Los abusos y el daño ambiental de
las inversiones chinas en Bolivia.
5 de noviembre de 2018
Un reciente informe presentado ante Naciones
Unidas expone el caso de la petrolera BGP Bolivia y sus operaciones en la
Amazonía boliviana. El proyecto Nueva Esperanza se ejecutó en territorio del
pueblo Tacana y ocasionó daños al medio ambiente y a las poblaciones indígenas.
Por Yvette
Sierra Praeli
Para Adamo Diego Cusi la exploración petrolera
de la empresa china BGP Bolivia en la Amazonía de Bolivia fue un verdadero
tormento. Su labor como coordinador de Monitoreo Social Ambiental del pueblo
Tacana le permitió conocer, directamente, cómo operaba esta empresa que durante
un año ejecutó la exploración sísmica para hidrocarburos en el área de Nueva
Esperanza, ubicado en la cuenca del río Madre de Dios, dentro del territorio
indígena de los Tacana.
Medias verdades, incumplimientos de
compromisos, daño ambiental y persecución judicial fueron una constante durante
todo el tiempo que duró el proyecto. Adamo vivió personalmente la
criminalización tras ser denunciado por la compañía luego de que expusiera
cuáles habían sido los efectos de la exploración sísmica en el norte de la
Amazonía del departamento de La Paz.
“Estuve prácticamente dos meses escondido”,
comenta Adamo en una conversación telefónica con Mongabay Latam mientras
recuerda la persecución legal en la que se vio envuelto hacia fines de 2016, de
la que luego fue liberado por la misma empresa que lo inculpó.
En la charla, Adamo menciona los impactos
negativos que ocasionó la empresa china en la selva boliviana y cómo BGP
Bolivia fue incumpliendo los compromisos que había adquirido con el pueblo
Tacana para conseguir la autorización de realizar trabajos de exploración en el
territorio indígena.
El gran proyecto en la Amazonía boliviana
“En la Amazonía no se conocía nada sobre la
prospección de hidrocarburos. El petróleo nunca había estado en nuestras
mentes”, dice Adamo. Pero en el año 2015, la empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se presentó ante una asamblea del
pueblo Tacana para explicar el proyecto de inversión que se avecinaba.
En ese primer encuentro se rechazó la
propuesta, sin embargo, el Estado boliviano impuso el proyecto exploratorio.
Adamo cuenta que tras un proceso de consulta previa la empresa consiguió el
consentimiento del pueblo Tacana, bajo una serie de condiciones que asegurasen
el menor impacto en los bosques y la biodiversidad, así como la protección de
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan ese territorio. “Es
muy difícil que el pueblo acepte ser parte de la destrucción del bosque”,
comenta sobre los reparos que tenían ante esta inversión de 57 millones de
dólares.
En abril de 2015, la empresa estatal boliviana
YPFB concretó la adjudicación de tres proyectos de exploración sísmica para la
búsqueda de hidrocarburos en la Amazonía por un valor de 100 millones de
dólares. Uno de ellos fue el proyecto en Nueva Esperanza.
“Las empresas chinas operan en un contexto que
llamamos de impunidad”, dice Marco Antonio Gandarillas, investigador
responsable de Incidencia Política del Centro de Documentación e Información de
Bolivia (CEDIB) para referirse a los compromisos incumplidos por este y otros
proyectos en los que operan empresas chinas o compañías con capitales del país
asiático.
Gandarillas se refiere a este caso como el
proyecto más ambicioso de exploración petrolera en la Amazonía boliviana, que
se ejecutó sobre 1008
kilómetros cuadrados. “Es uno de los más grandes y de
mayor envergadura en la selva de Bolivia, en una zona bien conservada y ubicada
entre dos áreas protegidas, el Parque Nacional Madidi y la Reserva de biosfera
Pilón Lajas”.
Sin embargo, después de la intervención de BGP
Bolivia, filial de la empresa estatal China National Petroleum Corporation
(CNPC), el territorio ha quedado seriamente alterado y los derechos de los
indígenas han sido vulnerados, según revela el informe Impactos de empresas chinas en
los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina,
elaborado por la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y
Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y
Ambiente (CICDHA).
El estudio, que incluye 18 casos de
violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas por empresas chinas en
Latinoamérica, fue presentado durante la sesión paralela de la Organización de
Naciones Unidas que se realizó en Ginebra el 11 de octubre como paso previo al
Examen Periódico Universal (EPU) de China del próximo 6 de noviembre,
iniciativa que motiva a investigar y apoyar la protección de derechos humanos.
BGP vulnera los derechos de los pueblos
indígenas
Pocos meses después de iniciado el proyecto se
presentaron los primeros problemas. El primer impase surgió cuando BGP Bolivia
informó que no era posible realizar la sísmica con los estándares ambientales
establecidos en el contrato, es decir, sin que las explosiones afectaran uno de
los principales recursos del pueblo Tacana y su principal fuente de ingresos:
la castaña.
El compromiso era evitar daños en los árboles
de castaña y respetar un área de protección de 40 metros de diámetro
alrededor de estas plantas para hacer las detonaciones, además de no afectar
las fuentes de agua, no cazar ni pescar dentro del territorio.
El informe presentado ante las Naciones Unidas
precisa que la actividad exploratoria significó la presencia de 1500
trabajadores distribuidos en un campamento base, ocho campamentos fijos y 200
campamentos móviles, además de la instalación de 200 helipuertos para
transportar personal, equipo y maquinaria.
Esta ocupación desmedida del territorio ha
dejado árboles de castaña mutilados; las fuentes de agua fueron utilizadas pese
a que el compromiso era no hacerlo; los trabajadores de la empresa china que
recurrieron a la caza y a la
pesca. Los animales de monte huyeron de la zona; los ríos y
arroyos perdieron su caudal y los peces han desaparecido, señala el documento.
.
“Imagínese lo que significó para el
bosque la presencia de todas esas personas”, dice Adamo al otro lado de la línea. La instalación de
los campamentos y las brechas que se abrieron para colocar los explosivos han
ocasionado una extensa deforestación en la selva boliviana.
Los reclamos de los monitores indígenas
sobre lo que sucedía en su territorio ocasionó enfrentamientos con los
trabajadores de la
empresa. Primero fueron agresiones, luego dejarlos sin
alimentos y sin transporte aéreo para acceder a la zona de la sísmica. El problema
se agudizó cuando los monitores descubrieron que la empresa ocultaba
información y evidencias sobre la presencia de un pueblo en aislamiento en la
zona de exploración.
El peligro al que se expuso al pueblo
indígena no contactado Toromona ha sido otro de los problemas de este proyecto.
En la zona donde se realizaba la exploración había indicios de la presencia del
pueblo indígena en aislamiento y contacto inicial Toromona, por tanto, la
empresa estaba obligada a informar a su personal sobre la posible presencia de
los no contactados y en caso de que se existiese alguna forma de acercamiento,
los trabajadores de la empresa china debían desplazarse hacia otro sector.
Pese al riesgo que significa para los
no contactados que exista algún acercamiento, a mediados del año 2016 se
presentaron incidentes que demostraban la presión de la que estaban siendo
objeto. Huellas, robo de víveres e incendios ocurrieron cerca de los
campamentos. Incluso hubo tres ocasiones en que los trabajadores de BGP Bolivia
fueron rodeados por indígenas no contactados, según reportó la misma empresa
china.
Los Tacana salieron en defensa de los
Toromona. Hubo movilizaciones y protestas que obligaron a la empresa a
suspender sus operaciones. Así se llegó al proceso judicial en contra de Adamo,
a quien se acusó de incentivar estas acciones y se ordenó su captura. La
criminalización fue usada como medio de presión para conseguir que se les
permitiera dejar la zona sin cumplir con las remediaciones ambientales, además
de evitar que los monitores indígenas continuaran con la fiscalización.
La presencia china en la economía de
Bolivia
El caso de Nueva Esperanza no es el
único que ha despertado la alarma sobre las inversiones chinas. Marco
Gandarillas señala que, si bien solo el 4 % de las empresas proveedoras del
Estado son chinas, estas se han adjudicado los contratos más grandes. “Se trata
de relaciones altamente tóxicas porque reciben fondos públicos en la mayoría de
los casos de manera directa y realizan sus operaciones sin respetar los derechos
humanos”.
Gandarillas explica que actualmente
diez grandes proyectos de Bolivia en manos chinas corresponden al 26 % del
presupuesto total de la inversión del país y recordó también que se han
presentado varios casos de incumplimiento de contrato por parte de estas
compañías. “Cuesta encontrar una empresa china que no haya tenido una
denuncia”.
El especialista en
incidencia política de Cedib advierte sobre el próximo proyecto que una empresa
china ejecutará en la Amazonía boliviana. Se trata de la exploración sísmica
programada para el 2019 que estará a cargo de la compañía Sinopec
International Petroleum Service Ecuador Co SA sucursal
Bolivia —de capitales chinos— sobre un área que supera un millón de hectáreas y
que se instalará en la zona del río Beni.
Actualmente, la República Popular China
es el principal socio comercial de Bolivia. Ya en el 2015, el país asiático
tenía inversiones que superaban los 3000 millones de dólares, además de un
préstamo de 7000 millones de dólares anunciado por el presidente de Bolivia,
Evo Morales, fondos que serían destinados a obra de infraestructura.
Esta relación
estratégica entre ambos países se ha reforzado recientemente con la visita del
presidente boliviano a China. El encuentro de los mandatarios de ambos países
sirvió para sellar una relación estratégica con la firma de un memorando de
cooperación y varios acuerdos comerciales y financieros, entre ellos el de
exportación de café y quinua bolivianos hacia China y el compromiso de un
crédito del Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank) para
Bolivia.
Jorge Campanini,
responsable de Medio Ambiente del CEDIB, va más allá en su análisis. Para
Campanini, el gobierno chino está retomando la cartera de proyectos del Consejo
Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN),
una instancia de discusión política y estratégica que reúne a todos los países
de América del Sur con el objetivo de planificar e implementar la integración
de la infraestructura ejecutando proyectos de transporte, energía y
comunicación. “China quiere consolidar esos corredores, de esa forma el gigante
asiático se asegura los recursos naturales y los commodities para su país”.
El responsable en
Medio Ambiente del CEDIB menciona otros casos de inversiones asiáticas que
deben llamar la atención como la hidroeléctrica de Rositas, actualmente
paralizada, pero que tiene un presupuesto de 1300 millones de dólares. También
está la construcción de la carretera
Rurrenabaque-Riberalta que dispone de una inversión de 400
millones de dólares.
Campanini se refiere
también a la “guerra económica” entre el gigante asiático y Estados Unidos.
“China está desplazando a Estados Unidos de su influencia en Sudamérica”,
puntualiza. Sostiene, además, que el país asiático ha conseguido
establecerse e incidir en las nuevas condiciones geopolíticas regionales,
logrando asumir un rol importante en la economía de varios países de América
Latina.
“Venezuela y
Ecuador ya están ahogados en préstamos de China”, dice Campanini en relación al
sistema de inversiones que ejecuta el país asiático en Latinoamérica, es decir,
la entrega de créditos para grandes inversiones que a su vez son ejecutadas por
empresas chinas.
Si bien China es uno
de los grandes consumidores de petróleo y minerales también importa grandes
cantidades de soya, un producto que ya ha causado la deforestación de grandes
extensiones de bosques en Brasil. A Campanini le preocupa que la soya ocasione
la ampliación de la frontera agrícola en Bolivia y ocasione grandes tasas de
deforestación. Esto, sumado a los problemas que ya se están presentando en los
proyectos de inversiones chinas en Bolivia no pinta un panorama alentador para
el país del Altiplano.
30 de octubre, 2018
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Los-abusos-y-el-dano-ambiental-de-las-inversiones-chinas-en-Bolivia
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