos eran trabajadores de Dálmine-Siderca”, opinó el abogado querellante Pablo
Llonto. “Hay un claro y notorio beneficio por parte de los directivos de estas
empresas cuando desactivan toda la
actividad sindical. Lo que se comprueba es como gran parte de estas empresas
tienen su aparato de infiltración y de inteligencia hacia los trabajadores, con
la confección de listas que le entregaban al aparato represivo y con casos en
que los trabajadores eran secuestrados dentro de las mismas plantas de estas
empresas con la colaboración de la burocracia sindical”, agregó.
Los casos de Mercedes
Benz y Ford
En 2011 la agrupación Trabajadores
y Delegados de los ‘70 por Juicio a los Responsables del golpe cívico-militar
presentaron a la Justicia documentación probatoria del grado de participación
de los integrantes del directorio de las empresas Mercedes Benz, Ford, Astarsa
y Techint en el financiamiento de los servicios de Inteligencia del Ejército.
Pocos días después, la comisión de desaparecidos de Zárate-Campana sumó otros
76 casos. Todos ellos forman parte de la megacausa Campo de
Mayo.
García Ordaz contó que
el pedido de Procuraduría, que fue enviado a todas las fiscalías de lesa
humanidad del país, afectó a otras grandes empresas de la zona de Campo de
Mayo: Ford y Mercedes Benz. En el primer caso, la fiscalía de San Martín pidió
la elevación a juicio contra tres ex directivos y está esperando una pronta
resolución. En el segundo, se aguardan respuestas del juzgado federal para
indagar a dos ex directivos. “Antes del golpe de Estado los directivos empezaron
a perseguir a las comisiones internas con la colaboración de muchos sindicatos.
Se hizo evidente la complicidad entre sindicato, empresa y fuerzas militares”,
enfatizó.
Además, habló de la
urgencia de llevar al banquillo a los implicados para evitar la impunidad
biológica. Hay otros casos de complicidad civil que esperan ser llevados a
juicio como Acindar, Loma Negra, Papel Prensa, Las Marías, Ingenio Ledesma y
Astilleros Astarsa, entre otros. A principios de este mes, el Banco Central
aportó a la Justicia actas secretas, correspondencia, legajos y versiones
taquigráficas de las reuniones de directorios de varias firmas comprometidas.
“Exigimos una rápida investigación para saber sobre los grados de
responsabilidad de la empresas, no sólo para analizar cómo se beneficiaron por
un modelo económico que necesitó del arrasamiento de la pata sindical rebelde
sino de su posible participación directa en la entrega de listas”, concluyó
Llonto.
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/analizan-documentos-de-tenaris-para-determinar-su-papel-en-delitos-de-lesa-10263.html
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204795
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204795
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