miércoles, 21 de noviembre de 2018

"Dejamos claro por qué estamos en contra de la modificación de la Ley de Semillas. Nos preparamos para seguir dando esta pelea adentro y afuera del Congreso: En estos días seguimos alertando a la población sobre lo que están cocinando de espaldas a la sociedad y que de aprobarse tendrá impacto directo en el plato nuestro de cada día. Invitamos a los bloques opositores a cerrarle el camino a este embate corporativo y a defender el derecho al uso propio de agricultores, no convalidando una maniobra que nos dejará con menos derechos y con más rojo en las cuentas públicas para alimentar la gula empresaria2.

Ley de Semillas: Subsidiando a las multinacionales en tiempos de ajuste 

Huerquen
Comunicación en colectivo

Como venimos informando, el dictamen aprobado en el plenario de comisiones del martes pasado representa un parche a la Ley de Semillas actual (20.247), modificando su articulado. Para cerrar el texto circularon varios borradores que volaban entre teléfonos de diputados y asesores; y agragados y reescrituras por whatsapp. Todo muy lejos del halo de seriedad que buscaron transmitir en el circo de “escuchar a todas las voces” en la Comisión de Agricultura, y de lo que uno podría suponer como “buen funcionamiento de las instituciones del Estado”. Lxs propios diputados opositores integrantes de la comisión pidieron sin éxito que el texto retroceda para ser trabajado con seriedad.
Uso Propio... oneroso
El objetivo del Gobierno y las empresas es terminar con el “uso propio” de semillas; es decir, el derecho de lxs agricultorxs de guardar una parte de su cosecha para reutilizar en el siguiente ciclo sin pagar por ello ningún tipo de regalía. En el texto del dictamen que buscan transformar en ley este derecho de todxs se convierte en excepción de algunxs: pueblos originarios (quienes jamás fueron consultados como estipula la legislación vigente), comunidades campesinas y quienes queden contemplados bajo la nebulosa categoría de “micro-pyme”. Todo el resto va a tener que pagar por reutilizar semillas sujetas a “derechos de obtentor”.
Aunque algunos artículos son declarados de “orden público” (quizá como un guiño al viejo reclamo de la Federación Agraria) justo éste no lo es; por lo tanto deja abierta la posibilidad que existan contratos “entre privados” que lesionen estas ya escasas excepciones.
Al nombrar a lxs campesinxs hace mención a “agricultores familiares que reúnen los requisitos previstos en la Ley 27.118” que es la “Ley de Reparación Histórica” y que lleva años esperando ser reglamentada por el Ejecutivo, lo cual parece una provocación.
Establece indelegablemente la facultad de control y certificación de variedades en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que “tendrá acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar que se encuentre y podrá tomar muestras en cualquier etapa de la cadena”; y para la conformación de su Directorio establece un criterio donde es de esperar que las empresas y sus organizaciones podrán prevalecer. Así, de un lado del mostrador podrán denunciar a agricultores que utilicen “ilegalmente” “sus” semillas, para saltar del otro lado y arbitrar los medios para su persecución.
Artículo 10: Hood Robin
El texto incorpora la posibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias “una vez y media (1.5) los importes abonados en concepto de adquisición de semillas fiscalizadas”. Esto significa que cuando un productor compre una bolsa de semillas, en importe correspondiente al “uso propio oneroso” va a poder descontarlo de lo que le corresponda pagar por Impuesto a las Ganancias “una vez y media”: si paga $1000 pesos por regalías va a poder descontar $1500 de ganancias.
De esta manera el pago de regalías no lo van a terminar pagando los productores de soja o maíz sino todos los ciudadanos a través de los impuestos que el Estado dejará de cobrar. Esto, que en sí mismo es un escándalo, llega al absurdo de la mano de un Gobierno enfrascado en una política de “défict cero” y de la promesa incumplida de terminar con el impuesto a las ganancias que sí pagan trabajadores y jubiladxs sobre sus haberes.
En el plenario de comisiones del martes el diputado Kicillof (FpV) le preguntó al presidente de la comisión de agricultura, Benedetti del bloque Cambiemos, cuánto representa esta erogación sin obtener respuesta. Cálculos de la misma fuente estiman que serían entre 600 y 900 millones de dólares por año.
Se entiende entonces por qué entidades como la Sociedad Rural (SRA) o Confederaciones Rurales (CRA) que en 2016 y sobre el mismo tema pusieron el grito en el cielo, esta vez acompañan con tanto entusiasmo.
Acá no se rinde nadie
El martes 13/11 las organizaciones del campo y la ciudad que nos movilizamos frente al Congreso dejamos claro por qué estamos en contra de la modificación de la Ley de Semillas. Nos preparamos para seguir dando esta pelea adentro y afuera del Congreso: En estos días seguimos alertando a la población sobre lo que están cocinando de espaldas a la sociedad y que de aprobarse tendrá impacto directo en el plato nuestro de cada día. Invitamos a los bloques opositores a cerrarle el camino a este embate corporativo y a defender el derecho al uso propio de agricultores, no convalidando una maniobra que nos dejará con menos derechos y con más rojo en las cuentas públicas para alimentar la gula empresaria.
Este miércoles 21/11 nos vamos a volver a movilizar frente al Congreso, donde realizaremos un conversatorio sobre semillas, derechos campesinos y soberanía alimentaria: además de las organizaciones y personalidades que estuvimos el martes 13, contaremos con la participación de intelectuales y organizaciones del resto de Latinoamérica.
Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, y seguiremos peleando para que así sea.

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