De 2007 a 2018, Daniel Ortega
ha gozado del apoyo del FMI prosiguiendo
una política a favor
del gran capital
nacional e internacional
2 de
noviembre de 2018
Por Eric Toussaint
CADTM
El principal detonador de las protestas
sociales comenzadas en abril de 2018, ha sido la imposición de medidas
neoliberales tomadas por el gobierno de Daniel Ortega en materia de seguridad
social, y en particular las jubilaciones. Estas medidas eran deseadas por el
FMI con el que Daniel Ortega ha mantenido excelentes relaciones desde que
volvió a la presidencia del país en 2007. De hecho, el FMI ha felicitado al
gobierno por sus realizaciones en un comunicado
publicado en febrero de 2018 : “El desempeño de la
economía en 2017 rebasó las expectativas y las perspectivas para 2018 son
favorables(...). A fin de minimizar los posibles riesgos desfavorables,
Nicaragua necesita seguir fortaleciendo su marco de políticas, para lo cual
deberá: (i) apresurar la aplicación de la ley sobre tributación internacional,
reducir el gasto tributario, racionalizar los subsidios y poner en práctica una
reforma integral de la seguridad social"... [ 1 ]
La izquierda está dividida sobre la
apreciación de la política llevada a cabo por el gobierno de Daniel Ortega de 2007 a hoy, igual que sobre
la actitud a adoptar ante las protestas sociales y la represión ejercida por el
régimen.
Una parte de la izquierda considera que el
gobierno de Daniel Ortega es un gobierno progresista que ha llevado a cabo, en
un contexto internacional difícil, una política favorable a los sectores
populares aunque cometiendo algunos errores. Esta parte de la izquierda
considera que las grandes potencias capitalistas, comenzando por Washington, y
sus aliados en la región, son en gran medida responsables de la
desestabilización de la situación en este país centroamericano de cerca de 7
millones de habitantes y que un sector dominante del movimiento está dirigido
y/o manipulado por la derecha reaccionaria. Reconoce que ha habido represión
pero considera sospechosos o falsos todos los informes que afirman que las
autoridades del país son las principales responsables de las centenares de
muertes que marcan los dramáticos acontecimientos que afectan a la población.
Hay quienes han afirmado que mercenarios que
han desestabilizado el régimen de Maduro han sido desplazados hacia Nicaragua
para perpetrar su obra criminal según un modus
operandi puesto a punto por
Washington y sus lacayos [ 2 ] . A partir de ahí, habría que
evitar un derrocamiento del gobierno de Daniel Ortega. Esta es también grosso
modo la posición de una parte de los partidos de la izquierda latinoamericana,
los que componen el Foro de Sao Paolo que se reunió en julio de 2018 en La
Habana y que adoptó una resolución de apoyo al gobierno de Daniel Ortega [ 3 ] .
Según Ortega y quienes le defienden, el
movimiento de protesta constituye una tentativa de golpe de Estado y quienes
participan en el movimiento son cómplices de los golpistas y de los terroristas
o son terroristas o golpistas [ 4 ] .
Los argumentos que acabo de resumir no están
corroborados por los hechos. Ortega y sus partidarios no logran demostrar que
nos encontremos ante una tentativa de golpe de Estado. Las y los manifestantes,
en su aplastante mayoría, no utilizan métodos terroristas. Ortega no ha logrado
mostrar un solo mercenario extranjero.
Por otra parte, normalmente en una tentativa
de golpe de Estado, un sector del ejército participa en el complot contra el
gobierno. Ahora bien, Ortega no denuncia ningún sector golpista en el ejército.
El ejército ha permanecido según todas las apariencias del lado del régimen
actual. En cualquier caso, hasta ahora.
Según una serie de intelectuales de
izquierdas, habría que evitar denunciar al gobierno nicaragüense, o como mucho
se pueden criticar algunos de sus graves errores. Las y los intelectuales de
izquierdas que encuentran excusas al gobierno de Daniel Ortega se niegan a
analizar el contenido de clase de la política aplicada desde 2007. Se cuidan
mucho de decir hasta qué punto el FMI ,
el Banco
Mundial , el gran
capital y las grandes potencias económicas capitalistas se encontraban
satisfechas por las medidas aplicadas por Daniel Ortega. Sin embargo
generalmente cuando se trata de otros gobiernos, no dudan en denunciar su
complicidad con las instituciones financieras internacionales, con las grandes
potencias capitalistas, comenzando por los Estados Unidos, y con el gran
capital nacional e internacional.
En este artículo, nos proponemos explicar en qué la política de
Daniel Ortega y de quienes gobiernan con él es favorable al gran capital, a las
instituciones como el FMI y las demás instituciones financieras internacionales
(IFI) concernidas (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-,
etc.) Veremos también en qué esta política profundiza el sistema deuda y
el modelo extractivista-exportador basados en la explotación de los pequeños
productores ya sean obreros, artesanos o campesinos (hombres y mujeres) así
como en el abandono de la soberanía sobre las riquezas naturales y sobre una
parte del territorio. Sin olvidar que el gobierno de Daniel Ortega ha hecho
aplicar la peor regresión en materia de prohibición del aborto. Luego, en un
próximo artículo volveremos sobre la cronología del movimiento de protesta que
comenzó en abril de 2018 y veremos que la represión organizada de forma
sistemática por el gobierno de Daniel Ortega ha alcanzado en 6 meses
proporciones dramáticas.
Explicaremos igualmente porqué la política del
gobierno, que ha parecido dar resultados económicos positivos en términos de
crecimiento, había entrado en crisis antes de los acontecimientos que
comenzaron en abril de 2018.
El modelo aplicado por Daniel Ortega antes de recurrir a la represión masiva
El gobierno de Daniel Ortega, en 11 años, no
ha realizado ninguna reforma estructural aún disponiendo de una mayoría
confortable en la asamblea nacional: ni socialización de los bancos, ni nueva
reforma agraria cuando la concentración de la tierra en beneficio de grandes propietarios es muy
importante, ni reforma urbana favorable a las capas populares, ni reforma de
los impuestos favorable a más justicia social, el régimen de las zonas francas
ha sido extendido (en él trabajan más de 100.000 personas asalariadas en condiciones
de gran explotación), se ha proseguido el recurso al endeudamiento público
externo e interno favorable a los acreedores gracias a los intereses que
perciben y al poder de chantaje que tienen como prestamistas para hacer aplicar
políticas que les son favorables, prosecución de la represión contra las
mujeres que recurren al aborto, adopción de un discurso religioso
fundamentalista y oscurantista…
Nicaragua sigue siendo un país caracterizado
por salarios muy bajos. La agencia oficial de promoción del país entre los
inversores, ProNicaragua, se felicita, en su página web, de que el salario
mínimo sea “el más competitivo
a escala regional, lo que hace de Nicaragua un país ideal para establecer
operaciones intensivas en mano de obra” [ 5 ] . La precarización del trabajo
ha progresado con fuerza: cuando la economía informal representaba el 60% del
empleo en 2009, el porcentaje ha subido al 80% en 2017.
A pesar de las condiciones económicas
particularmente favorables, no ha habido progreso en la disminución de las
desigualdades sociales y el número de personas multimillonarias ha aumentado.
Esto significa claramente que el crecimiento de las riquezas producidas durante 11 años
no ha sido repartido en favor de los sectores populares pues el gran capital
nacional e internacional, con el concurso del gobierno, se ha apropiado de la
mayor parte de esas riquezas. Además, se ha enriquecido el entorno de Daniel
Ortega y en particular los miembros de su familia.
2007-2016: una coyuntura internacional favorable que ha beneficiado al gobierno de Daniel Ortega
Desde su vuelta a la presidencia del país en
2007 y hasta finales de 2016, Daniel Ortega ha gozado de una coyuntura
económica favorable, una de cuyas expresiones es la tasa de crecimiento anual
del PIB que
ha sido del orden del 4%.
Esto le ha permitido hacer coincidir dos tipos
de políticas: la profundización de la entente con el gran capital internacional
y nacional, de una parte; y de otra, el desarrollo y luego el mantenimiento de
ciertos programas “sociales” “asistenciales” que asegurarían al gobierno de
Daniel Ortega un cierto apoyo popular.
La coyuntura económica era favorable a esta política de Daniel
Ortega porque, 1. los precios de las materias primas exportadas por Nicaragua
se mantenían a un nivel elevado, 2. las inversiones extranjeras eran
importantes dados los regalos ofrecidos por el gobierno, 3. los envíos de las
personas nicaragüenses residentes en el extranjero a sus familias en el país
eran elevados y 4. las tasas de interés para
refinanciar la deuda eran históricamente bajas en el plano internacional. Otros
dos factores favorables se añadían a lo anterior: 1. un apoyo financiero y
comercial muy importante del gobierno venezolano (de alrededor de 500 millones
de dólares por año) -el sector capitalista exportador se ha beneficiado en
particular en el terreno de las exportaciones de carne hacia Venezuela- y 2. el
mantenimiento de una muy buena relación con el FMI en la medida en que el
gobierno de Daniel Ortega se ha comprometido a proseguir la realización de
reformas estructurales neoliberales y en mantener una disciplina presupuestaria
muy firme (es decir, una compresión de los gastos públicos) [ 6 ] .
Todo esto era formulado en el nuevo lenguaje
del FMI y del Banco Mundial: las reformas estructurales neoliberales eran
realizadas en nombre de la lucha por la reducción de la pobreza. En el
lenguaje del gobierno de Daniel Ortega a esto se le llamaba “la Nicaragua cristian a, socialista y solidaria”.
Los programas sociales desarrollados durante
la presidencia de Daniel Ortega tienen como nombre: Hambre Cero,Plan Techo (instalación de techos de zinc
resistentes a las lluvias tropicales), Usura
cero (microcréditos),Merienda
Escolar (alimentación de las
y los niños en las escuelas), Bono
Productivo ( créditos concedidos
mayoritariamente a las mujeres pobres, en medio rural), Bono Solidario (programa de ayuda a los salarios), Casas para el Pueblo [ 7 ] .
Hay que señalar que estos programas son en
gran medida compatibles con las políticas apoyadas por el FMI y el Banco
Mundial. En cierta medida, forman parte de ellas. Mientras el gobierno de un
país profundiza la apertura económica a las inversiones extranjeras, facilita
la flexibilidad del mercado de trabajo (es decir, los despidos y la
precarización de los contratos de trabajo), firma tratados de libre comercio,
aumenta las privatizaciones de empresas y de servicios públicos… puede
desarrollar, según el FMI y el BM, medidas de acompañamiento y de apoyo a la
gente más pobre [ 8 ] . El FMI y el BM le felicitan por ello.
Estas dos instituciones insisten igualmente en el hecho de “implicar a la gente
pobre en resolver los problemas que le afectan” (“actively involving the poor
in solving the problems affecting them”), lo que repiten luego los gobiernos. Se conocen
perfectamente este tipo de discursos que se aplican tanto en el Norte como en
el Sur del planeta. Los gobiernos deben ayudar a la gente pobre a encontrar
soluciones a “sus” problemas. Hay que ayudar a las personas en paro a encontrar
un empleo “activándolas”. Las únicas soluciones estructurales propuestas
consisten en aumentar la flexibilidad del trabajador y la formación de base de
la persona sin empleo.
Las causas estructurales de la pobreza y del paro no son jamás
realmente enfrentadas pues ello entraría en contradicción completa con lo que
motiva la intervención de instituciones como el BM y el FMI. Hay que ayudar a
la gente pobre a asumir su situación concediéndole una ayuda discriminada y a
menudo condicional lo que es fácilmente utilizado en un marco clientelista (la
persona pobre recibe una ayuda si apoya al partido en el poder o al gobierno
actual).
La legitimación de la deuda pública y la prosecución de las políticas presupuestarias conformes a las exigencias del FMI
Cuando en 2007 Daniel Ortega llegó a la presidencia
con el 38% de los votos [ 9 ] , el programa que estaba en
curso entre el gobierno de derechas y el FMI había llegado a su fin. Además, en
2006-2007, Nicaragua gozó de un fuerte alivio de la deuda por parte de los
acreedores multilaterales en el marco de la iniciativa para los países pobres
muy endeudados (PPME). Concretamente, el FMI anuló 206 millones de deuda en
2006. El BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) procedieron
igualmente a anulaciones de deudas nicaragüenses en 2007 durante el primer
mandato de Daniel Ortega.
Es en este contexto particular en el que Daniel Ortega quiso
convencer al FMI para realizar un nuevo programa cuando la institución de
Washington no veía su necesidad pues consideraba que la deuda de Nicaragua era
sostenible. El gobierno de Daniel Ortega insistió en realizar un nuevo programa
afirmando que esto permitiría aumentar la confianza de los inversores
extranjeros a los que quería atraer.
El FMI finalmente aceptó exigiendo en contrapartida que el
gobierno nicaragüense profundizara las reformas neoliberales que estaban en
curso desde hacía 17 años (1990-2007) y aplicara una austeridad presupuestaria
a fin de conseguir un excedente presupuestario primario. Concretamente, el FMI
prestó a Nicaragua alrededor de 120 millones de dólares entre 2007 y 2011, es
decir 78 millones de derechos especiales de giro -DTS (para comprender lo que
son los DTS, leer https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR y para ver la evolución de la
paridad entre el DTS et el dólar US, verhttp://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx Grosso modo, el valor del DTS oscila
alrededor de 1,5 dólares US). En términos de reembolso, Nicaragua ha entregado
al FMI alrededor de 145 millones de dólares entre 2011 y 2018 (ver el cuadro en
DTS de las entregas del FMI y de los reembolsos efectuados por Nicaragua en :http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extrans1.aspx?memberKey1=720&endDate=2099%2D12%2D31&finposition_flag=YES ).
Añadamos que en 2009, el FMI prestó al
gobierno de Nicaragua una suma muy importante para hacer frente a la recesión
económica internacional provocada por la gran crisis bancaria surgida en los
EEUU en 2007-2008. Esto muestra hasta qué punto el gobierno de Nicaragua ha
estado apoyado por el FMI, incluso hasta abril de 2018.
Hay que señalar que Nicaragua debe aún
reembolsar en el futuro una parte del capital y de los intereses. El montante
de la deuda de Nicaragua respecto al FMI en el primer trimestre de 2018 se
elevaba a 207 millones de dólares.
Conclusiones:
1. El gobierno de Daniel Ortega, que podía
prescindir de nuevos créditos del FMI pues el programa precedente había acabado
y el FMI había anulado 206 millones en deudas, quiso no obstante realizar un
nuevo acuerdo. Esto muestra claramente que Ortega estaba dispuesto a proseguir
las políticas neoliberales recomendadas por este organismo al servicio del gran
capital y de las grandes potencias, comenzando por los Estados Unidos y la Unión Europea. A
partir de 2007, con la renovación del programa, el beneficio político realizado
por el FMI a costa del pueblo nicaragüense es importante por una razón
fundamental: puede dictar políticas favorables al gran capital privado y a los
intereses de los países que dirigen la institución. Por
su parte, un gobierno que concreta un acuerdo con el FMI goza de una
financiación y puede imputar al FMI la responsabilidad de las medidas
impopulares que toma [ 10 ] .
2. Daniel Ortega y su gobierno rechazaron
seguir el camino que emprendía en la misma época el gobierno de Rafael Correa,
también elegido a finales de 2006 y cuyo mandato comenzaba al mismo tiempo que
el de Daniel Ortega. Rafael Correa y su gobierno pusieron en pie una comisión
de auditoría integral de la deuda reclamada a Ecuador. Esta comisión estaba
principalmente compuesta de delegados y delegadas de movimientos sociales.
Sobre la base de los trabajos que la comisión entregó en septiembre de 2008, el
gobierno ecuatoriano suspendió el pago de una parte de la deuda identificada
como ilegal e ilegítima y gracias a esto logró una victoria contra sus
acreedores reduciendo la deuda de forma importante [ 11 ] . Desde finales del año 2006,
algunos días antes del comienzo del mandato de Daniel Ortega, Adolfo Acevedo
Vogl indicó claramente que el hecho de aceptar las exigencias del FMI iba a
tener consecuencias funestas pues el gobierno iba a estar obligado a sacar de
forma permanente un excedente primario del presupuesto a fin de reembolsar la deuda. Esto iba a
hacer muy difíciles las necesarias revalorizaciones salariales, y el aumento de
gastos sociales iba a ser casi imposible en el marco de las obligaciones
presupuestarias. El FMI exigía igualmente recortes presupuestarios en la
enseñanza universitaria, igual que en los presupuestos municipales que perdían
una gran parte de su autonomía [ 12 ] .
El sistema de seguridad social estaría puesto
en dificultades. De hecho, desde el comienzo, el FMI no ha dejado de exigir la
puesta en marcha de una contrarreforma de la seguridad social y en particular
del sistema de jubilaciones. Es la puesta en práctica de esta política deseada
por el FMI lo que ha constituido uno de los ingredientes principales de la
rebelión social que ha estallado en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018.
No se trata de un accidente, de una mala decisión aislada del gobierno de
Daniel Ortega, sino que se trata de la profundización de la política puesta en
práctica desde 2007 por su mismo gobierno.
El gobierno de Daniel Ortega ha aumentado el número de tratados de libre comercio
El tratado de libre comercio con los Estados
Unidos fue adoptado en 2005. Si el grupo parlamentario del FSLN, entonces en la
oposición, votó en contra de su ratificación en octubre de 2005, varios
sandinistas disidentes como Mónica Baltano reprocharon al FSLN dirigido por
Ortega haber puesto en el orden del día de la Asamblea Nacional
la ratificación del tratado. En efecto, René Núñez Tellez, diputado del FSLN,
ocupaba entonces la presidencia de la Asamblea Nacional
y tenía una influencia directa sobre el orden del día de ésta. Mónica Baltodano
reprocha igualmente a Daniel Ortega haber votado luego a favor de las leyes que
permitían su aplicación. El 1 de noviembre de 2006 escribía: “Peor aún: las
leyes que viabilizaron la entrada en vigencia del CAFTA, sólo pudieron
aprobarse con los 36 votos de los diputados del FSLN, ya que ni siquiera en
esta ocasión los liberales de Alemán, la bancada de diputados del PLC, votó por
ellas” ( http://www.rebelion.org/noticia.php?id=40447 ). Por su parte, Bernard Duterme
escribe: “(En vísperas de las elecciones de 2006), Daniel Ortega multiplicó una
vez más los gestos de buena voluntad hacia la gran patronal nicaragüense, el
Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos, intentando tranquilizarles
sobre el carácter “razonable” de sus políticas futuras, y garantizándoles -al
contrario del discurso público de las organizaciones y sindicatos sandinistas-
el respeto de los compromisos tomados por sus predecesores, en particular en
materia de liberalización de los mercados”, (Bernard Duterme, Toujours
sandiniste, le Nicaragua ? - CETRI, Centre Tricontinental, 2017,https://www.cetri.be/Toujours-sandiniste-le-Nicaragua-4475 ). Una vez en el poder a partir de
2007, el gobierno de Daniel Ortega no intentó en absoluto derogar este acuerdo
de libre comercio con la superpotencia estadounidense. Esto constituyó un giro
más en la orientación del FSLN pues, anteriormente, había acusado al gobierno
del presidente Enrique Bolaños de someter Nicaragua a los intereses económicos
de Washington. Otros tratados de libre comercio fueron aprobados con el apoyo
del FSLN: un tratado con Taiwan (que entró en vigor en 2008), uno que concierne
a América Central con México (2011) y otro entre América Central y la Unión Europea
(2012).
Daniel Ortega ha ampliado la apertura de Nicaragua a los intereses de las empresas extranjeras
En el campo del agronegocio, de las industrias
mineras, de la pesca, el gobierno de Daniel Ortega ha reforzado la explotación
de los recursos naturales del país por el gran capital transnacional siguiendo
la línea de sus predecesores (ver el artículo: http://www.cadtm.org/Nicaragua-La-evolucion-del-regimen-de-Daniel-Ortega-desde-2007 ). En el mes de agosto de 2018,
adjudicó una nueva concesión a la
empresa B 2Gold cuya sede se encuentra en Canadá. A esta
empresa, ya activa en Nicaragua ( http://www.b2gold.com/projects/nicaragua/ ), se le adjudicó una nueva
concesión sobre una superficie de 18.000 hectáreas
que afectará a las condiciones de vida de una decena de comunidades [ 13 ] .
Bajo la presidencia de Daniel Ortega, la
privatización del sector energético y por tanto de los recursos naturales
nicaragüenses, ha sido creciente, en beneficio de las multinacionales y en
particular de aquellas en las que Ortega invierte.
El canal interoceánico
Este proyecto, de más de dos siglos de
antigüedad, pero impulsado desde finales del siglo XIX, fue reactivado por el
gobierno de Daniel Ortega. El 14 de junio de 2013, la Asamblea Nacional
de Nicaragua aprobó por 61 votos contra 28 una ley que adjudicaba una concesión
por una duración renovable de cincuenta años al consorcio chinoHKDN
Nicaragua Canal Development.
El Gran Canal interoceánico de Nicaragua era
sin duda la obra de infraestructura más gigantesca prevista estos últimos años
en América Central.
Este megaproyecto se conjugaba con proyectos más antiguos como el
Plan Puebla Panamá, hoy rebautizado como Plan Mesoamérica, destinados a
preparar la región para adaptarse mejor a los acuerdos de asociación económica
con los Estados Unidos o con la Unión Europea [ 14 ] . Resulta que no menos de quince
empresas -registradas en Pekín, Hong Kong, Países Bajos, Islas Caimán y
Nicaragua- han sido asociadas al proyecto de la construcción del canal.
Finalmente, el proyecto ha sido abandonado en 2017. Según la explicación
oficial, el inversor privado chino que había obtenido la concesión por un siglo
y que prometía invertir 50.000 millones de dólares en el proyecto ha quebrado.
Una explicación complementaria o alternativa es plausible. Las autoridades
chinas han utilizado la perspectiva de la construcción del canal interoceánico
vía Nicaragua como un medio de chantaje sobre las autoridades de Panamá para
obtener concesiones [ 15 ] .
Lo han logrado: Panamá ha aceptado las condiciones de
China que ha podido a partir de ahí retirar su apoyo (no oficial) a la empresa
privada de Hong Kong HKDN
Nicaragua Canal Development.
Aunque este megaproyecto haya sido abandonado
como consecuencia de la salida de los chinos, hay ya proyectos conexos (en
particular de monocultivos y turísticos y una formidable especulación sobre la tierra) que amenazan
a los productores y las comunidades que viven en los aledaños del trazado del
canal… El mal está hecho. La especulación sobre la tierra se ha desarrollado
con fuerza y se han producido numerosos ataques contra los derechos y las
condiciones de vida de los habitantes concernidos que son en gran medida
pueblos originarios que viven de la tierra y el agua.
Las reacciones previas al abandono del proyecto
El 11 de agosto de 2013, Mónica López
Baltodano (hija de la excomandanta Mónica Baltodano y de Julio López
Campos), abogada, anuncio que iba a introducir un recurso por
inconstitucionalidad contra la concesión del Canal Interoceánico por Nicaragua.
Lo hizo en relación directa con los movimientos que protestaban contra el
megaproyecto. Declaró:
«Estimados ciudadanos y ciudadanas de
Nicaragua:
Me llamo Mónica López Baltodano, tengo 29
años, soy Abogada y Notario, Máster en Estudios Políticos y Experta en Cambio
Climático. He estudiado detalladamente cada uno de los instrumentos jurídicos
conocidos sobre la concesión del Canal Interoceánico por Nicaragua, y en base a
ello, el día lunes 12 de agosto (11 am), estaré presentando en mi calidad de
ciudadana, un Recurso por Inconstitucionalidad en contra del Presidente de la
República, Daniel Ortega Saavedra, y la Asamblea Nacional
por la aprobación de la Ley 840 y el Acuerdo Marco de Concesión del Canal. Este
recurso no sólo se refiere a la Ley 840 (y sus 25 artículos), sino que examina
detalladamente las cláusulas que integran las 120 páginas de las disposiciones
del Acuerdo Marco de Concesión y documentos conexos. Es un recurso completo en
su análisis jurídico. Consta de 103 páginas en que expongo pormenorizadamente
violaciones a más de 40 artículos de la Constitución, y de manera especial,
analizo las ilegalidades relativas a la administración de los recursos
naturales, que son patrimonio de la Nación, y la gestión ambiental» .
López Baltodano resumía algunas de las razones
del recurso:
1. La concesión del Canal debe analizarse a la
luz de las cláusulas del Acuerdo Marco. En el recurso exponemos que esas
cláusulas no son Ley de la República, aunque la Ley 840 menciona 56 veces sus
disposiciones. Ese Acuerdo fue suscrito con posterioridad por funcionarios
públicos carentes de potestad legislativa, por tanto deben ser desconocidas por
los ciudadanos y todos los funcionarios públicos de Nicaragua.
2. El Acuerdo Marco obliga a que en el lapso
de 18 meses se realice una reforma constitucional para legalizar las
disposiciones del mismo, pretendiendo adecuar nuestra Carta Magna a los
intereses corporativos del gran capital.
3. Se pretende que todos los documentos en
inglés o desconocidos públicamente (tales como la Escritura de Cooperación, el
Acuerdo de Accionistas o los Estatutos de HKND) son parte de la concesión del
canal. Los impugno claramente porque son inconstitucionales.
4. Según la Constitución, la legislación y la
jurisprudencia, esta ley debe ser declarada inconstitucional por haberse
aprobado sin la necesaria consulta a gremios, asociaciones, colectivos u
organizaciones populares. Solamente fueron consultadas 10 personas del gremio
empresarial (AMCHAM y COSEP). Discriminatoriamente, ninguna mujer fue
consultada » [ 16 ] .
El economista Adolfo Acevedo Vogl afirmaba en
la prensa en 2014 : «Uno
podría preguntarse la razón por la cual, en el acuerdo de concesión con HKND,
se especificó con tanto detalle tanto un mecanismo expedito de expropiación,
sin derecho a recurso alguno, como el método de valoración de la tierra con
propósitos de indemnización – según el valor catastral -, y qué ocurrirá con la
gran extensión de superficie de tierra nicaragüense que pasará a manos del
concesionario» [ 17 ] .
En efecto, en el caso chino “las
indemnizaciones entregadas no solo han sido minúsculas, totalmente
insuficientes para que los desalojados pudiesen sostener un nivel de vida
siquiera comparable que tenían antes, con la seguridad que les proporcionaba el
hecho de disponer de la seguridad del rendimiento de sus parcelas para
subsistir. La información disponible indica que, con frecuencia, solo una
pequeña fracción de los fondos destinados a la indemnización han quedado en
manos de los desalojados”.
“Los millones de hectáreas obtenidas de ese
modo, luego han sido vendidas a desarrolladores de bienes raíces, a precios
decenas y a veces cientos de veces superiores a los pagados como
indemnización”, argumenta el economista.
Riesgos ambientales
En el periódico nicaragüense en El Confidencial, Salvador
Montenegro escribía el 8 de julio 2016: «
La
empresa Environmental Resources Management (ERM), bajo
contrato del concesionario chino HKND, elaboró el “ Estudio de Impacto Ambiental y Social ” (EIAS) del Canal por Nicaragua,
publicado en Noviembre del año pasado».
«En los documentos aún disponibles, se muestra
el diseño que HKND ha concebido para la construcción de esta faraónica obra,
que incluye la excavación de una zanja en el lecho del Gran Lago Cocibolca,
dragando para ello desde la desembocadura del río Tule hasta el río Las Lajas
(unos 105 km ,
casi la misma distancia que hay entre León y Tipitapa), cuya profundidad sería
de unos 30 metros
y con ancho variable de 300 a
500 metros ,
-tres a cinco cuadras leonesas-. El concesionario, declara con orgullo que “El
proyecto incluiría la mayor operación de movimiento de tierra de la historia,
ya que requeriría la excavación de aproximadamente 5,000 MMm3 de material”
(pag. 104, Vol 1). Como parte de ello, asegura que excavará unos 750 millones
de metros cúbicos (unos 18 millones de camiones mineros de 40 toneladas llenos
de rocas, arena y lodo) del fondo del Cocibolca para posibilitar el tránsito de
los barcos más grandes del mundo, aún mayores que los que ahora pueden
transitar por el Canal de Panamá ampliado. Independientemente de las
dificultades técnicas e impactos ambientales y sociales que esta iniciativa
amparada bajo la Ley 840 causaría en los segmentos terrestres en Rivas y en el
Caribe, y que motiva justificadas voces y el rechazo de los pobladores
afectados, las consecuencias sobre el recurso natural de mayor importancia de
Nicaragua, el Gran Lago Cocibolca, ameritan que se examine objetivamente las
previsiones que HKND ha hecho sobre el eslabón que es aún más débil y
vulnerable en la ingeniería del proyecto. Con estas líneas, me refiero
solamente a la propuesta de HKND para la absurda disposición del material a ser
dragado del fondo del Cocibolca, invitando el interés y atención pública sobre
los graves riesgos ambientales, sociales y económicos, que esta previsión de
mala ingeniería tendría sobre el interés nacional, causando daños
irreversibles.» [ 18 ] .
Las movilizaciones contra el proyecto de Canal
Un movimiento campesino anti-canal, organizado
en el denominado Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y
Soberanía, surgió como una reacción del campesinado de las zonas por las cuales
teóricamente pasaría el Canal, a la estipulación del contrato de concesión de
que sus tierras serían expropiadas y se les entregaría una indemnización
equivalente al valor catastral de las mismas. La reacción se agravó cuando
aparecieron chinos en dichas zonas haciendo mediciones, lo que produjo
reacciones airadas del campesinado. Los campesinos comenzaron a organizarse y a
estudiar en detalle lo estipulado por la concesión contando con el apoyo de
organizaciones como la
de Mónica Baltodano (Popol Na) y otras, en términos de
impresión de copias de la ley y asesoría. La hija de Mónica Baltodano, quien es
abogada, acepto asesorar legalmente el Consejo Nacional para la Defensa de la
Tierra, Lago y Soberanía. La principal dirigente de este movimiento fue desde
un inicio Doña Francisca Ramirez (Doña Chica)
y ella misma ha organizado más de 100 marchas
demandando la derogación de la ley que otorga esta concesión (Ley 440). El
grado de organización y conciencia dentro de este movimiento fue creciendo, y
se extendió, de la defensa de sus tierras, que para los campesinos es lo más
sagrado que tienen, hasta la defensa del lago, el cual en muchos casos juega un
papel vital para ellos, y la soberanía del país.
En estas marchas participaron decenas de miles
de campesinos, y cada vez que intentaron llegar a Managua, fueron reprimidos,
no solo por la policía, sino incluso por el ejército. En los propios
territorios sufrieron hostigamiento, persecución y represión, pero esto solo
sirvió para cohesionar y fortalecer la disposición del movimiento. Este había
sido, hasta abril 2018, el movimiento social más grande, el más organizado y
cohesionado, y el que había experimentado la mayor represión.
El movimiento se dio a sí mismo unos
estatutos, en los que se estableció la no-reelección de quien ejercía la
coordinación del Consejo, y aunque el liderazgo de doña Chica se mantuvo, por
el papel que desempeñó, fue elegido para el cargo Medardo Mairena, otra figura
influyente.
La convergencia entre el movimiento popular
contra la construcción del Canal y las movilizaciones de abril de 2018
Cuando estallaron las protestas en las
ciudades, a raíz de la indignación y el repudio que generaron los primeros
estudiantes asesinados en abril 2018, el movimiento campesino se solidarizó, y
delegaciones suyas se incorporaron a las primeras marchas nacionales.
Cuando el gobierno solicitó reanudar el
diálogo con la empresa privada, y la mediación de la Conferencia Episcopal ,
el reclamo nacional fue que los empresarios no representaban a los que
protestaban, y que, en todo caso, debían incorporarse representantes de todos
los sectores, la
Conferencia Episcopal seleccionó a representantes de
distintos sectores, incluidos los estudiantes. Pero hubo presión nacional
porque se incorporara también a Doña Chica, por el movimiento campesino. Pero
dado que Medardo era el coordinador del Consejo, fue el designado a participar
en el diálogo.
Cuando el régimen intensificó la represión de
mayo a junio de 2018, las poblaciones de Masaya y otras ciudades comenzaron a
levantar barricadas como forma de protestas, el movimiento campesino - dirigido
por Medardo que participaba en el diálogo y doña Chica que se integró a la
Articulación de Movimientos Sociales - decidió hacer tranques en las
principales vías de acceso de los territorios bajo su influencia. Otras
poblaciones y ciudades siguieron su ejemplo. El
movimiento campesino se convirtió así en un baluarte de esta lucha. Medardo y
Doña Chica se convirtieron en símbolos .
Conclusión:
Desde el comienzo de 2007, la política del
gobierno de Daniel Ortega ha favorecido los intereses del gran capital nacional
e internacional. Ha gozado del apoyo del FMI, del Banco Mundial y de otras
instituciones financieras internacionales dominadas por los intereses de las
grandes potencias imperialistas. Las políticas de asistencia social no
modificaban en nada la naturaleza del sistema capitalista, sino que en realidad
acompañaban la profundización de la agenda neoliberal a la vez que desarrollaba
relaciones clientelistas entre la “gente pobre” y el partido en el poder.
Tras 11 años de aparente éxito y estabilidad,
este modelo ha entrado en crisis abierta pues la gente de abajo se ha puesto a
protestar contra las nuevas medidas antisociales contra los derechos de las
personas jubiladas. La protesta iniciada por las y los estudiantes a mediados
de abril de 2018 como eco a las protestas de las personas jubiladas se ha
extendido a otros sectores, en particular al movimiento de oposición a la
construcción del canal interoceánico. La represión extremadamente violenta
lanzada por el gobierno de Daniel Ortega ha provocado la reacción de enormes
capas de la sociedad y la patronal ha acabado por tomar distancias en relación
al régimen.
Quienes en la izquierda defienden el
mantenimiento de Daniel Ortega se niegan a hacer un análisis de clase de la
política seguida de forma sistemática por su gobierno. Esta izquierda se niega
igualmente a denunciar las múltiples violaciones de los derechos humanos
perpetradas por el régimen brutal de Daniel Ortega. Es fundamental denunciar la
represión que se abate sobre los movimientos sociales. Por supuesto, hay que
oponerse a toda injerencia de los Estados Unidos o de otras potencias
extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua.
Notas:
(…)
Traducción: Alberto Nadal
Consultar las otras partes:
Eric Toussaint es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es
miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos
libros, entre ellos:Bancocracia Icaria
Editorial, Barcelona 2015,, Procès d’un homme exemplaire , Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta
la actualidad , Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria,
Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos , Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet
del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París, 2012. Coordinó los trabajos
de la Comisión de la Verdad
Sobre la Deuda ,
creada por la presidente del Parlamento griego. Esta comisión funcionó, con el
auspicio del Parlamento, entre abril y octubre de 2015. El nuevo presidente
del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre de 2015. A pesar de ello, la
comisión prosiguió sus trabajos y se constituyó legalmente como una asociación
sin afán de lucro.
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