Modelo Policial y
resabios de la Dictadura
28 de noviembre de 2019
La construcción político-jurídico-filosófica del accionar de las fuerzas de seguridad en nuestro país durante la última dictadura cívico militar, y sus resabios, continúa operando en nuestro presente, a través de diferentes aristas que son analizadas en este donde sintetizo un estudio más profundo sobre la problemática.
Por Adriana Gentile*
El modelo de la última dictadura
cívico-militar, heredado de la Escuela Militar Francesa ,
desarrolla la concepción de enemigo interno, esto es, que el enemigo no es un
soldado de un ejército extranjero sino que se encuentra “entre nosotros” o sea dentro de la población, mezclado
con ésta.
En esta
concepción de guerra el enemigo no es un soldado del
otro lado de la frontera, con bandera y uniforme identificable, sino que puede
ser cualquiera dentro de la propia población. Entonces, el enemigo
interno llamado subversivo en aquellas épocas se ha
desplazado en la actualidad hacia los jóvenes de los sectores populares, debido
a que cualquiera de ellos puede ser un delincuente. De esta manera, una
cuestión social, de desempleo y/o de pobreza, se desplaza hacia una cuestión de
seguridad: la delincuencia juvenil, y el delincuente está fuera de la ley por
el hecho de ser tal. Por lo tanto, las fuerzas de seguridad actúan en
consecuencia con las características que describo a continuación.
La división del territorio en
cuadrantes
Otra
concepción heredada de la dictadura es la división del territorio en
cuadrantes. Los militares franceses enseñaron a los argentinos a la
cuadriculación territorial ya que para poder preparar la guerra interna hay que
cuadricular el territorio. Así, cada militar en una zona y subzona, bajo estas
directivas, se organizó el esquema represivo donde se dividió al país en
comandos de zona. Cada comando era la cabecera de un cuerpo de Ejército.
En Córdoba, por ejemplo, era la zona tres con jurisdicción en varias
subzonas, a cargo el Tercer Cuerpo de Ejército. (1)
En la
actualidad, la ciudad de Córdoba está dividida en cuadrantes según sus
características sociales, delictuales, urbanas, demográficas y geográficas,
pero principalmente son clasificados según un criterio de vulnerabilidad,
consistente en el resultado del cruce de variables educativas y laborales, y en
razón de ello se establecen cuadrantes rojos, de alta vulnerabilidad;
amarillos, de mediana; y verdes, de baja.
Y el
Estado mediante su poder punitivo apunta esencialmente hacia las áreas de alta
vulnerabilidad que son las más segregadas y carenciadas de la sociedad
(2). También, hay un criterio, de menor importancia, que
tiene que ver con la cantidad de viviendas por metro cuadrado, así los
cuadrantes se clasifican en grandes, medianos y chicos.
Remarcar
las zonas bajo el criterio de alta
vulnerabilidad teniendo como una de las principales razones
al delito colabora a la producción o continuidad de la fragmentación
identitaria, a la desestructuración de los colectivos y a la reorganización de
los espacios territoriales/sociales, en consecuencia, los sectores sociales
donde ha crecido la pobreza se encuentran sumergidos en la inseguridad social
por la desafiliación a los colectivos que funcionaban como soportes de
subjetividad.
Así, el
Estado mediante su poder de policía punitivo apunta esencialmente hacia las
áreas de alta vulnerabilidad que son las más segregadas y carenciadas de la sociedad. Estos
barrios desde un principio han sido abandonados por el Estado y sus políticas,
y en consecuencia se pone en marcha una estrategia represiva con el
riesgo de segregar.
Segregación y retórica
La
segregación socio-espacial es un concepto que hace referencia a la existencia
de diferencias o desigualdades sociales dentro de un colectivo urbano y al agrupamiento
de los sujetos según atributos específicos en aglomerados con tendencia a la
homogeneización en su interior y a la reducción de interacciones con el resto
de los grupos. Estas sectorizaciones llevan a que la función de la policía sea
la de mantener seguras a las zonas de baja vulnerabilidad.
El uso de
retórica bélica: Es notable el uso de una retórica bélica en el discurso de los
gobiernos para referirse al problema de la delincuencia, juicios tales
como: “guerra contra la delincuencia”, “guerra sin piedad contra la
criminalidad”, “guerra al narcotráfico”, etc., recordamos que en un
pasado reciente se usaba la frase: “guerra contra la subversión”.
Recurrir a
este léxico se legitima las representaciones que tiene la policía sobre la
situación a la que se enfrenta y las modalidades con las que interviene para
mantener el orden. La retórica bélica conduce a excesos que no sólo afecta a
los delincuentes sino alcanza a la población en general, lo que se denomina
daños colaterales, así discrimina y segrega no solo a individuos sino a
poblaciones enteras.
Violencia y habitus
Las
noticias diarias nos muestran numerosos operativos en donde las fuerzas de
seguridad entran a un barrio y se introducen de forma violenta a las viviendas,
derribando y rompiendo puertas frente a la mirada aterrorizada de niños,
exhibiendo armamento y haciendo un despliegue espectacular de la fuerza
pública, justificando prácticas de excepción. Tal como operaban las fuerzas de
seguridad en épocas de la dictadura, contamos con numerosos testimonios en los
juicios de lesa humanidad de quienes en esa época eran niños y presenciaron el
violento secuestro de sus padres, y el terror que despertaba todo ese
despliegue en los vecinos.
En
definitiva, son operaciones de ocupación presentadas como conquistas
republicanas en territorio amenazado utilizando la retórica de la guerra para
justificar el despliegue de fuerzas en los barrios desfavorecidos, como lo
hacían en un pasado cercano. (Fassin, 2016)
El control
de identidad se ejerce de modo discrecional e implica un mero control de
fuerzas que funciona como un llamamiento al orden; no al orden público, que no
está amenazado, sino al orden social. Este orden social es tan desigual (entre
el policía y el joven) e injusto (respecto de la ley o de la simple dignidad)
que hay que asimilarlo en el cuerpo (Fassin, 2016).
De esta
manera los jóvenes asimilan su condición y mediante undisciplinamiento mortificante adquieren, el “habitus del humillado” (3). Este habitus supone
que los actores no actuarían racionalmente, sino a través de un sentido
práctico innato y principios que se sitúan más allá de la consciencia; y el
habitus propio de la posición social de cada agente configuraría comunidades de
mutuo reconocimiento (Bourdieu, 1989).
Alta discriminación
Los
policías tienen una hostilidad manifiesta contra los jóvenes de los barrios
populares, y una hostilidad latente respecto de quienes ellos consideran que
los protegen por razones profesionales, ideológicas o comunitarias (asistentes
sociales, militantes barriales, maestros de escuelas, abogados). Entonces
el trato desfavorable no es por lo que hacen sino por lo que representan:
jóvenes de barrios populares, no solo son sospechosos sino también
maltratables.
Ahora
bien, la interpretación de la discriminación racial debe exceder la cuestión de
la intención racista. Son la institución policial y la sociedad la que producen
las categorías racializadas que aplican los policías de la calle, transformando
en sospechosos a los jóvenes de los sectores populares, sumado al discurso
político cuando asocia barrio marginal y delincuencia. El racismo esta
institucionalizado de esta manera es más sutil y menos identificable que cuando
lo comete un individuo particular.
Vale
remarcar, que la discriminación por prejuicio es inmoral, ilegal y fácil de
identificar porque es un individuo el que la realiza; en cambio la
discriminación estadística por probabilidades es neutra, aceptable y emana de la “Institución ”.
El
uso de la violencia
La
violencia policial constituye una interacción que afecta la integridad y
la dignidad de los individuos – y no sólo su cuerpo y su carne – que puede ser
profunda y no dejarse ver, lo que implica un componente ético y no
estrictamente normativo. La impotencia ante el uso excesivo de la fuerza
conlleva de por sí una dimensión moral de sumisión, por ejemplo, la colocación
injustificada de las esposas. Las dimensiones sociales y culturales de la
violencia le dan su poder y su significación.
Los jueces
y fiscales de instrucción toman sólo en consideración la violencia física. La
violencia moral es ignorada debido a que no deja marcas corporales. Al no ser
nombrada esta violencia no es vista por la sociedad y al no ser reconocida no
permite que se haga justicia. Esta violencia sin nombre y sin
justicia es la que sufren cotidianamente los jóvenes de las periferias de
nuestras ciudades o de los barrios populares. Es excepcional que alcance a mujeres,
personas mayores, hombres y mujeres de clase media, que viven en zonas
residenciales o visten de una determinada manera.
Es muy
común observar en el centro de la ciudad de Córdoba escenas de humillación más
que de brutalidad por parte de la policía hacia jóvenes de barrios populares,
escenas que se producen cotidianamente durante controles de identidad y
cacheos ante la presencia de cientos de ciudadanos que tienen naturalizado
este modo de actuación policial que lamentablemente me traen a la memoria el “algo habrán
hecho” de las épocas de dictaduras.
Otro
componente de la violencia es la crueldad, y para ello es necesario poner al
otro como alguien totalmente distinto de nosotros (los policías) que sirve para
hacer aceptable la crueldad y la justifica porque se le aplica a quien es
culpable. Entonces para comprender la violencia también hace falta considerar
sus condiciones de posibilidad y la relación con el poder y la justificación de
la crueldad. Las
violencias invisibles se producen de manera cotidiana y resulta trivial
para ciertos sectores de la población.
La militarización de la policía
La idea de
paramilitarización permite comprender la tendencia de agregar o reemplazar las
fuerzas del orden reguladas por brigadas cuya misión, vestimenta, armamento,
estilo de intervención y relación con las autoridades las sitúan al margen del
dispositivo oficial. Esta lógica lleva con facilidad a reclutamientos que
obedecen a reglas particulares favorecedoras de una politización radical de
estas unidades especiales.
Entre
los caracteres que nos dan indicios de militarización de la policía, según Lea
y Yung (4) podemos mencionar: el incremento de las detenciones para requisas en
las calles, la aplicación de la “ley de vagancia” (en Córdoba sería el Código
de convivencia), la actuación de la policía como ejército de ocupación y la
creación de segmentos policiales “especializados” en el mantenimiento del orden
público. Y ésta es una tendencia que va en aumento en todo el territorio del
país cotidianamente los noticieros nos muestran imágenes de las Gendarmería
entrando a “poner orden” en las villas o en barrios populares.
Así, al
estar autorizados a ejercer violencia, las fuerzas de seguridad saben que
no tendrán consecuencias ya que la palabra de ellos vale más que la de los
delincuentes. Por tal razón raras veces tienen conflictos morales, más bien se
sienten víctimas de la incomprensión de la sociedad. En la
medida en que los policías consideran que los jueces no hacen justicia ellos se
ven en la obligación de hacerlo y se consideran habilitados para eso.
Entre los
atenuantes de responsabilidad que utilizan para justificar su accionar, que en
definitiva son construcciones discursivas, podemos mencionar: la negación de
responsabilidad, la negación de la víctima, la negación del daño, la
condena a quienes los condena (persecución a los defensores de DDHH, por
ejemplo).
En
síntesis, dentro de este contexto el Estado de derecho es desplazado
cotidianamente por la excepción, y la violencia pública queda libre de toda
atadura legal, es ese momento del derecho en que se suspende el derecho
precisamente para garantizar su continuidad (Agamben, 2014).
Es la
forma legal de lo que no puede tener forma legal, porque es incluido en la
legalidad a través de su exclusión. La policía es el aparato legal para ejercer
la fuerza, ahora bien, en las prácticas muchas veces se suprime el actuar a
derecho con el justificativo de actuar ilegal “en nombre de la ley” o para
“reestablecer la ley”.
*Abogada de la Fundación de
Derechos Humanos María Elba Martínez.
** Este artículo se refiere
a un estudio más extenso sobre violencias institucionales y estado de
excepción.
Notas
1 – (1972) Plan del Ejército para el marco interno.
2 – (2016) RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO N °
674: Programa de policía barrial para la gestión de la seguridad ciudadana por
cuadrantes.
3 – Según Bourdieu el habitus está referido a “un
sistema de esquemas de percepción y apreciación de prácticas, estructuras
cognitivas y evaluativas que son adquiridas a través de las últimas
experiencias de una posición social” (Bourdie)
4 – Lea, J. y Young, J. (1993). ¿Qué hacer con la ley
y el orden? Editores del Puerto. Cap. 5 “El cambio a la policía militar”.
Bibliografía
Fuente: https://www.anred.org/2019/11/28/modelo-policial-y-resabios-de-la-dictadura/
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