Luchas sociales y elecciones regionales
19 de octubre de 2015
Por Martha Cecilia García* y
Ana María Restrepo**
Un país protestante
A una semana de las elecciones de alcaldes, gobernadores,
concejales, diputados y ediles viene bien una mirada sobre lo que importantes
sectores sociales han pedido en el pasado reciente a las autoridades locales y
regionales. Estas demandas, plasmadas en luchas sociales, deberían ser tomadas
muy en cuenta por los funcionarios que tomarán posesión de sus cargos el
próximo 1 de enero.
Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre enero de
2012 y diciembre de 2014 se registraron 2.774 protestas. Las más divulgadas por
los medios de comunicación fueron:
- El
paro agrario,
- La
resistencia civil en el Catatumbo,
- Las
protestas contra la construcción de
- El
paro de mineros artesanales e informales,
- Las
jornadas nacionales de protesta del magisterio colombiano,
- Los
paros de
- Las
movilizaciones de estudiantes universitarios contra la política de
financiación de la educación superior mediante alianzas público-privadas,
- El
movimiento nacional por la salud y la seguridad social contra del proyecto
gubernamental para reformar el sistema de salud, y
- Las
marchas a favor del proceso de paz.
Sin embargo, muchos otros motivos de protesta se expresaron a lo
largo y ancho del país de manera constante e insistente.
¿Por qué protestaron?
Más de la mitad de las luchas sociales durante el período de
referencia giraron alrededor de las políticas gubernamentales, el
incumplimiento de pactos, los derechos humanos y los servicios sociales. Esto
podría ofrecer indicios a los nuevos mandatarios locales y regionales acerca de
los frentes que deberán atender en cumplimiento de sus funciones públicas y de
las promesas de sus antecesores.
La mayoría de luchas sociales fueron motivadas por políticas públicas. Entre ellas:
- Las
protagonizadas por comerciantes y transportadores informales en contra de
las medidas de recuperación del espacio público y del control del
transporte pirata, que alcanzaron el 44 por ciento,
- En
segundo lugar estuvieron aquellas que impugnaron o reclamaron políticas
sociales (15 por ciento): educación, salud, seguridad social y empleo, en
ese orden.
- Las
políticas fiscales fueron blanco del 11 por ciento de las protestas: por alzas
de impuestos y valorización, medidas de control al contrabando y la
reforma tributaria.
· El segundo motivo
de protesta fue el incumplimiento de
pactos, una costumbre común entre las autoridades gubernamentales
de distinto rango, miembros de corporaciones públicas, y en las relaciones
sostenidas por empresas privadas, públicas o mixtas con las comunidades.
- La
mitad de las luchas por este motivo ocurrieron por la falta de pago
oportuno de salarios, primas, cesantías y por otros incumplimientos en los
contratos laborales;
- Un
37 por ciento tuvo su origen en la inobservancia de acuerdos previos,
particularmente de aquellos que pusieron fin a otras protestas.
- El
13 por ciento de las protestas denunciaron violaciones legales
(principalmente del Código Laboral).
·
El reclamo de garantía y protección de derechos ocupó el tercer lugar de protestas en
Colombia. Entre ellas:
- La
mitad reivindicaron los derechos colectivos y el derecho a la vida, la
integridad y la libertad.
- El
22 por ciento reclamaron la protección de los derechos civiles y
políticos,
- El
17 por ciento reclamaron los derechos económicos y sociales,
- Un
6 por ciento de ellas denunció violaciones graves al derecho internacional
humanitario; y
- Un
4 por ciento hizo explícita la exigencia de respeto a los derechos
culturales e interétnicos.
·
El cuarto motivo de
protesta giró alrededor de los servicios sociales.
Entre estas protestas:
- El
53 por ciento estuvieron relacionadas con la educación: por el
mejoramiento o construcción de plantas físicas, el nombramiento de
maestros y personal administrativo y de servicios generales para escuelas
y colegios públicos, la dotación de bibliotecas, laboratorios y la
extensión de prácticas académicas;
- La
seguridad ciudadana fue la razón de un 33 por ciento de las protestas,
- Por
último, los servicios de salud cubrieron el 14 por ciento. Aunque hay que
decir que este bajo porcentaje no debe llevar a engaños, pues cada vez más
la salud se reivindica como un derecho social.
·
Aunque los motivos ambientales ocupan solo el 7 por ciento del total
de las luchas sociales durante el período observado:
- El
66 por ciento de estas luchas se dirigieron a proteger recursos naturales
amenazados principalmente (en un 43,5 por ciento) por proyectos de
exploración y explotación de hidrocarburos y minas, y en un 7 por ciento
por la construcción de hidroeléctricas o represas;
- El
17 por ciento denunciaron la contaminación, y
- El
17 por ciento se refirió a riesgos, desastres y atención a damnificados.
Hay que señalar que entre las luchas por incumplimiento de
acuerdos previos se presentaron 6 por ciento de damnificados, 11 por ciento por
no pago de indemnizaciones por desalojos causados por construcción de
hidroeléctricas y un 18 por ciento por promesas o expectativas no cumplidas por
entes dedicados a la extracción minero-energética.
¿Dónde protestaron?
Llama la atención que cuatro de los siete departamentos de la
costa caribe aparecen entre los diez donde hubo más protestas. La lista fue
encabezada por Bolívar, que desbancó a Bogotá, Antioquia, Santander y el Valle,
lugares que tradicionalmente se disputaron el primer lugar como escenarios de
acciones colectivas contenciosas.
Cada
vez más la salud se reivindica como un derecho social.
En los departamentos continentales de la costa caribe primó la demanda por servicios sociales, en su orden: educación, seguridad ciudadana (la mitad de las luchas nacionales por este motivo tuvieron lugar en estos seis departamentos) y salud, seguidas por la demanda de servicios públicos, sobre todo de energía y por la crítica al funcionamiento de Electricaribe. No se tiene información sobre Vichada.
Magdalena, Amazonas, Cundinamarca y el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina se apartan de la tendencia general respecto de los
motivos de las luchas. Así, la prolongada crisis de agua potable en Santa
Marta, la ineficiencia de Empoamazonas como prestadora del servicio de
acueducto y alcantarillado, la demanda de vías terciarias y pavimentación de
calles en pequeños poblados de Cundinamarca y la contaminación marítima y de
las playas en San Andrés marcaron la tendencia en estos departamentos.
La localización de las luchas sociales pone de presente la
importancia de la coordinación entre gobernadores y alcaldes. Se necesita una
propuesta de regionalización que articule las demandas más allá de los límites
administrativos y permita ofrecer respuestas oportunas y reales a problemas
sociales asociados con la territorialidad de las comunidades. Llama la
atención, por ejemplo, que el motivo de derechos sea el principal en la región
del Pacífico colombiano.
Recomendaciones a los
futuros gobernantes
Este panorama muestra que hay un proceso de organización social
consolidado alrededor del malestar por la definición de políticas que no toman
en cuenta las demandas de las comunidades y por la exigencia de derechos (un
esfuerzo por frenar el proceso de retiro del Estado del cumplimiento de sus
obligaciones con los ciudadanos).
Pero, sobre todo, se destaca el hecho de que ni el gobierno
nacional cumple lo que debe ni los gobiernos locales se han ocupado de exigir
el cumplimiento de los pactos que dieron fin a protestas anteriores o a
gestionar la ejecución de esos acuerdos.
Cuatro
de los siete departamentos de la costa caribe aparecen entre los diez donde
hubo más protestas.
Entre 2012 y 2014 se hizo evidente el regreso al papel de
adversario de los gobiernos locales. En períodos anteriores las demandas
sociales se dirigían al Ejecutivo nacional, lo que indicaba la pérdida de
credibilidad ciudadana en la capacidad de las administraciones municipales y
departamentales para resolver los conflictos sociales. Hoy, las expectativas
para tramitar estos conflictos se fijan en niveles gubernamentales más cercanos
porque en el nivel nacional no se encontró respuesta satisfactoria.
Si bien es claro que los alcaldes y gobernadores elegidos
próximamente también tendrán entre sus retos el desarrollo de los acuerdos
entre el gobierno y las FARC, no todo pasa por La Habana. Mucho menos
la solución de las deudas sociales que crecen año a año y que principalmente se
tratan de condiciones de vida digna: servicios públicos y sociales para todos,
viviendas dignas y reconocimiento social y cultural.
Un programa de gobierno comprometido con la localidad no puede
obviar la constante exigencia de sus comunidades e ignorar su participación en
la política, expresada a través de la movilización. No
hay que olvidar que los bloqueos de vías, los paros, las marchas son el recurso
cuando ya se han agotado todos los medios
para hacerse oír.
*Socióloga y magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional
de Colombia, candidata al Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón
Bolívar, sede Quito. Investigadora del Centro de Investigación y Educación
Popular (CINEP)
** Historiadora, investigadora del Centro de Investigación y
Educación Popular (CINEP)
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