Prorroguismo y
estabilidad
27 de noviembre de 2015
Por Arturo D. Villanueva
Imaña (Rebelión)
Dos de los argumentos más utilizados y más característicos de
aquella derecha reaccionaria interesada en reproducirse y conservar el poder a
cambio de ofrecer estabilidad económica y social, ahora (muy irónica y
paradójicamente), son utilizadas por altas autoridades del gobierno y el oficialismo,
nada menos que sosteniendo que se trata de la única alternativa de izquierda
para garantizar, supuestamente, la profundización del proceso.
Este nuevo y burdo intento por volver a repetir esa constante
impostura y suplantación que ha caracterizado al actual gobierno, y por el cual
se busca trastrocar y dar un sentido diferente a los hechos, cuando en realidad
se mantiene la esencia de lo que se afirma haber superado y/o derrotado,
pretende hacer creer a la ciudadanía y el pueblo que si pierde el sí, volverá
la derecha, que ellos mismos representan.
Para develar esa lógica perversa, el presente
artículo abordará algunos ejes que permitan desenmascarar y esclarecer el
panorama.
De qué alternativa de izquierda, o de qué
propuesta de cambio y profundización del proceso se puede hablar, si lo que se
plantea es el mismo continuismo, “estabilidad” y crecimiento que el
neoliberalismo y la derecha siempre repetía como el único medio para garantizar
bienestar y progreso para unos pocos(¿).
Tan enfrascados en el exitismo y la
autocomplacencia de haber despilfarrado ingentes recursos económicos en la
construcción y financiamiento de megaobras (como aeropuertos, satélite, canchas
de futbol, tinglados, empresas estatales, barcazas, puentes, etc.), de muy
dudosa utilidad, cuando no francamente negociados y estafas que se caen a poco
de ser inauguradas; no se dan cuenta o no quieren percibir el profundo
desencanto del pueblo y la
gente. Y es que una vez disipado el entusiasmo y la novedad
de semejantes erogaciones elefanteásicas, el pueblo llega a la conclusión que
ello, al margen del evidente despilfarro, no ha mejorado, ni mucho menos
transformado sus condiciones de vida, de trabajo, ingresos, o de acceso a los
servicios básicos que tanto necesitan. Todo lo contrario, constatan que ese
afán desenfrenado por construir grandes obras y forzar el gasto del presupuesto
hasta el último centavo, sólo ha servido para favorecer los intereses de grandes
empresarios (antiguos y nuevos que se crearon precisamente al calor de los
ingentes recursos disponibles), pero sobre todo para disparar la corrupción y
los negociados, así como la profundización de las desigualdades entre los
nuevos ricos y la mayoría pobre del país.
Convencidos que el sistema rentista que fue copiado del neoliberalismo,
de entregar diverso tipo de bonos (incluido el doble aguinaldo), les puede
garantizar un apoyo generalizado, se consuelan repitiendo los argumentos de
organismos internacionales como el FMI, sosteniendo que ello ha servido para
lograr una mejor distribución del ingreso y luchar contra la pobreza. Prefieren
ignorar que se trata de uno de los más perversos métodos patrimoniales y
asistencialistas, que al mismo tiempo de generar una dependencia ciudadana
respecto de los bonos (que generalmente es insostenible en el tiempo), la
desmoviliza y aletarga, dando una sensación de estabilidad y tranquilidad,
cuando en realidad se divide las organizaciones sociales, se destruye décadas
de lucha y una experiencia inestimable en la reivindicación de sus demandas que
pone a la sociedad en una condición autista, sin reflejos ni capacidad para
defender y movilizarse.
No se dan cuenta que muy en contrario de lo
que piensan o desean, el pueblo no quiere cambiar la Constitución, ni mucho
menos tener dueños ni patrones que pretenden quedarse en el gobierno, nada
menos que modificando la Constitución (que tanta lucha costó), para que dos
personas se beneficien. El gobierno no quiere entender que si bien el pueblo
aplaude y recibe los bonos, sabe perfectamente que ello no proviene de los
bolsillos de los gobernantes (como se nos quiere hacer creer), y tampoco
resuelven las necesidades más acuciantes como el acceso a los servicios
básicos, creación de fuentes de trabajo y empleo digno y permanente, o
seguridad ciudadana por ejemplo, que a pesar de la década de gobierno
transcurrida, continúan sin ser resueltos.
El caso del doble aguinaldo es más revelador
todavía, porque al margen de constituir la mayor expresión del rentismo para
congraciarse con la clase media, busca lograr réditos políticos electorales que
ahora más que nunca los necesita. Adicionalmente es muy revelador, porque al
mismo tiempo de poner en evidencia la pretensión gubernamental de decidir su
postergación (al margen del pueblo y sus organizaciones sociales), con el
empresariado nacional (provocando la furia en su contra de toda la clase obrera
del país); paralelamente viene a constituir un tremendo golpe a las pequeñas y
medianas empresas que han logrado subsistir y tienen una gran cantidad de mano
de obra dependiente en condiciones precarias. Se evidencia que en contrario de
haber promovido y desarrollado la diversificación productiva, el incentivo a
las iniciativas asociativas y el apoyo al pequeño productor como motor
generador de trabajo productivo; en realidad se los castiga con obligaciones
fuera de su alcance, y los somete al peligro de desaparecer y engrosar las
grandes filas de informales, comerciantes y cuenta propistas que siguen
incrementando la enorme cantidad de personas y familias desocupadas o
subocupadas que llenan los barrios marginales. Es decir, se desnuda la total
ausencia y falta de iniciativa gubernamental para diversificar la economía, las
fuentes de trabajo y la producción; para traducirse más bien en nuevas cargas y
obligaciones que caen sobre los sectores populares, que nunca han disfrutado de
los beneficios, grandes ingresos y ganancias de las que gozan las grandes
empresas y corporaciones que sí han tenido el respaldo económico, normativo y
político del gobierno.
Dícense un gobierno progresista y de izquierda, siendo que en la
práctica han liberalizado y desregulado la economía (a través de disposiciones
que permiten las contrataciones directas, la aprobación de normas para
“incentivar” la exploración y explotación hidrocarburífera, la conversión de
áreas protegidas en zonas de concesión minera e hidrocarburífera, la
legalización de las quemas y chaqueos ilegales de bosques y biodiversidad, la
simplificación y práctica anulación de los procedimientos de consulta y
participación de los pueblos indígenas, etc.), para facilitar el extractivismo
salvaje de los recursos naturales y garantizar el desempeño de las empresas y
corporaciones transnacionales.
Cuando los excedentes y los ingresos
extraordinarios recibidos en los años de bonanza, en el momento en que los
precios internacionales de las materias primas exportadas eran elevados y
hubieran permitido desarrollar la diversificación productiva, energética e
industrial, el establecimiento de nuevas relaciones de producción y el
desarrollo de iniciativas comunitarias y sociales en armonía con la naturaleza
(es decir, la construcción de una verdadera alternativa al capitalismo), se
prefirió despilfarrar los recursos en grandes obras de diverso tipo, promover
la inversión pública en cemento y, lo que es peor, atraer al capital
internacional y las transnacionales con el anzuelo de la explotación y el
extractivismo de nuestros recursos naturales, que pronto se tradujeron en mayor
dependencia y sometimiento a sus intereses.
Como si ello no fuese poco, una vez que termina el periodo de
bonanza y se produce la reducción de los ingresos en vista de la bajada de los
precios internacionales de las materias primas exportadas; en vez de reencauzar
y priorizar estratégicamente los gastos y la inversión pública nacional,
asegurándose mínimas condiciones de diversificación energética, productiva e
industrial, así como de soberanía nacional y seguridad alimentaria en base a
producción campesina asociativa y ecológica, por ejemplo; se decide exacerbar
el extractivismo y el saqueo de los recursos naturales que ya se encontraban en
declinación. Para ello, no solamente se aprueba la nueva ley minera que viene a
ser más ultraliberal, entreguista y antinacional que el antiguo Código Minero
gonista, sino que inclusive se abren y destinan las áreas protegidas (un
equivalente a las joyas de la familia), para ampliar y extender las zonas de
exploración y explotación hidrocarburífera. Es decir, no solo se remacha la
condición dependiente y sometida a las corporaciones transnacionales
extractivistas, sino que se les ofrece entregarles (por medio de la llamada ley
de incentivos), parte de los recursos y los ingresos propios recibidos por el
IDH, para que ellos no solo tengan garantizadas sus ganancias e ingresos, sino
que puedan esquilmar y saquear hasta el agotamiento nuestros propios recursos
no renovables. Eso equivale a deshacernos y entregar todos nuestros recursos
naturales a la insaciable sed de las transnacionales, e inclusive regalarles
parte de nuestros propios ingresos que podrían ser destinados a tareas
estratégicas, con tal de garantizar las ganancias y los ingresos
extraordinarios que no recibirían de otra forma las corporaciones
internacionales. Mayor grado de sometimiento y entreguismo antinacional, son
definitivamente imposibles.
A diferencia de otros momentos históricos
(como el que tuvo Banzer en su primera época dictatorial), en este caso no se
trata de que al final sólo se habrán malgastado los ingresos como ocurrió en
aquella época, sino que adicionalmente habremos agotado los recursos no
renovables que en este momento ya se encuentran en declinación. Es decir, no
solamente volveremos a ser pobres, dependientes y sometidos, sino que tampoco
dispondremos de los recursos que permitirían emprender un nuevo ciclo. Al
respecto, de forma muy dramática, viene a mi mente el Cerro Rico de Potosí y el
cascarón prácticamente vacío de lo que antiguamente fue. Será por eso –me
pregunto- que Potosí y su pueblo sabe con exactitud lo que puede suceder y no
por nada se ha convertido en un referente de rechazo a la pretensión
prorroguista…
En cuanto a la estabilidad ofrecida, dan por
descontado que a la hora de la hora, el pueblo se descantará por el
prorroguismo, para preservar las grandes obras, los bonos y las rentas. No se
detienen a escuchar y observar que el pueblo quiere trabajo permanente y digno,
que lo que necesita es seguridad ciudadana y que está cansado de deambular y
sufrir por la falta de servicios básicos, salud, educación. Que le impresionan
las mega obras realizadas, las ferias, exposiciones y grandes shoppings que
alientan el consumismo desenfrenado al que no están acostumbrados (y que
siempre se ha caracterizado por diferenciar y agudizar las desigualdades entre
la gente), pero que preferirían tener asegurados su alimentos en el mercado, su
seguridad alimentaria y la no dependencia de los productos extranjeros que nos
invaden creando nuevos gastos y erogaciones que esquilman los ingresos
familiares. la Constitución Política
del Estado.
En fin, que dar continuidad a la actual manera patrimonial y
patriarcal de disponer los recursos nacionales, sólo significa permitir que se
sigan utilizando para desmovilizar, dividir, prebendalizar, cooptar, corromper
y destruir el sindicalismo y las organizaciones sociales, lo que significa
destruir su capacidad de movilización y denuncia social, pero sobre todo anular
sus reivindicaciones y la capacidad de conquistar nuevos derechos colectivos e
individuales.
La izquierda no está en el gobierno; todo lo contrario, el
gobierno es la derecha que dice despreciar. Por eso, cuando se pretende
confundir a la gente ofreciendo gato por liebre, deberían saber que el pueblo
no necesita ningún cartel, mucho menos que no le pertenezca, porque es claro
que siempre ha sabido lo que quiere, muy a pesar de todos aquellos que, como
ahora, pretendieron arrogarse su representatividad y usurpar su mandato, pero
terminaron traicionando y reproduciendo (esta vez como tragedia), las peores
prácticas y lecciones de la historia.
Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206153
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