Eduardo Gudynas
Extractivismos: el concepto,
sus expresiones y sus múltiples
violencias*
24 de
noviembre de 2018
El autor,
uno de los investigadores de referencia en extractivismo en América Latina,
define en este artículo el fenómeno y sus características –comunes con los
extractivismos en otros puntos del planeta– y evalúa los impactos negativos que
tiene sobre las políticas estatales a través del denominado “efecto derrame”.
La frecuencia con que los extractivismos se entretejen con ilegalidades,
alegalidades y corrupción lleva al autor a plantear que en su mayoría conllevan
en sus prácticas el signo de la violencia. Para estos extractivismos realizados
con fuerte violencia se ha acuñado un nuevo término: extrahección. Los llamados
extractivismos se han convertido en un drama social y ambiental que se repite
en casi todo el planeta. En América Latina aparecen en todos los rincones del
continente: desde las perforaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador al
monocultivo de soja en las sabanas del centro de Brasil, desde la megaminería
chilena al fracking en la Patagonia de Argentina.
Este tipo de explotación de la naturaleza no es
nueva, pero más allá de su larga historia, el particular contexto de la década
de 2000 hizo que se multiplicara en todo el continente americano. Eran tiempos
de optimismo y expansión económica, de cambios políticos y muchas ilusiones.
Pero de todos modos, América Latina volvió a apostar por extraer recursos
naturales para seguir siendo el gran proveedor de materias primas de la globalización. Los
extractivismos se multiplicaron e intensificaron, y eso promovió toda una
secuencia de problemas. Aumentaron los impactos ambientales y sociales,
comenzaron a sumarse accidentes de todo tipo y se incrementó la denun cia y
protesta ciudadana. Los gobiernos y las empresas reaccionaron y en varios
sitios hostigaron o criminalizaron a los movimientos ciudadanos, especialmente
indígenas y campesinos. Los extractivismos quedaban empantanados en la
violencia, pero los gobiernos seguían protegiéndolos dada su dependencia
económica. Los debates fueron cada vez más intensos a partir de la segunda
mitad de la década de 2000, tanto en la denuncia de esos emprendimientos como
en la búsqueda de alternativas a ellos. La existencia de gobiernos progresistas
obligó a un debate en términos distintos a los que tradicionalmente tenían
lugar con las administraciones conservadoras. No faltaban quienes sostenían que
la solución serían algo así como unos extractivismos estatales o bajo control
obrero, o los que argumentaban que no existían alternativas posibles y eran un
mal necesario para financiar programas contra la pobreza. Incluso
estaban los que afirmaban que cualquier tipo de aprovechamiento de la
naturaleza sería un extractivismo, y por ello no habría diferencia entre un
campesino que cultiva la tierra y las enormes superficies sembradas con soja.
Estas y otras circunstancias obligaron a que se definiera con la mayor
precisión posible el campo de los extractivismos. Esto no se debía a una
necesidad académica, sino a una inevitable condición para poder esgrimir
debates políticos y para pensar alternativas de salida a esa dependencia.1
Definiendo los extractivismos Bajo esas condiciones se arribó a una definición
de trabajo de los extractivismos: corresponden a un tipo de apropiación de
recursos naturales en grandes volúmenes y/o la alta intensidad, donde la mitad
o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o
procesamientos limitados. Esta es una delimitación acotada, que recoge buena
parte de los antecedentes históricos en el manejo del concepto, pero a la vez
permite distinguir entre la agricultura campesina, orientada al autonconsumo o el
mercado nacional, de actividades como un campo de petróleo o una mina a cielo
abierto que comercia con los mercados internacionales.
Es importante advertir que el tipo de impacto
ambiental no define a los extractivismos. Hay otros modos de apropiación de la
naturaleza que pueden tener muy altos impactos ambientales y que no constituyen
extractivismos, ya que están destinados al consumo local o nacional. De todos
modos, son bien conocidos un amplio conjunto de efectos negativos de los
extractivismos, que van desde la pérdida de biodiversidad a la contaminación de
suelos, aire y agua. En algunos casos, esos impactos y el enorme volumen de
recursos naturales removidos genera “amputaciones” ecológicas, como son las
enormes canteras en las minas de hierro, carbón u oro, y que no pueden ser
restauradas o remediadas. La definición deja muy en claro la dependencia de los
extractivismos con la
globalización. Eso explica que el volumen de recursos que se
extrae alcanza los millones de toneladas o millones de barriles, muy por encima
de las necesidades de los propios países, ya que en realidad está alimentando
el consumo de otros continentes. Esa voracidad de la globalización explica que
este tipo de actividades sean hoy en día la mayor causa de impactos ambientales
y territoriales en América Latina, superando a cualquier otra problemática que
esté restringida a nivel nacional. Además, esa dependencia global implica que
sea muy difí- cil su manejo por los gobiernos nacionales, ya que en realidad
responde a las demandas de consumo y disponibilidad de capital de los mercados
globales. Dicho de otro modo, los extractivismos están localmente anclados,
pero dependen de la
globalización. Otra consecuencia de esta definición es que
los extractivismos son plurales, incluyendo los clásicos sectores minero y
petrolero, muy conocidos en los países andinos, pero también cubre otros
sectores como la agropecuaria, ganadería, bosques o pesca. También deja en
claro que no existe algo así como una “producción” de minerales o granos, tal como
hacen economistas convencionales o los informes gubernamentales. En los
extractivismos nada se produce sino que existe una extracción por ejemplo de
cobre, o una cosecha de soja. Este concepto permite superar otro error común, y
en especial en la academia y algunas redes globales, que los califican como
industrias. Eso es incorrecto referirse a “industrias extractivas”, ya que en
ellos no hay una transformación industrial; no se elaboran productos
manufacturados y lo que se exportan son materias primas (también denominados
como commodities). La insistencia en hablar de “industrias extractivas” tampoco
es ingenua, ya que tiene unas connotaciones culturales que apelan a los
imaginarios de fábricas con muchos obreros para así lograr adhesión ciudadana.
Es necesario abandonar esa denominación no solo por la rigurosidad conceptual,
sino por esas implicaciones políticas. Esta definición permite avanzar en la
comprensión de algunas particularidades de los actuales extractivismos. Es
posible comprender que ocurren bajo muy diversos regímenes de propiedad y
acceso. Están los conocidos emprendimientos en manos de empresas privadas, las
que pueden ser extranjeras, como ocurre con muchas corporaciones mineras o
petroleras, nacionales, como el grupo Buenaventura en Perú, o asociaciones
entre unos y otros. Otros enclaves son controlados por compañías estatales
(como las petroleras nacionales en Bolivia o Venezuela), o por empresas mixtas
(como es el caso brasileño de la petrolera Petrobras ). Incluso se han sumado otros
modos, tales como las cooperativas mineras en Bolivia, o una impactante
proliferación de una minería ilegal del oro en zonas tropicales, en manos de
decenas de miles de mineros que actúan individualmente o en pequeños grupos en
países como Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. A su vez, mientras que la
propiedad puede ser de un tipo, el acceso al recurso natural puede tener un
régimen distinto (como ocurre en Venezuela, donde la empresa estatal realiza
todo tipo de joint-ventures para extraer, procesar y comercializar con las
conocidas corporaciones transnacionales).
La
política de los extractivismos
Estas y otras características explican que los
extractivismos se repitieran bajo todo tipo de gobiernos en América Latina,
desde los progresismos brasileños o venezolanos al conservadurismo de Colombia
o Chile. Los estilos de implementación fueron diferentes, ya que en unos casos
se intentaron mayores controles desde el Estado, sea por medio de las propias
empresas nacionales o elevando la tributación, mientras que en otros
persistieron estrategias que descansaban en las corporaciones transnacionales.
Seguramente los gobiernos progresistas en sus primeras etapas, impusieron en
varios países cambios positivos sobre el acceso y la tributación en el sector
petrolero, y pudieron sacar provecho de los altos precios que se disfrutaban
años atrás. Esas circunstancias económicamente ventajosas le daban mayores
márgenes de maniobra a los gobiernos. Pero con el paso del tiempo, a medida que
las condiciones de los mercados internacionales se volvieron más difíciles, los
gobiernos, en lugar de diversificarse hacia otros sectores productivos,
redoblaron sus apegos por los extractivismos. Aunque existieron diferencias
entre distintas posturas ideológicas, lo impactante es que coincidieron en
defender y promover los extractivismos. Cuando aquella bonanza económica decayó
a medida que avanzaba la década de 2010, todos los gobiernos, fuesen
conservadores o progresistas, apuntaron a redoblar los extractivismos para
enfrentar la crisis.
Buscaron aumentar el volumen de recursos exportados para así
recuperar sus ingresos por exportación. O bien, se lanzaron a buscar nuevos
sectores extractivos, tales como el fracking o ampliar la frontera agrícola
para dar lugar a nuevos monocultivos. En esto se utilizaron todo tipo de
herramientas como concesiones territoriales, rebajas en los controles
ambientales y sociales y hasta subsidios económicos. Todo ello originó el
aumento de las denuncias y resistencias ciudadanas. Los grupos locales padecían
cada vez más problemas por impactos como la contaminación o el desplazamiento,
o sus territorios pasaban a ser concesionados a mineras o petroleras, las que
finalmente los controlaban. Escalaban los reclamos y las protestas, y en
algunos casos estallaron en masivas movilizaciones ciudadanas (como ocurrió en
Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador). Las reacciones de los gobiernos, fuesen
conservadores o progresistas, fue proteger los extractivismos y buscar anular o
controlar la movilización local. Escaló todavía más la violencia que acompaña a
muchos de esos emprendimientos, sea la que hace el propio Estado al
criminalizar la protesta ciudadana, como al tolerar la represión de fuerzas de
represión o incluso los asesinatos de líderes locales.
Ilegalidades
y alegalidades
Bajo estas condiciones no puede sorprender el
descubrimiento de prácticas ilegales en muchos extractivismos. Los ejemplos más
conocidos van desde la escala local como sobornar un inspector que debe
verificar las consecuencias de la fumigación con agroquímicos o incumplir los
requisitos de calidad ambiental, hasta otros a nivel nacional como los
negociados en obtener concesiones mineras o petroleras. Ese tipo de situaciones
son bien conocidas, y actualmente se volvieron muy visibles con los grandes casos
de corrupción (que serán comentados más abajo). Pero un examen de la situación
en América Latina muestra que en paralelo tienen lugar lo que se reconocen como
“alegalidades”. Estas son acciones que formalmente son legales o que al menos
no están prohibidas por la normativa, pero cuya finalidad evidente es un
aprovechamiento espurio utilizando los vacíos legales, aunque así perjudicando
los intereses colectivos. Son las prácticas que aprovechan los vacíos,
limitaciones o imperfecciones normativas para obtener un beneficio ilegítimo
que daña a la sociedad o el ambiente, y que una norma buscaba impedir. El
ejemplo más conocido reside en las corporaciones mineras que usan trucos
formales para evadir impuestos. Recientes evaluaciones para Perú, muestran que
hay empresas mineras que aprovechando alegalidades el Estado termina
devolviéndoles más dinero de los impuestos que pagaron. De este modo se cae en
una alegalidad donde es el Estado el que termina subsidiando a los
extractivismos mineros. La articulación entre ilegalidades y alegalidades
confluyen en una reducción de la cobertura de los derechos de las personas y de
la naturaleza para poder sostener un emprendimiento extractivista. Son casos
donde se aceptan violaciones de todo tipo sobre la calidad del ambiente y las
condiciones locales, se tolera la corrupción, y se criminaliza y reprime a
movimientos sociales. Las situaciones extremas llegan a la violencia sobre las
personas, tales como la muerte de manifestantes por fuerzas de seguridad
pública o privada (como ha ocurrido en Paraguay), o el asesinato de líderes
locales (en varios casos perpetrado por sicarios, como ha sido denunciado en
Brasil y Colombia). Los gobiernos pocas veces investigan y penalizan esas
violaciones, y en algunos casos son cómplices (como ocurre con la participación
de la policía). Hay algunos extractivismos que son tan violentos que es
necesario distinguirlo con una etiqueta específica: “extrahección”. Este nuevo
término proviene del vocablo en latín, extraher, que quiere decir: “arrancar
con violencia”. Por lo tanto, las extrahecciones aluden a los casos de
extractivismos donde se violan los derechos de las personas y la naturaleza, en
especial cuando ello se hace con violencia. En América del Sur las
extrahecciones no son casos aislados o “accidentes” en la implantación de un
proyecto, sino que son una condición necesaria, previa y frecuente para llevar
adelante emprendimientos de gran escala o muy intensivos. En efecto, los
extractivismos actuales imponen efectos tan agudos que si las comunidades
fuesen adecuadamente informadas, los estudios de impacto ambiental fuesen
rigurosos o se contabilizaran realmente todos sus costos económicos ocultos
casi nunca serían aprobados. Por lo tanto, es necesario debilitar y recortar la
cobertura de derechos para imponer este tipo de actividades.
Efectos
derrame
Ese debilitamiento de la cobertura y salvaguarda de
los derechos muestra una consecuencia de los extractivismos que es muy distinta
de los impactos locales más conocidos, como puede ser la contaminación. Por
lo tanto, nos encontramos ante dos procesos, por un lado los conocidos impactos
locales, y por otro lado efectos más difusos, pero no menos graves, que alteran
las políticas públicas. Estos últimos son denominados “efectos derrame”,
correspondiendo a cambios en las políticas públicas, e incluso en conceptos
políticos básicos como justicia o derecho, que son transformados como
consecuencia de los extractivismos.
Esto se observa cuando, por ejemplo, para poder
llevar adelante un proyecto extractivo se modifica una normativa ambiental,
pero la consecuencia de ese cambio no se restringe a ese emprendimiento, sino
que modifica toda la gestión ambiental, incluso en actividades no extractivas,
y se aplican en todo el territorio. No estamos aquí ante impactos locales, y no
son pocos los casos donde una normativa se altera aun antes de iniciar un
emprendimiento, con el solo propósito de alentar a inversores. Lo que ocurre es
que políticas públicas, como pueden ser las ambientales, laborales, sanitarias,
etc., se modifican para permitir los extractivismos, y eso genera consecuencias
que se “derraman” en todas las políticas y en todo el país.
Existen múltiples derrames y se entrelazan unos con
otros, afectando los modos de entender la economía, la justicia y la
democracia, e incluso las concepciones de la naturaleza.
La sombra
de la corrupción
Uno de los flancos donde se hace más evidente la
incidencia de la ilegalidad en los extractivismos, operando en función de esos
efectos derrame, se encuentra en la corrupción. Esa problemática tampoco es nueva, ya
que la corrupción asoma de muchos modos en varios extractivismos, como puede
ser sobornar a un funcionario estatal para obtener permisos ambientales o dejar
impunes a los que violan derechos humanos. Posiblemente el caso más conocido
sea el que envolvió a la petrolera brasileña estatal Petrobras y un conjunto de
corporaciones que trabajaban con ellas, tales como Odebrecht. Los resultados de
la conocida operación Lava Jato lanzada desde la ciudad de Curitiba, incluyeron
1.765 procesos, 73 acusaciones criminales contra 305 personas distintas, 188
condenas sobre 123 individuos, y 163 acuerdos de testimonios a cambio de
reducción de las penas (datos a abril de 2018). A nivel federal están en marcha
100 acusaciones, 7 acciones penales y 121 acuerdos de testimonios premiados. La
cifra estimada de los sobornos pagados sigue elevándose, pero podría haber
alcanzado los 10.000 millones de reales (alrededor de 3.000 millones de
dólares). A partir de todo esto perdieron sus cargos, han sido procesados o
están encarcelados, entre otros, quienes fueron presidentes de la cámara de
senadores y de diputados, ex ministros y legisladores. Aunque menos
publicitados por la prensa convencional, hay otros casos que son tanto o más graves
que los de Brasil. Entre ellos se destaca la situación en Chile, donde, a pesar
de ser presentado como un ejemplo empresarial y económico, se comprobó que en
el primer gobierno de Sebastián Piñera se desplegó una trama de pagos ilegales
desde una corporación minera a los legisladores. Ese esquema es escandaloso,
pero a la vez revelador, ya que los pagos de la empresa llegaron a todos los
partidos políticos y eran proporcionales al número de votos (y de
legisladores). Más recientemente se descubrió que el fondo estatal acumulado
por la explotación del cobre era usado por los militares que lo controlan en
viajes y juergas en Las Vegas. Estos y otros ejemplos muestran que la
corrupción alrededor de la explotación de la naturaleza está mucho más extendida
de lo que se cree. Cuando la corrupción está presente en las prácticas de
apropiación de la naturaleza, las definiciones convencionales de corrupción son
insuficientes, ya que no incorporan adecuadamente sus implicancias ambientales
y territoriales, y además tienen dificultades en lidiar con las alegalidades.
Por ello se trabaja con otra definición, concibiéndola como prácticas
ilegítimas, irregulares e incorrectas, tanto ilegales como alegales, realizadas
en ámbitos públicos como privados, por distintos actores, quienes logran
beneficios propios, aprovechando posiciones de poder, que a su vez desencadenan
perjuicios sociales y ambientales, y por lo tanto expresan injusticias. Un
examen de 139 casos en diez países sudamericanos encontró que la corrupción está
presente en todos los tipos de extractivismos, desde los más clásicos como
minería y petró- leo a otros, como pesca y forestal. Ocurre en todos los países
de la región, incluyendo aquel que tiene los más bajos indicadores de
corrupción (Uruguay). Por lo tanto, ha afectado a gobiernos de todo sesgo
ideológico, desde las administraciones conservadoras en los paí- ses andinos a
los progresismos como los de Argentina, Bolivia y Brasil. Del mismo modo, se la
detecta bajo todos los regímenes de propiedad y acceso a los recursos naturales
(emprendimientos privados, mixtos, estales, cooperativos, etc.). La corrupción
en los extractivismos obviamente opera en la ilegalidad, pero la misma
investigación mostró que incide sustancialmente en el campo de la alegalidad. Es más,
se puede argumentar que los esquemas de corrupción en los extractivismos buscan
ampliar el campo de las alegalidades ya que de esa manera aumentan sus chances
de impunidad. La enorme importancia económica de los sectores extractivos
explica la atracción que ejercen sobre los actores políticos, ya que ven allí
fuentes de dinero para nutrir sus actividades. No debe pensarse en ocasionales
encuentros a las sombras, donde un empresario le traspasa un bolso con dólares
a un político, sino que los casos brasileños revelaron una ingeniería
administrativa y financiera que involucraba decenas de ejecutivos,
intermediarios y políticos, que usaron canales empresariales, bancarios y
gubernamentales, muy estable y engrasada, y que por ello perduró durante años.
Los extractivismos, con sus insistencia en mercantilizar la naturaleza y la
sociedad, no solo son permeables a la corrupción política a gran escala, sino
que también se convierten en canales para que penetren a nivel de grupos
ciudadanos, comunidades campesinas o indígenas. Esta triste dimensión del
problema se expresa en las distintas situaciones donde se han descubierto redes
de corrupción en las que participaban líderes locales. Un ejemplo fue el
llamado Fondo Indígena, creado por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que
se mantenía con dineros de la exportación de hidrocarburos, y que resultó en
desvió de fondos, proyectos fantasmas que nunca se ejecutaron, pago a
movilizaciones partidarias, etc. La corrupción a su vez debilita o anula la
visibilización de los impactos de los extractivismos, e incluso de la violencia
que ocurre en ellos. Incluso opera para dejar impunes sean a los que contaminan
un río o a los que asesinan a un líder ciudadano. Es por ello que puede
afirmarse que la corrupción en los extractivismos golpea sobre todo a las
comunidades locales, especialmente indígenas y campesinas. Y a la vez, sirve
para debilitar tanto la salvaguarda de los derechos humanos como la vigencia de
democracias plenas.
La
justicia y la democracia, otra vez
Este brevísimo y esquemático repaso muestra que los
extractivismos encierran fuertes tensiones y contradicciones. Son un modo de
apropiación de la naturaleza, pero por su enorme importancia económica y sus
severos impactos son mucho más que eso. Ese tipo de actividad está detrás de
muy severas consecuencias ambientales y sociales y genera todo tipo de
conflictividad. A la vez, alimenta efectos derrame que van mucho más allá de
las circunstancias locales, erosionando, por ejemplo, la cobertura de derechos
y tolerando la
violencia. En los casos de corrupción se entremezclan muchas
de esas dimensiones. Desde una perspectiva como desde otra, los más
perjudicados son las comunidades en el medio rural, sean campesinas o
indígenas, ya que ellas se ubican allí donde están los yacimientos mineros,
petroleros o avanza la nueva fronteras agropecuaria. En cualquiera de esos
casos está en juego la calidad de la democracia y los conceptos sobre la justicia. Tolerar
las ilegalidades y alegalidades de los extractivismos, recortar los mecanismos
de participación e información ciudadana, o soportar la impunidad de asesinos
de líderes comunitarios son todos distintas reconfiguraciones sobre la justicia
y la democracia. O
sea, son efectos derrame alimentados desde la obsesión con los extractivismos.
A pesar de todo esto, es impresionante que la resistencia a los extractivismos
se repita en todos los países. No son simples reacciones defensivas, sino que
en muchos sitios están dando una batalla, presentando alternativas más allá de
los extractivismos, en varios casos con alto nivel de sofisticación, desde el
respeto intercultural y sin renunciar a la búsqueda de la justicia social y
ecológica.
---
Las definiciones y
los casos están basados en el trabajo del autor en nueve países sudamericanos,
en diálogo con distintos movimientos sociales y centros académicos en la última
década.
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global Nº 143 2018, pp.
61-70
Fuente: http://www.rebelion.org/docs/249406.pdf
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