Enfermedades, contaminación y derrumbes en Allen, el pueblo en el que los cultivos conviven con el fracking.
16 de noviembre de 2018
Por Juan
Parrilla / Infobae
Leucemia, viviendas derrumbadas,
sonidos insoportables, emisiones de gases tóxicos, gastroenteritis, vómitos,
derrames. El relato se repite de vecino a vecino. Solo cambian las formas, pero
las vivencias y creencias son similares. Para las petroleras, en cambio, es un
ejemplo de una industria que genera unos 3 mil puestos de trabajo en todo Río
Negro y que el año pasado le dejó a la provincia 500 millones de pesos en
regalías. Junto a un equipo de Greenpeace, Infobae visitó Allen,
la capital nacional de
la pera, en Vaca Muerta, donde los cultivos de frutas que se consumen en el
resto del país conviven con los pozos de fracking.
Allen es parte del yacimiento
Estación Fernández Oro, en el sector rionegrino de Vaca Muerta. La explotación
de hidrocarburos tiene varias décadas en la zona, pero con la irrupción de la
técnica del fracking los pozos se multiplicaron en el área, donde el tight gas
es la vedette. Aunque ni siquiera están claras las consecuencias a largo plazo
del fracking sobre la salud y el medio ambiente, no
hubo debate previo. Alguien decidió que así iba a ser y la vida
cambió para siempre. La mayoría de los vecinos no quiere hablar, pero la regla
tiene varias excepciones. ¿Es
posible la convivencia del fracking con los cultivos si el gas y el petróleo
pagan 10 veces más por hectárea? ¿Afecta la salud de los vecinos? ¿Y el medio
ambiente?
“Simulacros”
Los accidentes en los pozos de la
zona están lejos de ser una excepción. La sucesión es notable y contrasta con
las afirmaciones del gobierno de la vecina provincia de Neuquén, que tras el derrame
de crudo que ocurrió el 19 de octubre en Bandurria Sur, informó que
desde 2014 no había habido problemas en la “zona”. Esa declaración tenía una
intencionalidad: instalar la idea de que en todo Vaca Muerta no hubo accidentes
en los últimos años, y así lo comunicó buena parte de la prensa local.
Naturalmente, es mentira.
En el Observatorio Petrolero Sur
armaron una línea de tiempo de los accidentes solo en Allen. En
2014 explotaron dos pozos y otro se incendió y provocó llamas de hasta 15 metros
de altura. El 2015 fue el año de los derrames. Fueron cuatro. En
uno de ellos, en julio, los fluidos terminaron en una laguna que se conecta con
otras que, a su vez, desembocan en el río Negro. La empresa Yacimientos del Sur
(YSUR, subsidiaria de YPF) les ofreció a una veintena de vecinos de Calle Ciega
10 una compensación de 44 mil pesos al año, pero les exigió a cambio una
cláusula de confidencialidad, la colaboración con la empresa en caso de
protestas y la renuncia a nuevos reclamos.
Ese año también hubo una sucesión
de explosiones en el pozo EFO 280, pero para el gobierno rionegrino fue un mero
“silbido”. Tras la denuncia de los vecinos, el secretario de Energía, Marcelo
Echegoyen, fue contundente. “Estoy
viendo en Google Earth y acá no hay ningún barrio”, declaró.
Al año siguiente se produjo el
accidente más importante que se conoce en la zona, cuando se
fugaron 240 mil litros de la llamada “agua de formación” de los pozos 360 y 362.
Murieron animales y árboles frutales.
En 2016 se
derrameron 240 mil litros de “agua de formación” (OPSur)
Hubo más incidentes. La mayoría de
las veces, según los vecinos, les
dicen que son simulacros, lo que contrasta -de acuerdo a esos
testimonios-, con la cara de pánico de los trabajadores.
La polémica se redobla cuando la
encargada de controlar está íntimamente ligada a la industria petroquímica.
La secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani, es una de las dueñas de
Quinpe SRL, una empresa que se dedica al transporte, almacenaje y distribución
de productos químicos y residuos relacionados con la extracción de
hidrocarburos; y entre sus clientes tiene a YPF, Petrobras, Halliburton, TGS y
Schlumberger, de acuerdo a una denuncia por contaminación que presentó este año
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), por pedido del presidente del
Concejo Deliberante de Estación Fernández Oro, Claudio Correa.
Contaminación
invisible
Más allá de los accidentes, la
contaminación de los pozos de gas y petróleo muchas veces no se puede ver. Eso
es lo que buscó demostrar la ONG Earthworks cuando visitó Estación Fernández Oro
con una cámara infrarroja traída desde los Estados Unidos para registrar
gases invisibles que son altamente tóxicos y potencialmente mortales,
conocidos como compuestos orgánicos volátiles (COVs), entre los que se
encuentran benceno, butano, etilbenceno, metano, propano, octano, tolueno y
xileno.
“Las personas expuestas a
la contaminación de COVs que hemos detectado en Argentina pueden sufrir
consecuencias a la salud al corto y al largo plazo, incluyendo padecimientos de
cáncer”, explicó
el ambientalista Pete Dronkers, de la ONG.
El siguiente video fue filmado el
29 de marzo en un pozo de fracking en el corazón de la zona productiva de Allen,
cerca del Río Negro. Como se puede ver, en las primeras imágenes no se ve nada
raro, porque la contaminación no es visible, pero una vez que se activa el sensor infrarrojo, la enorme pluma de
compuestos orgánicos volátiles queda expuesta:
Sin registros
—¿De dónde sos?
—De Allen
—Yo también.
—Yo también.
El diálogo, simplificado en este
artículo, se dio en una sala de espera de un hospital de Neuquén en la que
varias madres se dieron cuenta de que tenían dos denominadores en común: conviven
con el fracking y los agroquímicos, y sus hijos tienen leucemia.
Entonces surgió una sospecha que luego fue admitida por el ministro de Salud
provincial, Fabián Zgaib, a una periodista de Roca, y por su secretario a los
vecinos: que en
Allen hay al menos 7 casos de leucemia, es decir, entre tres y
cuatro veces más de lo que estadísticamente es esperable.
Poco después una médica que pidió
mantener su identidad reservada engrosó la cifra y le confesó a los vecinos que en
realidad eran 12 casos, pero que como la mayoría estaban siendo atendidos en
Neuquén, las estadísticas de Río Negro no lo reflejaban.
Oficialmente, para la Provincia, hubo cuatro muertes y cinco internaciones por
leucemia en Allen entre 2013 y 2017.
Infobae solicitó
los datos duros a la cartera sanitaria, pero se encontró con muy poca
colaboración. Eso sí: no
quisieron decir cuántos casos hay en total ni desmintieron los siete denunciados
por los vecinos. “Desconozco”, se limitó a aclarar un vocero. Al
margen de que la información no se pudo chequear, lo que queda al descubierto es
una constante de las zonas en las que hay proyectos extractivistas sospechados
de contaminación: el
secretismo de las estadísticas médicas.
Al respecto, Allen tiene otro caso
paradigmático, el de Rubén
Ibáñez, que vive con su esposa y uno de sus hijos en el barrio
Costa Este. Era el casero del Vivero El Alto, que ahora está abandonado. La
dueña -dice- aceptó una “ayuda” de YPF para que unas cañerías pasen por debajo
de sus tierras y dejó de lado el camino productivo. Detrás
de su casa, a unos 10 metros, hay un arroyo. Del otro lado hay instalaciones
petroleras de cuya existencia la familia Ibáñez se enteró por el ruido,
cuando levantaron la torre de fracking. Nadie le avisó.
El pozo
AP.RN.EFE 141 está a unos 75 metros de la casa de la familia Ibáñez (Greenpeace)
En la familia Ibáñez están
convencidos de que los problemas de salud de Rubén empezaron de la mano del pozo
AP.RN.EFE 141, que explotó a las 21 horas del 19 de marzo de 2014. “Saltaron
las válvulas y se produjo una llamarada. Todo alrededor tembló. Fueron muchas
horas con los gases tóxicos saliendo. Nadie nos vino a ayudar.
La médica que llegó después no quería ni bajarse de la ambulancia para verme”,
repasó Rubén. “Yo empecé con asma y problemas respiratorios, y al final me
encontraron una mancha en el pulmón derecho, pese a que nunca fumé”, contó.
La palabra cáncer no es parte de
su relato. Pero su esposa es más cruda. “Tiene
un tumor”, lanzó Zulema Campos mientras miraba su celular
gastado en la cocina de su casa. “El agua no sirve ni para regar las plantas,
porque sale contaminada. Todo es un desastre acá”, se quejó. Poco antes de
recibir a Infobae habían
sufrido otro accidente de gran magnitud.
A Rubén no le quisieron dar los
resultados de sus estudios en el hospital de Allen y, según denunció, tuvo que
impulsar una acción judicial para acceder a sus antecedentes. La fiscal Julieta Villa
ordenó un allanamiento en el que solo encontró la tapa de su historia clínica.
No había nada más. Alguien quiso ocultar el antecedente.
El caso de Allen recuerda al de
Bothel, un pequeño municipio alemán del estado de Baja Sajonia en el que la
tasa de cáncer duplica a la esperada en la zona.
En uno de sus pueblos, Bellen, uno
de cada cinco vecinos tiene cáncer. ¿Los más comunes? Leucemia y
linfoma. ¿Las causas? No están claras, pero ante la consulta de Infobae el
médico local Mathias Bantz dijo que sospechan de la extracción de gas a través
de fracking.
Determinar las causas de los
problemas de salud asociados al ambiente siempre es un desafío. Y en el caso de
Allen hay “por lo menos tres líneas de acumulación” de contaminación, según
advirtió a este medio la socióloga Maristella Svampa, que acaba de publicar Chacra
51 (Sudamericana) sobre las transformaciones en Allen. “La primera,
que está ligada al uso de agroquímicos en la agricultura; la segunda es la
primera avanzada petrolera de los setenta en adelante; y la tercera es el
fracking, que es como el tiro del final”, indicó.
Fracking y salud
Quizás la falta de claridad sobre
la situación de la leucemia en Allen y el caso de Rubén Ibáñez tengan que ver
con los estudios que vinculan al fracking con los problemas de salud. Lejos del
discurso que rezan las petroleras, una de las investigaciones más importantes
sobre el tema fue realizada por la Universidad de Yale en base a 624 pozos en el
Condado de Washington, en Pensilvania, y concluyó que la
frecuencia de los problemas de salud aumentan a medida que las personas viven
más cerca de los pozos. Las enfermedades que más encontraron
fueron erupciones cutáneas y problemas en las vías respiratorias.
Esos resultados van en la misma
línea de dos estudios que vinculan el fracking alaumento de la tasa de hospitalizaciones en Pensilvania.
Hay también un estudio en Estados Unidos que detectó hasta
un 600% de aumento en la mortalidad infantil en las zonas cercanas a los pozos,
otro que relaciona el fracking con el bajo
peso al nacer y un
tercero que lo asocia a defectos
congénitos de corazón y de tubo neural en recién nacidos.
También hay una investigación de la Universidad de Massachusetts con ratones que
lo vincula al cáncer de mama. Y en los Estados Unidos encontraron que aumentaron
las enfermedades de los perros que viven en torno a las torres.
El propio Departamento de Salud de
Nueva York emitió un dictamen antes de prohibir el fracking en el Estado de
Nueva York que concluyó que hay muchas lagunas de conocimiento hasta ahora, ya
que los estudios son pocos y limitados, pero aclaró que los resultados son
“sugerentes”. Por eso la pregunta es si acaso en materia sanitaria la norma no
debería ser la prevención.
Agua, derrumbes y
sonidos insoportables
Aunque los activistas antifracking
suelen subrayar entre sus argumentos los peligros del cambio climático, los
vecinos no hablan de eso, sino de problemas concretos. Su preocupación es otra. Estela
Sánchez vivía en
Guerrico, a unos 12 kilómetros de Allen.Tuvo que abandonar su casa porque el agua salía literalmente negra.
Los análisis solicitados por el Departamento Provincial de Aguas a los que
accedió Infobae detectaron
la presencia de 0,10
miligramos por litro de hidrocarburos en el agua que salía de sus canillas.
También había algunos químicos que no deberían haber estado en el agua, como
manganeso, hierro total y carbonatos. Otros valores dieron por encima de lo
aconsejable, como dureza total, bicarbonatos, sulfatos y el PH, entre otros.
Estela cambió, entonces, la chacra
en la que plantaba peras y manzanas por una casa en la ciudad de Allen. Sin
embargo, como muchos de sus vecinos, sigue comprando agua embotellada.
Roxana Velarde llegó
hace 20 años a Allen. Pero la vida, dice, ya no es igual. “Lo primero que
empezamos a notar son los problemas de salud. Vómitos,
dolores de estómago, dolor de cabeza, olor a azufre todo el tiempo;
vecinos con pancreatitis, dolores muy seguido”, repasó.
Su caso está entre los más
extremos: su casa literalmente se vino abajo. Aclaró que no es la
única y recordó su nefasta experiencia. Comentó que todo empezó cuando se hizo
intenso el tránsito en la zona por los camiones. El piso se empezó a levantar y
las paredes, a rajar. Luego arrancó el fracking y hace unos seis meses llegó su
Día D. “Estábamos todos afuera, tomando mate. Adentro estaban mi nieto de 3 años y uno de mis hijos mirando la
televisión cuando se cayó el techo de una pieza y de la mitad del living.
Ellos por suerte estaban en la parte del comedor, si no los podría haber
aplastado”, advirtió.
A pesar de que todos los
testimonios tienen muchos lugares comunes, a diferencia de otros sitios en los
que hay conflictos ambientales, en Allen no hay una organización que nuclee a
los vecinos. Uno de los pocos que impulsa algún tipo de lucha colectiva es Juan
Carlos Ponce, miembro de la Asamblea por el Agua.
“Defiendo la tierra, porque me
crié en las chacras”, expuso Ponce, gasista matriculado de profesión. “Acá
en verano no se puede respirar. Pero además de la contaminación,
el ruido es insoportable. Nosotros con un recurso de amparo logramos una multa
de 2,5 millones de pesos a unas torres por contaminación sonora”, indicó.
RSE
Aunque para Juan Ponce “la
responsabilidad social empresaria es una coima”, en YPF la ven
como una estrategia válida para relacionarse con la comunidad en la que
desarrollan sus actividades “orientados a generar valor compartido, fortalecer
la licencia social y el compromiso de los empleados de la compañía”, según
explicaron desde la empresa aInfobae.
La Fundación YPF trabajó en el desarrollo del Plan Allen Sostenible.
Además, desde 2014 realizó 26 capacitaciones en la zona, de las que participaron
484 alumnos que se especializaron en distintas áreas como construcción, energía
eléctrica y software.
Para los próximos cuatro años,
además, la
empresa acordó con el gobierno provincial y la municipalidad un plan de obras
por más de 50 millones de pesos para
la construcción de una nueva terminal de ómnibus, la entrega de asfalto para
pavimentación de calles y el mejoramiento de espacios verdes.
La petrolera, además, ya realizó
la conexión de 115 viviendas del barrio Costa Este a la red troncal de gas.
También entregó hornos, calefactores y termotanques. La inversión fue de 15
millones de pesos. Y planea construir un nuevo centro operativo de 1.200 metros
cuadrados cubiertos para concentrar toda su operación de la provincia de Río
Negro en Allen.
Petróleo en la comida
Sin embargo, la convivencia con
los vecinos y la producción tiene sus límites. Con la premisa de que el
fracking y el cultivo de frutas, verduras y hortalizas no son compatibles, en
agosto de 2013, el Concejo Deliberante de Allen aprobó una ordenanza
que prohibía el fracking en el ejido de la comuna y
le pidió al gobierno provincial que impulse en la justicia una medida de no
innovar. Pero tres meses después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro
declaró la inconstitucionalidad de la norma, porque consideró que la provincia
tiene “competencia exclusiva” en materia hidrocarburífera.
Según explicaron a Infobae tras
un pedido de acceso a la información, el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no mide la
presencia de sustancias relacionadas con la producción de hidrocarburos en las
frutas y hortalizas producidas en Allen, ya que sus controles se
centran en residuos de agroquímicos. La pregunta es si los hidrocarburos o los
elementos químicos que participan del proceso de extracción pueden contaminar la
producción. Y si acaso el Senasa no debería controlarlo.
La Concerned Health Professionals de
Nueva York publica desde hace años un compendio de hallazgos científicos sobre
el fracking, cuyas autoras estuvieron el año pasado en Allen. Un capítulo entero
del texto está destinado a las amenazas para la agricultura y la calidad del
suelo en base a lo que ocurrió en algunas zonas de los Estados Unidos.
Algo que se encuentra muy
seguido -y está documentado en California- es que varias compañías utilizan los
pozos para eliminar las aguas residuales del fracking (flowback), que se
conectan con fuentes de agua de calidad, en las que se detectaron arsénico,
talio y nitratos.
Esta técnica que se usa en casi la totalidad de los pozos en Vaca Muerta ha
generado casos de contaminación, aunque las empresas aseguran que es un método
seguro que está sometido a controles internos y externos.
“El porcentaje de agua que retorna
luego de su inyección en el pozo es de entre un 25 y un 50%. La misma es
sometida a un proceso físico químico de tratamiento para que alcance los valores
del permiso de vertido -inyección en pozos sumideros- que otorga la autoridad de
aplicación. Esto
implica que el agua que se inyecta queda con una calidad de agua como la que
existen en esas profundidades, que no es potable en su condición natural”,
explicaron desde YPF.
“Hoy casi la totalidad de las
aguas de flowback de no convencional son vertidas en pozos sumideros muy
profundos que en el caso de Vaca Muerta superan los 1200 mts de profundidad. Los
cursos de agua potable se encuentran en esa zona por arriba de los 450 metros y
se elige la formación que está a 1200 mts para inyección porque hay un sello
geológico que la separa de los acuíferos usables. Por lo tanto
es imposible que esas aguas se mezclen”, abundaron desde YPF.
No obstante, no todos están de
acuerdo con esa idea. “Cuando se haga la fractura hidráulica el
hidrocarburo buscará la superficie y en ese camino está el acuífero. Entonces
que haya 1700 metros de distancia [entre la formación y la fuente de agua] no es
impedimento para que se contamine el agua, es solo cuestión de
tiempo. Incluso los riesgos pueden suceder cuando la compañía se haya ido”,
advirtió el ingeniero en petróleo Eduardo D´Elía, citado por el investigador
Diego Rodil, en un estudio que fuecensurado
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Hay otros problemas detectados
vinculados a la agricultura. Por ejemplo en Dakota del Norte, por los derrames, algunos
niveles de cloruros fueron tan altos que superaron la capacidad de medición del
Departamento de Salud. En Pensilvania, el Departamento de
Protección Ambiental encontró que las fugas de las lagunas de aguas residuales
contaminaron el suelo y las aguas subterráneas. En un tercer estudio, dos
científicos de Colorado concluyeron que
la restauración de las zonas en las que hay pozos requiere décadas e intensos
esfuerzos. Por último está el problema de la contaminación
lumínica, ya que los pozos están iluminados las 24 horas del día.
Producción
En 2015 se conoció una denuncia
que tuvo amplia repercusión, cuando la productora de frutas orgánicas Jessica
Lamperti, de Allen, contó en su cuenta de Facebook que un
cliente del exterior le había dicho que quería “fruta libre de fracking” y que ya no le iba a comprar.
Según datos del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en 2008 en Allen se plantaron
6.453,3 hectáreas de peras y manzanas. El
año pasado fueron 5.445 hectáreas, es decir, más de mil hectáreas menos.
La explicación, para Diego Rodil,
es compleja. Dijo: “Hay multicausalidad, pero las malas políticas hacia las
economías regionales y la vía libre al fracking, sin consulta a la ciudadanía,
son las principales responsables”.
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