Argentina:
Semillas, corporaciones y un proyecto cuestionado
9 de junio de 2015
Por Darío Aranda
El Gobierno enviará al
Congreso un texto de nueva ley de semillas. Monsanto, los transgénicos, el
modelo agropecuario y la advertencia de campesinos y organizaciones sociales.
El Gobierno anunció
hace quince días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para
regular el cobro de regalías de la empresa Monsanto. Medida
consensuada con la Asociación de Semilleros de Argentinas (ASA), que nuclea a
las grandes empresas del sector. Pero esta semana explicó que no habrá decreto
y, en base al mismo texto, se redactó un proyecto de ley que será enviado al
Congreso Nacional. Desde 2012, el Gobierno intenta aprobar una nueva
legislación de semillas, muy resistida por organizaciones sociales, campesinas
y académicas. “Es un acto más del Gobierno hecho a la medida de las grandes
corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y
alimentaria de Argentina”, denunciaron una veintena de organizaciones sociales,
campesinas y cátedras universitarias.
Monsanto
La Presidenta viajó a
Estados Unidos en junio de 2012
a una reunión del Consejo de las Américas, donde se
reúne el establishment económico de ese país. Anunció en transmisión en directo
la instalación de la mayor planta de maíz transgénico de Monsanto en Malvinas
Argentinas (Córdoba). “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba
una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy
contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de
eventos biotecnológicos”.
Como parte de la misma
política, dos meses después, el Ministerio de Agricultura aprobó una nueva soja
transgénica de la
empresa. Anunciada como una “nueva generación”, llamada “RR2
Intacta”, que es resistente al herbicida glifosato y también sería resistente a
insectos.
El 21 de agosto de
2012, la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita
del vicepresidente de Monsanto, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que
ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hacía propia la publicidad de
Monsanto y resaltaba las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva
tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio
ambiente”. El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, celebró: “Es un día muy
especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja. La
biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
El Estado no hizo
estudios propios para certificar la bondades de la nueva semilla y los
expedientes de aprobación son confidenciales.
En paralelo, Monsanto
comenzó a firmar contratos con productores para que éstos acepten el pago de
“regalías extendidas” por la “tecnología” que llevaría la nueva semilla. Hecho
no contemplado por la actual ley de semillas. Implica el pago, luego de la
cosecha, de doce dólares por tonelada de soja.
El Gobierno dejó
hacer.
El marzo de 2015, las
cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA
y Coninagro) emitieron un comunicado en repudio a la actitud de la
multinacional. “La
empresa Monsanto pretende incluir unilateralmente una
cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva en los contratos de compra-venta de
soja, por la cual los compradores (acopiadores, exportadores, industrias
transformadoras) podrían retener un importe en concepto de regalías, alterando
reglas, usos y costumbres del comercio de granos”, denuncia el escrito de las
entidades rurales más cercanas al agronegocios.
Aclaran que están de
acuerdo en el pago de “la tecnología y las mejoras genéticas”, pero consideran
que el sistema impulsado por Monsanto es “inaceptable”, violatorio de la Ley de
Semillas (20.247) y lo define como “inconsulto, engorroso, inaplicable,
incontrolable y podría avanzar sobre los derechos de los productores”.
Ley-Decreto-Ley
En 2012 el Gobierno
intentó avanzar con una nueva ley de semillas. Mantuvo reuniones con la poderosa ASA
(Asociación Semilleros Argentinos), referentes de la Mesa de Enlace y sectores
del agronegocios como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa).
Nunca se convocó a los movimientos campesinos, organizaciones sociales ni a
sectores de la academia críticos al avance empresario sobre el agro.
Federación Agraria
filtró uno de los borrador de proyecto de ley y arreciaron las críticas de
sectores campesinos y organizaciones sociales. Se la bautizó “ley Monsanto).
Incluso desde sectores del mismo Gobierno (el Movimiento Evita) actuaron para
frenar el proyecto.
No hubo nueva ley.
El 19 de mayo pasado,
en un acto público y con gacetillas oficiales, el Jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, informaron que a
la brevedad se firmaría un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que
contemplaba el pago de la “tecnología” al momento de comprar la semilla y no
post-cosecha (como estipulaba Monsanto en los contratos con productores).
También creaba un fondo económico para fomentar la biotecnología “nacional” y
un registro para que los pequeños productores puedan continuar con el “uso
propio” (utilizar las semillas obtenidas de la cosecha, una práctica tan
antigua como la agricultura).
Carlos Casamiquela destacó
“el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores”, al resaltar que
“la modernización del sistema de pago”.
Los medios cercanos al Gobierno lo presentaron como una
acción para frenar a Monsanto y silenciaron las críticas campesinas. Los diarios
que publicitan el agronegocios fueron en la misma línea, pero destacaron que
ASA (donde están las grandes semilleras) había dado el visto bueno y que, en
definitiva, Monsanto cobraría por su tecnología. La multinacional explicitó su
acuerdo con los dichos del Jefe de Gabinete respecto a la promoción de la
biotecnología y al reconocimiento de la “propiedad intelectual” de las
semillas. Pero adelantó que seguirá adelante con los contratos con productores
y el pago de regalías extendidas.
El 23 de mayo, en
Clarín Rural (uno de los espacios insignia del agronegocios), el jefe del
suplemento, Héctor Huergo, argumentó que la industria semillera “sufre un grave
deterioro” por el “uso propio” (utilización de las semillas obtenidas de la
cosecha) y afirmó que “Monsanto se inmoló” al introducir su nueva soja (“RR2
Intacta”). Huergo, un gran lobista de las empresas, celebró el anuncio del
Gobierno porque “reivindica la importancia del reconocimiento de la propiedad
intelectual”. Pero redobló la apuesta: “La pregunta que conviene hacerse es
que, tratándose de algo tan trascendente, por qué intentar resolverlo con un
DNU en lugar de enviar al Congreso un proyecto de ley”.
El mismo día, pero
desde La Nación Campo ,
el editorialista Cristian Mira fue el mismo sentido: “El conflicto revela la
debilidad estructural que tiene el país por no elaborar una ley de semillas que
reemplace a una norma que tiene más de 40 años y demostró su caducidad ante la
transformación tecnológica. La industria de semillas, para continuar con las
inversiones en mejora genética y eventos biotecnológicos, insiste en que
necesita un reconocimiento a la propiedad intelectual de sus materiales. Éste
es el consenso entre empresas nacionales y las multinacionales”.
El 4 de junio, Aníbal
Fernández señaló que no se firmará ningún decreto. Sino que se optó por un
proyecto de ley. Un día después, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado,
confirmó en el programa de cable Bichos de Campo que se enviará un proyecto al
Congreso. Explicó que tendrá el mismo contenido que contemplaba el Decreto de
Necesidad y Urgencia, y resaltó que fue “consensuado con todos los actores del
sector”.
Delgado, el
funcionario de Agricultura más cercano a las empresas transgénicas, remarcó que
“las más altas autoridades políticas” determinaron que, con el mismo mismo
texto del decreto, se opte por un proyecto de ley. Y señaló que este mes será
enviado al Congreso Nacional.
Otro campo
Una veintena de
organizaciones nucleadas en la
“Campaña contra la Nueva Ley Monsanto
de Semillas” emitieron un comunicado. “No se atrevan a tocar nuestras
semillas”, es el título y denuncia que el DNU-Proyecto de Ley es “un acto más
del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la
situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”.
Entre las
organizaciones firmantes figuran la Red Nacional de Acción Ecologista, Asociación
Campesina del Valle de Conlara (San Luis), Amigos de la Tierra, Abogados
Ambientalistas, GRAIN, Frente Popular Darío Santillán, y las Cátedras de
Soberanía Alimentaria de la Universidad del Comahue y de Luján. Puntualizan que
la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de
una política que busca la “apropiación de los bienes comunes de la naturaleza”
y cuestionan que un derecho básico (el uso de semillas de la cosecha anterior)
se intente legislar como si fuera un privilegio de unos pocos.
“Estos ‘eventos
biotecnológicos’ sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad
son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de
agricultura”, denuncian y desmienten que, para el DNU o el proyecto de ley,
haya habido “consenso” (como argumentó el Gobierno): “Es solo el consenso del
agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”.
Exigen la apertura de
un debate amplio y público, en el que se privilegien los intereses de la
población por sobre el de las corporaciones, rechazan los derechos de propiedad
intelectual sobre las semillas, y proponen el fomento de semillas nativas y criollas
como base de la soberanía alimentaria.
También sentaron
postura, en comunicados por separado, el Movimiento Nacional Campesino Indígena
(MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Unión de Trabajadores de
la Tierra (UTT). “La disputa es función social o su subordinación al capital
financiero transnacional”, tituló el MNCI. Cuestionó que no se debata sobre la
naturaleza y la función de las semillas, alertó que “subordinar la agricultura
a la tecnología de las corporaciones no es sólo grave para los sectores
populares, sino que condiciona a todos los actores de la producción
agropecuaria” y denunció que “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar
la propiedad intelectual sobre semillas es retroceder en soberanía”.
Reivindicó que el uso
propio de semillas es un “derecho inalienable” para los campesinos, indígenas y
agricultores familiares; y para ejercerlo “no necesitamos estar en ningún tipo
de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa”.
La Unión de
Trabajadores de la Tierra (UTT, en el Frente Popular Darío Santillán) rechazó
la posibilidad de un decreto o ley a medida de Monsanto y recordó que el
Gobierno dejó sin presupuesto a la agricultura familiar (a fines de 2014 había
comprometido 1500 millones anuales pero no fueron asignados). “El Agronegocio
puede convivir con algunos subsidios y acciones simbólicas hacia la agricultura
familiar y campesina. Pero nosotros discutimos y proponemos un modelo distinto
de producción agropecuaria, tecnología, producción y transmisión de
conocimiento, utilización y relación con los bienes naturales, trabajo rural,
comercialización, distribución y consumo. Un modelo de soberanía popular”.
José Luis Livolti, del
Movimiento Campesino Liberación, afirmó que el DNU o el proyecto de ley son la
forma de reconocer la propiedad intelectual de grandes empresas sobre las
semillas. “Monsanto está agradecida”, denunció. Y exigió una convocatoria
amplia, “un debate nacional con todos los actores” sobre dos temas: una ley que
proteja las semillas originarias y criollas, y una “nueva institucionalidad”
que ponga en manos del Estado la comercialización externa de granos y carnes,
pilar de un modelo agropecuario base a la agricultura familiar y la soberanía
alimentaria.
El modelo
La soja abarcaba seis
millones de hectáreas en 1996, cuando Felipe Solá (secretario de Agricultura de
Carlos Menem) autorizó la primera soja transgénica de Argentina, de la empresa Monsanto ,
con uso de glifosato. En 2003 ya había 12 millones de hectáreas con el cultivo.
En la actualidad llega hasta las 22 millones de hectáreas, el 60 por ciento de
la tierra cultivada del país tiene un solo cultivo: soja transgénica.
El Plan Estratégico
Agroalimentario (PEA), impulsado por el Gobierno, fue presentado en 2011 por la Presidenta. Propone
aumentar un 60 por ciento la producción granaria (entre otros cultivos, soja y
maíz transgénicos), llegar a 2020 con 160 millones de toneladas de granos. Lo
que implica, según el mismo PEA, incluir al modelo de agronegocios 11 millones
de hectáreas (que hoy están en manos de campesinos e indígenas).
Desde 1996, la Comisión Nacional
de Biotecnología (Conabia) aprobó 31 eventos transgénicos (maíz, soja y
algodón). El 77 por ciento de ellos (24) tuvieron luz verde durante el
kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas
transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences
(cuatro), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunas casos, las
semillas aprobadas son compartidas por dos compañías.
El último transgénico
aprobado fue la soja de la multinacional Dow
Agrosciences. No sólo le permite el uso de glifosato, sino
también de los muy cuestionados agroquímicos 2-4D y glufosinato de amonio.
El Gobierno anunció la
nueva soja transgénica el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina.
La Vaca Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_Semillas_corporaciones_y_un_proyecto_cuestionado
No hay comentarios:
Publicar un comentario