Buenas
Prácticas….
¿para
el agronegocio?
17 de
octubre de 2019
Durante el día miércoles 16, la Legislatura de Córdoba le
dio carácter de Ley a lo que era el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas.
Distintas voces vienen expresándose respecto a esta iniciativa que, como
acostumbra a suceder cuando de cuestiones ambientales se trata, desconoció la
participación ciudadana en el debate referido al tema. En esta nota retomamos
algunas de las expresiones que se suman a gritar por un reclamo popular: ¡paren
de fumigarnos! ¡la única buena práctica es no usar agrotóxicos!
Darío Ávila, abogado ambientalista había informado el pasado
martes 15, es decir un día antes de que la Legislatura cordobesa definiera como
ley al proyecto sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), que habían
presentado una petición formal al Presidente Provisional de la Legislatura para
que la suspensión, prórroga o exclusión del orden del día al tratamiento de
este proyecto del Gobierno de Córdoba, abordado a través del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
El principal motivo de esta solicitud, tal como lo describe
Ávila en una publicación en sus redes sociales, se fundaba en el hecho de que
no se había habilitado la instancia de “participación ciudadana” y por tanto el
reclamo consiste en que puedan intervenir con sus voces y experiencias en el
debate de este proyecto, aquellxs actorxs sociales involucradxs, damnificadxs o
afectadxs, universidades públicas, agrónomxs, investigadorxs, biólogxs,
asambleas de vecinxs, ONG, entre otros. Desde el Ministerio señalado aseguraban
que el propósito es ofrecer un marco legal que respalde esta iniciativa sin
precedentes en Argentina y que será “de vanguardia en todo el territorio
nacional e internacional”. Pero, una vez más, el gobierno pasó por alto
los reclamos populares.
El Programa de BPAs ya existe en Córdoba desde hace dos
años, productorxs y empresarixs inscriptxs (recordamos que tiene carácter
voluntario), reciben un beneficio económico por hacer “bien las cosas”. En su
artículo n° 2 el proyecto de ley se expresa en las intenciones de “generar un
cambio cultural en el sistema productivo”. Desde las organizaciones, vecinxs
autoconvocados, asambleas ambientalistas y abogados especialistas en la
temática, sostienen que el modelo no hará otra cosa que seguir perpetuando al
agronegocio, poniendo en riesgo la salud y vida de las personas en mano de las
fumigaciones.
Darío Ávila expresó a través de una publicación que, con
esta ley se legaliza el sistema de envenenamiento masivo, cuestionado en todo
el mundo.
Desde la Multisectorial contra la ley Monsanto Bayer ,
expresaron su enérgico rechazo ante esta propuesta, justificándose en una
postura que advierte de la necesidad de transformación del modelo
agroalimentario, entendiendo que la agricultura debe alejarse de las premisas
del agronegocio y su imposición de transgénicos y agrotóxicos. Uno de los primeros puntos en su repudio, recae en
lo mencionado anteriormente, el proyecto se trató a puertas cerradas, sin la
participación de todxs lxs ciudadanxs y espacios que podrían haber aportado su
opinión al respecto.Desde este espacio, afirman que lo que se aprobó consolida
el modelo agroindustrial avalado por las corporaciones, ya que considera que el
uso racional de los agrotóxicos garantiza la sostenibilidad ambiental.
Al respecto, sostienen que distintos Organismos de Derechos
Humanos vienen manifestando la necesidad de revisar el sistema de agricultura
dominante en Argentina e iniciar un proceso de transformación real en donde se
prioricen los derechos humanos, por sobre los intereses económicos del
agronegocio. “Su aprobación implica consentir el uso de agrotóxicos y
transgénicos, desconociendo todos los efectos perjudiciales que han ocasionado
y siguen ocasionando a la salud, al ambiente y la diversidad biológica y
genética”, aseguran en su pronunciamiento. Y agregan: “No existe buena práctica
agrícola alguna que conlleve el uso de cultivos transgénicos y agrotóxicos”.
Por otra parte, un vecino de Dique Chico alzó su voz con una
explicación cuando se encontraban fuera de la Legislatura en repudio de este
proyecto. Este material fue difundido por la Asamblea en Defensa del Ambiente
Córdoba Capital. En este relato, el vecino manifiesta que dicen presente en la
Legislatura para repudiar este proyecto, “la ley de Buenas Prácticas Agrícolas,
es decir, pasar el programa que tenía la provincia, la cual permitía a los
productores agropecuarios aplicar a través de fumigaciones, tanto terrestres
como áreas, productos de clase 3, 4, como son el glifosato, la atrazina, el 2,4
D, entre otros herbicidas a 0
metros de las casas”, afirma.
“En este momento quieren hacer ley esas recomendaciones que
hace el agronegocio a la producción agrícola, es decir, establecer como ley que
te puedan fumigar a 0
metros de tu casa, con productos como el glifosato entre
otros herbicidas”, refiere.
Ante la pregunta acerca de cómo influye esto en las
localidades, el vecino de Dique Chico, indica que no influye en tanto siga
vigente la ley de fitosanitario, “no influye en las zonas de resguardo y en las
resoluciones u ordenanzas que tienen las comunas y pueblos hacia el tejido que
tiene cada uno”, responde. Agrega que, de cualquier manera, el proyecto
“legitima más las buenas prácticas agrícolas, transformándolas en ley, van a
ser política de Estado, con sus presupuestos, habilitar estas prácticas que
ellos la llaman buenas y que nosotros decimos que no existen las buenas
practicas agrícolas, existen las producciones con agrotóxicos y sin
agrotóxicos”.
Para acceder al debate completo: (…) Leer
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