La historia del Estado
represor durante más de una deKada.
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AntiRrepresivo: Editorial - Agosto 2004
26 de agosto de 2004
1.- Blumberg y su cruzada
El secuestro y asesinato de Axel Blumberg en marzo de este año generó la irrupción de su padre en el escenario político nacional. El ingeniero textil devenido en un “líder involuntario” según Mariano Grondona, se ubicó como referente y gurú de la seguridad nacional a partir de su tragedia personal. Su Cruzada por Axel, centrada en un petitorio a las autoridades con el aval de millones de firmas de ciudadanos, es otro ataque represivo contra el pueblo: más mano dura y menos derechos y garantías para los sectores radicalmente excluidos.
En su convocatoria inicial se mezclaron sectores medios y altos con madres y familiares de los pibes humildes asesinados por la policía, quienes muy pronto vieron que no era con ellos que se alineaba el canoso empresario. Este prefirió rodearse de personajes como Ruckauf, Casanovas o Durrieu al grito de “ley y orden”.
Desde su
primera aparición pública CORREPI caracterizó al “líder involuntario” como un
integrante -y ahora vocero- de los sectores más reaccionarios para
promover una
fuerte corriente de opinión favorable al endurecimiento del sistema penal y a la
ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad. Estuvimos solos en aquel
momento, ya que incluso importantes organizaciones populares anunciaron que
acompañaban “con sus propias consignas” la marcha en la Plaza Lavalle, lo que no
modificaba la naturaleza antipopular del acto, ni el contenido del famoso
petitorio, conocido por menos de la mitad de quienes lo firmaron. [1]El secuestro y asesinato de Axel Blumberg en marzo de este año generó la irrupción de su padre en el escenario político nacional. El ingeniero textil devenido en un “líder involuntario” según Mariano Grondona, se ubicó como referente y gurú de la seguridad nacional a partir de su tragedia personal. Su Cruzada por Axel, centrada en un petitorio a las autoridades con el aval de millones de firmas de ciudadanos, es otro ataque represivo contra el pueblo: más mano dura y menos derechos y garantías para los sectores radicalmente excluidos.
En su convocatoria inicial se mezclaron sectores medios y altos con madres y familiares de los pibes humildes asesinados por la policía, quienes muy pronto vieron que no era con ellos que se alineaba el canoso empresario. Este prefirió rodearse de personajes como Ruckauf, Casanovas o Durrieu al grito de “ley y orden”.
El tiempo confirmó nuestra posición. Fue necesario que Blumberg dijera lo que dijo de Sebastián Bordón y que designara a un conocido fascista como su abogado para que esos apoyos desaparecieran.
Desde su instalación como figura pública, Juan Carlos Blumberg, especie de Mirta Pérez ilustrada [2], fue objeto de una suerte de tironeo entre esos sectores que lo rodearon desde un principio y el propio gobierno nacional, que es mucho más prolijo a la hora de exponer su política represiva. El hombre era el personaje ideal para promover y propagandizar una corriente de opinión pública favorable a una serie de proyectos que desde hacía mucho tiempo dormían en despachos oficiales, algunos desde hacía varias administraciones. Inviable sin consenso, finalmente vieron la luz integrando el Plan Nacional de Seguridad [3].
Hasta el presente sólo se han implementado o comenzado a implementar las medidas del Plan y las reformas legislativas que más claramente señalan su carácter represivo, casualmente aquéllas que poco o nada tienen que ver con la supuesta prevención de delitos como el padecido por la familia Blumberg, sino que fortalecen el aparato represivo del estado a la vez que satisfacen viejas exigencias de la política continental del imperio, contenidas en los viejos proyectos de Ley Antiterrorista.
Blumberg, mientras tanto, fue recibido por el Presidente Kirschner. La prensa informó, sin que el gobierno lo desmintiera, su compromiso a realizar gestiones ante empresas privadas para financiar la Fundación Axel.2.- El debate en el estado - cómo reprimir con consenso y sin costo político
Es de conocimiento público que tanto el empresario como su videlista abogado han viajado a Estados Unidos, donde se entrevistaron con funcionarios políticos y policiales para gestar convenios de “perfeccionamiento y capacitación” de las fuerzas de seguridad con la policía yanqui, y luego a Europa, donde la visita al Papa fue foto de tapa de los diarios argentinos. [4]
En el marco de nuestra democracia formal, nunca ha sido materia de debate entre los distintos sectores del poder si se reprime o no, sino cómo se ejercen esos necesarios mecanismos de control social y disciplinamiento. Aquella división entre “manoduristas” y “garantistas” refleja en realidad la diferencia entre quienes sinceran sus ansias represivas y apuestan al apoyo histórico que el autoritarismo tiene en algunos sectores sociales argentinos, y los que prefieren buscar el consenso de quienes tienen tanto horror al desorden como al terrorismo de estado.
Son mucho más aparentes que reales las infladas controversias sobre las políticas represivas del estado que pueden esquematizarse entre el discurso del gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. No se trata de un verdadero debate de ideas acerca del rol del estado, sino de una discusión acerca de su aparato represivo: cómo se puede reprimir más y mejor, con el menor costo político. Ese es el nudo de la cuestión.
Los distintos intereses económicos representados en las variantes políticas que ejercen el poder marcan el ritmo del maniqueo debate. Los voceros de las empresas privatizadas y de los inversionistas extranjeros permanentemente agitan con la necesidad de “seguridad jurídica”, y reclaman palo y a la bolsa ya. Se publican artículos en diarios del exterior, como El País de Madrid, alertando sobre la desconfianza que el problema piquetero produce en potenciales inversores, y hasta don Roger Noriega se preocupa públicamente por la seguridad del emporio McDonald.
Raúl Alfonsín reclama reprimir “la violencia del palo”, y el ministro de economía Lavagna y el de seguridad bonaerense, León Arslanián salen en su apoyo, de manera más o menos explícita.En la entrevista queda clara la esencia de la discrepancia. Dice Béliz: “…en el caso en el que se produzca una actividad delictiva para cuyo cese se corra algún tipo de riesgo de agravar la situación, se consulta a un juez y a un fiscal para que dispongan qué hacer”. Y responde Arslanián: “Hay que diferenciar muy bien dos tipos de situaciones, la de flagrancia y la del hecho consumado. En la flagrancia debemos actuar autónomamente. A partir del momento en el que toma intervención un juez, la fuerza pierde capacidad de acción autónoma y depende de la directiva judicial. Nosotros decimos que si intentan tomar una comisaría tenemos el derecho, la facultad legal y la obligación de usar la fuerza, aunque es un recurso extremo.”
Del otro lado del escenario, los Fernández y Gustavo Béliz cumplen su tarea de ser “la voz de la cordura”, defendiendo una y otra vez la decisión del gobierno nacional de no reprimir con la fuerza. En una jugada magistral para desprenderse del costo político de la necesaria represión, le pasan la pelota al poder judicial, lo que implica la judicialización del conflicto.
El permanente repiqueteo belicista (de Béliz) instando a los jueces “a actuar con el código penal en la mano” responde a la lógica de no querer cargar con el costo político de la represión. Todos la quieren usar, pero ninguno sabe cómo hacerlo sin perder consenso. De allí que aunque en apariencia haya dos discursos, como intenta presentarlo el Diario La Nación en su edición del domingo 11 de julio de 2004, prosperan las iniciativas de articulación de fuerzas federales y provinciales como los proyectos “Policía de Buenos Aires II” y la “Fuerza Federal de Paz”.
Pero a renglón seguido, aclara Béliz: “El uso de la fuerza en términos racionales, proporcionales y directamente encaminados a hacer cesar una situación en que se pueda violar la ley, el Estado la tiene como monopolio y no está en tela de discusión. Lo que hay que medir es que la reacción en un determinado tipo de manifestación no genere una situación de violencia mayor.”
O sea, “no vamos a hacer un Puente de Corrientes, un 20 de diciembre o un 26 de junio porque sabemos que se generaría una reacción antirrepresiva y nos pasaría como a De La Rua y a Duhalde, y nosotros hemos aprendido esa lección. Sin consenso no reprimimos”.
A dos años de transcurrida la última masacre, y pese al éxito parcial de la política de deslegitimación y de cooptación de los movimientos populares encarada por el gobierno, debe haber sido para ellos un trago duro de pasar la multitudinaria marcha del 26 de junio.Es esa búsqueda de consenso lo que marca la política del gobierno nacional. Para obtenerlo no desperdicia la oportunidad de agitar con éxito el supuesto discurso contrario. Es así que algunos –muchos- creen que es mejor apoyar este gobierno “un poquito popular” antes que correr el riesgo de que se fortalezcan los López Murphy, Macri y otros ejemplares de Jurassic Park como el marido de la locutora chilena.
3.- La bronca popular
Paralelamente, todo sirve para instalar la idea de que “así no se puede seguir”. Como uno de los objetivos es lograr consenso para reprimir a los movimientos piqueteros no transversales, todo lo que ocurre se les endilga, sea o no fruto de su movilización.
Los vecinos de Tres Arroyos apedrean una comisaría, y el fiscal dictamina que, como la mayoría eran pibes de 15 o 16 años, eso prueba que alguien los manipuló, cuando no hace falta explicarle a un adolescente pobre que la policía es su enemigo.
Los familiares de víctimas de gatillo fácil impiden la inauguración de una comisaría en Villa Tesei, y a la semana llenan de huevos y pintadas otra, y los diarios titulan “piqueteros atacan comisaría”. De la policía de gatillo fácil, de la auténtica bronca popular, no se dice nada.
Un diputado provincial kirschnerista toma una comisaría federal porque uno de sus militantes fue asesinado, y el hecho se discute en los medios como si “los piqueteros” hubieran instalado una nueva modalidad de lucha: tomar comisarías. Las autoridades provinciales anuncian sanciones y exoneración para el comisario “que se deje tomar una comisaría”. El mensaje es claro: o disparan, o los echamos.
La prensa, como en el caso Blumberg, cumple un rol funcional a la creación de consenso tanto al apoyar al padre dolorido que quiere justicia como para denostar a quienes no concuerdan ni con las exigencias de la derecha más recalcitrante ni con las soluciones lavadas del gobierno. Por un lado, mantienen la agitación de la “inseguridad”. Por otro, reeditan escenas setentistas contra la “violencia” piquetera, a la que no sólo La Nación o Radio 10 han comparado con organizaciones armadas.No sólo siguen vigentes herramientas como la averiguación de antecedentes y las contravenciones, sino que se avanza sin cesar hacia más facultades para reprimir, como ocurre en estos días en la ciudad de Buenos Aires con la sanción del nuevo Código Contravencional. En la Audiencia Pública convocada por el Gobierno de la Ciudad, que denunciamos como una farsa y cuyas conclusiones fueron totalmente omitidas en el debate legislativo, fue ampliamente mayoritaria la postura contraria al sistema contravencional, pese a lo cual insisten medios y funcionarios en que “los vecinos” sostienen el código.
Finalmente, se silencia la otra cara de la represión del estado, la que no ataca organizaciones sino indiscriminadamente individuos: los más débiles y vulnerables. El gatillo fácil, la aplicación sistemática de la tortura y las detenciones arbitrarias no sólo no han decrecido, sino que los índices aumentan en todo el país. En distintas provincias, como Santa Fe, se relegitiman las facultades policiales para detener a cualquiera sin motivo, y se incumple la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que ordenó al estado argentino revisar y modificar su legislación interna en materia de detenciones arbitrarias.
La oposición a la reforma represiva del código es presentada por los medios como exaltada y revoltosa minoría de inadaptados; minoritaria turba, ruidosa y soez, integrada por piqueteros, prostitutas, travestis y vendedores ilegales, de comportamiento irascible y procaz [5], eficaz modo de relegar el debate sobre el sistema de faltas y contravenciones a esos sectores marginados, a quienes sin dudas afecta primordialmente, porque son parte del segmento social que debe ser disciplinado y del que forma parte la enorme y empobrecida mayoría del pueblo argentino, esa que todavía busca su destino. NOTAS: (…) Fuente: http://correpi.lahaine.org/?p=491
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Marcha por Julio López:
"8 años de impunidad y encubrimiento".
19 de septiembre de 2014
Por
Indymedia Derechos Humanos
Este 18 de
septiembre se cumplieron 8 años -2922 días- de la segunda desaparición de Jorge
Julio López, testigo y querellante en el juicio que condenó por genocidio al
represor Miguel Etchecolatz. En distintos puntos del país se realizaron
actividades denunciando la
persistencia de la impunidad y el encubrimiento. En Ciudad de Buenos Aires,
el Encuentro Memoria Verdad y Justicia movilizó desde el Congreso de la Nación a
Plaza de Mayo, en una marcha encabezada por las Madres de Plaza de Mayo Cristina
Cabib, Elia Espen y Mirta Baravalle, junto a numerosas organizaciones sociales,
políticas y sindicales. En el documento, que compartimos a continuación, se
señaló una vez más “la inacción de la causa judicial que debiera investigar la
desaparición de Julio López y la
inacción de los gobiernos Nacional y Provincial
que decidieron no investigar el entorno del genocida Etchecolatz ni a las mafias
de la Policía Bonaerense para asegurarse su gobernabilidad”.
Fotos: Indymedia Derechos
Humanos.
Documento a 8 años de la desaparición de Jorge Julio López
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
Estamos en
esta Plaza, enfrentando el silencio y la negación oficial, para denunciar que
Julio López, sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura, fue
secuestrado y desaparecido por segunda vez hace 8 años, cuando culminaba el
Juicio a Etchecolatz .
Estamos hoy aquí, en la
lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, exigiendo al Estado Nacional su
aparición con vida.
El 18 de
septiembre de 2006 Julio López,
que después de muchos años de silencio puso en palabras el horror vivido en los
campos de concentración de la dictadura, para cumplir su compromiso con quienes
fueron sus compañeros de lucha, no llegó a la sala de audiencias, en la que se
daría la sentencia de prisión perpetua al genocida Etchecolatz.
La respuesta
de nuestro pueblo a la desaparición de Julio no se hizo esperar y miles salimos
a las calles reclamando su aparición con vida YA!
La respuesta
del poder también fue inmediata: el gobernador Solá, y sus funcionarios
Arslanián y Binstock, declararon frente a los organismos de derechos humanos que
reclamamos por Julio
que su preocupación era
la gobernabilidad de la policía bonaerense. Hoy, después de 8 años, es
indiscutible que esa ha sido la principal preocupación de todos los poderes del
Estado. Por eso en la causa López no hay sospechosos, ni imputados, ni
detenidos.
Por eso
denunciamos que, desde el primer momento, los funcionarios nacionales y
provinciales renunciaron a encontrar a nuestro compañero Jorge Julio López y por
lo tanto renunciaron también a detener, juzgar y condenar a los responsables de
su secuestro.
La Policía de la Provincia de Buenos aires, al momento de la segunda desaparición de López, tenía en sus filas más de 9.000 efectivos que habían actuado durante la dictadura. Ningún gobierno constitucional los separó ni investigó.
El gobierno
nacional y el de la provincia de Buenos Aires desplegaron desde el primer
momento un discurso plagado de cinismo. Durante el primer año decían que
buscaban a Julio como si hablaran de un niño perdido camino a su casa y en los
últimos años nos dicen que tenemos que aceptar que Julio está muerto pero no
dicen quién lo secuestró, quién lo mató, quién dio la orden y quien la ejecutó.
Nunca quisieron investigar y ahora, después de 8 años de inacción y de
impunidad, usan el nombre de Julio para bautizar una plaza o lo declaran
“ciudadano ilustre” pretendiendo naturalizar su desaparición y disimular la
impunidad de los autores políticos y materiales de su secuestro.
En todos
estos años, aunque el rostro de Julio estuvo y está presente permanentemente en
la denuncia y el reclamo de justicia de nuestro pueblo, hemos recibido por única
respuesta el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.
Julio López
no fue el primer desaparecido posterior a la dictadura: Miguel Bru, Andrés Nuñez, entre otros, son prueba de ello. Su desaparición reinstaló la
desaparición como práctica
genocida, poniendo en jaque al
llamado Nunca Más.. Fue una confirmación más de lo que siempre dijimos: la
impunidad sólo genera más impunidad.
La
persistencia de la impunidad es la que permite que López esté desaparecido.
La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales y políticos
del secuestro.. Pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida,
como señalamos desde un primer momento, es de los gobiernos nacional y
provincial.
El Estado,
con total intencionalidad, no realizó una investigación, y cada fuerza simuló
una búsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos las unas a las otras.
Por eso
decimos que
el gobierno tiene que responder por el encubrimiento y
complicidad por parte de los
organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial:
la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Bonaerense y la Federal.
Nunca se
investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la bonaerense, y al
día de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables amenazas y agresiones
que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo testigos, querellantes,
familiares de desaparecidos, jueces, fiscales. Tampoco se han resuelto los
secuestros posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, ni el asesinato
de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del secuestro y
desaparición de Julio la que fomentó que las amenazas a los testigos, los
abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continuaran
y se agravaran, transformándose en agresiones y secuestros.
Por eso
decimos que el gobierno nacional es responsable por la aparición con vida de
Julio y que debió haber dado los pasos precisos y contundentes que siempre le
exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las
fuerzas armadas y de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura,
promover la remoción de jueces y fiscales cómplices, impulsar juicios por campo
de concentración o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de
genocidio a todos los represores y a sus cómplices civiles.
Desde hace
dos años, la única novedad en la investigación judicial fue una denuncia contra
las querellas y los funcionarios judiciales que intervinieron en el juicio
contra Etchecolatz, en la que de forma aberrante se intentaba distorsionar las
responsabilidades de lo sucedido acusando a los compañeros de Julio de “no
haberlo cuidado”. Este año, el nuevo fiscal que tomó la causa dice que va a
empezar de cero y su primera medida es investigar……a los hijos de López.
Ante la
inacción de la Justicia, y el silencio del poder político, en los últimos años
fuimos las organizaciones que reclamamos por la aparición con vida de Julio las
que aportamos novedades a la causa.
El año
pasado el encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó a una campaña nacional de
presentación masiva de Habeas Corpus por Lopez. Todos fueron rechazados
automáticamente, poniendo en evidencia que no es preocupación de esta justicia
terminar con la impunidad. En Puerto Pirámides el juez Ricardo Sastre contestó
al habeas corpus , diciendo que “el señor Jorge Julio López NUNCA estuvo
detenido en ninguna repartición de las fuerzas de seguridad”, negando de este
modo hasta el primer secuestro de Jorge Julio López. Este año llevamos el caso
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pidiendo se
pronuncien sobre el tema, se anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento,
se investiguen las responsabilidades de esta situación de impunidad y se llame
la atención al Estado por el encubrimiento de este crimen.
Hoy, a 8 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta Plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas.
BASTA DE
SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
Por eso
exigimos al gobierno:
Aparición con vida YA de Julio López
Juicio y
castigo a los responsables
Compañeros y
compañeras:
La impunidad
y el encubrimiento que rodean la segunda desaparición de Julio López se conectan
directamente con la vigencia del aparato represivo de la dictadura y con la
represión actual a las luchas obreras y populares.
La negativa de los gobiernos nacional y provincial a impulsar que se investigue entre las filas de la Policía Bonaerense y de los servicios de inteligencia del Estado refleja el pacto de encubrimiento sobre los crímenes y negocios ilegales del aparato represivo, que los sucesivos gobiernos han mantenido hasta el día de hoy a cambio de contar con sus servicios a la hora de reprimir a los trabajadores y el pueblo.
La política
represiva se agudiza ahora que el colapso de la política económica conduce al
gobierno a redoblar la entrega para pagar la deuda externa. Las designaciones de
César Milani al frente del Ejército y de Sergio Berni en la Secretaría de
Seguridad apuntan a quebrar mediante palos y provocaciones la resistencia obrera
y popular a los despidos, suspensiones, retrocesos salariales, ajustes,
tarifazos y recortes en la asistencia social que el gobierno impone para
congraciarse con el capital financiero internacional.
Eso se
expresó en la brutal represión que sufrieron los obreros que salieron a defender
sus puestos de trabajo, como ocurrió en Lear , Gestamp, Emfer, Calsa, Kromberg.
Los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad también estuvieron
presentes ante los piquetes realizados durante el paro general del 28 de agosto.
El país
entero pudo ver en detalle, gracias a las filmaciones de periodistas y
militantes, las provocaciones de la Gendarmería contra los trabajadores de Lear.
La expulsión del Ministerio de Seguridad Nacional del ex carapintada Galeano,
infiltrado en las manifestaciones, fue una manera de ocultar que actuaba bajo
las órdenes de Berni, y por lo tanto, del gobierno nacional.
En los
últimos años el presupuesto destinado a inteligencia militar –bajo la tutela de
Milani- prácticamente se triplicó. Este genocida, premiado por el oficialismo
con el cargo de Jefe del Ejército, que debiera estar preso por su actuación
durante la dictadura, es el elegido por el gobierno nacional para encabezar un
operativo dirigido a rehabilitar la injerencia del Ejército en la seguridad
interior. Por eso hoy las leyes antiterroristas promovidas por el gobierno, se
constituyen en una amenaza cada vez más peligrosa a todos aquellos que luchan
por sus derechos.
El desalojo
con métodos nazis del barrio Papa Francisco, mostró, como ocurrió con el
Indoamericano, la complementariedad de las políticas represivas del gobierno
nacional y las de Macri en la Ciudad. Arrasaron las viviendas y desalojaron a
los más humildes mientras dejaron instaladas a las bandas del narco.
Las
declaraciones fascistas y xenófobas de Berni tienen como objetivo dividir al
pueblo y conseguir piedra libre para sacar de las calles a los que enfrentan la
política del ajuste.
Mientras
Macri mantiene su propio aparato de espionaje, la justicia de la ciudad lleva a
juicio a los dirigentes barriales Diosnel Pérez y Luciano “Tano “ Nardelli, por
el único delito de ser solidarios.
La
Metropolitana reprime con balas de plomo –como lo hemos comprobado en el
Indoamericano y en el desalojo de la Sala Alberdi- del mismo modo que ocurre en
Formosa, Jujuy y Chaco con gobernadores alineados con Cristina Fernández, donde
se ha reprimido salvajemente a docentes, estatales, jubilados, desocupados y
pueblos originarios. En Córdoba fueron reprimidas vigilias y marchas contra el
monopolio envenenador Monsanto.
En estos 11
años de gobierno kirchnerista , suman 22 los compañeros asesinados a raíz de la
protesta social.
La política
de “mano dura” , en cuya aplicación coinciden el gobierno nacional, Scioli,
Massa y otros sectores del oficialismo y la oposición tiene como objetivo
profundizar la criminalización de la pobreza y no sólo no resolverá los
problemas de inseguridad sino que reforzará la represión a las luchas, el
gatillo fácil y la corrupción policial. La militarización de los barrios y la
creación de policías comunales no ha hecho más que agravar la situación de los
miles de habitantes de los barrios más humildes.
Actualmente
son más de 5000 los procesados por luchar. El bloque de diputados oficialista
promueve la sanción de una ley contra las manifestaciones, que fue reclamada por
Cristina Fernández en el Congreso y aplaudida a rabiar por el bloque macrista.
El proyecto
de ley contra la criminalización de la protesta, promovido por el Encuentro
Memoria Verdad y Justicia y presentado a la Cámara de Diputados con la firma de
más de 20 legisladores, permanece ignorado por el oficialismo y por la mayoría
de la supuesta oposición. Rechazamos la pretensión de la diputada Diana Conti de
canjear el apoyo a la ley que persigue las manifestaciones por una amnistía
fraudulenta.
Reclamamos
el cierre de las causas, la anulación de las condenas y la libertad de los
presos políticos de Corral de Bustos, de los compañeros Fernando Esteche y Raúl
“Boli” Lescano, de los cinco hermanos wichí de la provincia de Formosa y de los
cinco compañeros de Ate Rio Gallegos arbitrariamente detenidos desde octubre del
año pasado.
Desde este
acto, exigimos una vez más la absolución de los compañeros de Las Heras,
condenados a prisión perpetua al término de un juicio infame.
Las
denuncias del fiscal contra los compañeros de la comisión interna de Lear y de
dirigentes políticos solidarios con su lucha, el procesamiento de los delegados
de Emfer-Tatsa, los pedidos de desalojo contra la ocupación de Donnelley y la
gestión cooperativa del Bauen son expresiones de la judicialización de la
protesta social.
La
militarización de los conflictos obreros tiene otro punto de apoyo en el
accionar de las patotas de la burocracia sindical. Las provocaciones de
Pignanelli contra los trabajadores de Lear son las mismas que utilizaron Pedraza
y sus matones contra los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y que
finalmente derivaron en el crimen de Mariano Ferreyra. El gobierno nacional
utiliza ante cada conflicto a estos verdugos de los trabajadores para tratar de
frenar el surgimiento de cientos de jóvenes dirigentes que se organizan
democráticamente para reclamar por sus derechos enfrentando a sus patrones
aliados con la burocracia sindical.
Como castigo
por su participación en el paro nacional del 28 de agosto, Randazzo, en sociedad
con los jerarcas de la Unión Ferroviaria, impulsa el desafuero de los delegados
de la línea Sarmiento y sanciones a los activistas del Mitre.
La presencia
de la patota del Smata en la tribuna del Congreso para insultar a los diputados
de la izquierda –con la complicidad del presidente de la Cámara, Julián
Domínguez- confirma que estas bandas están hoy al servicio del gobierno
nacional. Las amenazas de sanciones y expulsiones en las legislaturas
provinciales contra los diputados de la izquierda se inscriben como otra
variante de represión política.
Por eso
decimos: basta de ajuste, despidos y suspensiones. Reincorporación ya de todos
los despedidos.
Basta de
represión, muertes y patotas. Cierre de las causas y anulación de las condenas
contra los luchadores. Libertad a los presos políticos. Fuera Berni.
Hoy, el
gobierno nacional pretende apropiarse del prestigio y los recursos del Banco
Nacional de Datos Genéticos para ponerlo al servicio de un negociado con los
laboratorios privados de la medicina genómica.
Este Banco fue clave en la identificación de la mayoría de los 115 nietos
recuperados.
Por otra
parte, al limitar la competencia del Banco a los casos de lesa humanidad
anteriores al 10 de diciembre de 1983, quedan desprotegidas miles de personas
que buscan su identidad y los más de 200 casos de desapariciones posteriores al
83, como Miguel Bru, Luciano Arruga, Daniel Solano en río Negro y, por supuesto,
Julio López.
Por eso
decimos: No a la privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos, acceso
universal al derecho a la identidad!!!!
En defensa
de la memoria, nos oponemos a transformar los Centros Clandestinos de Detención
en lugares de recreación, porque las generaciones que nos siguen deben saber que
allí se torturó a hombres, mujeres y hasta niños, para lograr imponer en nuestro
país un orden político y económico en contra de las mayorías populares.
El gobierno
nacional se adueñó de los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires,
después de haber logrado, en alianza con el macrismo , la disolución del
Instituto Espacio para la Memoria. Y ahora el Secretario de Derechos Humanos,
Miguel Ángel Fresneda,ha decidido que el Servicio Penitenciario Federal sea el
encargado de la custodia de los Ex Centros Clandestinos de Detención de la
Ciudad de Buenos Aires.
Durante años
participamos y acompañamos las luchas populares por la señalización de
estos sitios, por la expulsión de las fuerzas represivas de los mismos, por la
construcción de proyectos de memoria que recuperen las historias de vida de
nuestros compañeros desaparecidos y que denuncien las violaciones a los derechos
humanos de ayer y de hoy.
Estos hechos
no hacen más que seguir desvirtuando la memoria de lo ocurrido durante la
dictadura militar y apuntalan los proyectos de reconciliación con las fuerzas
represivas que se pretende llevar adelante desde el gobierno nacional, de la
mano del genocida Milani.
Compañeros y
compañeros
El
testimonio de Julio no sólo sirvió para que Etchecolatz fuera condenado por
genocida, sino que es parte de la construcción de una memoria y una historia
que, además de poner al desnudo la crueldad y brutalidad del poder, rescata las
luchas, las banderas y los objetivos por los que lucharon los 30000 compañeros
detenidos desaparecidos: un país sin opresión, sin explotación, sin injusticia,
sin represión.
En este 18
de septiembre reafirmamos:
No olvidamos
a Julio y por eso con su presencia y su ausencia , estamos en esta plaza
exigiendo justicia por su desaparición.
No olvidamos
el compromiso de Julio con sus compañeros de ayer y tampoco olvidamos nuestro
compromiso con los que luchan hoy.
No olvidamos
que el proyecto genocida vino a terminar con una generación de luchadores que
quería construir un país sin opresión y sin explotación.
No
perdonamos a los genocidas y sus cómplices que siguen gozando de libertad y de
impunidad y que están hoy al servicio de la represión contra el pueblo.
No nos
reconciliamos con nuestros verdugos de ayer, ni tampoco con nuestros verdugos de
hoy.
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