Agronegocio, impactos
ambientales y conflictos por el uso de agroquímicos en el norte argentino
Febrero 2018
Revista
Kavilando, 10(1), 162-179.
Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/218
Por:
Mariana Andrea Schmidt1
UBA/CONICET
Virginia
Toledo López2
UBA/CONICET/UNSE
En Argentina, se han dado profundos procesos de transformación en
el ámbito rural que han implicado nuevos arreglos institucionales y regulaciones
en torno a los modos de acceso, disponibilidad, apropiación, distribución y
gestión de los territorios. Especialmente, si se toma en consideración las
implicancias que ha tenido la expansión del modelo de agricultura industrial a
partir de la difusión del paquete tecnológico asociado a la soja transgénica a
partir del año 1996, orientado a la generación de commodities para el mercado
externo. En este contexto de transformaciones a la vez
productivas, territoriales, sociales y ambientales debe ser situada la
proliferación de conflictos, controversias y experiencias organizativas que han
llevado a debate público las consecuencias del modelo productivo en general, y
de la utilización de agroquímicos en particular, tanto para el ambiente como
para la salud.
Los
primeros conflictos y controversias se han suscitado en las provincias que más
tempranamente se incorporaron al mismo (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco,
por ejemplo)i , en tanto que en Salta y Santiago del Estero, jurisdicciones que
en años recientes han incorporado amplias superficies a la producción agrícola y
ganadera, la conflictividad en relación a la expansión del modelo del
agronegocio ha estado particularmente vinculada a la tenencia de la tierra y la
deforestación, y en menor medida se ha problematizado la cuestión de las
fumigaciones. Aún hay escasos estudios que permitan
diagnosticar los efectos de la implantación de este modelo extractivista en una
región subtropical que, por otra parte, presenta funciones productivas,
características ecológicas y sociales muy diferentes a las de la región pampeana.
En el plano jurídico las controversias parten de la pregunta ¿cuál es la
distancia mínima para evitar que las fumigaciones afecten a la población?,
instando a la ciencia a generar evidencias en torno al impacto de los
agroquímicos en la salud.
En paralelo, grupos, comunidades, asambleas, organizaciones
y colectivos, vecinos y vecinas de barrios urbanos y periurbanos denuncian daños
y demandan revisiones de los riesgos para la toma de decisiones políticas,
exigiendo nuevas normativas y regulaciones.
(….)
En los
últimos años se ha evidenciado en Argentina una proliferación de estudios con
importantes aportes en ocasión del análisis y seguimiento de la formación del
campo de las políticas y demandas ambientales como asunto socialmente
problematizado (Merlinsky, 2013). La definitiva
incursión de emprendimientos productivos, inmobiliarios, de infraestructura y
servicios en nombre del desarrollo y generando intensos procesos de
reestructuración en territorios de gran valor ecológico y extrema fragilidad
ambiental ha desencadenado una creciente conflictividad por el acceso,
disponibilidad, apropiación, distribución y gestión de los bienes de la
naturaleza por parte de las poblaciones locales afectadas, tanto en ámbitos
urbanos como rurales (Svampa & Viale, 2014). En particular, numerosas
investigaciones han abordado la serie de transformaciones ocurridas en el medio
rural latinoamericano y argentino (Giarracca & Teubal, 2010; Gras & Hernández,
2013; Pengue, 2017) desde la autorización de la producción y comercialización
del primer organismo vegetal genéticamente modificado (OVGM) a mediados de la
década de 1990 (actualmente son más de cincuenta).
A partir
de entonces, el proceso de agriculturización que venía gestándose en años
previos adquirió un nuevo impulso: según datos de la actual Secretaría de
Agroindustria (SAI), en la campaña 1970/71 se sembraron 37,700 has de soja,
hacia la campaña 2000/01 la superficie superó las 10,000,000 has y llegó a
promediar las 20,000,000 has en la campaña 2015/16 (más de la mitad del área
agrícola total del país). El aumento de las
superficies implantadas con monocultivos industriales encuentra su correlato en
el incremento del uso de agroquímicos en el proceso productivo. Según un informe
realizado por la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas, 2013), su
utilización aumenta exponencialmente desde el año 1990 (momento en que se usaban
30,000,000 litros/kg), hasta alcanzar 318,000,000 litros/kg en 2013 (en la
campaña 2011/12 se aplicaron más de 370,000,000 litros).
El
crecimiento del mercado fitosanitario en Argentina entre el año 1997 y el 2012
estuvo especialmente focalizado en el incremento del segmento de herbicidas (que
en buena parte del período explica más del 60% de las ventas), de entre los
cuales el principal activo es el glifosato (CASAFE, 2012). Particularmente, en
el noroeste argentino (Santiago del Estero, Salta y Chaco) se utilizan hasta 20
litros por hectárea por año de Round Up (nombre comercial del herbicida
elaborado por Monsanto). Como corolario, pueden distinguirse al menos dos
grandes impactos:
- En primer lugar, las consecuencias ambientales que el monocultivo y la incorporación sin precedentes de nuevas tierras a la producción agropecuaria por medio de la deforestación han suscitado en términos de deterioro de los bienes comunes y destrucción de la biodiversidad.
- En segundo lugar, los impactos sociales y sanitarios vinculados, por un lado, con la conflictividad territorial que ha tenido como correlato la expulsión y destrucción de los modos de producción y reproducción de la vida de la población campesina e indígena, y por el otro, con las afecciones sobre la salud de los pueblos fumigados, derivadas del creciente uso de agroquímicos por medio de fumigaciones, tanto por vía aérea como terrestre.
Al
respecto, es sugestivo que el informe realizado por la Auditoría General de la
Nación con el objeto de analizar la gestión en el registro, autorización y
restricciones en el uso de agroquímicos por parte del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) entre 2008 y 2011 afirma que en el
país “la contaminación por agroquímicos termina siendo una intoxicación
silenciosa” (AGN, 2012: 30). Tal como explica el informe, los cultivos
transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22,000,000 has, en las que
viven aproximadamente 12,000,000 habitantes (sin contar la población de las
grandes ciudades de cada provincia), que son expuestos a una toxicidad crónica
debido a la exposición repetida y a largo plazo, lo cual produce daños
irreversibles a la salud.
Así lo evidencian los relevamientos de la Red de Médicos de
Pueblos Fumigados, al señalar que en la última década se han triplicado los
casos de cáncer en niños/as y ha aumentado en un 400% los abortos espontáneos y
las malformaciones en recién nacidos/as. A esto se suma la proliferación de
otras afecciones tales
como trastornos respiratorios, endocrinos, neurológicos, hematológicos y
psíquicos (REDUAS, 2018). En el plano institucional y normativo, y como
resultado de las persistentes demandas y denuncias de la población movilizada en
alianza con ciertos actores estratégicos (cuya referencia inicial es la campaña
“Paren de Fumigar” iniciada hacia el año 2005), se ha avanzado en la elaboración
de proyectos y/o en la sanción de normas de alcance nacional, provincial y/o
municipal que establecen zonas de exclusión para el uso de agroquímicos y
regulan su utilización, gestión y transporte en áreas cercanas a asentamientos
poblacionales y/o establecimientos educativos.
Sin
embargo, tal como sostiene el Informe elaborado por múltiples instituciones y
presentado a las Relatorías Especiales de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) sobre el Derecho a la Alimentación y los Derechos Humanos y Sustancias y
Desechos Peligrosos, en la Argentina, no existe una
ley nacional de presupuestos mínimos sobre agrotóxicos que regule su uso en la
agricultura y en los domicilios (Ohchr, 2016) Así, la competencia sobre
el establecimiento de normas para el uso de los agroquímicos escompartida por el
Estado Nacional, las provincias y los municipios, aunque las regulaciones
existentes son sólo a nivel provincial y municipal, lo cual genera una gran
dispersión (Marchiaro, 2011). Por su parte, la cuestión del uso de productos
fitosanitarios en el territorio, ya se ha señalado que es competencia nacional
la puesta de los mismos en circulación y su clasificación toxicológica conforme
las sustancias que contienen, aunque se han generado estructuras de coordinación
federal como es el Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos
(Berros, 2013). El registro y la autorización de comercialización de los
agrotóxicos (tanto en la agricultura como en uso residencial) pertenece al
Estado Nacional, que la ejerce a través de dos organismos: el Senasa y la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica,
interviniendo la cartera de Salud sólo en los procesos de autorización para uso
domiciliario. Si bien en Argentina no existe una ley nacional que puntualice el
modo en que deben regularse los transgénicos, sí hay mecanismos institucionales
encargados de su control.
La Comisión Nacional Asesora
de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), creada en el año 1991 en el ámbito de
la por entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy SAI), es
responsable de la evaluación de la liberación al ambiente de los OVGM.
Se trata de un ente mixto, conformado por representantes del ámbito público y
privado, que en la práctica ha redundado en un espacio de distribución de poder
de las grandes empresas trasnacionales del sector (Pellegrini, 2013), en virtud
de que gran parte de los representantes expertos nombrados pertenecen a sus
filas y/o responden a sus intereses. Por lo demás, el
incremento de protestas por las fumigaciones en zonas periurbanas, cuya
referencia fue la campaña Paren de Fumigar iniciada en Córdoba a partir del caso
de las madres del barrio Ituzaingó Anexo, derivó en años recientes en la sanción
de ordenanzas y proyectos provinciales que establecen zonas de exclusión para el
uso de agroquímicos.
De esta forma, según Berros (2013) la construcción de la cuestión
ambiental en el ámbito jurídico ha contribuido a delinear un “entramado
precautorio” (compuesto por decisiones judiciales, normativas locales,
provinciales, nacionales -también inspiradas en el derecho internacional-, e
incluso internacionales, estructuras y procedimientos estatales), a través del
cual se ha positivizado el principio precautorio en la legislación argentina.
Asimismo, en tanto gran parte de los perjuicios ambientales pueden ser leídos
tanto como daños o riesgos ambientales y también indirectamente como relativos a
la salud humana, se ha planteado la posibilidad de extensión del principio
precautorio del ámbito ambiental al ámbito de la salud.
De este modo Argentina, en su condición de “laboratorio a cielo
abierto” (Filardi, 2017; Gras & Hernández, 2013; Svampa & Viale, 2014) es foco
de profundos conflictos y controversias respecto de los impactos de los
agroquímicos en la salud y el ambiente, que han involucrado dimensiones
sociales, técnicas, sanitarias, económicas, jurídicas, filosóficas, políticas y
ontológicas. En
paralelo, ciertos organismos internacionales han comenzado emitir declaraciones
que refieren a la “probable” peligrosidad del agroquímico más usado en el país,
y se ha construido evidencia acerca de los impactos a nivel ambiental y
socio-sanitario derivados del contacto directo o indirecto con los herbicidas y
fertilizantes utilizados en la producción agropecuaria en Argentina a partir de
los aportes realizados desde ciertas ONG, colectivos organizados y poblaciones
locales (Foco, 2008; GRR, 2009), desde distintos equipos de investigación
(Aiassa et al., 2009; Carrasco et al., 2012; Gallo Mendoza, 2010; Paganelli et
al., 2010; Pengue, 2017; Ronco et al., 2016), desde los equipos de salud que
cotidianamente trabajan en la atención de estas poblaciones, organismos
estatales y otras instancias de difusión y visibilización de la problemática
(Ávila-Vázquez et al. 2017; ÁvilaVázquez, 2004; DPN, Ciertas investigaciones han
abordado el avance del modelo agropecuario dependiente de semillas GM y el
impacto de las fumigaciones en el ambiente acuático, suelos y sedimentos, en la
fauna y alimentos (Primost et al., 2017; Ronco et al., 2016; Villaamil et al.,
2013), mientras que otros trabajos apuntan al
análisis de los procesos organizativos y de acción colectiva en distintos
ámbitos provinciales y del incremento del número de acciones legales y/o
judiciales en pos de la prohibición de las fumigaciones (Arancibia, 2013;
Carrizo & Berger, 2014; Souza-Casadinho, 2013).
De modo
específico, existe bibliografía que ha abordado las consecuencias de la
utilización de agroquímicos en jurisdicciones de la región chaqueña, además de
las producciones que lo hacen en países limítrofes como Paraguay y Brasil
(Arzipe & Locatelli, 2009; Ferreira Carneiro et al., 2016; Domínguez & Sabatino,
2005; Ramírez et al., 2012). Por su parte, desde las
empresas proveedoras de herbicidas, fertilizantes y OVGM, así como también desde
el sector productivo y desde ciertos organismos estatales se ha sustentado la
posición de que no existe aún certeza acerca de los impactos negativos sobre la
salud humana y el ambiente. Se apela a las buenas prácticas agrícolas a través
de las cuales se evitarían las posibles externalidades negativas y se argumentan
los beneficios agronómicos, ambientales, económicos, sanitarios y sociales que
los cultivos biotecnológicos traen a los agricultores y a la sociedad en general
(Argenbio, 2016).
En virtud de las argumentaciones e intereses encontrados en
ocasión de los debates acerca de la inocuidad o peligrosidad del uso de
agroquímicos, cabe recuperar aquellas contribuciones que proponen pensar el
conflicto como momentos de construcción e instalación de un problema en el
espacio público (Merlinsky, 2013). La reconstrucción del campo contencioso
permite indagar tanto en los elementos que definen su emergencia, sus
condiciones de producción, los intereses en juego y las diferencias que
organizan las maneras de percibir el riesgo. En este sentido, el hecho de que
algunas personas y grupos comiencen a ver una situación como problema (social,
ambiental y/o sanitario) implica un proceso de construcción social del riesgo, a
través del cual se formulan y difunden formas de entendimiento respecto de una
situación como fuente de daños o peligro.
Este proceso involucra la existencia de
controversias sociotécnicas, en las que se pone en crisis la legitimidad de las
explicaciones y los modos de justificación provenientes del ámbito de la técnica
y la ciencia (discursos expertos) y cobran importancia las argumentaciones
elaboradas por los legos, en particular por las poblaciones directamente
afectadas, frecuentemente en alianza con otros actores (en muchos casos
movilizando discursos contraexpertos) (Callon, Lascoumes & Barthe, 2009). De
acuerdo con Skill & Grinberg (2013) para el caso que nos ocupa, las posiciones
de la controversia pueden discernirse de acuerdo a dos argumentos:
la postura pragmática, que afirma que no existe evidencia para determinar una
correlación directa entre la exposición a las fumigaciones y las enfermedades, a
la vez que sustenta que bajo un uso correcto los potenciales riesgos
prácticamente desaparecen, y la postura precautoria,
que enfatiza en los riesgos comprobados y en la existencia de evidencia
suficiente de los impactos negativos.
En este
contexto, resulta emblemático el surgimiento de ejemplos de “resistencia
epidemiológica comunitaria” (Barri, 2010: 69), ante la insuficiencia de
registros oficiales sobre la situación sanitaria de la población afectada por
las fumigaciones. Cabe señalar que la soja y el glifosato son ejemplos por
excelencia en virtud de su masividad y extensión, no obstante, existe una gran
cantidad y diversidad de cultivos y agroquímicos que son utilizados de igual
manera y con similares efectos. Por ejemplo, existen análisis, que podríamos
denominar como de epidemiología crítica, realizados por profesionales de la
salud en territorios amenazados por la agricultura industrial de monocultivos
intensivos distintos a la soja (con menor superficie a nivel nacional pero
importantes a nivel provincial). En los espacios rurales y periurbanos, la
mayoría de las poblaciones continúan siendo víctimas de “intoxicaciones
silenciosas” (AGN, 2012) ante la escasez de registros sanitarios, el vacío legal
y la ausencia de controles respecto del uso de los agrotóxicos en el contexto de
expansión del agronegocio.
Salta y Santiago
del Estero, casos de “intoxicación silenciosa”
En las
provincias de referencia, los procesos antes reseñados cobran especial atención.
Se trata de regiones que se han visto intensamente afectadas por los cambios en
el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la agricultura
industrial. La conjunción de avances tecnológicos y nuevas variedades en los
cultivos resistentes a suelos áridos, el bajo costo de las tierras y del
desmonte y su potencial productividad para la agricultura, favorecido por un
ciclo húmedo y por el alto precio de algunos commodities, fue permitiendo el
movimiento progresivo del límite de los cultivos de secano hacia estos
territorios antes considerados “improductivos”.
El proceso de incorporación de tierras chaqueñas a la producción
agropecuaria ha sido denominado como la pampeanización del Chaco:
la importación del sistema de
manejo pampeano (de capitalización creciente, ahorrativo en mano de obra e
intensivo en insumos, maquinaria e infraestructura, dinamizada por grandes
productores) sobre ecorregiones frágiles y degradadas que tienen otras funciones
productivas y otras características ecológicas y sociodemográficas. Se trata de
un modelo exitoso y rentable, especialmente en el corto plazo, con impactos
ambientales y socio-sanitarios en el largo plazo, tales como: pérdidas de
rendimiento y fertilidad y aumento en los procesos de degradación, erosión y
salinización de suelos; pérdida de biodiversidad; procesos de fragmentación de
los ecosistemas naturales y de reducción de hábitats de las especies; crecientes
problemas de contaminación de suelos y aguas, deterioro de la salud de las
poblaciones rurales por uso de agroquímicos; concentración de tierras y
expulsión de población hacia la periferia urbana; desalojos y episodios de
violencia territorial (principalmente sobre población indígena y campesina);
entre otros (Aguiar et al., 2016; Barbetta, 2005; Colina, 2011; Morello &
Rodríguez, 2009; Schmidt, 2017; Slutzky, 2005; Venencia et al., 2012). En Salta,
el cultivo de soja presenta un fuerte incremento en los últimos años: a
comienzos de la década de 1990, esta oleaginosa rondaba las 100,000 has, y en la
campaña 1998/99 alcanzó al poroto (principal cultivo provincial hasta ese
momento), contabilizando alrededor de 200,000 has. A partir de entonces, la soja
pasó a ser el principal cultivo en la provincia (en las últimas campañas
promedia las 500,000 has). Por su parte, en Santiago del Estero la superficie
cultivada con soja también tuvo un crecimiento espectacular en el período bajo
análisis. La superficie implantada a inicios de la década de 1990 promediaba las
80,000 has, habiendo superado las 600,000 has una década después y superando el
1,000,000 has en la campaña 2010/11. Ahora bien, no obstante los avances en las
superficies implantadas, rendimientos por hectárea, exportaciones y
rentabilidad, las transformaciones agropecuarias recientes han repercutido
negativamente en las condiciones de vida para pequeños productores e indígenas,
a través del aumento en los desalojos, las migraciones y los impactos que en
materia ambiental y sociosanitaria comienzan a evidenciarse.
Los cambios en los sistemas productivos implicaron fuertes
transformaciones en el uso del suelo y en los ecosistemas. Argentina tiene una
tasa de deforestación superior a los promedios continentales y mundiales, siendo
las provincias de Santiago del Estero y Salta casos destacados tanto por sus
superficies boscosas históricas como por sus tasas de deforestación en tiempos
recientes (UMSEF, 2012, 2016).
Tratándose de las jurisdicciones con mayor superficie
remanente de bosques nativos en Argentina, han sido a la vez las dos provincias
que llevaron la delantera en pérdida de recursos forestales en el período
1998-2006: en Salta la tasa anual de deforestación fue de -0,69% entre los años
1998 y 2002 y de -1,54% (con más de 400.000 has deforestadas) entre 2002 y 2006,
en tanto que en Santiago del Estero la tasa fue de -1,18% y de -2,17% (con más
de 500.000 has deforestadas) para los mismos períodos (SAyDS-UMSEF, 2007).
En lo
que refiere a la evolución del proceso de deforestación luego de la sanción de
la Ley Nacional Nº 26,331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos en 2007 y de las leyes de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos salteña (Ley Nº 7,543) y santiagueña (Ley Nº 6,942), tampoco se ha
logrado revertir la tendencia. Según informes del ex Ministerio (hoy Secretaría)
con resultados del monitoreo de la superficie de bosque nativo entre 2007 y
2016, si bien los porcentajes anuales por período y provincia han ido en
disminución (-0,38 para Salta y -0,56 para Santiago del Estero en 2016), son
junto con Formosa y Chaco las jurisdicciones que aun ostentan los mayores
índices de deforestación. A lo que debe agregarse que gran parte de estos
desmontes son realizados en áreas protegidas por ley: de las 23,870 has
desmontadas en Santiago del Estero en 2016, un 78,5% corresponden a categorías
de alto y mediano valor de conservación, y de las 20,006 has deforestadas en
Salta para ese mismo año, un 28,3% (MAyDS-UMSEF, 2017). En lo que refiere a sus
características sociodemográficas y culturales, Salta y Santiago del Estero se
destacan por ser provincias con diversidad étnica y lingüística, con presencia
de comunidades campesinas y con los mayores porcentajes de población rural de la
Argentina.
Las transformaciones productivas y territoriales enunciadas han
conllevado un deterioro en las condiciones de reproducción de la vida de las
poblaciones campesinas, indígenas y criollas del Chaco salteño y santiagueño
(más allá de las diferencias existentes). Históricamente posicionadas en una
situación de desigualdad y vulnerabilidad social, privadas de la tenencia de las
tierras que habitan y del acceso y usufructo de los bienes de la naturaleza como
consecuencia del modelo agropecuario desplegado de manera reciente pero
vertiginosa en esta región, han quedado prácticamente arrinconadas en pequeños
parches de monte entre grandes extensiones productivas y no se encuentran
amparados por las normativas y/o regulaciones existentes.
Cabe recordar aquí que en la determinación de los volúmenes y frecuencia de las
fumigaciones, la temperatura y humedad son factores de importancia. En las
provincias de la región chaqueña, esto se traduce en dosis de agroquímicos más
altas con respecto a las dosis por hectáreas aplicadas en otras jurisdicciones
(FM Noticias, 2018). En Salta, la regulación del uso de agroquímicos está
contenida en las Leyes Nº 7,070 de Protección del Medio Ambiente y Nº 7,812 de
Protección de la Salud Humana, Regulación, fiscalización, educación e
implementación de las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de
manufactura. El caso del pueblo de Antillas (departamento de Anta) es el único
en el cual un grupo de vecinos interpusieron una acción de amparo y lograron en
2011 una sentencia del Poder Judicial que prohibió las fumigaciones aéreas a
menos de 1,500 metros de las viviendas y a no menos de 300 en caso de
aspersiones terrestres (Aranda, 2011).
Entre
las zonas más afectadas por los procesos mencionados se destaca el área de
influencia de las localidades emplazadas a lo largo de la ruta 34 en el
departamento de San Martín (Tartagal, General Mosconi, Coronel Cornejo, General
Ballivián, Embarcación, entre las principales). De acuerdo a una investigación
llevada adelante en una serie de comunidades indígenas en el municipio de
Ballivián, y si bien no se cuenta con datos oficiales o registros que permitan
cuantificar los efectos nocivos sobre la salud asimilables a los efectos de los
agroquímicos, a través de consultas a profesionales del área de salud se han
reconstruido las principales afecciones que en los últimos años se han
incrementado: problemas de piel, enfermedades respiratorias, cáncer y nacimiento
de niños con labio leporino y cardiopatías congénitas. De modo complementario,
se denuncian las condiciones de inaccesibilidad a fuentes de agua (como
resultado de los alambrados que privan del acceso a las fuentes tradicionales de
agua) y contaminación de las mismas (tanto para consumo humano como animal, en
virtud del escurrimiento del agua desde los campos de cultivo en donde se
aplican agroquímicos) (Naharro & Álvarez, 2011); (Díaz Muñoz, 2015).
Otro hecho que refleja las consecuencias de estos procesos en
materia de salud es el caso de las muertes y situaciones de desnutrición en
niños indígenas, todo
lo cual apunta a señalar que la salud indígena en el Chaco salteño continúa
siendo un tema postergado (Lorenzetti, 2014). A modo de ejemplo, indicadores
sociosanitarios del Operativo para la Vida 2013 realizado por UNICEF y el
Ministerio de Salud provincial señalaban entre las principales causas de
mortalidad infantil: en primer lugar, las diarreas combinadas con un estado de
desnutrición; en segundo término, las afecciones respiratorias, y en tercer
lugar las malformaciones congénitas. En términos generales, estos datos
sanitarios indican una alta correspondencia entre las zonas que se han visto
afectadas por los procesos de deforestación y el avance del modelo agropecuario
dependiente de agroquímicos. En Santiago del Estero, la Ley N° 6,312 prohíbe
(artículos 37 y 38) la aplicación de agroquímicos a una distancia respecto a las
plantas urbanas inferior a 3,000 metros por vía aérea y 500 metros por vía
terrestre, aunque no se define de forma precisa el concepto de planta urbana.
Además de la normativa provincial, hay legislaciones de orden municipal que
regulan el uso de agroquímicos, como por ejemplo en Bandera (departamento
Belgrano) y Quimilí (departamento Moreno).
A su
vez, existen conflictos entre comunidades campesinas y empresarios que realizan
producciones con un gran uso de agroquímicos en campos colindantes y hay
trabajos locales que describen la prolongada persistencia del glifosato en los
suelos arcillosos (Camino & Aparicio, 2015), particularmente en muestras de
suelo del este de Pozo del Toba, departamento Juan Felipe Ibarra (Tévez & dos
Santos Afonso, 2015).
Por su parte, la localidad de Selva (departamento Rivadavia), se distingue por
ser el primer municipio provincial que está elaborando un ordenamiento
territorial que prohíbe las fumigaciones en las proximidades del área
urbanizada, con una zona de amortiguación de 800 metros. Se trata de una
localidad situada en el extremo sudeste provincial (limita al sur con Córdoba y
al este con Santa Fe) cuya zona de influencia pertenece a la cuenca lechera
bovina, pero en los últimos años sufrió el avance de la producción agrícola.
Desde el año 2014 se inició un proceso participativo, a partir del reclamo
presentado por productores apícolas por los impactos sociosanitarios derivados
de las fumigaciones con agroquímicos, que ha involucrado a distintos actores
locales (municipio, ONG, productores y vecinos en general) junto a equipos
técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). A partir de
ese momento, se impulsó la adhesión de Selva a la Ley provincial de Agroquímicos
en el marco del proceso de ordenamiento territorial (Ceirano et al., 2017;
Lorenz, 2016). Además, si bien en la provincia los registros sanitarios
son deficientes, existen casos de muertes por malformaciones que han sido
atribuidas al uso de agroquímicos y en los espacios organizativos locales
comienzan a debatirse estas problemáticas y paulatinamente aparecen denuncias
por contaminación.
En
Bandera, en el año 2010 falleció una beba que había nacido con múltiples
malformaciones a causa de la exposición a la que durante su gestación se vieron
expuestos su madre y padre (quien trabajaba como fumigador). Su caso ha sido
judicializado y acompaña la demanda colectiva presentada por varias ONG y
organizaciones sociales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
diciembre de 2012, que solicita que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional
suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de OVGM y
la comercialización de la soja GM, como así también se disponga el etiquetado de
los productos que los contengan. En esta misma localidad, la Asociación
Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), el municipio, el
gobierno provincial, el INTA y el SAI están elaborando un proyecto para que sea
la primera a nivel país en obtener una certificación de Buenas Prácticas
Agrícolas periurbanas. En este marco en 2017 la municipalidad adhirió a la Ley
Nº 6,312 y su decreto reglamentario, y se han iniciado procesos de revisión de
las prácticas agrícolas por parte de los productores empresariales y sus
organizaciones tendientes a certificar a Bandera como municipio ejemplo de
Buenas Prácticas Agrícolas (La nota digital, 2011); (Aranda, 2008).
Tal como lo demuestran los párrafos precedentes, el avance
del modelo de la agricultura industrial en Argentina ha implicado profundas
transformaciones territoriales, económicas, socioculturales, ambientales y en la
salud de las poblaciones. Estas han dado lugar a conflictos y controversias
sobre los modos de uso, apropiación y distribución del territorio, que han
derivado en nuevos saberes y regulaciones vinculadas a los sistemas
agroproductivos, la conservación ambiental y el uso de agroquímicos. La dinámica
que estos procesos adquieren en cada caso particular se comprende a partir de la
trayectoria histórica de conflictos y resistencias existentes en el lugar y de
la capacidad de los actores sociales involucrados para movilizar recursos,
generar alianzas estratégicas y conformar redes a distintas escalas. En los
casos analizados, se trata de una situación de profunda injusticia ambiental y
sociosanitaria, que viene a ensamblarse sobre históricos procesos de
subalternización de estos territorios y poblaciones. Conclusiones En este
artículo nos propusimos explorar la problematización de los impactos ambientales
y sociosanitarios en torno a la utilización de agroquímicos en las provincias de
Salta y Santiago del Estero.
En el
avance de la frontera agropecuaria hacia el norte argentino es posible reconocer
impactos ambientales y sociosanitarios similares al resto del país, pero debido
a sus características ecosistémicas y sociales específicas, es posible reconocer
efectos diferenciales en comparación con otras regiones. Si bien latentes o en
proceso de emergencia, se encuentran en gran medida invisibilizados (y/o
subsumidos bajo otros conflictos de mayor profundidad histórica, como el
conflicto por la tierra), existiendo aún escasas manifestaciones que establezcan
reclamos por afecciones a la salud y al ambiente, las que, en su mayoría no
logran trascender la escala local. Si en un primer momento los impactos
ambientales y sociales del avance del modelo agroindustrial en las provincias de
referencia quedaron mayormente visibilizados en los conflictos por la tierra en
el plano local y en los reclamos en contra de la deforestación (denunciada tanto
por colectivos locales como por diversas instituciones y/u ONG de nivel
nacional, provincial y regional), es en tiempos recientes, y a la luz de la
creciente difusión de la problemática a nivel nacional y en otros espacios
provinciales, que comienzan a debatirse los riesgos asociados a la utilización
masiva de agrotóxicos. Estos reclamos se han canalizado principalmente por la
vía judicial y en espacios organizativos locales, acompañados en algunos casos
por investigaciones realizadas por especialistas académicos y técnicos.
Lo antedicho se ve agravado en virtud de la histórica
situación de desposesión material y simbólica de las poblaciones locales
directamente afectadas: comunidades indígenas y campesinas y pequeñas
localidades que han quedado arrinconadas por emprendimientos agropecuarios a
gran escala y que sufren cotidianamente los impactos de la utilización de
agroquímicos que los afectan en sus cuerpos y en sus espacios de vida, siendo
aún un área de vacancia los estudios que den cuenta de esta situación en forma
acabada.
Así
también, podemos ver que, en los conflictos y controversias sociotécnicas en
torno al uso de agroquímicos, existe una multiplicidad de actores directa o
indirectamente involucrados, cada uno de los cuales cuenta con capacidades y
recursos diferenciales para incidir en el espacio de toma de decisiones y para
dar lugar a procesos colectivos de construcción social del riesgo. Dichos
conflictos y controversias permiten el cuestionamiento de las reglas de juego
existentes y la construcción de nuevas regulaciones y marcos institucionales,
siendo pues estos espacios, generadores de aprendizajes colectivos que pueden
servir de referencia para la generación de políticas públicas y prevenir
problemáticas similares en otras áreas del país. La
incipiente problematización ha llevado asimismo a la discusión en torno a los
límites para las fumigaciones y a poner en juego nuevos ordenamientos del
territorio. En este marco, valoramos especialmente el proceso participativo
llevado adelante en Selva como espacio de construcción social del riesgo, en el
que se ponen en discusión criterios de ordenamiento territorial considerando el
espacio presente, el concebido y el imaginado, y apelando a la participación de
actores diversos en el proceso. La cuestión de la zonificación y de la
definición de áreas de exclusión para las pulverizaciones, en ocasión de lo cual
se dan cita saberes expertos y argumentaciones técnicas que entran en tensión
con las experiencias de las poblaciones cotidianamente fumigadas, asume nueva
actualidad a partir de los recientes anuncios por parte de los organismos
nacionales de ambiente y agroindustria, con la creación del Grupo de Trabajo
Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de
Fitosanitarios (Resolución Nº 1/2018), cuyos lineamientos y propuestas
tienden a estimular el establecimiento de distancias de aplicación en áreas
periurbanas que van en sintonía con las propuestas por las entidades empresarias
(Bertello, 2017)
En este contexto, en que el debate sobre los riesgos asociados a los impactos de los agrotóxicos en la salud a nivel nacional se renueva asociado a nuevos casos de enfermedades y muertes por intoxicación que adquieren relevancia pública, propender a generar investigaciones que rompan con el silencio a partir de la difusión de diferentes voces involucradas en la problemática, atendiendo especialmente a recuperar la voz de aquellos cuyos derechos se encuentran vulnerados, se vuelve una tarea urgente.Referencias bibliográficas
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