Denuncian a Barrick Gold y
al proyecto Pascua Lama
ante el Tribunal
Permanente de los Pueblos en Canadá
9 de junio de 2014
9 de junio de 2014
Por
Elías Paillan C. (Observatorio Ciudadano)
Recientemente el
presidente de la
Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos, Sergio Campusano,
junto a la abogada y co–directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez,
asistieron a la 40ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
–realizada del 29 de mayo al 01 de junio en Montreal, Canadá- donde denunciaron
a la empresa minera canadiense Barrick Gold por vulnerar los derechos políticos
y territoriales de esta comunidad indígena del norte de Chile con su proyecto
Pascua Lama.
La sesión, que por primera vez se desarrolló
en esa ciudad, tuvo por temática central determinar la responsabilidad de las
industrias mineras canadienses en la violación sistemática de derechos humanos
en América Latina, lo que ha sido denunciado desde diversos países.
Con esta denuncia buscan un pronunciamiento
del Tribunal, pues “Barrick Gold ha vulnerado los derechos
políticos y territoriales de los Huascoaltinos y no cuenta para la ejecución
del proyecto con el consentimiento de los legítimos titulares del territorio,
por lo que esperan que el TPP se pronuncie, e inste a los gobiernos de Chile y
Canadá para que adopten las medidas sancionatoria y regulatorias que
correspondan”, aclaró Nancy Yáñez.
Vulneración del derecho al agua y a la libre
determinación
El caso Pascua Lama fue identificado como
emblemático en cuanto a la violación de derechos fundamentales por parte de una
empresa canadiense como es Barrick Gold, “por la magnitud del proyecto y la
violación a los derechos territoriales de los Huascoaltinos, en particular
respecto al territorio de propiedad ancestral y a las aguas, específicamente
los glaciares que suministran este recurso a todo el sistema hidrológico que
conforma la parte alta del valle del Rio Huasco”, afirmó la abogada experta en
derechos de pueblos indígenas.
Agrega que entregaron evidencia al Tribunal de
los daños ambientales generados por el proyecto. “Básicamente la violación de
la existencia de tratamiento de drenajes ácidos a fin de evitar contaminación
de las aguas, no dándose cumplimiento a las normas legales en la materia”, aseguró.
Tampoco se “ha cumplido con el plan de gestión de glaciares, y a pesar de que
no se ha sacado ni un gramo de mineral, ya se encuentran irreversiblemente
dañados”, explicó la profesional.
Nancy Yáñez entregó un informe pericial
centrado en dos aspectos: la vulneración del derecho al agua y la violación del
derecho a la libre determinación, por haber otorgado la licencia ambiental al
proyecto sin el consentimiento de la comunidad Diaguita
de los Huascoaltinos que es la titular de este territorio desde tiempos
inmemoriales hasta la fecha.
Consultada por las consecuencias y efectos de
la resolución del Tribunal, Yáñez explicó que se trata de un tribunal ético
cuyo fallo tiene incidencia política y no jurídica, por lo tanto no es
vinculante para los estados. Sin embargo, constituye una figura a través de la
cual la sociedad civil en ejercicio de sus derechos fundamentales representa
ante la comunidad internacional la situación de violación de derechos cometidos
por los estados, “lo que evidentemente compromete su legitimidad y credibilidad
pública”, afirmó.
Cuestionamiento de acuerdo de algunos sectores
diaguitas con la empresa
Frente a la pregunta de cómo se vio el anuncio
de un posible acuerdo de la empresa con algunos sectores de la zona del Huasco,
la abogada comenta que la información constituyó para ambos una evidente
sorpresa mientras participaban en Montreal, pues la comunidad Diaguita
de los Huascoaltinos no ha tenido ningún acercamiento con la empresa que
permitiera decir que hay posibilidades de que el proyecto tenga licencia
social.
También denunciaron ante el Tribunal de los
Pueblos la proliferación de organizaciones indígenas en la zona, entre las
cuales se encuentran las que mantienen esta interlocución. “La práctica de
tratar de levantar organizaciones paralelas a la organización tradicional es
común en todos los proyectos mineros, precisamente para debilitar su función
política y los derechos demandados, los que finalmente terminan siendo
disputados por estos grupos paralelos y funcionales a los intereses
empresariales”, aclaró Nancy Yáñez..
Por su parte el representante de la Comunidad Agrícola
Diaguita Huascoaltinos, Sergio Campusano, destacó el buen
trato y acogida del tribunal sus requerimientos como miembro de un “Pueblo
Originario”, afectado e invadido por la minería.
Empresas de mala reputación y TPP
Las empresas canadienses de minería son
mundialmente conocidas por los conflictos y perjuicios ambientales que causan
en los países donde se asientan, en especial en América Latina. Durante la
sesión del TPP se analizaron algunos casos paradigmáticos, como los proyectos
Pascua Lama (empresa Barrick Gold), en Chile y Argentina; Escobal (empresa
Tahoe Resources), en Guatemala; San Martín (Goldcorp), en Honduras; además de
Payback (Black fire Exploration) y Platosa (ExcellonResources), en México. En
ella participaron representantes de pueblos afectados, activistas ambientales y
especialistas.
El Tribunal Permanente de los Pueblos fue
fundado en 1979 en Italia, por el abogado y senador Lelio Basso, y esta es la
primera vez que sesiona en Canadá. El país fue elegido pues en él se agrupa el
75% de la industria minera mundial, siendo los megaproyectos de esta industria
responsables de numerosos conflictos en países donde actúan empresas
canadienses. En América Latina, el 90% de los conflictos sociales involucran a
empresas de ese país.
"El
Tribunal se propone ser un lugar de investigación, una tribuna y un espacio de
intercambio para las personas y colectividades afectadas por la industria
minera en Canadá y en el mundo. Testigos y especialistas son invitados a
atestiguar, trasmitir experiencias e historias ante un tribunal de jueces
compuesto por personalidades públicas de diferentes países”, destaca el
TPP-Canadá.
Con sede en la Fundación Lelio y
Lisli Basso, es un órgano independiente nacido de los pueblos, para examinar
violaciones sistemáticas de derechos. Se interesa particularmente de las
situaciones dónde la justicia nacional e internacional se muestra incapaz de
asegurar el respeto de los derechos humanos.
Ver programa de la sesión:
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