Señalemos: "Por la catástrofe mencionada son responsables empresarios, funcionarios y el gobierno de la Provincia del Chaco, motivo por el cual todxs deben ser juzgados, procesados y condenados, tal como se procede con lxs personas, gobiernos y empresas que violan lxs derechos humanos en el Chaco, la Argentina y el mundo".

Resistencia, Chaco

18/3/2020

 Somos Monte Chaco

Comunicado de Prensa

 

El Estado Provincial ha suspendido todas las actividades por la pandemia de público conocimiento dejando, en algunos casos, sólo guardias de emergencia. Pero hay un aspecto que se olvidó de suspender: los desmontes y los comunicados de prensa de lxs funcionarixs, con el visto bueno del Gobernador Capitanich. Comunicados tendientes a confundir y quitarse de encima la grave responsabilidad civil y penal, que les compete por la destrucción del Monte Chaqueño y su biodiversidad, sus catastróficas consecuencias ambientales y sociales: inundaciones, sequías, calentamiento global, destrucción de la biodiversidad, robo de la tierra a los centenarios ocupantes, quita de modos de supervivencia a los pobladores originarios y criollos, desnutrición y explotación laboral de niñxs y adultxs, trabajo esclavo, entre otros males que acarrea el modo de producción extractivista. 

En un reciente comunicado de prensa,se hace referencia a la multa de $17 millones por haber desmontado sin autorización en zona amarilla en el año 2012, judicializada por el empresario (forestal, ganadero y gasolinero) Juan Francisco Paganini, dueño del establecimeinto Shakinah, distante 35 km de la localidad de Fuerte Esperanza. En este comunicado Luciano Olivares, el Subsecretario de Desarrollo Forestal de la Provincia, hace responsable de daño ambiental a este empresario, intentando que esta multa sea ejemplificadora. Todo en línea con el pensamiento de Capitanich. Sin embargo, el mismo funcionario, en 2018 autorizó permisos de desmonte, en zona amarilla en 53 predios. 

El Defensor del Pueblo del Chaco presentó una Acción de Amparo para que se anulen esos permisos, con medida cautelar para que se suspendan, hasta tanto se dicte sentencia en el Amparo. El Juez Juan Benito Flores del Juzgado Civil y Comercial N°. 21, que lleva el expediente, dictó medida cautelar de suspensión de esos 53  permisos. Los funcionarios, con anuencia de Ingeniero Domingo Peppo (gobernador en ese momento) apelaron esta decisión judicial poniéndose a la cabeza en la defensa de los permisos de desmonte ilegal en zona amarilla. Actualmente los funcionarios del Gobierno de la provincia del Chaco se mantienen en esa misma posición política. Entonces si aquel empresario, de los $17 millones de multa, es responsable de la destrucción del monte y sus consecuencias, también lo son lxs funcionarixs y el Gobernador. Ellxs son lxs que tienen que cuidar los intereses ambientales del pueblo y de la humanidad. Por el contrario, toman decisiones políticas y las ejecutan contrariamente a la Ley.

Estxs funcionarixs y el Gobernador están incumpliendo con la Ley 26.331, porque siguen permitiendo desmontes con permisos anteriores y siguen teniendo en proceso permisos para desmonte. Todo esto ocurre sin la actualización del OTBN, como ordena la Ley, es decir todo ilegal. Por la catástrofe mencionada son responsables empresarios, funcionarios y el gobierno de la Provincia del Chaco, motivo por el cual todxs deben ser juzgados, procesados y condenados, tal como se procede con lxs personas, gobiernos y empresas que violan lxs derechos humanos en el Chaco, la Argentina y el mundo.

 

BASTA DE DESMONTES!