¿Tren Maya? Auge de proyectos acaparadores, desprecio por la
gente
30 abril 2019
Desde la supuesta consulta del llamado
Tren Maya, ha habido poco debate respecto a los impactos sociales y
ambientales del proyecto. El ahora titular de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, se
ha limitado a reproducir un discurso que silencia las necesidades de las
comunidades campesinas e indígenas y prioriza los deseos de inversión de las
empresas como si éstas fueran a solucionar las condiciones de crisis social y
ambiental que produce vez tras vez el patrón de acumulación de capital.
Mientras
no cambie el modo en que actúa el gobierno frente a las necesidades de los
pueblos y de la nación, las soluciones integrales de largo plazo quedarán
subordinadas a las ganancias de corto plazo y profundizarán los problemas
socioambientales existentes.
Se
ha promocionado el tren como un proyecto turístico, pero expresamente se omite
señalar que responde al proyecto de imponer la integración industrial de la
Península y el Caribe mexicano con la red ferroviaria nacional y la salida
expedita de mercancías al Pacífico y al Golfo. No es fortuito que además del
tren aparezcan trece proyectos eólicos en la península de Yucatán, dos Zonas
Económicas Especiales (ZEE), un corredor industrial entre Mérida y Hunucmá, un
“parque científico”, múltiples desarrollos inmobiliarios como “Eknakán”, o
Country Lake de supuesto lujo (aledaño a los desarrollos industriales y
tecnocráticos) y diversos proyectos turísticos en Quintana Roo.
Sin una licitación previa, se asignaron
44 millones de pesos a un despacho de abogados involucrado con la Secretaría
de Energía y la
Comisión Reguladora de Energía, así como con diversos
proyectos energéticos (solares, eólicos, entre otros), inmobiliarios y de
infraestructura; 32 millones de pesos a PricewaterhouseCoopers (PwC),
involucrada con diversos megaproyectos en todo el mundo; y 24 millones de pesos
a Steer Davies & Gleave México para la asesoría técnica. Jiménez Pons
también señaló que se incluirá a Goldman Sachs, empresa relacionada con la
crisis inmobiliaria de 2009 en Estados Unidos, y al Grupo Aeroportuario del
Sureste, quien controla la mayoría de los aeropuertos del sureste del país. [1]
Se
ha destacado, también, la necesidad de entrelazar las ZEE con el tren para el
traslado de “aparatos tecnológicos”. La ubicación actual de las siete ZEE y su
cercanía con las vías férreas evidencia los intentos de articulación industrial
con la red ferroviaria. Por ello, un tren de pasajeros que movilice turistas a
diversas ciudades enclave —las estaciones del tren— y las mercancías producidas
en la península con las salidas hacia el mercado internacional y las ZEE
supondría una mayor subordinación de la región al mercado mundial.
Contrario
a lo señalado por el discurso convencional, la península está articulada al
mercado internacional y nacional desde que producía fibras derivadas del
henequén; con ello se subordinó no sólo la producción agrícola de la península,
sino a los jornaleros mayas que eran prácticamente esclavos.
La
actual situación de precariedad y miseria que viven algunas comunidades es
reflejo de la progresiva inserción de la península al mercado mundial, no de
una falta de inserción. Basta con observar los efectos ambientales y sociales
que ha tenido la integración del Caribe mexicano al turismo internacional y la
reactivación del puerto de Sisal y Progreso. O el cinturón de diversión y
tráfico sexual, de personas y drogas, que se va extendiendo en toda la costa
oriental, de Cancún a Chetumal, incluida Playa del Carmen y ahora Puerto
Morelos y Bacalar.
No
obstante, existe otra forma de articulación que rara vez es mencionada: la
península es el territorio contiguo más extenso donde se habla maya y se
continúan las tradiciones de este pueblo. El gobierno se niega a reconocer la
presencia histórica del pueblo maya y su pertinencia para la continuidad
biodiversa y cultural de la Península.
La
integración que proponen para la Península responde a un contexto de disputa
por el control del Caribe mexicano en relación al crucial Golfo de México. La
ZEE de Coatzacoalcos abiertamente promociona su conexión con la red
ferroviaria de Estados Unidos mediante el puerto de Mobile, Alabama y la de Chiapas su conexión
con el Pacífico y Centro América. La ZEE de Progreso, a su vez, promociona su
conexión con el extranjero, Veracruz, Chiapas y Ciudad de México; la de Tabasco su relación
con el mercado mundial de petróleo; la de Campeche su “vocación” agroindustrial; y la de Sali na Cruz su salida
hacia Asia. La conexión de estas ZEE a través de una red ferroviaria (el Tren
Maya y el Tren Transístmico como una unidad indisoluble) articula el sector
petrolero, el agroindustrial, la industria de plástico, del turismo, el comercio
con Centro América y la manufactura de telecomunicaciones, y pretende hacer
del noroeste de Yucatán un nuevo emporio de la electrónica.
El Tren Maya no es únicamente el
tendido de una línea férrea
Es la reactivación del
Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), actualmente
frenado por amparos interpuestos por comunidades mayas, y el antiguo plan
Puebla-Panamá renovado. Bajo el estandarte de la sustentabilidad, construirán
unos 533 aerogeneradores en la península de Yucatán, cada uno de entre 90 y 200 metros de altura, 100 m² para cada plataforma
con una profundidad aproximada de 12 metros . Esto equivale a mover unos 15 remolques
de tierra por cada aerogenerador en comunidades predominantes agrícolas,
potencialmente alterando la capacidad de filtración de los suelos y
deforestando extensiones importantes de selva.
Quien ha seguido el devenir de los acaparamientos de
territorio en las tres entidades de la Península de Yucatán, pudo espantarse
del literal desbocamiento de por lo menos 50 empresas para promover el ASPY
junto a los gobiernos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre otras Cemex,
Grupo Bimbo, Best Day, Grupo Modelo, Ingeniería y Desarrollo de Yucatán, la Universidad
Interamericana de Desarrollo y la Universidad Tecmilenio ,
Cuauhtémoc Moctezuma Heineken de México, la Fundación de Desarrollo Yucateco,
más la ya conocida promotora de la tutela empresarial de cualquier
conservación: TNC (The Nature Conservancy). Ya la gente le llama con burla el
Acuerdo de Saqueo de la Península de Yucatán.
El
ASPY era la activación coordinada de parques eólicos y fotovoltáicos,
proyectos de intensificación de cultivos en invernaderos industriales. Siembras
en monocultivo en grandes extensiones (sobre todo soya rezumante de agroquímicos
y máiz híbrido industrial), programas de servicios ambientales, “economía
verde”, bonos de carbono, granjas industriales de cría de cerdos y aves,
reservas de la biosfera y desarrollos inmobiliarios, túristicos, industriales y
de innovación científica con la vieja idea de volver la península la joya de
la corona de las inversiones.
Así lo señala Angélica Pineda en Expansión [2]. Ahí no sólo nos alerta
de la intención de volver el noroeste de la Península un nuevo Silicon Valley;
nos muestra el momento de la Península en que se puso en venta. “Yucatán está
viviendo un momento muy importante en emprendimiento”, dice Randy Cruz,
fundador y CEO de la
empresa Zenzzer , expansiva red social plena de aplicaciones
para automovilistas.
Según Expansión, el Fondo
Nacional Emprendedor (FNE) le otorgó entre 2013 y 2016 (nada más al estado de
Yucatán) “542 millones de pesos para 74 mil proyectos, según datos del
Instituto Nacional Emprendedor (Inadem), Y el apoyo continuó por los siguientes
dos años” [3].
Para emprendedores e inversionistas, lo
que hace falta en Yucatán es más prospección, pues la Península es considerada
por el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYE) como “uno de los 13 mejores
ecosistemas del mundo” según su informe Monitor Global de Emprendimiento
capítulo Yucatán, 2018 [4].
Este avorazamiento incluye que Mérida sea la tercera ciudad mexicana que
postula para recibir “fondos semilla” de Magma Partners, con capitales
chilenos, colombianos, estadounidenses y chinos [5].
Mas
los empresarios no la tienen fácil. Las sentencias de los amparos interpuestos
por integrantes de comunidades en Yucatán y Quintana Roo contra el ASPY
lograron que los jueces fueran duros y contundentes en frenar el Acuerdo.
En
particular, el juez segundo de Distrito de Yucatán emitió una sentencia donde
reconoce “el interés legítimo de los quejosos” y dictamina que la población
maya debe ser tratada con “igualdad y no discriminación“; valora ampliamente
“la presencia de las comunidades y la trascendencia económica, política y
religiosa de la cultura maya”. Establece “el reconocimiento expreso de la
ocupación histórica de la comunidad indígena maya en el territorio de la
península de Yucatán” lo que deriva en la necesidad de contar con su
participación “a través de una consulta efectiva”, y sienta un precedente que,
aunque no se aplique directamente en el nuevo acto jurídico que representa el
Tren Maya, seguirá pesando por su reconocimiento profundo del sujeto maya en su
territorio.
Tras insistir en que la consulta debe
ser previa, de buena fe y debe dirigirse a los afectados o a sus
representantes legítimos allegando “estudios imparciales y profesionales de
impacto social, cultural y ambiental”, debe buscar el acuerdo “y en ocasiones
será obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de las
comunidades, mediante procesos culturales adecuados y usando las formas e
instituciones que ellos mismos ocupan para tomar decisiones”. [6]
En realidad, resulta problemático que
se contemple una mayor urbanización e industrialización sin un
análisis profundo, serio, plural. Algo seguro, que da para otro texto, es que
el proyecto del tren acabará profundizando la crisis alimentaria de la
península entre otras muchas crisis. Los bajos salarios en las industrias
manufacturera y hotelera y el abaratamiento de los alimentos “chatarra’”
promovieron una dieta que ha causado una transición epidemiológica hacia la
diabetes y las enfermedades cardiovasculares. En otras palabras, la inserción
de una región al mercado mundial no implica una mejor calidad de vida, como
sugieren algunos funcionarios públicos.
Tampoco se ha discutido el modelo de
urbanización de Cancún, Mérida, Pisté, Tizimín, Valladolid, Escárcega, entre
otros. Los impactos no se reducen únicamente a los suelos, las localidades y al
desarrollo de ciudades extendidas, sino también implican un impacto en la red
hidrológica de la península. Según el Registro de Derechos de Agua de la Conagua,
en Campeche, Quintana Roo y Yucatán se vierten unos 918 millones de metros
cúbicos anuales de agua residual a las fosas sépticas, a los acuíferos y a
cuerpos de agua; el sector servicios, entre ellos los hoteles, correspondieron
al 68 por ciento del volumen de esas descargas. Subestimar el impacto en la red
hídrica de los casi 17 millones de turistas que visitan Quintana Roo [7] anualmente implicaría
un grave error de política pública y un riesgo para las comunidades que
dependen de la toma directa de los acuíferos.
Por más que el gobierno actual haya
declarado el fin del neoliberalismo, la estrategia nacional de integración económica
planteada con el tren sugiere la puesta en marcha de una entrega geopolítica de
un espacio clave como la Península de Yucatán, de frente a Estados Unidos, el
Caribe y el norte de Sudamérica, espacio privilegiado para imponer el futuro
del Golfo de México en su conjunto con todas las redes que de Estados Unidos
llegan a ese mare nostrum de energéticos, comunicaciones y
comercio de cualquier tipo de mercadería, desde la industrial hasta las
personas y las que son producto de la ilegalidad.
En un contexto de violencia,
desintegración del tejido social, y en ausencia de un proyecto de
largo plazo que articule al país con base en las necesidades de una nación multidiversa
que atienda los problemas ambientales y sociales, el proyecto del Tren Maya
quedará como otro proyecto que despoja a los pueblos de sus territorios,
extrema las condiciones existentes de desigualdad y amenaza con exacerbar la
actual crisis ambiental de la región.
¿Estaría
realmente dispuesto el presidente López Obrador a transformar y reconciliar al
país abriendo un diálogo amplio sobre los riesgos que implica el proyecto en su
conjunto y las alternativas de desarrollo integral planteadas desde las
comunidades y por los académicos y las organizaciones?
No
parece ser el caso. La presentación de los supuestos encargados del Tren Maya
en el Instituto de Estudios Históricos nos deja perplejos, pues no dudaron que
las 30 zonas arqueológicas por las que cruzará el Tren se verán afectadas, y
eso está contemplado, aunque en el área de influencia haya “3 mil 24 sitios
arqueológicos y 15 áreas naturales protegidas”. A lo más que se animan es a
decir que en cualquier caso “se hará salvamento, y si se abre más extensión de
vestigios por la construcción, tomaremos las medidas para conservarlos”.
Un
proceder serio requeriría por lo menos una comisión intersecretarial precedida
por Sedatu, SCT y Semarnat con la participación activa de las comunidades y organizaciones
potencialmente afectadas por el megaproyecto. Escuchar (no consultar) a las
comunidades afectadas y entender lo que avizora como futuro propio la población
de la Península, sería apenas un primer paso en el trayecto para transformar la relación. Por ahora,
el gobierno se empeña en llenar de rieles el camino.
Notas:
[1]https://www.proceso.com.mx/577099/por-adjudicacion-directa-fonatur-otorga-los-tres-primeros-contratos-del-tren-maya-por-casi-100-mdp?fbclid=IwAR1NnIKIjoMla7PQnp5bJLYZQF4r57Dz39I
IKvqbSn979JGz8gNiTd33M-w
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asur-participara-en-Tren-Maya-Jimenez-Pons-20181021-0075.html
[2] Angélica Pineda, “Yucatán: el
nuevo‘mini’ Silicon Valley Mexicano”, Expansión, 5 de abril de
2019.
[3] Ibidem.
[4] Ibid.
[5] Angélica Pineda, “El fondo Magma
Partners busca reforzar la inversión semilla en México”, Expansión, 19
de diciembre de 2018.
[6] Ver Juzgado segundo de Yucatán,
Sentencia relacionada con el amparo 83/2017 VIA, otorgando el amparo y
protección a los quejosos en contra del Acuerdo General de Coordinación para la
Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY) y su Anexo Único, 20 de
octubre de 2017. Ver también Raymundo Espinoza, “Un triunfo del pueblo maya
sobre el poder corporativo, los derechos colectivos frente a los negocios
verdes”, UCCS, diciembre de 2017.
[7] http://caribemexicano.travel/ARCHIVOS/REPORTE%20TURISMO%20
2017.pdf
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Tren-Maya-Auge-de-proyectos-acaparadores-desprecio-por-la-gente
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