Salgamos de la lógica electoral privilegiando a la posible ministra de agricultura de la provincia de Buenos Aires y construyamos el debate desde los de abajo y a la izquierda.

Argentina: La pelea de Monsanto, 

los sojeros y las semilleras

por una Nueva Ley de Semillas a su medida.

27 de octubre de 2015

Que no deja satisfecho ni a Monsanto ni a los sojeros, pero que da un paso más en la entrega y privatización de nuestras semillas. ¡Firmá el documento, y decíle NO a la Ley Monsanto! Debate público YA

Para entender la última versión del Proyecto de Ley de Semillas que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta para enviar al Congreso Nacional, es necesario retrotraerse y recapitular los sucesos ocurridos durante los últimos tres años en la Argentina sojera. Una vez más nos encontramos frente a un anteproyecto que nunca fue hecho público ni debatido por la sociedad. Una vez más, como en el 2012, hemos accedido a él por vías informales y compartimos el análisis que de él hacemos y nuestras conclusiones para ponerlo en conocimiento público y estimular la resistencia a su aprobación.

La disputa en torno al cobro de regalías de parte de Monsanto a los productores de soja tuvo su última escalada en agosto del año 2012 cuando:

- El gobierno argentino se comprometió a modificar la Ley de Semillas para garantizarle el cobro de regalías a Monsanto.

- Monsanto entonces lanzó al mercado su Soja “rr2 Intacta” a la espera de tener garantizado el cobro de regalías a través de dicha Ley.

Las resistencias que el proyecto generó en amplios sectores de la sociedad (incluyendo sectores del oficialismo) hizo que el mismo no fuera aprobado ni en el 2012 ni en el 2014, momento en que se volvió a la carga con un anteproyecto “maquillado” para que fuera aceptado por las organizaciones de la agricultura familiar.

En tanto, Monsanto siguió avanzando con sus acciones para cobrar las regalías y creó un sistema de “Contrato de Regalías Extendidas” (1) que obliga a quien quiere sembrar la soja “intacta” a comprometerse a pagar regalías por guardar semillas hasta el año 2028. Estos contratos son evidentemente ilegales pues contradicen el derecho del uso propio consagrado por la Ley vigente, pero no fueron cuestionados por el Estado.

El conflicto tuvo una nueva irrupción en mayo del 2015: Monsanto intenta cobrar sus regalías extrayendo muestras de grano de soja listo para la exportación en los puertos y los empresarios del sector sojero protestaron por esto. El gobierno intervino intentando mediar y allí hizo pública la intención de emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia para “poner un fin a tantos años de discusión" en palabras de Aníbal Fernández y fijar los pagos por derechos de propiedad en la semilla y limitar el uso propio de la semilla.

Una vez más amplios sectores expresamos nuestro rechazo al Proyecto (2) y nuevamente el Ejecutivo dio marcha atrás. Pasadas unas semanas informó a través del Secretario de Agricultura Delgado que el DNU se convertiría en un Proyecto de Ley que se enviaría al Congreso.

Ese es el anteproyecto que hoy tenemos en nuestras manos y que hemos podido analizar confirmando que:

- En su primer punto, al decir "así como el pago que, en caso de corresponder, efectúe el agricultor por la semilla de Uso Propio", acepta que puede corresponder pagar por el uso propio. Esto va en contra de la Ley de Semillas vigente y significa una violación a un derecho que debe ser defendido como base de la agricultura. De esta manera se modifica, sin explicitarlo, la Ley de Semillas vigente que garantiza el Derecho al Uso Propio.

- También limita el Uso Propio creando la figura del "pago de aportes tecnológicos de la Semilla de Uso Propio" instalando el pago de regalías y avanzando así en la imposición de UPOV 91.

- El anteproyecto define como “Semilla de Uso Propio al producto de la cosecha obtenido por el cultivo de semilla de una creación fitogenética legalmente adquirida, que el agricultor reserva y usa como simiente en su propia explotación”. ¿Cómo se determinará qué es “legalmente adquirida”? ¿Podría suceder que al implementarse esta ley todos los agricultores deban “legalizar” su semilla comprándola al menos una vez a la empresa semillera?

- En ese contexto, le otorga poderes extraordinarios al Ministerio de Agricultura para "establecer, sobre distintas semillas y variedades, el pago de aportes tecnológicos de la Semilla de Uso Propio, fijar el valor de los mismos en función de superficie sembrada, volumen de producción, especie, variedad, zona y año". Esto es inaceptable y lo deja en manos de la reglamentación que realizará el Poder Ejecutivo que, de esta manera, podrá otorgar aún mayores beneficios a las corporaciones. Esto es sumamente peligroso ya que la reglamentación puede incluir cualquier cosa, incluso todos los aspectos más dañinos del proyecto de ley que se retiró, y no se discutirá públicamente porque será atribución del poder ejecutivo. Nuevamente significa impedir un debate democrático para dar continuidad a la injerencia y control de las corporaciones en nuestras instituciones.

- También le da al Ministerio de Agricultura superpoderes cuando dice que "Asimismo podrá facultarse al citado Ministerio para regular las multiplicaciones en la semilla que siembra el productor agrícola como reaseguro de su identidad genética y pureza varietal, entre otros aspectos, de acuerdo a las pautas que establezca la reglamentación".

- La creación del REGISTRO DE SEMILLAS DE USO PROPIO, que faculta al INASE “para ejercer el control y la fiscalización de los usuarios de semillas, en todos los aspectos relacionados con la presente ley” representa en realidad un sistema de control sobre todos los agricultores, campesinos incluidos, ya que, de acuerdo con las facultades otorgadas al INASE en su decreto de creación, implica en los hechos la facultad para: multar, decomisar, inhabilitar o clausurar la actividad o el producto de las cosechas.

- La creación del Fondo Fiduciario denominado Fondo de Innovación Tecnológica para el Mejoramiento Genético, en adelante InnTeG, es también un despropósito por el que nuevamente se fortalecerá el control corporativo sobre nuestra agricultura detrás del discurso del desarrollo de una “biotecnología nacional”. La composición de su Consejo de Gestión, integrado en un 50% por el sector privado (que por supuesto tienen sus aliados que le darán amplios poderes en el sector público) demuestra cómo se canalizarán los recursos. Incluso la presidencia de dicho Consejo podría estar en manos privadas ya que el anteproyecto establece que “Será presidido por la Autoridad de Aplicación o por quién ésta delegue”.

Tal como lo expresamos en el mes de abril, nuestras exigencias son:

- Exigimos la apertura de un amplio debate público, como el que desde esta Campaña venimos impulsando desde hace años, para que sean los intereses de nuestro pueblo los que se privilegien y no los intereses de las corporaciones.

- NO a los Derechos de Propiedad Intelectual y a la apropiación de las semillas por las corporaciones.

- NO al Registro de “Uso propio de Semillas”.

- NO queremos ningún registro de pequeños agricultores exceptuados. El uso propio es un derecho y no un privilegio. ¡¡¡LIBRE CIRCULACION DE SEMILLAS!!!

- No queremos una industria nacional de semillas transgénicas. ¡¡¡FOMENTO A LAS SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS!!! ¡SI A LA SOBERANIA ALIMENTARIA!

- NO queremos los recursos del ESTADO PARA CUIDARLE EL BOLSILLO A LAS SEMILLERAS

- NO A LA LEY MONSANTO

- ¡¡¡DEBATE PÚBLICO YA!!!!

________

Notas

1- La Licencia de Monsanto dice: “Es una licencia limitada, onerosa e intransferible de uso de la tecnología INTACTA RR2 PRO que autoriza al productor a utilizar semilla de soja conteniendo la tecnología INTACTA RR2 PRO (Semilla INTACTA) para su siembra en Argentina con el fin de producir y comercializar grano de soja conteniendo la Tecnología INTACTA RR2 PRO (Grano INTACTA) resultante y/o producir Nueva Semilla INTACTA para ser utilizada únicamente por el productor para su siembra, con sujeción a los términos previstos en la licencia. La licencia se firma una sola vez y tiene vigencia hasta el 14 de noviembre de 2028. La firma de la licencia no obliga al uso de la tecnología INTACTA RR2 PRO ni implica obligación de compra de Semilla INTACTA; simplemente habilita a quienes en algún momento deseen utilizarla. A través de la misma, el productor asume el compromiso de pagar una contraprestación por el uso de la Tecnología INTACTA RR2 PRO (contenida tanto en la Semilla INTACTA como en la Nueva Semilla INTACTA) y a realizar el uso correcto de la tecnología INTACTA RR2 PRO”.

2- NO se atrevan a tocar nuestras semillas. Queremos debate, no Decreto de Necesidad y Urgencia:ver aquí

Firmas:

Campaña NO a la nueva Ley de Semillas de Monsanto
Acción por la Biodiversidad
Amigos de la Tierra Argentina
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeA)
Asociación Campesinos del Valle del Conlara (San Luis)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología de la Universidad Nac. de Luján
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nac. del Comahue
Colectivo Aymuray – Movimiento Popular La Dignidad
Colectivo Desde el Pie
Colectivo x la Igualdad en el Partido Social
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
Espacio de Lucha Territorial Río Bravo
Frente Popular Darío Santillán
GRAIN
Movimiento Popular Patria Grande
Movimiento 138 Colectivo de resistencia cultural
MULCS – Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social
Proyecto Sur (Pcia. de Buenos Aires)
RENACE
Tierra Para Vivir en COB La Brecha
Visión Sostenible

Huerquen

B.e.P.e.

RENACE – Red Nacional de Acción Ecologista

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO, CABA
ACCIÓN POR LA BIODIVERSIDAD, Buenos Aires
AMBIENTE MAR, Buenos Aires
ASOCIACIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, Buenos Aires
ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE LANÚS. A.E.L., Buenos Aires
BIOS ARGENTINA, Buenos Aires
COLECTIVO TINTA VERDE, Buenos Aires
ECOLOGÍA Y CRECIMIENTO CON ORGANIZACIÓN SOLIDARIA. E.C.O.S. DE SALADILLO, Buenos Aires
FUNDACIÓN UÑOPATUN, Buenos Aires
PERMAHABITANTE, CABA
ONG UNIDOS POR LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE, Buenos Aires
MOVIMIENTO ANTINUCLEAR DEL CHUBUT. MACH, Chubut
FORO ECOLOGISTA DE PARANÁ, Entre Ríos
FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGIA- FAdE, Mendoza
FUNDACIÓN CULLUNCHE, Mendoza
ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA PIUKE, Río Negro
SOCIEDAD ECOLÓGICA REGIONAL – SER, Río Negro
CENTRO DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA. CeProNat, Santa Fe
CENTRO ECOLOGISTA RENACER, Santa Fe
MUYUQUI, Santa Fe
PRO ECO GRUPO ECOLOGISTA , Tucumán
ECO SITIO, Córdoba

__________________

Adhesiones a: noalanuevaleydesemillas@gmail.com

FBK: NO a la nueva Ley "Monsanto" de Semillas en Argentina  Leer

VI. Discutamos prestando atención y valorando a los ninguneados e invisibilizados. Consideremos el avasallamiento de derechos humanos que esconden el gobierno CFK y su "proyecto nacional popular" en su feudo provincial.

Criminalización de la protesta social
30 de octubre de 2015

El Consejo Directivo Provincial de la Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales de Santa Cruz repudia enérgicamente el accionar de la justicia ante la avanzada contra la dirigencia de los compañeros de ATE. Sostenemos la protesta social como una herramienta básica y fundamental de todos los trabajadores para conquistar y defender nuestros derechos. Repudiamos la criminalización de la protesta nos solidarizamos con los compañeros de ATE y con su secretario General, Alejandro Garzón.

Sabemos a quienes responden y porqué, conocemos que la legitimidad de los poderes democráticos del Estado desde hace un tiempo viene siendo vapuleada por sectas dogmáticas que nada entienden de la realidad del trabajador, allí donde los malos políticos acunan su mejor herramienta: la anti política, para generar mecanismos de sometimiento a la clase obrera para que sus intereses y patrimonio crezcan vergonzosamente en contra de los intereses de los trabajadores.

Agradecemos a todos los compañeros que sostuvieron la protesta por la defensa de nuestros derechos; a los vecinos, que manifestaron su solidaridad y hacemos un llamamiento a todos los trabajadores en general, de educación, de cultura, estatales, privados a estar atentos, profundizar la actividad sindical necesaria para evitar que en nuestra Santa Cruz se vuelva costumbre judicializar y criminalizar la protesta social.

“Los derechos humanos de los trabajadores se han visto muchas veces vulnerados, sin la aplicación y el entendimiento de políticas públicas de las que tanto hablan los políticos y por la desidia e inoperancia de los mismos. El entendimiento y la superación de una sociedad para garantizar la paz social deben ser organizadas a partir de las reivindicaciones y conquistas de los trabajadores históricamente relacionadas, absorbiendo y construyendo valores, aprendiendo de los errores y reconociéndonos.” – Pedro Mansilla, Secretario General FeSOEM Santa Cruz.
Fuente: http://hoysantacruzonline.com.ar/criminalizacion-de-la-protesta-social/

V. Discutamos prestando atención y valorando a los ninguneados e invisibilizados. Consideremos el avasallamiento de derechos humanos que esconden el gobierno CFK y su "proyecto nacional popular" en su feudo provincial.

Respuesta a la Presidenta por sus dichos sobre los presos de Las Heras

2 de marzo de 2014

En el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1º de Marzo, Cristina Fernández de Kirchner hizo alusión a la protesta social como un problema de tránsito, y en particular se refirió al amplio abanico social y político que respalda el pedido de absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras condenados recientemente. Sobre esto último, reconstruyó desde su punto de vista el proceso que devino en el juicio contra los trabajadores. Allí desconoció lo dicho por varios referentes de la lucha por los Derechos Humanos en nuestro país sobre el fallo y reprodujo la "versión oficial" de los hechos. A continuación reproducimos el comunicado del Comité de Apoyo por la Absolución de los Presos de Las Heras.

ANRed difunde:

La Presidenta miente para proteger a las petroleras. Los compañeros de Las Heras son inocentes.

En el discurso de apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso, la Presidenta acaba de manifestarse en contra de la amplísima, exitosa y unitaria jornada de lucha nacional por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, que tuvo lugar durante el día 27/2 a través de decenas de cortes de avenidas, paros laborales, marchas e infinidad de acciones de lucha. En la misma hubo detenidos que fueron golpeados, y hoy como ayer se les “arma” una causa, en este caso por el robo del celular de un comisario.

Esta exigencia ha sido tomada por una cantidad enorme de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, como Osvaldo Bayer, Hugo Moyano, Hugo Yaski, Pablo Micheli , el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, varios diputados nacionales, legisladores , y muchos otros que han cuestionado el fallo del tribunal de Caleta Olivia que condenó a los petroleros. Hasta el Papa Bergoglio se ha pronunciado y le contestó una carta a uno de los condenados.

Cristina Fernández de Kirchner defendió este veredicto, dictado por un tribunal apañado por las grandes petroleras internacionales, que pretenden ejemplificar a sus trabajadores para que no salgan nunca más a pelear contra el impuesto a los salarios y la precarización laboral. Apoya un fallo infame, impuesto a través de pruebas y testimonios inventados o arrancados mediante torturas, según confirma el propio Fiscal Candia en el juicio, que condena a cadena perpetua a cuatro trabajadores de Las Heras. Tampoco mencionó el disparo por la espalda que recibió el policía Sayago, un "olvido" muy oportuno, pues existe la sospecha que el balazo provino de sus propios compañeros de Fuerza.

El ataque de la presidenta a la jornada del 27 de febrero y a los condenados, pone en evidencia su influencia en un fallo que pretende condenar a trabajadores a los cuales no se les ha probado ni su participación en el crimen ni en delito alguno.

Néstor Kirchner condenó a los trabajadores petroleros cuando avaló el terrorismo de estado sufrido por toda la ciudad de Las Heras, que fue militarizada y ocupada por la gendarmería, antes, durante y después de la pueblada y los reclamos laborales.

Los trabajadores y cientos de organizaciones venimos reclamando la nulidad de esta imputación desde el 2006, año en que se realizó una pueblada que fue interceptada con una brutal represión, y en esa brutalidad y caos originado por las fuerzas policiales murió el policía Sayago.

No existen pruebas sobre la culpabilidad de los trabajadores, y si el tribunal que los condenó fuera independiente del poder político y los intereses de las petroleras, ese juicio y las condenas jamás hubieran avanzado, dos pedidos de nulidad avalan esto que proclamamos.

Se realizaron decenas de marchas y reclamos judiciales, ya ante la evidencia de esta complicidad judicial y política, que condenó a 4 trabajadores a cadena perpetua y a seis a cinco años de prisión por coacción agravada, con la seguridad de su inocencia con respecto a la muerte de Sayago, pero culpables de ser parte de reclamos contra la precarización laboral y el impuesto a las ganancias, las organizaciones obreras, políticas y de derechos humanos recurrieron a la herramienta de lucha legítima de cortes de ruta y accesos para conseguir ser escuchados y que no se consume esta condena aberrante, que desde lo judicial solo encubrirá a los verdaderos asesinos y en lo político será un ejemplo para amedrentar los reclamos laborales a favor de la precarización laboral de las petroleras y el resto de los intereses de las patronales.

La Jefa de Gobierno condena la Jornada de lucha por la absolución de los petroleros de Las Heras, y en forma paralela encarcela, en estos momentos, a 5 trabajadores petroleros de la empresa Bacssa que estaban reclamando, cierra el acuerdo con REPSOL para indemnizarla con 5.000 millones de dólares (en bonos de deuda externa) como pago por la estatización parcial de una YPF vaciada; acuerda con la multinacional Chevron (ex Texaco) el manejo del Yacimiento Vaca Muerta con cláusulas secretas, y en el mismo momento en que los efectos de la devaluación y del crecimiento de la inflación se hacen sentir sobre los trabajadores y los sectores populares en nuestro país. Lo hace para garantizar la continuidad del saqueo de los recursos naturales a las multinacionales como los minerales a la Barrick Gold, el campo a Monsanto y como mencionamos arriba a las empresas petroleras, para poder terminar de implementar el plan de ajuste y sobre todo sentar un precedente nacional, de manera de amedrentar al conjunto de los trabajadores que están peleando, a los que se comienzan a organizar o se preparan para hacerlo, para resistir los despidos, las suspensiones, el violento ataque al salario y a las condiciones de vida y de trabajo.

Desde el Comité de Apoyo a los petroleros de Las Heras, decimos que:

¡Cristina miente! ¡Los compañeros de Las Heras son inocentes!

Vamos a intensificar las acciones de lucha y la unidad lograda para conquistar la absolución y la libertad definitiva de los obreros petroleros condenados y derrotar el ajuste y la represión del gobierno kirchnerista , la oposición patronal y los gobernadores e intendentes.

Comité de apoyo por la absolución de los petroleros de Las Heras

Contactos:

Gustavo Lerer delegado del Htal. Garrahan 1555993310

Silvia Zapata CD ATE sur L. de Zamora 1168998852

Karina Almirón Htal Posadas 1134317427

Susana Ancarola CD ATE sur 1536055576

Mariela Pozzi Delegada Telefónica 1159613194

Fuente: http://anred.org/spip.php?article7357

IV. Discutamos prestando atención y valorando a los ninguneados e invisibilizados. Consideremos el avasallamiento de derechos humanos que esconden el 'federalismo' y el "proyecto nacional popular".

Potae Napocna Navogoh se presentó como querellante 

en la causa por la represión del 2010
24 de octubre de 2015

Por CELS (Rebelión)
La Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh La Primavera se presentó como querellante en la causa por la represión del 23 de noviembre de 2010

En una asamblea realizada el viernes 16 de octubre la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh La Primavera decidió presentarse con el patrocinio del CELS como querellante en la causa judicial que debe investigar el operativo policial de noviembre de 2010 en el que murió Roberto López y que ocasionó otros graves daños a la comunidad.

El mes que viene se cumplirán cinco años de la muerte de Roberto López como consecuencia del accionar policial en la represión de una protesta que llevaba adelante la Comunidad en reclamo de sus tierras ancestrales en Formosa. El operativo también provocó gran cantidad de heridos de gravedad e incluyó detenciones violentas de mujeres, niños y ancianos y la quema de las viviendas y pertenencias de integrantes de la comunidad. A lo largo de los años, el poder judicial de la provincia no investigó lo ocurrido de manera tal que pudieran identificarse y sancionarse las responsabilidades. Al mismo tiempo, sí hizo avanzar las causas que criminalizan a los integrantes de la comunidad indígena. En este momento, Félix Díaz está imputado en tres causas judiciales motorizadas por la misma justicia provincial que avaló la impunidad de los delitos de los que fue víctima toda la comunidad. En estas causas, Félix Díaz es defendido por el CELS.

En las últimas semanas, se intensificaron las maniobras de encubrimiento por parte del gobierno provincial para evitar que se investigue la muerte de López. Al mismo tiempo, el 30 de septiembre, la policía de la provincia reprimió una protesta de la comunidad indígena Nam Qom con un operativo violento que ocasionó heridas a los manifestantes. El comisario a cargo agarró a una de las mujeres por el pelo y arrastrándola por la calle le dijo “si querés otra Primavera, yo te doy otra Primavera”. En los mismos días y en distintas circunstancias los integrantes de las comunidades indígenas, sus abogados y las organizaciones que los acompañamos -entre las que se encuentra el CELS- fueron hostigados verbalmente por el Defensor del Pueblo de esa provincia y otros funcionarios.

La investigación judicial de lo ocurrido el 23 de noviembre se paralizó en abril de 2012 cuando los policías que participaron del operativo fueron sobreseídos por el homicidio de López y se suspendió el trámite de la causa por los delitos de incendio y daños. En ese momento el poder judicial de la provincia no permitió a las víctimas ser querellantes, apelar el sobreseimiento y participar activamente de la investigación. Esta causa llegó hasta la Corte Suprema que finalmente en septiembre pasado resolvió a favor de Erma Peteñi, viuda de López, para que se pueda constituirse como querellante porque consideró arbitrario el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Formosa. Abierto este camino, con la presentación realizada el 16 de octubre en el Juzgado Criminal y Correccional N 2 de Clorinda la Comunidad busca que los hechos no queden impunes.

https://www.facebook.com/CELS.Argentina/photos/a.397911020256866.84010.157158...

Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2015/10/882812.php

III. Discutamos prestando atención y valorando a los ninguneados e invisibilizados. Consideremos el avasallamiento de derechos humanos que esconde la recuperación parcial de YPF y su ceo Galuccio (Schlumberger).

Relmu Ñamku: inicia el juicio 

por defender territorio mapuche

 26 octubre, 2015 Marcha

Por Florencia Puente y Elisangela Soldatelli/ Foto por Nadia Sur

Hoy comienza en la ciudad de Zapala, Neuquén, el juicio donde se acusa a Relmu Ñamku, de la comunidad mapuche Wincul Newen, de tentativa de homicidio por defender el territorio de su comunidad frente al avance de empresas petroleras.

Durante dos semanas se resolverá la posible sentencia de 15 años de prisión, a través de un juicio intercultural por jurados. El carácter desmedido de la acusación da cuenta del avance ininterrumpido de la criminalización de los pueblos originarios que asumen la defensa de la tierra, y la constante estigmatización racial que sufre el pueblo mapuche frente al estado provincial y nacional.

Territorios en disputa

El territorio de la comunidad mapuche Wincul Newen está ubicada en el Paraje Portezuelo Chico, zona centro de la Provincia de Neuquén, a 25 kilómetros de la ciudad de Cutral-Co. La llegada de las empresas petroleras al territorio ya lleva alrededor de 15 años, cuando la norteamericana Pioneer Natural Resources –luego denominada Apache, Yacimientos del Sur y desde 2014 es la estatal YPF- ingresó al territorio de las comunidades cuando estas estaban en la “veranada” -momento en que las comunidades practican la trashumancia y dejan el territorio de la zona centro-. Al regresar, encuentran a la empresa en sus territorios, “el conflicto está instalado, no son las mismas condiciones y la fuerza para pelear por el territorio cuando las empresas ya están adentro”, relató Relmu en diálogo con Marcha.

Allí comienzan los primeros cortes y un proceso para fortalecer la comunidad y su institucionalidad. “A partir del conflicto la comunidad empieza a organizarse, pero el proceso es muy lento. Cuando empezamos a estar medianamente preparados para iniciar una lucha ya teníamos 10 pozos hechos”; dijo Relmu, además, las empresas en conjunto con el Estado activaron una estrategia de asedio que incluyó la militarización del territorio, inspecciones ilegales, desaparición de animales en pastoreo vitales para la comunidad y fragmentación de las comunidades a partir de ofrecimientos de trabajo que debilitaron la posibilidad de acción conjunta.

Crónica del asedio a la comunidad

Una década de resistencias limitaron el proyecto inicial que tenía la empresa de cuarenta a diez pozos petroleros y una planta compresora concentra el gas de la zona para ser trasladado a la ciudad de Cutral Co: “nosotros ya aprendimos como se apagan los pozos, como se prenden, como bloquearlos. Convivís con eso”, relató Relmu.

Desde el año 2012 las comunidades habían logrado que el Yacimiento Portezuelo Norte detenga sus operaciones, a partir del reclamo de saneamiento por un derrame de crudo, y del pedido de inspección por parte de Subsecretaria de Medio Ambiente y de Hidrocarburos y Energía de la Provincia. Además del incumplimiento de estos reclamos, que violan el derecho de consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT, el 8 de diciembre de 2012, la Jueza Ivonne San Martin del Juzgado de Zapala, dicta una nueva orden de desalojo para la comunidad. Verónica Pelayes, la oficial de justicia que fue a notificar el desalojo, llegó a la comunidad acompañada de camionetas de la empresa Apache, policías y topadoras, plagando de irregularidades el procedimiento.

Conociendo la situación de tensión existente en la comunidad después de haber denunciado un derrame de petróleo, la oficial decide además posesionarse ante el hecho resaltando que el acceso a la comunidad constituía un camino público y que no tenían reconocimiento como comunidad por parte del Estado, lo que complicó la predisposición al diálogo, tal cual relata Relmu. Además, la oficial dio la orden a la topadora para el ingreso, poniendo en riesgo a la comunidad, cuando sólo podía limitar su accionar a la notificación. En este marco, la comunidad se defendió y Verónica Pelayes resultó herida.

Quién es quién en el juicio: un recorrido por la justicia racista de Neuquén

Verónica Pelayes, quien invoca el “terrorismo mapuche” para hablar de lo sucedido, designó como abogado a Julián Álvarez, conocido defensor de jueces de la dictadura y miembros de la Sociedad Rural. La fiscal, que asume la causa es Sandra Gonzales Taboada, quien archivó la causa por golpizas que había realizado la comunidad hace unos años, cuando varios de sus integrantes habían resultado gravemente heridos frente a un intento de desalojo.

En un primer momento, Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain fueron imputados por daños. Luego, la fiscal dio lugar en la audiencia de reformulación de cargos, donde se resolvió acusar a Rain y Maliqueo por “daños agravados” y a Relmu Ñamku de “tentativa de homicidio” –y de no haber sido por la presión ejercida por Adolfo Pérez Esquivel, Félix Díaz y Sofía Gatica, la carátula de Relmu sumaría el delito de “alevosía”-. Los cambios en las carátulas fueron realizados sin sumar a la causa ningún elemento que los pruebe.

Relmu, además, es la única de los tres imputada por tentativa, lo que expresa también el carácter patriarcal de la justicia neuquina y la complicidad del Ministerio Público Fiscal a la hora de garantizar la explotación a las Empresas Petroleras, en un juicio cuyo devenir procedimental no tiene precedentes y expresa una voluntad manifiesta de hacer de este un juicio ejemplar que amedrente la lucha de las comunidades.

El juicio tiene también otras características excepcionales. En el marco de los novedosos juicios que ya se aplica en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, cuyos veredictos han sido generalmente condenatorios, este juicio inaugura por primera vez en Argentina la modalidad de Jurado intercultural. O sea, la mitad de las y los jurados serán, mapuches. Sin embargo, son muchos los vicios en el procedimiento de selección del jurado, a pesar de que la comunidad logró imponer algunos criterios como la autoadscripción del jurado seleccionado al pueblo mapuche.

Además, a pocos días de iniciar el proceso público, el juez de garantías Gustavo Ravizzoli rechazó el amicus curiae presentado por Pérez Esquivel, argumentando que la imparcialidad del proceso queda garantizada por ser este un juicio por jurados. Pérez Esquivel afirmó que “a Relmu Ñamku la acusan por ser mujer e indígena”.

Escenarios frente a la sentencia

El juicio de Relmu expresa un complejo escenario de persecución política y judicial contra el pueblo mapuche, los pueblos originarios y las comunidades en resistencia al avance del extractivismo. El recorrido de la resistencia de la comunidad mapuche está plagado de violaciones y vulneraciones del derecho indígena contemplado en la legislación nacional y los tratados internacionales.

Se enmarca, además, en una década donde se vive una situación paradójica, al tiempo que se fortalece el derecho indígena, se incrementa de manera sistemática la violación de derechos, relacionada con el avance del modelo extractivo sobre territorios de comunidades y pueblos originarios que son vistos como “sacrificables”, que genera un impacto ambiental y cultural sin precedentes.

“El impacto ambiental puede ser cuantificable, pero el impacto cultural no, ¿cómo cuantifico la relación que el pueblo mapuche tiene con su territorio, milenaria que tiene que ver con la cultura, con la transmisión de los valores, de los principios, no solo de la alimentación sino de las ceremonias y la identidad?, ¿cómo se cuantifica ese impacto a la hora de perder el territorio? El impacto cultural tiene que ser una categoría a tener en cuenta”, sostuvo Relmu.

El 4 de noviembre se conocerá la sentencia, luego de que Relmu Ñamku realice el lunes 2, la última declaración que tendrá el juicio. La sentencia marcará un parteaguas en el escenario de criminalización y judicialización que atraviesan los pueblos y comunidades originarias en Argentina y en América Latina. Son claras las intenciones de que sea un juicio ejemplar en Neuquén, provincia petrolera caracterizada por garantizar la “seguridad jurídica” para el avance de las empresas transnacionales y estatales, y cuya justicia racista y patriarcal es ejemplar en el desconocimiento del derecho indígena.

Como plantea Ayben Kimvn Velázquez Malique, hija de Relmu Ñamku: “Quiero Justicia Justa. Marici weu Marici weu!” – ¡diez veces venceremos!-.

II. Discutamos prestando atención y valorando a los ninguneados e invisibilizados. Consideremos la devastación que esconde la recuperación parcial de YPF y su ceo Galuccio (Schlumberger).

AGUA POR PETRÓLEO, NO..!!

 

PETROBRÁS, ERA AGUA POR PETRÓLEO

 

VACA MUERTA,  ES NUESTRA AGUA POR GAS Y PETRÓLEO

EL CONTRATO que la Legislatura de Río Negro pretendió con Petrobrás, significaba permitir el abastecimiento y la contaminación química, radioactiva, gasífera y petrolera de Nuestra Agua superficial y subterránea del río Negro, usada para el proceso de exploración de gas y petróleo no convencional, mediante el sistema de fractura hidráulica horizontal o fracking.  Pero atención que se registran otras 12 petroleras interesadas por el fracking en Río Negro, y Pesatti ya dice que Weretilneck podría insistir con Petrobras

La firma de este Contrato significaba a la vez convalidar la entrega de Nuestra Agua de los ríos Neuquén y Limay para otras 17 petroleras, quienes ya operan en el yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta, en la Provincia de Neuquén. Todo cuanto Usted escuche sobre Vaca Muerta, es a costas de la contaminación de Nuestro río Negro.

PASA QUE como el gas y el petróleo extraído de forma convencional ya se extinguió, ahora precisan liberarlo de las rocas que lo atrapan en el subsuelo, por cuanto lo perforan  atravesando la napa hídrica subterránea hasta llegar al sector donde se encontraban los hidrocarburos, allí tuercen 90º el trépano para continuar la perforación del pozo en forma horizontal, en un recorrido de hasta 4 (cuatro) kilómetros del eje de perforación, justo debajo y a lo largo de la napa hídrica subterránea que necesariamente ha de confluir al río.

En el sector horizontal del pozo realizan hasta 9 (nueve) incisiones en la roca donde  ingresarán, con enorme presión hidráulica, 30.000.000 (treinta millones) de litros de Nuestra Agua previamente mezclada con cientos de químicos aditivos y elementos radioactivos, que al ingresar por las incisiones provocará la fractura de la roca del subsuelo, lo que les permite liberar el gas y el petróleo encapsulado entre las rocas, y luego extraído hasta la superficie.

En una misma plataforma de 300m2 realizan hasta 18 pozos por fracking dirigidos en todas las direcciones, por cuanto la fractura o destrucción del subsuelo comprende 4Km a la redonda. Toda vez explorada esa zona, los equipos de perforación se trasladan 8Km, y allí vuelven a realizar otros 18 pozos por fractura hidráulica horizontal, cada uno de ellos con el agregado de 30.000.000 de litros de Nuestra Agua previamente intoxicada con los químicos.

En tan solo dos años, 17 petroleras ya realizaron 360 pozos por fracking en Vaca Muerta, y prevén realizar otros 10.000 pozos mediante y a costas de la contaminación superficial y subterránea del Agua de los ríos Neuquén y Limay, y por ende del río Negro.

El Primer Daño que le provocan a la Naturaleza es que tras el proceso de exploración, los 30.000.000 de litros de Agua intoxicada y mezclada con petróleo retornan a la superficie donde el líquido se acumula en piletas, para ser luego devuelto al subsuelo (flow back), lo que provoca terremotos, el filtrado de gas y petróleo a la napa hídrica por las tuberías, y el inevitable fluir de gas metano a la superficie. http://www.eldiario.es/sociedad/fracking-estudio-riesgos-exigencias-empresas_0_277872459.html

El uso de Agua para el proceso de fracking y los daños que provoca, es bien conocido desde ya mucho tiempo atrás por el entorno petrolero; pero ignorado por el común de la sociedad. Esta práctica fue la que provocó la contaminación del suelo, sus napas hídricas subterráneas y el empetrolado del Agua de la Cuenca del Río Colorado. Esta contaminación fue la que produjo, entre otros desastres de contaminación gasífera y petrolera del territorio, la enfermedad y posterior fallecimiento de la Logko Cristina Lincopán, de la Comunidad Mapuche del lof Gelay Ko en la Provincia de Neuquén, mientras denunciaba el problema.

Otro Grave e Incontrolable Problema del proceso de la fractura hidráulica horizontal del subsuelo, es que la técnica petrolera no pude reconocer previamente cuál será el límite de la grieta que habrán de provocar tras las nueve fracturas horizontales en cada pozo, por cuanto el quiebre de la roca es aleatorio y puede arribar hasta la napa hídrica subterránea, agrietando su fondo, y provocando por tal un surtidor permanente e irreparable de gas metano y petróleo al Agua que habremos de beber.  http://www.gaslandthemovie.com/

 

Muchos de los argumentos dados a fin de justificar el fracking, es “el control” que dicen habrá de ejercerse en el proceso de la fractura hidráulica, pero ¿quién puede controlar la magnitud del daño que habrá de provocarse a miles de metros en la profundidad vertical y horizontal del subsuelo? - ¡A no ser hipócritas con Nuestra Agua por favor!

http://www.rionegro.com.ar/diario/kreitman-sobre-pastilla-radiactiva-hay-irresponsabilidad-del-gobierno-3089063-9701-nota.aspx

 

LA TRAMA de mentiras y corrupción que promociona al fracking en nuestro país es formidable, evidenciada ya desde el poder Ejecutivo Nacional con la firma de múltiples convenios nacionales e internacionales acompañados por las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires (la cuestionada Ley de Hidrocarburos sólo trata cuestiones financieras sin ocuparse del Agua a contaminar); con la anuencia en el silencio cómplice del Poder Legislativo representado por las provincias antes mencionadas; el Poder Judicial, provincial y federal, vistos en una actitud impávida pese a saber que envenenan Nuestra Agua por el fracking; la presión financiera empresarial, nacional e internacional; el sometimiento técnico profesional (AIC - DPA - EPAS - ABSA); la adhesión de la docencia universitaria (UNRN /UNC a excepción del CURZA); la extorsión gremial (Senador y miles de obreros petroleros con sueldos fabulosos); las municipalidades frutícolas rionegrinas que ahora se tornan petroleras; el aval periodístico y su silencio tras reconocer la magnitud del daño natural y social que provoca el fracking; y o la  extorsión publicitaria tratada en múltiples anuncios de YPF S.A. Todos burdos indicativos que hoy sostienen y promocionan el Agua fracking en Río Negro y Vaca Muerta, todo a costas del uso y la contaminación del Agua que todos habremos y habrán de beber y fructificar.

Agua del río Negro eutrofizado por su caudal mínimo de 300m³ regulado por el  Ministerio del Interior, a través de la AIC, quien prioriza el abastecimiento de energía eléctrica antes que sostener la Naturaleza del Río. Río cloaca de volcados agroquímicos, industriales, cloacales, y ahora el Agua de nuestros ríos para el fracking gas y  petróleo no convencional.

Entonces… ¿Cuál es el razonamiento que lleva a Nuestros Funcionarios y Legisladores a consentir el sacrificio de AGUA POR PETRÓLEO, enfermando al pueblo, transformando la raíz productiva hortícola, frutícola, agrícola y ganadera de una maravillosa y fértil provincia por un “Río Negro Petrolero”; aceptando por y para tal un proceso de fractura hidráulica horizontal infame, que pone en riesgo de contaminar en forma incontrolable, irreparable y permanente el Agua de Nuestro río Negro y su Cuenca Currú Leuvú?

 

COMO CIUDADANOS no podemos concebir esta situación, y hemos de reconocer que no podremos ir “contra el fracking” y su enorme estructura de corrupción, que no sea avanzando “A Favor del Agua”, priorizando su Valor Natural como Esencia de Vida”.

 

El tema del Agua es un tema de todos, y pueda Usted, persona ya informada, quien desde su propio ámbito y circunstancia de vida, pueda investigar, reflexionar y obrar a fin de detener tal absurda e involutiva barbaridad. Su precepto de acción es simple, común y poderoso: No te doy Agua, no tenés fracking  EL AGUA ES DE LA VIDA; Y PARA LA VIDA; Y NO MÁS !

 

¡DIGAMOS NO! A LA PROVISIÓN DE NUESTRA AGUA PARA GAS Y PETRÓLEO

EL AGUA ES DE LA VIDA; Y PARA LA VIDA; Y NO MÁS!!

UNIDOS POR LAS AGUAS DE LA CUENCA CURRÚ LEUVÚ (feisbuc)

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FUERA VACA MUERTA ¡!

 

FUERA DEL AGUA DE NUESTROS RÍOS

 

EL AGUA ES DE LA VIDA; Y PARA LA VIDA; Y NO MÁS ¡!

Testimonios Audiencia Pública Legislatura de Río Negro - Contrato Petrobras / Río Negro www.legisrn.com.ar

http://www.youtube.com/watch?v=28jXuEK4Zfw http://www.youtube.com/watch?v=vRq1D8TS8Yo#t=81 https://www.youtube.com/watch?v=VVaT-OGC8sA http://www.youtube.com/watch?v=qJMT-4UQg_I&feature=youtu.be  http://www.youtube.com/watch?v=yo2gH24Dd5s&feature=youtu.be   http://www.youtube.com/watch?v=YyQ6GSCy1OA 

Informes sobre fractura hidráulica horizontal

http://www.eldiario.es/sociedad/fracking-estudio-riesgos-exigencias-empresas_0_277872459.html  http://www.gaslandthemovie.com/

 http://www.rionegro.com.ar/diario/kreitman-sobre-pastilla-radiactiva-hay-irresponsabilidad-del-gobierno-3089063-9701-nota.aspx

I. Discutamos prestando atención y valorando a los ninguneados e invisibilizados. Consideremos la devastación que esconde la recuperación parcial de YPF y su ceo Galuccio (Schlumberger).

Las noticias más censuradas 2014-2015 (02)

El fracking de la industria petrolera 

contamina aguas subterráneas
30 de octubre de 2015

Por Ernesto Carmona (Proyecto Censurado)

Los acuíferos de California fueron contaminados ilegalmente con unos 11 millones de litros de aguas residuales envenenadas tras ser utilizadas en el proceso llamado fracking, o fractura hidráulica del subsuelo para extraer petróleo y gas, según documentos del Estado de California difundidos a fines de 2014 por el Centro para la Diversidad Biológica. De acuerdo a esta fuente, la fuga de contaminantes se produjo en por lo menos nueve pozos de eliminación de inyección utilizados por la industria petrolera para deshacerse de residuos de aguas contaminadas, práctica que probablemente se repite en otras latitudes donde también utilizan fractura hidráulica para extraer petróleo y gas.

Mientras la industria petrolera aparece en los hechos protegida por la clase política, cuyas postulaciones al poder legislativo de California contribuye a financiar, los acuíferos afectados abastecen el consumo humano y el riego de cultivos para la alimentación. Los documentos también revelan que pruebas realizadas en los pozos de abastecimiento de agua ubicados cerca de los sitios de inyección de aguas residuales muestran altos niveles de arsénico, talio y nitratos, todos productos químicos tóxicos vinculados a las aguas residuales del fracking la industria petrolera.

Según los documentos obtenidos por el Centro para la Diversidad Biológica la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California admitió que en otros 19 pozos adicionales también pudo haber fugas de aguas residuales a los acuíferos protegidos. Un funcionario de la agencia estatal afirmó que en múltiples lugares pudieron ocurrir errores en el proceso de otorgar permisos para la inyección de aguas residuales. A la magnitud del peligro se añade que productos químicos tóxicos como el benceno pueden tardar años en migrar a las fuentes de agua, dificultando así la evaluación precisa del riesgo.

Un estudio previo realizado por el Centro para la Diversidad Biológica mostró que "el 54 por ciento de los 1.553 pozos de inyección de aguas residuales activos y nuevos de California están a 16 kilómetros de un falla geológica recientemente activa (activa en los últimos 200 años)". Para los autores del informe, estos hallazgos "plantean preocupaciones significativas, debido a que la distancia así de cercana entre una inyección de aguas residuales y una falla geológica podría constituir un influyente factor clave de riesgo que bien podría inducir un terremoto". Actividad microsísmica como resultado de pozos de inyección subterránea ya ha sido bien documentada en otros estados, por ejemplo en Oklahoma y Texas.

Las revelaciones sobre la contaminación del agua del informe del Centro para la Diversidad Biológica aparecieron en medio de la deliberación legislativa para regular el fracking en California. Tanto Donny Shaw, deMapLight, y Dan Bacher, de Indybay, informaron en mayo de 2014 que en los últimos cinco años la industria petrolera ha presionado con fuerza en la legislatura del estado de California, gastando más de 63 millones de dólares en esfuerzos por persuadir a los legisladores estatales para que permitan la continuación y expansión de fracking.

En mayo de 2014, los senadores estatales rechazaron un proyecto de ley que imponía una moratoria al fracking. Los legisladores que votaron contra la moratoria recibieron 14 veces más dinero en contribuciones de campaña de la industria del petróleo que quienes votaron por imponerla. Shaw citó la cifras en MapLight: los senadores que votaron "No" al proyecto de ley de moratoria recibieron en promedio 24.981 dólares de la industria del petróleo y gas, mientras quienes votaron "Sí" a la moratoria recibieron apenas 1.772 dólares en promedio. "Si los cinco senadores activos que se abstuvieron de votar –todos demócratas– hubieran votado a favor, la moratoria se habría aprobado". Los demócratas que se abstuvieron recibieron en promedio 4,5 veces más dinero que quienes votaron "Sí".

Aunque los medios de información corporativos cubrieron el debate sobre regulaciones al fracking, en un primer momento ignoraron el estudio del Centro para la Diversidad Biológica respecto al vertido de aguas residuales en los acuíferos de California. Hubo un retraso de más de tres meses entre la cobertura inicial de los medios independientes de noticias a las revelaciones del Centro de Diversidad Biológica y la atención que le prestaron a este asunto las grandes corporaciones informativas. El diario Los Angeles Times publicó en mayo de 2015 un artículo de primera plana sobre los cultivos del Valle Central regados con aguas del yacimiento petrolero tratado confracking. Sin embargo, el informe de Los Angeles Timesno mencionó el hallazgo del Centro para la Diversidad Biológica respecto a la contaminación de aguas residuales por fracking.

En junio de 2015, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) publicó su estudio de los impactos del fracking en el suministro de agua potable. Aunque la evaluación de la EPA identificó "importantes vulnerabilidades en las fuentes de agua potable", concluyó que "las actividades de fracturación hidráulica no han conducido a impactos sistémicos generalizados en los recursos de agua potable". En respuesta, Food & Water Watch emitió un comunicado de prensa del Director Ejecutivo Wenonah Hunter, quien escribió: "Lamentablemente, el estudio de la EPA publicado hoy está muy por debajo del nivel de escrutinio y supervisión del gobierno necesarios para proteger la salud y seguridad de los millones de estadounidenses afectados por la perforación y fracturación hidráulica para obtener petróleo y gas". Tomando nota de que la industria del petróleo y gas se negó a cooperar con la EPA en un único "caso de estudio prospectivo" de los impactos del fracking, Hunter concluyó: "Esto revela la influencia indebida que tiene la industria sobre el gobierno y muestra que la industria tiene miedo a permitir el monitoreo cuidadoso de sus operaciones".

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacional de Proyecto Censurado

Fuentes:

Dan Bacher, “Massive Dumping of Wastewater into Aquifers Shows Big Oil’s Power in California,” IndyBay, October 11, 2014,http://www.indybay.org/newsitems/2014/10/11/18762739.php .

“California Aquifers Contaminated with Billions of Gallons of Fracking Wastewater,” Russia Today, October 11, 2014, http://rt.com/usa/194620-california-aquifers-fracking-contamination/ .

Donny Shaw, “CA Senators Voting NO on Fracking Moratorium Received 14x More from Oil & Gas Industry,” MapLight, June 3, 2014,http://maplight.org/content/ca-senators-voting-no-on-fracking-moratorium-received-14x-more-from-oil-and-gas-industry .

Dan Bacher, “Senators Opposing Fracking Moratorium Received 14x More Money from Big Oil,” IndyBay, June 7, 2014, http://www.indybay.org/newsitems/2014/06/07/18757051.php .

Estudiantes investigadores : Carolina de Mello (College of Marin) and Steven Feher (San Francisco State University)

Evaluadores académicos: Susan Rahman (College of Marin) and Kenn Burrows (San Francisco State University)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205085

II. Discutamos la idea: "frente a un problema o elección atendamos a los ninguneados e invisibilizados para decidir". Ejemplifiquemos con la explotación del litio que nos permite cuestionar a toda la megaminería y al desarrollo en conflicto con los derechos de la naturaleza, soporte de la vida en el país-continente y mundo.

YPF del litio: la minería “progresista”
25 de julio de 2015

Por Darío Aranda

Diputados impulsan un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, un mineral pretendido por empresas mineras y automotrices. Aunque la mayor parte del litio está sobre territorios indígenas, la propuesta legislativa no contempla los derechos básicos de los pueblos originarios. Tampoco hace hincapié en la leyes ambientales.

 “El oro del futuro”, publicitan empresas y gobiernos al referirse al litio, un mineral utilizado en las baterías de teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos. En el norte argentino ya se explota minería de litio, hermana menor de la megaminería metalífera (de oro, plata y cobre). Desde el kirchnerismo acaban de presentar un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, que lo intenta declarar “bien estratégico” y propone –con discurso progresista– procesarlo y que el Estado se apropie de esa renta. El proyecto no contempla ninguno de los derechos de los pueblos originarios (donde está buena parte de las reservas de litio) y no menciona ningún aspecto del derecho ambiental. “¿Qué dirían esos diputados si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”, reprochó Clemente Flores, kolla de las Salinas Grandes de Jujuy.

Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto tiene 74 artículos, declara las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establece de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propone la creación de la “YPF del litio” (llamada formalmente Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado).

“Nosotros no decimos ‘no a la minería’, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta, la semana pasada. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña. Y, desde la última década, ámbito alineado con el kirchnerismo.

El escrito es acompañado con la firma de los legisladores Carlos Raimundi, Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni, todos del oficialismo.

El articulo 20 crea la Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL), que dependerá del Ministerio de Planificación, tendrá como objeto regular y fiscalizar la exploración, explotación, industrialización y comercialización. La Comisión tendrá un directorio constituido por un presidente y siete miembros: uno a las provincias que tengan yacimientos de litio, uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con litio, uno del Ministerio de Ciencia, uno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), uno a la Secretaría de Ambiente de Nación, uno a la Secretaría de Minería y uno a las “comunidades originarias”.

En los fundamentos llama al litio como el “oro blanco” y “mineral del siglo XXI”, afirma que se ha duplicado su demanda a nivel mundial en menos de una década (desde comienzos de 2000) y señala que “las proyecciones coinciden en que el incremento en la demanda será sostenido y crecerá en forma exponencial”.

También detalla que el “80 por ciento del litio del planeta” está en el sur de Bolivia, y el norte de Chile y Argentina, área denominada como “el triángulo del litio” y asegura que “en el mundo minero y de las finanzas asociadas a los recursos extractivos se habla informalmente de la ‘Arabia Saudita del litio'”. El proyecto remarca de manera reiterada la importancia de que el Estado maneje el recurso, menciona la posibilidad de una “asociación estratégica” con Bolivia y Chile, y celebra que (los tres países) podrían “controlar en forma cuasi-monopólica la oferta mundial del litio”.

Más extractivismo

Las salinas (o salares) son las extensas planicies blancas del norte del país que suelen ser la foto buscada de los turistas y, al mismo tiempo, espacio de vida, trabajo y cultura de los pueblos originarios. El litio está contenido en esos territorios y ya es motivo de conflicto de corporaciones y comunidades indígenas.

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

“Le pone una pátina indígena pero por supuesto que muy alejado de respetar el derecho a la consulta. La presencia de un indígena en la Comisión de explotación es sólo para legitimar, aparte que es ex post, nunca antes de la explotación. Y el artículo 30 es de sólo participación y no consulta, y sólo en la evaluación de impacto ambiental y tampoco es vinculante. En fin, con una ley de ese tipo se está en graves problemas, no se cumplen los derechos indígenas”, afirmó Silvina Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas (AADI) y del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

La acción judicial de las 33 comunidades reclama que se respeten sus derechos. Llegó hasta la Corte Suprema pero fue remitida a tribunales provinciales. En la actualidad tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ambiente

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Rodrigo Solá, uno de los abogados de las comunidades, explicó que (durante la exploración) “perforaron el acuífero” y realizaron un doble mal: contaminaron el acuífero de donde obtienen agua para consumo humano, animales y cultivos. Y, al mismo tiempo, el agua dulce que ascendió hasta la superficie arruinó la sal de ese sector de la salina.

Tras cinco años de resistencia, en Salinas Grandes no hay minería de litio. Sí comenzó la explotación a 90 kilómetros, en Susques, donde el accionar conjunto del gobierno provincial y las empresas Orocobre (australia-estadounidense), Posco-Exar (consorcio coreano-canadiense) y Sales de Jujuy dividió a las comunidades indígenas.

El proyecto de ley de Heller y Junio señala que en la explotación de litio “sus impactos a la salud y a la integridad territorial-ambiental son mucho menores que cualquier otra alternativa energética” y destaca que “la preocupación por el impacto ambiental y a la población de la extracción del litio está ampliamente incluida en los artículos 18, 29 y 41”.

De la lectura de los artículos se desprenden generalidades:

-“Deberán adoptar las medidas necesarias para proteger el ambiente, los recursos naturales y culturales”.

-”El Fondo Nacional para la Valorización del Litio se destinará a la implementación de instrumentos para la prevención de los impactos ambientales”.

-Se incorpora “la inclusión de los organismos nacionales y provinciales que velan por la integridad ambiental”.

No menciona la Ley General del Ambiente (norma básica en la materia) ni el “principio precautorio” (cuando no haya certeza científica, deben tomarse medidas para proteger a la población y el ambiente), derecho reclamado por organizaciones sociales, asambleas socioambientales y pueblos indígenas.

Clemente Flores, kolla de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (que reúne a las 33 comunidades afectadas) no cree en espejitos de colores: “Dicen que no van a contaminar pero ya afectaron el acuífero y las salinas. No nos contó nadie, lo vimos nosotros mismos en el territorio”. Y deja un mensaje para los legisladores: “Antes de escribir leyes debieran leer la Constitución Nacional y los convenios internacionales. Ahí verán que tenemos derechos y que ellos también deben respetarlos”.

Publicado el 25 de julio en  http://www.comambiental.com.ar/2015/07/ypf-del-litio-la-mineria-progresista.html