Por Darío Aranda
Diputados impulsan un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, un mineral
pretendido por empresas mineras y automotrices. Aunque la mayor parte del litio
está sobre territorios indígenas, la propuesta legislativa no contempla los
derechos básicos de los pueblos originarios. Tampoco hace hincapié en la leyes
ambientales.
“El oro del futuro”,
publicitan empresas y gobiernos al referirse al litio, un mineral utilizado en
las baterías de teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos. En el
norte argentino ya se explota minería de litio, hermana menor de la megaminería
metalífera (de oro, plata y cobre). Desde el kirchnerismo acaban de presentar
un proyecto de ley para crear la
“YPF del litio”, que lo intenta declarar “bien estratégico” y
propone –con discurso progresista– procesarlo y que el Estado se apropie de esa
renta. El proyecto no contempla ninguno de los derechos de
los pueblos originarios (donde está buena parte de las reservas de litio) y no
menciona ningún aspecto del derecho ambiental. “¿Qué dirían esos diputados si
vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están
queriendo hacer ellos en nuestra casa”, reprochó Clemente Flores, kolla de las
Salinas Grandes de Jujuy.
Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio
(Partido Solidario), el proyecto tiene 74 artículos, declara las reservas de
litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establece de “interés
público” la exploración, explotación, concesión de explotación e
industrialización. También propone la creación de la “YPF del litio” (llamada
formalmente Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado).
“Nosotros no decimos ‘no a la minería’, decimos ‘sí a la minería
racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando
que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller
en el lanzamiento de la propuesta, la semana pasada. El diputado Junio fue en
el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación
del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas
mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es
titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de
referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña. Y, desde la
última década, ámbito alineado con el kirchnerismo.
El escrito es acompañado con la firma de los legisladores Carlos
Raimundi, Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni,
todos del oficialismo.
El articulo 20 crea la Comisión Nacional
de Explotación del Litio (CNEL), que dependerá del Ministerio de Planificación,
tendrá como objeto regular y fiscalizar la exploración, explotación, industrialización
y comercialización. La Comisión tendrá un directorio constituido por un
presidente y siete miembros: uno a las provincias que tengan yacimientos de
litio, uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con litio,
uno del Ministerio de Ciencia, uno al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), uno a la Secretaría de Ambiente de Nación,
uno a la Secretaría de Minería y uno a las “comunidades originarias”.
En los fundamentos llama al litio como el “oro blanco” y “mineral
del siglo XXI”, afirma que se ha duplicado su demanda a nivel mundial en menos
de una década (desde comienzos de 2000) y señala que “las proyecciones
coinciden en que el incremento en la demanda será sostenido y crecerá en forma
exponencial”.
También detalla que el “80 por ciento del litio del planeta” está
en el sur de Bolivia, y el norte de Chile y Argentina, área denominada como “el
triángulo del litio” y asegura que “en el mundo minero y de las finanzas
asociadas a los recursos extractivos se habla informalmente de la ‘Arabia Saudita
del litio'”. El proyecto remarca de manera reiterada la importancia de que el
Estado maneje el recurso, menciona la posibilidad de una “asociación
estratégica” con Bolivia y Chile, y celebra que (los tres países) podrían
“controlar en forma cuasi-monopólica la oferta mundial del litio”.
Más extractivismo
Las salinas (o salares) son las extensas planicies blancas del
norte del país que suelen ser la foto buscada de los turistas y, al mismo
tiempo, espacio de vida, trabajo y cultura de los pueblos originarios. El litio
está contenido en esos territorios y ya es motivo de conflicto de corporaciones
y comunidades indígenas.
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y
Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la
Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas
mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la
Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y
comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales
provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los
derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional ),
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera
afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos originarios.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras.
Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que
habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional
del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental
se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de
considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de
explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y
está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
“Le pone una pátina indígena pero por supuesto que muy alejado de
respetar el derecho a la
consulta. La presencia de un indígena en la Comisión de
explotación es sólo para legitimar, aparte que es ex post, nunca antes de la explotación. Y el
artículo 30 es de sólo participación y no consulta, y sólo en la evaluación de
impacto ambiental y tampoco es vinculante. En fin, con una ley de ese tipo se
está en graves problemas, no se cumplen los derechos indígenas”, afirmó Silvina
Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas (AADI) y
del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance
del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en
Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena
vigente.
La acción judicial de las 33 comunidades reclama que se respeten
sus derechos. Llegó hasta la
Corte Suprema pero fue remitida a tribunales provinciales. En
la actualidad tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ambiente
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de
recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no
realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí
compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya
en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales
problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua,
destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y
efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes
de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología
Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas
atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales
en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o
hidrogeológica en la
Salinas Grandes ”, se llama el informe que concluye: “Las
perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles
salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia
permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…)
Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad
de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que
se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos
profundos de baja salinidad”.
Rodrigo Solá, uno de los abogados de las comunidades, explicó que
(durante la exploración) “perforaron el acuífero” y realizaron un doble mal:
contaminaron el acuífero de donde obtienen agua para consumo humano, animales y
cultivos. Y, al mismo tiempo, el agua dulce que ascendió hasta la superficie
arruinó la sal de ese sector de la salina.
Tras cinco años de resistencia, en Salinas Grandes no hay minería
de litio. Sí comenzó la explotación a 90 kilómetros , en
Susques, donde el accionar conjunto del gobierno provincial y las empresas
Orocobre (australia-estadounidense), Posco-Exar (consorcio coreano-canadiense)
y Sales de Jujuy dividió a las comunidades indígenas.
El proyecto de ley de Heller y Junio señala que en la explotación
de litio “sus impactos a la salud y a la integridad territorial-ambiental son
mucho menores que cualquier otra alternativa energética” y destaca que “la
preocupación por el impacto ambiental y a la población de la extracción del
litio está ampliamente incluida en los artículos 18, 29 y 41” .
De la lectura de los artículos se desprenden generalidades:
-“Deberán adoptar las medidas necesarias para proteger el
ambiente, los recursos naturales y culturales”.
-”El Fondo Nacional para la Valorización del Litio se destinará a
la implementación de instrumentos para la prevención de los impactos
ambientales”.
-Se incorpora “la inclusión de los organismos nacionales y
provinciales que velan por la integridad ambiental”.
No menciona la
Ley General del Ambiente (norma básica en la materia) ni el
“principio precautorio” (cuando no haya certeza científica, deben tomarse
medidas para proteger a la población y el ambiente), derecho reclamado por
organizaciones sociales, asambleas socioambientales y pueblos indígenas.
Clemente Flores, kolla de la Mesa de Pueblos Originarios de la
Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (que reúne a las 33 comunidades
afectadas) no cree en espejitos de colores: “Dicen que no van a contaminar pero
ya afectaron el acuífero y las salinas. No nos contó nadie, lo vimos nosotros
mismos en el territorio”. Y deja un mensaje para los legisladores: “Antes de
escribir leyes debieran leer la Constitución Nacional
y los convenios internacionales. Ahí verán que tenemos derechos y que ellos
también deben respetarlos”.
Publicado el 25 de
julio en http://www.comambiental.com.ar/2015/07/ypf-del-litio-la-mineria-progresista.html
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