Los daños por los que la petrolera
estadounidense Chevron
no ha indemnizado a sus víctimas en Ecuador
9 de junio de 2015
Por Orlan Cazorla y Miriam
Gartor (eldiario.es)
Cuando Servio Curipoma construyó su casa en una pequeña finca de
la Amazonía ecuatoriana, desconocía que bajo el suelo se escondía una piscina
de petróleo. Era una de las cerca de mil piscinas que la compañía Texaco
abrió para arrojar los desechos de su actividad petrolera, y que después ocultó
cubriéndola de tierra. Veinte años transcurrieron hasta que, en el año 2008,
Servio y su familia fueron reubicados en una nueva casa, a unos 20 metros de distancia.
Para entonces sus padres ya habían fallecido de cáncer.
La parroquia rural de San Carlos, ubicada en la provincia amazónica de Orellana, se encuentra dentro del campo Sacha, uno de los más grandes campos petroleros de Ecuador descubierto en 1969 por la trasnacional estadounidense Texaco, adquirida en 2001 por Chevron. En el pozo Sacha 56 todavía se observa la infraestructura del pozo y los cimientos de la casa quela familia Curipoma
dejó abandonada. Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía,
remueve la tierra donde Servio cultivaba sus plátanos. "Aquí, por ejemplo,
metes un palo y sale agua y petróleo. Es petróleo y está tapado. Realmente no
se sabe qué diámetro tendrá pero siempre hacían piscinas grandes, de hasta tres
metros de profundidad y 30
metros de diámetro".
Texaco operó entre 1964 y 1990 en la Amazonía noroccidental ecuatoriana. Cada vez que perforaba un pozo, lo hacía siguiendo la misma técnica. Alrededor de la plataforma abría grandes fosas –piscinas– directamente en el suelo donde arrojaba el petróleo de prueba, los lodos de perforación y las aguas de formación. Sin ningún tipo de impermeabilización ni consideración ambiental. En aquella época estas prácticas eran ya consideradas obsoletas e incluso estaban prohibidas en algunos países como EEUU. Muchas de estas fosas fueron posteriormente cubiertas con tierra y ocultadas por la propia empresa, que nunca determinó el número exacto de piscinas construidas. Durante el juicio que los 30.000 afectados interpusieron contra Chevron-Texaco, los demandantes descubrieron 996. Cuatro décadas después, estas piscinas continúan filtrando sustancias tóxicas en el subsuelo y contaminando las aguas subterráneas.
A unos metros de distancia vive Carmen Morocho junto a su familia. Su casa fue construida sobre un derrame de petróleo que se produjo hace 40 años. "Estamos viviendo sobre el derrame. Todo está y estamos contaminados. Hasta en la casa hay una plancha de crudo seco. Lo hemos tapado pero…". Se detiene pensativa, como queriendo encontrar un final a la frase. "Así le damos a la vida", suspira. Casi con la misma resignación nos cuenta que la tierra no se puede cultivar porque no produce nada. "No hemos salido de aquí porque es duro para nosotros construir una casita".
Más de 20 años de lucha
La parroquia rural de San Carlos, ubicada en la provincia amazónica de Orellana, se encuentra dentro del campo Sacha, uno de los más grandes campos petroleros de Ecuador descubierto en 1969 por la trasnacional estadounidense Texaco, adquirida en 2001 por Chevron. En el pozo Sacha 56 todavía se observa la infraestructura del pozo y los cimientos de la casa que
Texaco operó entre 1964 y 1990 en la Amazonía noroccidental ecuatoriana. Cada vez que perforaba un pozo, lo hacía siguiendo la misma técnica. Alrededor de la plataforma abría grandes fosas –piscinas– directamente en el suelo donde arrojaba el petróleo de prueba, los lodos de perforación y las aguas de formación. Sin ningún tipo de impermeabilización ni consideración ambiental. En aquella época estas prácticas eran ya consideradas obsoletas e incluso estaban prohibidas en algunos países como EEUU. Muchas de estas fosas fueron posteriormente cubiertas con tierra y ocultadas por la propia empresa, que nunca determinó el número exacto de piscinas construidas. Durante el juicio que los 30.000 afectados interpusieron contra Chevron-Texaco, los demandantes descubrieron 996. Cuatro décadas después, estas piscinas continúan filtrando sustancias tóxicas en el subsuelo y contaminando las aguas subterráneas.
A unos metros de distancia vive Carmen Morocho junto a su familia. Su casa fue construida sobre un derrame de petróleo que se produjo hace 40 años. "Estamos viviendo sobre el derrame. Todo está y estamos contaminados. Hasta en la casa hay una plancha de crudo seco. Lo hemos tapado pero…". Se detiene pensativa, como queriendo encontrar un final a la frase. "Así le damos a la vida", suspira. Casi con la misma resignación nos cuenta que la tierra no se puede cultivar porque no produce nada. "No hemos salido de aquí porque es duro para nosotros construir una casita".
Más de 20 años de lucha
Abandonamos Sacha para dirigirnos al campo
Shushufindi, en la vecina provincia de Sucumbíos. Durante el camino, el
trasiego de camiones de carga pesada vinculados a la actividad petrolera y los
innumerables carteles con la advertencia de " peligro ", rompen con
la aparente tranquilidad del paisaje. La continua presencia del Sistema de Oleoductos
Transecuatoriano (SOTE), un entramado de oxidadas tuberías que recorre los 503 km que separan la selva
amazónica de la costa en el Pacífico, nos recuerda que estamos en la zona
petrolera por excelencia de Ecuador. Un gran letrero del Gobierno ecuatoriano
lo confirma: " ¡El petróleo impulsa el Buen Vivir de tu comunidad!".
Durante el trayecto, Ermel nos relata el
proceso de resistencia de las comunidades. El 3 de noviembre de 1993 un grupo
de indígenas y colonos campesinos afectados por los impactos de Texaco interpusieron
ante una corte en Nueva York una demanda colectiva en representación de las
30.000 personas afectadas. Unos meses después, el 15 de mayo de 1994, se
constituyó el Frente de Defensa de la Amazonía para dar seguimiento a la
demanda, y ofrecer acompañamiento y asesoramiento a las comunidades que seguían
en conflicto petrolero. Posteriormente, la organización se amplió con la
creación de la Asamblea de Afectados por Texaco. Comenzaba así un largo proceso
de lucha que dura ya más de veinte años, y que ha logrado unir a cinco
nacionalidades indígenas y a colonos campesinos frente a una causa común:
exigir justicia y reparación socioambiental.
El 14 de febrero de 2011, tras el traslado del
juicio a Ecuador a petición de Chevron, la justicia ecuatoriana condenó a la
empresa a pagar 9.500 millones de dólares y a expresar disculpas públicas por
los daños causados. En caso de no hacerlo, la indemnización aumentaría a 19.000
millones. El fallo fue ratificado en dos ocasiones: en enero de 2012 y en
noviembre de 2013. Finalm ente, la sentencia condenatoria fue fijada en 9.500
millones de dólares dirigida a realizar la remediación social y ambiental, a
pesar de que la empresa nunca pidió disculpas. Se trata de la indemnización más
grande de la historia dictaminada por un conflicto ambiental, que Chevron se
niega a aceptar. "El juicio está ganado. Chevron ha sido condenado. Ahora
el problema es cobrar", subraya Ermel.
Dado que la empresa no posee activos en
Ecuador, la única posibilidad es tramitar el cobro de la sentencia a través de
la incautación de bienes en otros países. En noviembre de 2012 Argentina
decretó el embargo de todos los bienes de Chevron en el país, en lo que parecía
ser el comienzo de la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el millonario acuerdo
firmado entre la
renacionalizada YPF y la petrolera estadounidense para
iniciar la explotación de hidrocarburos no convencionales en la Patagonia
argentina, ha truncado esa posibilidad. Actualmente las expectativas están
puestas en Brasil y Canadá.
No será sencillo. En marzo de 2014, un juez de
Nueva York dictaminó que la sentencia condenatoria contra la petrolera Chevron
fue dictada de manera "fraudulenta". La resolución no anula el fallo
de la justicia ecuatoriana pero favorece que los tribunales de otros países no
lleven a efecto su sanción.
El pasado 24 de octubre los afectados
interpusieron una demanda ante la Corte Penal Internacional
de La Haya contra el gerente general de Chevron, John Watson, y otros altos
directivos de la petrolera estadounidense para que sean juzgados por delitos de
lesa humanidad.
Reconocer el daño causado
Julia González es vecina de Shushufindi desde
los años en que Texaco operaba en la zona. Recuerda con tristeza que frente a la casa
familiar perforaron un pozo y nunca fueron informados sobre los peligros que
conllevaba. Sin ningún cuidado, la empresa derramaba los desechos a las fuentes
hídricas contaminando las vertientes de donde Julia y su familia recogían el
agua para su consumo diario. "El agua era amarillenta y de ahí lavábamos,
nos bañábamos y tomábamos. Nunca nos dijeron que ese agua no se podía
utilizar". Un estudio publicado por el Instituto Hegoa-UPV/EHU concluyó
que la ausencia de información sobre los efectos nocivos de la actividad
petrolera fue una práctica generalizada. Además, reveló que en numerosas
ocasiones el personal de Texaco indicaba a las poblaciones que "tanto el
petróleo como las aguas de formación tenían efectos positivos para los cultivos
o incluso para la piel o la salud".
"Con el tiempo nos afectó a mí y a mi
familia", continúa Julia. Con el transcurso de los años comenzaron a
padecer infecciones y enfermedades. Todos los familiares de Julia fallecieron
de cáncer. En las zonas expuestas a la contaminación petrolera como Sucumbíos y
Orellana el cáncer es la principal causa de muerte, cuya incidencia es tres
veces superior a la media nacional.
Los problemas de salud para las poblaciones
afectadas todavía persisten. "Cada uno de nosotros todavía lo palpamos en
nuestro cuerpo, en nuestro vivir diario, con nuestros problemas de salud".
Consciente de que la remediación socioambiental se antoja complicada, Julia
reclama que la empresa admita los daños causados. "Todos queremos que esto
termine, pero que reconozcan la contaminación y el daño hecho a la población. Reconocer
para que esto termine ya. Ese es mi pedido".
Una solución urgente
El pozo Shushufindi 61 todavía continúa en
funcionamiento desde que en la década de los setenta Texaco lo perforara por
primera vez. En la actualidad es la empresa pública Petroamazonas la que
realiza los trabajos de extracción. Ermel nos conduce a través de una vereda
hacia una piscina que en esta ocasión no está cubierta de tierra. Un lago negro
de petróleo se atisba entre la vegetación. Con la ayuda de una larga rama intenta
averiguar su profundidad. Son tres metros aproximadamente. "El problema es
que el petróleo migra por el subsuelo hacia las fuentes hídricas. Esta piscina
tendrá cerca de 40 años y el petróleo continúa migrando a través del
tiempo", asegura.
Durante el proceso judicial se tomaron 85.000
muestras de agua y de suelo de diferentes campos. Todas reportaron altos
niveles de contaminación. Un estudio de la cadena alimenticia demostró que la
grasa de los peces de la zona contiene hidrocarburos. "Podemos deducir que
el plátano, el cacao, el ganado y hasta los alimentos están contaminados. El
daño es incalculable", continúa Ermel, que considera que hay ciertas
cuestiones que no se podrán remediar. "¿Cómo se pueden reparar dos pueblos
indígenas que han desaparecido? ¿Y los territorios de los pueblos originarios?
¿Y las vidas de las personas fallecidas?". Estos son algunos de los
interrogantes a los que trata de encontrar respuestas sin éxito.
"Chevron es una prófuga de la justicia"
El último tramo del recorrido nos conduce al
pozo Aguarico 4, sin duda el caso más emblemático. Durante el juicio, el
abogado de la trasnacional alegó que la responsabilidad de la contaminación
podría ser de las empresas que han continuado con las operaciones de los pozos
después de la salida de Texaco. Sin embargo, este fue operado exclusivamente
por la petrolera estadounidense.
Caminando a través de un bosque primario
llegamos a una nueva piscina abierta. Un manto viscoso de petróleo cubre toda la superficie. Ermel
introduce la mano y el guante blanco que lleva puesto queda completamente
cubierto de crudo. Un intenso olor a petróleo inunda el ambiente. En uno de los
extremos de la piscina todavía se encuentra visible una tubería dirigida a un
arroyo que corre ladera abajo. Este sistema, llamado cuello de ganso, era
utilizado por Texaco para arrojar directamente las aguas de formación y los
lodos contaminados hacia los esteros y los ríos. Las aguas del arroyo, que en
algún tiempo fueron cristalinas, arrastran hoy corriente abajo una densa mancha
aceitosa.
Ermel nos ha mostrado a lo largo del camino
las heridas todavía visibles que la petrolera estadounidense dejó a su paso por
Ecuador. Lo que no comprende es que otros países establezcan acuerdos con una
empresa que no quiere admitir su responsabilidad. "Chevron es una prófuga
de la justicia. La
compañía ha sido condenada tres veces por las leyes ecuatorianas y aún sigue
utilizando sus mañas para evadir la justicia. Cuando vamos a Europa siempre decimos
que los países no pueden hacer negocios con una compañía que es criminal",
sentencia. "¿Que hasta cuándo vamos a seguir luchando? Hasta que paguen y
remedien los daños".
63.000 millones de litros de aguas tóxicas
arrojadas a los ríos, 680.000 barriles de crudo derramados, 30.000 personas
afectadas, dos pueblos indígenas desaparecidos y un millón de hectáreas de
bosque deforestado. Este es el crudo legado que, tras 26 años de explotación,
ha dejado Chevron-Texaco en Ecuador.
Orlan Cazorla (@orlancazorla) es periodista
freelance en América Latina. Autor de www.orlancazorla.net
Miriam Gartor (@mirgartor) es educadora
popular, ecologista y feminista. Consultora e investigadora independiente.
Autora dewww.miriamgartor.com
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199789
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