de emergencia penitenciaria en Buenos Aires
COMUNICADO DE PRENSA
La CPM rechaza la
declaración de emergencia penitenciaria
La emergencia
penitenciaria no resuelve los problemas de la política criminal: sólo
profundiza las violaciones de derechos humanos.
Desde la Comisión Provincial
por la Memoria (CPM) insistimos una vez más que las emergencias en materia de
seguridad y penitenciaria no son una solución estructural a los graves
problemas que dicen querer resolver sino más de lo mismo. En los últimos 15
años ha quedado demostrado que sólo generan mayores agravamientos en la
vulneración de los derechos humanos.
Por ello, la CPM
solicita a la
gobernadora María Eugenia Vidal y a los legisladores de todas
las fuerzas políticas que no se sigan aprobando pedidos de emergencia
penitenciaria o policial, y que se diseñen políticas serias y adecuadas que
trabajen para terminar con las graves violaciones a los derechos, asumiendo que
en la provincia de Buenos Aires lo que está en emergencia es la plena vigencia
de los derechos humanos.
En el mismo sentido,
la CPM remitió a la Gobernadora y al Vicegobernador una nota donde se expresa
la preocupación por la designación de Fernando Díaz al frente de SPB, una señal
más de la continuidad en la política penitenciaria que está emprendiendo la
nueva gestión.
Las declaraciones de
emergencia en la provincia de Buenos Aires
La declaración de la
emergencia penitenciaria remitida a la Legislatura por la gobernadora Vidal
no es una novedad en la provincia de Buenos Aires: su utilización ha sido una
constante en las políticas penitenciarias desde el 2001 a la fecha.
La primera emergencia
físico-funcional del SPB fue decretada el 16 de mayo de 2001 por el gobernador
Carlos Ruckauf, mediante el dictado del decreto 1132/01, y se extendió hasta el
15 de mayo de 2002.
En la misma línea de
los argumentos actuales, el 21 de abril de 2004, el gobernador Solá interviene
el Servicio Penitenciario Bonaerense mediante el decreto Nº 732/04, con el fin
de “reinstitucionalizar” el SPB, a partir de “que existen hechos, denuncias, y
sospechas serias sobre actos de corrupción e ineficiencia en el organismo; que
somos conscientes que no hay instituciones que estén al margen de hechos de
corrupción, y ante la incontrastable realidad que el Servicio Penitenciario
Bonaerense no es la excepción es necesario realizar profundas reformas”. Para
esto plantea en dicho texto legal que es necesario “transformar la estructura
de la fuerza, creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o
parcialmente funciones, asignando o reasignando las mismas en los términos que
ellas se determinen, a fin de dotarla de la eficiencia para atender sus
misiones fundamentales, que se impone un nuevo esquema de conducción de la
fuerza, eliminando la proliferación de organismos que tornan lentas la
ejecución de las directivas del servicio y restan recursos humanos y materiales
a las unidades penales”.
Apenas dos semanas
después, el 6 de mayo de 2004, la Legislatura sanciona la ley 13189 que
establece la emergencia del SPB por 6 meses, prorrogable por decreto 2480/04
del Poder Ejecutivo por 6 meses más, ampliándose hasta el 17 de mayo de 2005.
Luego de la Masacre de
Magdalena, el Gobernador firmó el decreto 2491/05 que establece la emergencia
de las obras de construcción y refacción de las unidades carcelarias, por un
período comprendido entre el 25 de octubre de 2005 y el 24 de octubre de 2006.
En paralelo, el 20 de
diciembre de 2005 se sanciona la ley 13.417 que vuelve a declarar el estado de
emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección General
de Salud Penitenciaria (órganos dependientes del Ministerio de Justicia de la
Provincia) entre el 19 de enero de 2006 hasta el 18 de julio de ese año,
período extendido por decreto del Poder Ejecutivo hasta el 18 de enero de 2007.
Posteriormente, luego
de la sanción de la ley 13.677, las dependencias anteriormente mencionadas
volvieron a estar en estado de emergencia entre el 20 de enero de 2007 y el 19
de julio del mismo año, aunque su vigencia fue ampliada por decreto desde el
día siguiente hasta el 19 de enero de 2008.
Una de las primeras
medidas del gobernador Daniel Scioli, a poco de asumir, fue promulgar la ley
13800 que prorrogó nuevamente el estado de emergencia del Servicio
Penitenciario Bonaerense y de la Dirección General de Salud Penitenciaria entre el
20 de enero de 2008 y el 19 de julio de 2008. Al igual que en los casos
anteriores, ese plazo fue extendido por decreto del Gobernador por otros seis
meses, es decir hasta el 19 de enero de 2009.
La ley 13972 dio
continuidad a este estado de emergencia al prorrogar la fecha de su vigencia a
partir del 20 de enero de 2009 hasta el 19 de julio de 2009, límite extendido
hasta el 19 de enero de 2010 por medio del decreto 1080/09.
Como puede verse en la
síntesis descripta, las primeras y principales medidas adoptadas por los
gobernadores Ruckauf, Solá y Scioli para enfrentar la crisis penitenciaria que
todos diagnosticaron fue promover estados de emergencia con los mismos
objetivos: realizar trabajos de construcción, ampliación o refacción de
instalaciones carcelarias; eludir los mecanismos de control y normativas que
rigen la transparencia y el control de dichos actos ejecutados por funcionarios
del Poder Ejecutivo; colocar al personal en una situación de disponibilidad
para los cambios que se hicieran; habilitar manejos discrecionales o
arbitrarios en el otorgamiento a determinadas empresas de importantes trabajos
públicos, o favoreciendo a proveedores vinculados con adquisiciones de
materiales y equipos.
Todas estas
emergencias permitieron a los distintos gobernadores no aplicar las
disposiciones establecidas por la Ley de Contabilidad, la Ley de Obras
Públicas, la Ley General
de Expropiaciones, el Código Fiscal, así como eximirse del cumplimiento de las
prescripciones de la Ley
Orgánica de Fiscalía de Estado, de la Ley Orgánica de
Asesoría General de Gobierno, y de la intervención del Consejo de Obras
Públicas.
Todas estas
emergencias sirvieron poco: se agravaron las condiciones inhumanas de
detención, creció la sobrepoblación y el hacinamiento, se consolidó la tortura
como práctica sistemática, empeoró la atención sanitaria, se incrementaron los
casos de personas jóvenes muertas por causas evitables y se extendió la
corrupción penitenciaria.
La emergencia de hoy
es la misma de siempre
La actual emergencia
penitenciaria promovida por la gobernadora María Eugenia
Vidal reproduce sin matices las emergencias descriptas. Son calcadas, incluso
al crear una presunta comisión interpoderes para coordinar medidas a adoptarse.
Una comisión similar creó la ley del gobernador Scioli y nunca se implementó.
Los distintos poderes
ejecutivos han solicitado sistemáticamente a la Legislatura distintos
instrumentos legales que les permitieran ampliar las competencias específicas
que le confiere la Constitución de la Provincia, violentando principios
esenciales del sistema republicano de gobierno.
A pesar de disponer de
estructuras, recursos y herramientas que permiten desarrollar políticas
penitenciarias planificadas y respetuosas de los derechos humanos, se optó por
declaraciones de emergencia que no contemplan la realización de diagnósticos
rigurosos ni la construcción de información seria.
Las sucesivas
emergencias no cambiaron nada: no se solucionaron los problemas estructurales
y, peor aún, cada tanto toman estado público graves sucesos que demuestran el
fracaso o la insuficiencia de las medidas adoptadas.
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