1. Un gobierno que se opone a la
implementación integral del Acuerdo Final de Paz, atacando las instituciones
del SIVJRNR, escatimando voluntad y presupuesto para su adecuada ejecución en
el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) y dejando de lado un enfoque de
derechos humanos, especialmente económicos, sociales, culturales y de género.
2. La política
de seguridad y defensa, léase “seguridad democrática” cuya centralidad está en
la militarización de los territorios, el posicionamiento de cúpulas militares
que perpetúan la lógica del enemigo interno, y una doctrina militar que
infringe el DIH al promover resultados operativos a cualquier costo, incluyendo
bombardeos, el regreso de ejecuciones extrajudiciales, así como el
desconocimiento y estigmatización de los pueblos y comunidades indígenas, afro
descendientes, campesinos y sectores populares, dando trato de guerra a los
civiles que ejercen el derecho a la protesta.
3. Políticas de
gobierno que responden con represión a los legítimos reclamos de las
comunidades en los territorios y a los estudiantes que reivindican una
educación pública de calidad y con recursos suficientes, así como los abusos en
el uso de la fuerza por parte del ESMAD que se evidencian en el creciente
número de personas que han perdido la visión o sus ojos a consecuencia del uso
indebido de armas de letalidad reducida por parte de francotiradores.
4. La falta de
garantías para la defensa de los derechos humanos. En lo corrido del año se ha
incrementado el asesinato de personas defensoras de derechos humanos, líderes y
lideresas indígenas, campesinos, LGBT, afros y sindicales, al igual que el de
excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación. Ante este
exterminio, el Gobierno miente diciendo que más de la mitad de los casos han
sido esclarecidos, criminaliza a defensoras y defensores de derechos humanos,
desconoce las propuestas de la sociedad civil para fortalecer las medidas de
prevención, protección y garantías, y usa esto como excusa para militarizar los
territorios.
5. La
pretensión de reformar las políticas laborales y pensionales precarizando aún
más el empleo, especialmente para los más jóvenes, legalizando el trabajo por
horas y las cotizaciones a la seguridad social por debajo del salario mínimo.
Destruyendo el Sistema Público de Pensión, aumentando las condiciones de edad y
cotización y legalizando pensiones por debajo del salario mínimo favoreciendo
solo a los oligopolios financieros.
6. El incumplimiento
de las recomendaciones de los diversos mecanismos internacionales de protección
derechos humanos de la ONU y el Sistema Interamericano, y la negativa a recibir
las visitas de los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU al país.
Por estas y
otras razones, rechazamos:
·
Los
pronunciamientos deslegitimadores del derecho a la protesta social de la
ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y el presidente de la
República, que generan un ambiente de tensión y miedo al anunciar
que “cualquier expresión de violencia será enfrentada con rigor”.
que “cualquier expresión de violencia será enfrentada con rigor”.
·
Las
medidas impuestas para reprimir la movilización social que solo tienen sentido
en contextos de estados de excepción, como el patrullaje de militares en
las ciudades y en las comunidades indígenas, toques de queda, allanamientos,
como los acaecidos en la mañana del 19 de noviembre a residencias de líderes
estudiantiles y a colectivos artísticos que, acompañados de señalamientos
irresponsables, incrementan el riesgo de estas expresiones sociales.
·
El
práctico abandono de la política de paz, el menoscabo de los derechos sociales,
la falta de garantías para las libertades democráticas y la creciente
militarización de la vida civil, que perpetúan el círculo de violencia,
corrupción y pauperización que hemos soportado por tantos años, dada la
incapacidad de las clases dirigentes y los gobiernos de turno.
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