FRACKINSTEIN
Vaca Muerta, entre la inviabilidad ambiental y el pluriblindaje
2 de
noviembre de 2018
Maristella Svampa
En el mes de octubre hubo dos noticias muy
importantes respecto de Vaca Muerta, cuyo contraste merece ser notado. Por un
lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió
un informe muy preocupante sobre la explotación de combustibles fósiles no
convencionales en dicha zona, mediante el fracking. Por otro lado, el gobierno
avanzó aún más en lo que llama, de modo sugestivo, el “blindaje” a Vaca Muerta.
Empezando por lo primero, el comité de la ONU
en su informe dejó en claro que, de avanzar en Vaca Muerta, “la explotación
total con la fracturación hidráulica de todas las reservas de gas de esquisto
consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono, para
alcanzar el objetivo de un calentamiento (no mayor) de 1,5 grados Celsius,
estipulado en el Acuerdo de París”. En consecuencia, recomienda al Estado
argentino “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no
convencionales mediante el fracking” en la región de Vaca Muerta, para
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto, a la luz de
los compromisos del Acuerdo de Paris” [1]. Dichos compromisos asumidos por
nuestro país implican una reducción de emisiones de CO2, algo difícil de lograr
si se avanza con Vaca Muerta.
En realidad, aunque el gobierno nacional
publicite las inversiones en energías renovables (eólica y solar) o en ciertos
barrios de la ciudad de Buenos Aires se jacte de la separación de la basura,
este discurso supuestamente verde o ecológico se derrumba cuando observamos que
la gran apuesta estratégica es la explotación a gran escala de los combustibles
fósiles no convencionales, no solo en Vaca Muerta, sino también en Allen, Río
Negro, donde el fracking avanza entre peras y manzanas, o en Mendoza, donde hoy
existen fuertes resistencias sociales para impedirlo, cerca de Malargüe.
Sin discusión alguna sobre los diferentes
impactos de los modelos de desarrollo e incluso de las dependencias que estos
generan, se avanza ciegamente, desestimando los informes técnicos y científicos
que hoy existen sobre los impactos del fracking en otros países, como en
Estados Unidos. Por ejemplo, el Compendio de hallazgos científicos, médicos y
de medios de comunicación, publicado en 2014 por el Concerned Healt
Proffessionals of New York [2], advierte con datos concretos sobre la
contaminación del agua, contaminación atmosférica, de lubricación de fallas
sísmicas, escapes radioactivos, filtración del gas y de los fluidos, entre
otros riesgos y daños.
A esto hay que agregar que el comité de la ONU
no sólo cuestiona la viabilidad ambiental de Vaca Muerta, sino también sus
implicancias territoriales y culturales. En esa línea, subraya la necesidad de
realizar un “estudio de evaluación participativo junto a los pueblos indígenas
del riesgo del impacto sobre sus derechos económicos, sociales y culturales, en
particular la salud, previo a autorizar la explotación de recursos naturales”,
y recomienda que la consulta previa, libre e informada, se haga según
protocolos y acuerdos elaborados con los pueblos indígenas.
Ya lejos de los compromisos internacionales
asumidos en relación con el ambiente y de las recomendaciones de
democratización de la ONU, en los últimos tiempos el oficialismo y sus aliados
provinciales redoblaron la apuesta en Vaca Muerta, donde buscan asegurar el
triple blindaje, a la espera de la lluvia de inversiones: así a los subsidios
millonarios —iniciados bajo los últimos años del kirchnerismo—, se sumó la
flexibilización laboral y ahora promete incluso un blindaje penal.
Para comenzar, el gobierno continuó e
incrementó los subsidios a las compañías petroleras, que están haciendo un
fabuloso negocio en nuestro país. Basta decir que en Estados Unidos, el gas en
boca de pozo por millón de BTU cuesta 2,50 dólares, mientras que en el nuestro
cuesta la friolera de 7,50. La diferencia con el precio de mercado la paga el
ciudadano argentino de su bolsillo, con el objetivo de asegurar la rentabilidad
de las petroleras y lograr de este modo que no se vayan de Vaca Muerta. Aunque
suene increíble y en cualquier país ya hubiese producido un escándalo de
proporciones y la caída de varios ministros, aquí nadie parece inmutarse ante
tales prebendas.
Pero esto no es todo. A principios de octubre,
Guillermo Pereyra, el sempiterno jefe del gremio de los petroleros (y actual
senador nacional por la provincia de Neuquén), firmó un nuevo convenio que
limita el derecho a huelga en Vaca Muerta. Ya en enero de 2017 había firmado un
convenio de flexibilización laboral que permitía recortar el costo laboral
entre un 30 % y un 40 %, al tiempo que se disminuía la cantidad de
trabajadores por pozo y se establecía la continuidad del trabajo con viento en
superficie, entre otras concesiones. A esto hoy se suma el blindaje
antihuelgas, una medida que atenta contra la propia Constitución.
Pereyra justificó el convenio antiderechos diciendo que “los
petroleros no somos agitadores y queremos trabajar”.
Conviene
añadir que el informe sobre el fracking citado
más arriba también habla del incremento de los riesgos laborales, en relación
con los combustibles no convencionales. En Estados Unidos, sólo entre 2007 y
2012 murieron 664 trabajadores en campos de petróleo y gas no convencional. Como
señala el Observatorio Petrolero Sur, a los derrames y explosiones en Allen o
en Loma Campana, hay que sumar los accidentes laborales, que también se han
disparado por estas latitudes [3]. No por casualidad se incluye a los no
convencionales dentro de las llamadas “energías extremas”, dada la
multiplicación de riesgos, no sólo ambientales y sociosanitarios, sino también
laborales. En suma, no existe un “fracking seguro
y responsable”, como dice la fórmula agitada por las grandes compañías en
Estados Unidos y difundida sumisamente a nivel local. Los estudios técnicos
demuestran que el fracking es
un terreno cargado de muy malas experiencias y de grandes incertidumbres, que
contribuye aún más a la exacerbación del neoliberalismo así como de la crisis
socioecológica que hoy vive el planeta [4].
Como frutilla del postre, para terminar de
blindar la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, esta
semana que pasó José Gerez, el fiscal general de Neuquén, se reunió con la
Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amchan) y el Instituto
Argentino del Petróleo y el Gas (entidad que, lejos de toda neutralidad y pese
a su nombre, representa a los grupos nacionales y a las grandes corporaciones
transnacionales del sector). El objetivo es garantizar la “seguridad jurídica”.
para lo cual se buscaría incorporar a la legislación penal la figura del
“conflicto ilegítimo”. No hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta
de que, de materializarse, la reforma apuntaría contra los reclamos de las
comunidades mapuches, uno de los sectores más demonizados por el actual
gobierno. En continuidad con esta mirada punitiva y criminalizadora, a la
demanda de plurinacionalidad de los pueblos originarios el gobierno responde
con el pluriblindaje.
Vale la pena recordar que en 2017 asistimos a
la desaparición y muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado en un contexto
de represión, y al posterior asesinato de Rafael Nahuel en el lago Mascardi,
dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, por parte de las fuerzas de seguridad
estatal. Luego de eso, a principios de 2018, el gobierno fue por más: después
de difundir un informe sobre la
supuesta RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), realizado sin
rigor investigativo y con argumentos notoriamente endebles, creó un comando con
fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional, cuyo objetivo es
combatir al “enemigo interno”, de carácter “etnonacionalista”. El objetivo es
claro: se trata de disociar las demandas de los mapuches de la defensa de los
derechos humanos y colectivos, asociándolos a la violencia, creando un nuevo
adversario interno, el “enemigo mapuche”, sentando así las bases para un
consenso anti-indígena que avale ante la sociedad la represión y habilite el
avance del capital sobre los territorios en disputa. Liberada de presencia
indígena molesta, Vaca Muerta, el nuevo Eldorado, acabaría por ilustrar de modo
emblemático la ecuación “A más extractivismo, menos democracia”.
En
suma, el fracking es
una figura perversa que va habilitando una serie de interminables excepciones:
no cierra sin beneficios impositivos, sin subsidios millonarios que empobrecen
aún más a los argentinos, sin flexibilización laboral que atenta contra los
derechos de los trabajadores, sin represión de la protesta, que demoniza a las
poblaciones mapuches y las expulsa de los territorios en disputa. En verdad, el
sueño el doradista de Vaca Muerta, en clave neoliberal, tiene todos los
elementos para convertirse en una pesadilla nacional de repercusiones múltiples
y a gran escala.
[1] Disponible en http://acnudh.org/comite-onu-sobre-derechos-economicos-sociales-y-culturales-emitio-informe-sobre-argentina/
[2] Concerned Health Professionals of New
York: Compendio de hallazgos
científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y
daños del fracking (Extracción no convencional de gas y petróleo).
Tercera edición Octubre 2015 , publicado en español por Opsur, de
consulta libre en http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2016/05/compendium_final_version_1.pdf
[3] Véase Opsur.com.ar, entre otros artículos, http://www.opsur.org.ar/blog/2018/07/27/una-nueva-muerte-obrera-por-explosion-de-yacimiento-petrolero-en-vaca-muerta/
[4] Véase M. Svampa, Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking,
Buenos Aires Sudamericana, 2018.
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/frackinstein-vaca-muerta-entre-la-inviabilidad-ambiental-y-el-pluriblindaje/
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