Argentina extractiva
22 de octubre de 2015
22 de octubre de 2015
Por Darío Aranda
En los últimos veinte años
hubo un aumento geométrico de la megaminería, el agronegocio y de la frontera
petrolera. Las actividades avanzan sobre nuevos territorios, vulneran derechos
y tiene consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Las corporaciones
internacionales son las grandes beneficiadas. El Estado su garante. Los
gobiernos sus socios.
“Seminario
internacional de minería y desarrollo sustentable”, fue el nombre del encuentro
político realizado en San Juan, impulsado porla Organización Federal de Estados
Mineros (OFEMI) –que reúne a las provincias que impulsan la actividad– y donde
dijeron presente las grandes empresas delsector. El invitado principal fue el
gobernador de Buenos y candidato presidencial, Daniel Scioli, quién ratificó su
apoyo a la actividad y afirmó que “saldrá al mundo” a buscarinversiones para
impulsar nuevos proyectos. Entre 2003 y 2015, la actividad aumentó un 1700 por
ciento (pasó de 40 proyectos a 700). Similarsituación al modelo de
agronegocios(con la soja como estandarte) y al avance de la frontera petrolera,
con una legislación a medida de lastransnacionales. Minería “En los últimos
doce años la producción de oro creció un 194 por ciento”, celebró en su
discurso en San Juan el ministro de Planificación, Julio de Vido. Precisó que
se pasó de 40 proyectos en estudio a 700 y dejó un mensaje para el pró- ximo
Presidente:“Los empresarios del sector necesitan de políticas activas
promocionales”. Las principales provincias con proyectos minerosson Santa Cruz,
San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja. Según datos
oficiales(informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos
mineros en estudio. En 2009 ya eran 336. En 2012 llegan a 600. Y, en la
actualidad, 700 proyectos. Nunca antesla minería había crecido tanto. Y mucho
tiene que ver el Plan Minero Nacional, presentado en 2004 por el presidente
Néstor Kirchner. Elsecretario de Minería, Jorge Mayoral, destacó que en el
paísse vive un crecimiento “sin precedentes” de la actividad y llamó a
“profundizar la visión de considerar a la Minería como polí- tica de Estado”.
La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas,
organizaciones sociales, académicos y universidades (de Rosario y Córdoba,
entre otras). Denuncian el aspecto ambiental, el despojo de losrecursos
naturales, el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a
pueblos y pequeñas ciudades, y la falta de consulta a los habitantessobre qué
futuro desean para loslugares donde viven. Esquel, en 2003,fue la primera
localidad que expresó mediante el voto popular su rechazo a la actividad (más
del 80 por ciento votó en contra). Y decenas de asambleas, a lo largo de la
cordillera, comenzaron a exigir que se respeten sus derechos a decidir. En
2012, en Loncopué (Neuquén), también se votó respecto de la instalación de una
minera de China. El 82 por ciento optó por el no a la actividad extractiva. En
La Rioja no hubo plebiscitos, pero la movilización popular rechazó la
instalación de cuatro mineras en ocho años(entre ellas, la poderosa Barrick Gold ).
En junio pasado, en el encuentro de la OFEMI
en San Juan, la
Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que nuclea a
las grandes empresasinternacionales que operan en el país, presentó un
documento de diez puntos, casi un pliego de condiciones. Solicitó
medidasfiscales en su favor e instó a derogar las leyes que prohíben la
megaminería en siete provincias. En el mismo encuentro, Daniel Scioli firmó la
incorporación de Buenos Aires a la OFEMI, explicitó su apoyo a la actividad y
prometió a empresarios y gobernadores: “Personalmente voy a salir al mundo a
buscar lasinversiones para llevar adelante cada uno de los proyectos (mineros)”.
Agronegocios
Felipe
Solá,secretario de Agricultura de Carlos Menem, aprobó en tiempo récord (menos
de tres meses)la primera soja transgénica en Argentina. Fue en marzo de 1996.
El Estado no hizo estudios propios. Autorizó el nuevo cultivo en base a
informes de la misma empresa solicitante (Monsanto). En la Argentina había seis
millones de hectáreas con soja. Argentina fue la punta de lanza para la
sojización de la
región. Empresas del agro, medios
de comunicación y funcionarios publicitaban las ventajas de la “siembra
directa”, transgénicos y uso de agroquímicos(entre ellos, el herbicida
glifosato). Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia (2003)la soja ocupaba
12 millones de hectáreas(el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas
cultivadas). En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por
ciento de la superficie cultivada. La última campaña señala que ya abarca 22
millones de hectáreas(el 63 por ciento del área agrícola). El Plan Estratégico
Agroalimentario (PEA) es un detallado informe de metas de producción, escrito
por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias y con colaboración de
universidades y empresas. Fue presentado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en 2011. Detalla la profundización del
agronegocios: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (pasar de
100 millones de toneladas anuales a 160 millones de toneladas) y precisa un
avance en la superficie sembrada. Pasará de 33 millones de hectáreas a las 42
millones. Entre los“daños colaterales” del modelo se encuentra el aumento
geométrico del uso de agrotóxicos, muy cuestionados por las consecuencias en la
salud. “Evolución del mercado de herbicidas en Argentina”, es el nombre del
informe delInstituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de diciembre de
2012. Detalla que en 1991 se utilizaban 19 millones de litros de herbicidas. En
2011 ya se empleaban 111 millones anuales. En 2011 ascendió a 252 millones.
Nunca antesse había utilizado tantos agrotóxicos. El desmonte también va de la
mano con el avance del modelo agropecuario. El Panel Intergubernamentalsobre
Cambio Climático (IPCC,según sussiglas en inglés), donde participan más de 300
científicos de todo el mundo, alertó en 2014 que el 4,3 por ciento de la
deforestación global ocurre en la Argentina. La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley
de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. La
Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla.
Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó
parte de la ciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizacionessociales y académicos apuntaron
a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera. A cinco
años de la sanción de la norma, en febrero de 2012, Greenpeace, Fundación
Ambiente y Recursos Naturales(FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe
conjunto en el que evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques.“Si
bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi
un 20 por ciento (pasó de 280.000
a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue
siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas .
Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco
(102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONGs.
El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que
desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas .
26 hectáreas
por hora. Sise suman los desmontes del periodo 2004- 2008 (1.356.868), en los
últimos nueve añosse arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 vecesla
superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La Secretaría de Ambiente de la Nación
publicó en noviembre de 2014 el informe “Monitoreo de la superficie de bosque
nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó
la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un
promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provinciasse concentra el
80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La disputa por el territorios, desalojos violentos y asesinatos
también son consecuencias del avance de modelo de agronegocios sobre
comunidades campesinas e indígenas. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un
colectivo que reúne a ONG, organizacionessociales y técnicos que trabajan en
territorio, en el Norte argentino. Desde 2008 realizan relevamiento de
conflictos en las zonas donde trabajan. En el último procesamiento de datos,
agosto de 2011, habían contabilizado (para la zona del Chaco argentino) 244
casos: 209 exclusivamente de disputas por tierras, 25 ambientales y diez casos
mixtos. Todoslos conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera
agropecuaria. La superficie en disputa alcanza las 11,4 millones de hectá- reas
y son afectadas 1,6 millón de personas. Tienen gran peso los
conflictossocioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y
fumigaciones con agrotóxicos), multiplicados en la última década, a medida que
avanzó la frontera agropecuaria sobre el Norte del país. Dieciséis años después
de la primera soja transgénica en la Argentina, la historia vuelve. El 10 de
agosto de 2012, elsecretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la resolución
446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”,
también de Monsanto. “Es como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya
conocemoslas consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es
necesario que se reexaminen todaslassemillastransgénicas liberadas en la
Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el procedimiento
debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación
ciudadana para poder realizar las objecionesfundadas que hoy se ignoran
abiertamente”, denunció el abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de
Derechos, que realizó una presentación judicial por la aprobación irregular de
la nueva soja de Monsanto.
Desde 1996, en la Argentina se aprobaron 31 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón). El 77 por
ciento de ellos (24) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas
favorecidas fueron Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont, Dow Agrosciences, Bayer,
Nidera y Basf. Todas grandes corporaciones del agro.
Petróleo
El
Congreso Nacional aprobó en octubre de 2006 la Ley 26.154, que amplió los
beneficiosimpositivos que ya tenían las petroleras y gasí- feras. También se
renovaron las concesiones de yacimientos más importantes.“En política
hidrocarburífera los últimos diez añosfueron una consolidación y profundización
del neoliberalismo de la década del noventa. Se mantuvieron todoslos amplios
beneficios que tenían lastransnacionales”, afirmó Diego Di Risio, del
Observatorio Petrolero Sur(Opsur). Desde antes de la estatización parcial de
YPF (2012)se experimenta un corrimiento de la frontera hidrocarburífera. Una
muestra de esa situación esla Organización Federal de los Estados Productores
deHidrocarburos(OFEPHI), que estaba integrada por diez provincias (las de
tradición petrolera). Desde 2006,todaslas provinciasrestantes modificaron
suslegislaciones para favorecer concesiones para la exploración de
hidrocarburos. YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión
2013-2017” .
En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no
convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias. Las formaciones
de hidrocarburos“no convencionales”(como la muy publicitada Vaca Muerta) suma
un cuestionamiento, la extracción con la técnica de “fractura
hidráulica”(también llamado “fracking”). Es necesaria la fractura hidráulica de
la gran roca que tiene el hidrocarburo, con grandes volúmenes de agua y
químicos a presión que rompen la roca y extraen el petróleo y el gas. El 15 de
julio de 2013 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de
“Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”.
Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de
1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución
de sus proyectos de inversión del derecho a comercializarlibremente en el
mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20
por ciento, libre disponibilidad de las divisas. Al día siguiente, el 16 de
julio, el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no
convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam , implica una inversión de 1240 millones de
dólares en los próximos cinco años. Publicitado por el Gobierno como un acuerdo
importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la
situación energética del país, el contrato es“confidencial”. “Necesitamos
muchos chevrones”, afirmó en público, y reiteradas oportunidades, el presidente
de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese
sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo
(OFEPHI). Fue aprobada el 30 de octubre de 2014 a la madrugada. Con 130
votos a favor y 116 en contra. Fue en línea con el “decreto Chevron”(929),
otorga numerosos beneficios a las empresa. Otorga plazos de explotación de
hasta 45 años, quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa (favorece
la concentración del mercado) y establece lasregalías en 12 por ciento (con un
techo de 18). También permite acceder a empresa con una inversión mínima de 250
millones de dólares(es sólo el 25 por ciento de lo que establecía el decreto
929), cifra irrisoria para las petroleras internacionales. Permite la
exportación del 20 por ciento de lo extraído, prohíbe la reserva de áreas de
producción a favor de las empresas nacionales o provinciales en las que el
Estado tenga participación. La nueva ley no contempla los derechos de los
pueblosindígenas.
Aunque Vaca Muerta está en territorio donde viven más de
veinte comunidades mapuches, que tienen derechosreconocidos por la Constitución Nacional ,
Provincia y tratados internacionales de derechos humanos. La nueva legislación
tampoco regula normas mínimas de protección ambiental. La Multisectorial contra
la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales,
ambientales, indígenas,sindicales y políticas) alertó que el nuevo marco
jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una
muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.
Lamentó que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz
energética y dejó una advertencia:“La crisis actual (económica, financiera y
energé- tica) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”. La nueva
ley de hidrocarburos va en línea con la política de los‘90, busca soluciones de
la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo
ejecuta bajo el paraguas de dos palabras:“Soberanía energética”.
Fuente: http://www.rebelion.org/docs/204792.pdf
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