¿Buenas Prácticas Agrícolas para todos y todas?
Durante
años, las corporaciones sostuvieron la inocuidad de los agrotóxicos para la
salud y el ambiente. Con esa mentira hecha añicos, las empresas sacaron de
la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas agrícolas”. Con ellas,
un modelo que contamina y enferma se lava la cara y consolida su hegemonía
transformado en política pública. Pero esta política marco debe bajar a cada
territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.
Hasta no
hace mucho palabras como “agrotóxicos” no figuraban en el vocabulario de la
enorme mayoría de la población de las grande ciudades o incluso en los pueblos
de las zonas agrícolas del interior de la Argentina. Fue a
partir de las denuncias y la lucha de pequeños grupos de vecinos aquí y allá
que consiguieron instalarlas en boca de todos, vinculando el uso masivo de
estos venenos en la producción agroindustrial y la explosión de determinadas
enfermedades: cáncer, tiroidismos , asmas y problemas respiratorios,
nacimientos con malformaciones y pérdida de embarazos, entre otros.
Según la
reconstrucción de Naturaleza de Derechos (porque no hay datos oficiales), hoy
en nuestro país se liberan al ambiente cerca de 500
millones de litros de agrotóxicos por año. Glifosato, Atrazina,
2,4-d, Cipermetrina, Paraquat, Glufosinato de amonio, Clorpirifos… son cientos
de principios activos en miles de formulados comerciales; muchos de los cuales
están prohibidos en otros países y han sido clasificados como altamente
peligrosos. Moléculas que el SENASA aprueba para su venta con criterios
fuertemente cuestionados, y sobre cuyo comportamiento en el ambiente una vez
liberadas o sus sinergias con otras moléculas, sabemos muy poco o absolutamente
nada.
Los agrotóxicos
están en la base de la agroindustria transgénica y durante años las
corporaciones que desarrollaron y alentaron este “paquete tecnológico”
sostuvieron su inocuidad para la salud y el ambiente.
Mientras
aquí se comparaba al glifosato, el herbicida de mayor uso en nuestro país, con
“agua con sal” o se decía que eran “tan cancerígeno como el mate” el IARC-OMS
determinó que era “probablemente cancerígeno para humanos, cancerígeno en
animales y genotóxico”. Los llamados Monsanto Papers vienen a demostrar que las empresas
siempre supieron sobre su toxicidad y el peligro que acarreaba su liberación
para las poblaciones expuestas, y hoy enfrentan juicios multimillonarios por
los daños a la salud de decenas de miles de personas en las potencias globales,
entre un universo que abarca a millones en todo el mundo.
Con la mentira de la inocuidad hecha añicos,
las empresas sacaron de la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas
agrícolas” (BPAs), buscando desembarazarse de responsabilidades y
endilgándoselas a los productores. Con este nuevo mantra del marketing corporativo
desataron una nueva ofensiva para deslegitimar la voz de las comunidades
afectadas y desarmar las regulaciones y restricciones al uso de agrotóxicos.
Al mismo
tiempo montaron una plataforma desde la que influir en las políticas públicas: la Red BPA.
El hito más
importante de este derrotero en nuestro país es el Informe
Interministerialpresentado en julio de 2018 por los ministros
de Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología, y Ambiente, que construye una
serie de recomendaciones para el desarrollo de políticas y legislaciones basado
en esta criatura de marketing empresarial, cuyos referentes ya habían
colonizado los organigramas estatales.
Con el
discurso de las llamadas BPAs, un modelo que contamina y enferma se lava la
cara, profundiza su inserción territorial y consolida su hegemonía transformado
en palabra oficial y política pública. Pero esta política marco debe bajar a
cada territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.
La “Resolución del Veneno” en Buenos
Aires
El 17 de
octubre del 2018 el Ministro de Agroindustria de Buenos Aires (ex? Monsanto)
Leonardo Sarquís, firmó la
resolución N ° 246-MAGP-18 que establece pautas de aplicación
de agrotóxicos según los criterios de las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”
(BPAs). La misma fue publicada en diciembre y debía entrar en vigor el primero
de enero de este año.
La misma
fue bautizada inmediatamente como la “Resolución del Veneno”, y se basaba en el
informe interministerial de julio de 2018.
Habilitaba la aplicación de plaguicidas en lo
que denomina como “zona de amortiguamiento”, que en las normativas locales
corresponde a “zonas de exclusión”, o sea donde no pueden utilizarse estos
venenos: “Lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de
población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo,
establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales“.
Permitía
fumigar al lado de las escuelas rurales “fuera del horario escolar”, como si
con esa restricción alcanzara para que los niños y niñas que jueguen en esas
hamacas rociadas estuviesen a salvo. Médicos de Pueblos Fumigados declaró: “Sin
duda ser víctima de la deriva primaria (la nube de plaguicidas que se disemina
apenas es liberada por el fumigador) es muy grave y desagradable, pero fumigar
con la escuela cerrada no impide que el ambiente escolar quede contaminado con
esos agrotóxicos que sostendrán la exposición de alumnos y maestros cuando
éstos regresen a la misma.
Las escuelas deben ser lugares seguros para contener a los
niños”, en sintonía con los pronunciamientos de la Red Federal de
Docentes por la Vida.
La presión de las organizaciones socio
ambientales y de la opinión pública no se hizo esperar, y obligó a
Agroindustria a retroceder: en febrero, a través de la Resolución N ° 76-CGP-19,
se suspendió la Resolución 246 por un año. Oportunamente festejamos este paso
atrás, pero llamamos a mantenemos alertas, ya que la resolución 76/19 solo deja
a la 246 en stand by, y crea un equipo técnico para elaborar un “protocolo de
aplicación en la zona de amortiguamiento” en el marco de las BPAs. Como los
mosquitos fumigadores que se esconden en el monte de la policía rural (cuando
aparece) esperando para seguir fumigando, Agroindustria se agazapaba para
volver.
A la
Resolución 246 los municipios debían adherir voluntariamente. De hecho, de la
presentación que se realizó con pompa en el Parque Pereyra Iraola participaron
una buena cantidad de intendentes que ahora buscan la reelección. Muchos
adhirieron aún cuando en sus municipios rigen ordenanzas que establecen zonas
de exclusión.
Santa Fé
En esta
provincia se encuentra el complejo industrial de procesamiento de soja y maíz
más grande del mundo, y de sus puertos sale la gran mayoría de la producción
agroindustrial que se exporta.
En ese
marco, la
Gobernación Provincial , y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional
del Litoral (UNL) participan de la
“Red BPA ”. En Noviembre de 2018, el ministerio de la
producción provincial lanzó un programa de BPAs para dar cumplimiento a dos
leyes: la ley provincial “de fitosanitarios” (11.273) y de “uso y conservación
de suelos” (10.552). Mediante este programa designaron coordinadores para el
sur, centro y norte de la provincia, y una red de asesores por cada
departamento para relevar problemáticas locales y difundir este discurso en las
comunas.
Las
escuelas entrerrianas
En la
provincia continúa la batalla legal y política en torno a la distancia de
protección a las escuelas rurales. Después de los fallos del Superior Tribunal
de Justicia Provincial, que establece distancias de 1.000 y 3.000 metros para
fumigaciones terrestres y aéreas respectivamente, el Ejecutivo provincial a
cargo del reelecto Gustavo Bordet,
emitió sendos decretos recortándolas significativamente.
Con el argumento de que esta protección dejaba “sin posibilidades
de producir” cerca de 300.000
hectáreas , las organizaciones de la Mesa de Enlace
Provincial se movilizaron y amenazaron con cortar rutas. Los decretos contra
De los fallos impugnatorios de los decretos
del ejecutivo se desprende con claridad que el discurso de las BPAs esgrimido
por el agronegocio no pudo sostenerse frente a las evidencias presentadas por
las organizaciones agrupadas en la Campaña ¡Basta es Basta!
La frutilla cordobesa
El 17 de octubre pasado, la Legislatura cordobesa aprobó el “Programa de
Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba” (10.663) con los votos afirmativos de
todos los bloques a excepción del FIT.
En la provincia de la lucha histórica de las Madres del Barrio
Ituzaingó Anexo, y donde se logró echar a Monsanto, funciona desde hace 3 años
un programa que otorga beneficios económicos a productores ajustados a las
llamadas BPAs. Del mismo participan pequeños y medianos productores, incluso de
la agricultura familiar y campesina. El plan mediterráneo fomenta prácticas
como cultivos de cobertura, instalación de colmenas, planes de manejo de monte;
en producciones agroecológicas, orgánicas y biodinámicas. Este paraguas
abarcaba incluso las producciones de familias integrantes del Movimiento
Campesino de Córdoba (MCC) que acompañó la iniciativa, pocas semanas después de
votada la Ley de Agricultura Familiar de la provincia.
Con la sanción de la 10.663 lo que era
un programa impulsado desde el ejecutivo se convierte en norma provincial. Es
el primer caso en que las llamadas BPAs, que son una creación del agronegocio,
adquieren fuerza de ley; sentando un precedente muy grave para lo que pueda
plantearse en el resto del país.
Otro modelo agropecuario implica otra correlación de fuerzas
La breve recorrida por estas 4 provincias, donde se concentra la
enorme mayoría de la producción de commodities de exportación, permite
reconocer que en torno a las llamadas BPAs se libra en términos simbólicos y
políticos el grueso del enfrentamiento entre el agronegocio, que huye hacia
adelante derramando cada vez mayores cantidades de agrotóxicos en nuestros
territorios, y las comunidades. Son los pueblos fumigados, que defienden la
salud y el ambiente; y también las producciones agroecológicas y orgánicas, del
campesinado y pequeña producción que reclaman por otro modelo agropecuario.
Incluir a la agroecología bajo el paraguas de las BPAs es algo que
aparece sistemáticamente en el discurso del agronegocio, sobre todo desde el
impulso que se le empezó a dar desde organismos internacionales como la FAO.
En paralelo desde distintos ámbitos se reedita el discurso que
habla de la posibilidad de “la convivencia” entre el agronegocio, y la
producción agroecológica y familiar-campesina. Más de 20 años de desarrollo de
la agroindustria transgénica en nuestro país demuestra claramente lo contrario:
hemos perdido extensiones enormes de bosques nativos, vemos el impacto de los
agrotóxicos sobre la biodiversidad, los ecosistemas y la salud de nuestras
comunidades. Estamos en niveles críticos de pérdida de fertilidad de suelos, y
los restos de agrotóxicos llegan con cada producto que la industria alimentaria
asociada nos vende. El censo nacional agropecuario de 2018 nos habla de
la pérdida de miles de pequeños y medianos establecimientos y mayor
concentración de la tierra. Sigue
la expulsión de población rural y originaria a las periferias urbanas. Más
concentración, más desigualdad y más violencia; menos alimentos sanos, y
posibilidades de vivir como lo hicimos durante generaciones en nuestros campos
y pueblos.
¿Qué hacer? Para romper la hegemonía
que el agronegocio instaló en nuestra sociedad necesitamos desenmascarar el
discurso de las llamadas BPAs y de la Convivencia de modelos, al tiempo que
acompañamos el fortalecimiento de prácticas agroecológicas, de otros modos de
distribución y consumo; peleando por la democratización de la tierra y los
medios de producción.
¿Cómo se construye una correlación de fuerzas que lo haga posible?
Plantearlo seriamente implica reconocer la necesidad de enhebrar una confluencia
social amplia que,
a nuestro entender, debe incluir a las organizaciones campesinas y comunidades
originarias, al movimiento de lucha socio-ambiental, al sector chacarero y
cooperativo que retoma su historia, y los sectores urbanos que demandan por
alimentos sanos. Creemos que no se puede prescindir de ninguno de estos
sectores. Sabemos que este tipo de confluencia es difícil pero las experiencias
como la de Red
de Municipios y comunidades que fomentan la agroecología (RENAMA), los Encuentros
de Pueblos Fumigados y sobre todo el Foro Nacional por un Programa Agrario
Soberano y Popular demuestran que es posible.
Avanzar hacia otro modelo agropecuario significa hacerlo hacia
otra sociedad; y eso, de fondo, es lo que está en disputa.
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Fuente: https://latinta.com.ar/2019/10/buenas-practicas-agricolas-para-todos-y-todas/
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