Agrotóxicos
en la Argentina: Se solicita la intervención de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
24 de octubre de 2015
24 de octubre de 2015
Por Naturaleza
de Derechos.
En
la presentación ante el organismo de Derechos Humanos, se adjuntan informes y
pruebas contundentes que dan cuenta que el modelo de producción agropecuaria y de alimentos asociados al
uso de agrotóxicos conlleva una situación de riesgo de daño grave e irreparable
a la salud humana, del que se derivan
consecuencias sanitarias como el aumento
considerable de enfermedades graves: cáncer, leucemia,
malformaciones, abortos espontáneos, lupus, etc, que los
médicos de distintas localidades y provincias del país vienen denunciando desde
hace años.
En efecto, Reduas enuncia datos epidemiológicos que
acreditan el aumento considerable de
la tasa de cáncer en las localidades rurales, asimismo el crecimiento exponencial de la tasa de
malformaciones congénitas, en las provincias donde predomina el
uso de paquetes agroindustriales compuestos por semillas genéticamente
modificadas y agrotóxicos.
Bajo esas consideraciones se advierte que en la actualidad
se aplican y se utilizan en el proceso de producción de cultivos extensivos
como intensivos más de 350 millones de
litros de agrotóxicos, contra los 80 de litros que se
utilizaban en los años 90.
Que ese incremento abrupto del uso de agrotóxicos en la
actividad agro industrial acompaña en paralelo al aumento de los registros de
malformaciones congénitas y tasas de cáncer que denunciaron los profesionales
de la medicina en el 3° Congreso de Médicos
de Pueblos Fumigados, realizado en la Universidad de Buenos
Aires.
El requerimiento ante el organismo internacional fue
elaborado y patrocinado por la Red de Abogadxs de Pueblos
Fumigados y
focaliza en los niños, niñas y
adolescentes porque representan el grupo de mayor vulnerabilidad frente a la exposición a los
agrotóxicos, tanto por intoxicaciones agudas como subagudas y crónicas.
En tal
sentido, se argumenta ante la CIDH, que el Defensor del Pueblo de la Nación, en
el año 2014, exhortó al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación y a los Ministros Nacionales y Provinciales de Agricultura,
Educación, Ambiente, Salud y la Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos a que coordinen medidas precautorias y preventivas para minimizar
los riesgos por el uso de agrotóxicos, especialmente en cercanías de la
población y las comunidades educativas rurales adonde asisten niños que se ven
expuestos a los tóxicos como consecuencia de las actividades productivas en la
zona, y sin embargo las autoridades
nacionales no han implementado ninguna medida, todo lo contrario, se ha
minimizado la grave problemática con recomendaciones a favor del uso de
agrotóxicos a distancias nimias de los centros poblados.
También se
da cuenta ante la CIDH de la sordera institucional del Estado Argentino ante
varios requerimientos realizados -por Reduas y la Red de Abogadxs de Pueblos
Fumigados- a las distintas autoridades nacionales y provinciales; y de la
absoluta inactividad de la Comisión Nacional
de Investigaciones sobre Agroquímicos (creada por el Poder Ejecutivo
Nacional en el año 2009) que debía realizar un informe de la situación del país
y dejó de funcionar el mismo año de su nacimiento.
Debe tenerse presente, que la mayoría de los principios
activos de los agrotóxicos que se utilizan en el proceso agro industrial fueron
aprobados con anterioridad al año 1984, y la única revalidación de los mismos
se realizó entre los años 1996 y 1999. Desde esa fecha hasta el día de hoy, las autoridades nacionales competentes no han
realizado ninguna evaluación ambiental acumulativa ni establecido alguna
restricción en el uso y aplicación de los agrotóxicos, ni
siquiera ante los dictámenes contundentes emitidos, en el transcurso de este
año, por la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IARC), en relación a los
dos agrotóxicos de mayor uso en la Argentina, el Glifosato y 2,4-d,
declarándolos como probable y posible agentes cancerigenos, respectivamente.
En el 3°
Congreso de Médicos, se reflejaron los datos consignados en la presentación
ante la CIDH. Así
el Médico Generalista del pequeño pueblo santafesino de Santo Domingo, Arturo Serrano, aseguró que allí “la mortalidad por cáncer creció
entre un 300 y un 350 por ciento”entre 1991 y el 2010 con una población que “se mantuvo estable en el mismo
período” y advirtió que este
fenómeno coincide temporalmente con la instalación de “los cultivos de soja en una población”.
El propio Medardo Ávila,
denunciante ante la CIDH, expuso sobre el estudio epidemiológico realizado en
el transcurso del año 2015 en la localidad cordobesa de Monte Maíz, donde se esperaba entre
11 y 13 nuevos enfermos de cáncer para el año 2014, y el equipo de la Universidad Nacional
de Córdoba que el médico comanda encontró 35, es decir 24 enfermos de cáncer de
más, presentes en forma “inexplicable”, también aquí la enfermedad oncológica es la primera
causa de muerte de sus pobladores y la tasa de mortalidad por cáncer de
Monte Maíz supera los indicadores de Córdoba y de la Argentina.
El estudio
sobre Monte Maíz también advierte sobre la alta prevalencia de
enfermedades respiratorias obstructivos tipo asma (afectando al 52% de la
población de niños de 6 y 7 años, mientras la tasa esperada era de 13,6%); hipotiroidismo; una alta tasa de abortos espontáneos, con una
frecuencia que es 3 veces mayor a la media urbana en el país; y la presencia de niños con malformaciones congénitas que duplican la tasa provincial y
nacional.
Por su parte, las Dras María del Carmen Sevesso y Ana Lia Otaño expusieron la gravísima situación en
el Chaco que confirma la de todos los ponentes
en el Congreso llevado a cabo en la UBA, y lo que las mismas profesionales
relataron en el año 2010, en el primer encuentro de Médicos de Pueblos
Fumigados, realizado en la Provincia de Córdoba.-
En efecto, en los pueblos del centro de la Provincia del
Chaco persisten muchos casos de enfermos con insuficiencia renal,
malformaciones congénitas en hijos de madres jóvenes, cáncer en personas muy
jóvenes, abortos espontáneos y dificultades para quedar embarazadas, problemas
respiratorios y alérgicos agudos. Todos ellos vinculados, por los equipos de
salud, a un mayor nivel de
contaminación química del ambiente, generado por la práctica agroindustrial
impuesta en la zona, que desplazó a los pequeños y numerosos
predios de algodón preexistentes y exterminó al bosque nativo.
A fin de que la CIDH compruebe in situ la gravísima
problemática denunciada por los profesionales médicos, se solicitó que se
proceda a una investigación in loco, que consiste en la creación de una comisión de dicho organismo
internacional, a fin de que visite la Argentina y tome
testimonios e indague en cada una de las provincias afectadas por el uso masivo
de agrotóxicos.
Que el conflicto de salud ambiental que genera el uso de
agrotóxicos, a gran escala en el proceso productivo de alimentos, ya es
conocido por la CIDH, a través del caso del monocultivo de Piña en Costa Rica,
cuyos efectos son devastadores, tal como esta sucediendo en la Argentina con
los monocultivos extensivos (principalmente soja, maíz, algodón y forestales)
como los intensivos (hortalizas y frutas).
La denuncia ya fue recepcionada por la CIDH y será analizada
a los efectos de determinar su procedencia.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article10913
No hay comentarios:
Publicar un comentario