Prensa
Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
27 de Abril de 2015
27 de Abril de 2015
Las mineras roban, contaminan y matan,
nosotros defendemos nuestra vida, agua y
cerros
y el Estado nos criminaliza.
Declaración
de la Asamblea
Ciudadanos por la Vida de Chilecito, Asamblea El Retamo de
Nonogasta, Vecinos por la Vida de Campanas, Asamblea Riojana Capital, Asamblea
de los Llanos por la Vida
Ante la denuncia de
Una vez más, denunciamos públicamente al gobierno de La Rioja
por profundizar su estrategia antidemocrática de criminalizar la protesta
social, presentando ante la sociedad a la lucha por nuestros derechos, como
delitos. Y a los luchadores, como delincuentes.
De esta manera el gobierno pone en marcha dispositivos
institucionales que deberían estar al servicio del pueblo, como a la policía y
a la justicia, para proteger a las empresas explotadoras de las personas
y la naturaleza, reprimiendo, deteniendo y judicializando a los obreros y
vecinos que defienden los legítimos derechos a tener un trabajo digno y un
ambiente sano. Como ocurre con los obreros de la empresa aceitera AMURAI
en Vichigasta y con pobladores de los pueblos de Famatina y Chilecito.
La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la
represión para inmovilizar
y desarticular a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que
se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de
sus necesidades, cuestionando
la miseria y la opresión, en un claro acto de disciplinamiento, imponiendo el
poder antidemocrático de la fuerza y la dominación social.
Hoy se pretende
sancionar a las organizaciones populares a través del espionaje y la
persecución penal de sus integrantes y el encarcelamiento utilizado como
“castigo ejemplificador” para frenar el conflicto acallando y domesticando las
disidencias. Corriendo el eje de la injusticia denunciada hasta plantear que lo
que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una
“violación a la ley”, deslegitimando la lucha.
Para conseguir sus
fines se están utilizando estrategias tales como: crear causas con mentiras,
falsas denuncias a partir de autoatentados, como lo hizo la minera MIDAIS , en
complicidad con un aparato policial y judicial que rápidamente actúa
incriminando a vecinos sin contar con las pruebas que acrediten la denuncia.
Esta operación
política utiliza los medios de
comunicación amigos del poder para desparramar la mentira con el claro objetivo
de generar malestar social contra los luchadores.
El aparato del
Estado en su conjunto ha sido puesto a disposición para que los grandes
intereses económicos vayan allanado su camino hacia una creciente privatización
y mercantilización de la Naturaleza, aún en contra de la voluntad mayoritaria
de las poblaciones afectadas. En nombre del ‘desarrollo’ y la ‘generación de
empleo’, el territorio provincial es entregado a grandes enclaves extractivos,
cuya insustentabilidad socioambiental y económica resulta manifiesta. Las
legítimas reacciones de resistencia de las poblaciones locales en defensa de la
tierra y las fuentes de agua sólo han dado lugar a atropellos sistemáticos de
una virulencia creciente.
Desde hace 8 años venimos denunciando la violación a los derechos
de los pueblos con metodologías que van desde la cooptación hasta la
judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la
represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se
desarrollan entre las organizaciones movilizadas en puebladas como lo es en
nuestro territorio en contra de la minería.
Afirmamos que la impunidad,
la represión y la persecución a los ciudadanos sigue siendo una finalidad de
las políticas de Estado del gobierno de Beder Herrera, porque la
criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para
sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa
de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares.
Los últimos
acontecimientos ocurridos tanto en la lucha obrera que vienen manteniendo los
compañeros de la empresa aceitera AMURAI como con nosotros , los vecinos de los
pueblo de Famatina y Chilecito, que se suman a otras tantas luchas, ponen de
manifiesto un patrón de conducta de las más altas esferas de gobierno que se
viene repitiendo y consolidando como forma de resolución de los conflictos
suscitados en torno a los derechos laborales y territoriales: la
criminalización, represión y judicialización de la protesta social.
Denunciamos que existe una tendencia a agravar las
imputaciones utilizando
figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de los
ciudadanos y aumentando la
militarización de la zona pretendiendo generar miedo en los pobladores.
Responsabilizamos al gobierno provincial del sistemático ejercicio de la de
violencia institucional que nos llevan al hartazgo popular quebrando los
límites de la tolerancia y alimentando una escalada de reacciones que puede
terminar en el desborde total de la situación con saldos aún más dolorosos.
No propiciamos ni
acordamos el recurso de la violencia, pero tampoco nos plegamos a hipócritas
condenas genéricas de la misma, que omiten sus raíces y licuan las
responsabilidades de sus provocadores. Por el contrario, condenamos el uso de
la violencia institucional y señalamos a las máximas autoridades del gobierno
como sus principales responsables.
Condenamos en
particular el uso del aparato legal-represivo del estado para ‘brindar
‘protección y seguridad jurídica’ a las empresas, aún en contra de la
desprotección y la vulneración de los más elementales derechos y garantías
constitucionales de nuestras propias poblaciones.
Saludamos nuestras
reivindicaciones como una legítima defensa de los derechos y las condiciones
básicas sobre las que se asienta una auténtica vida democrática, y que supone
el respeto incondicional al principio de autodeterminación de los pueblos.
Convocamos la población en general a adherir y sumar esfuerzos en
defensa de nuestro territorio y los bienes comunes del ambiente, por el respeto
y la plena vigencia de los derechos humanos y por la construcción de una
sociedad en justicia y paz, por la vida digna y sostenible, respetuosa de la
con-vivencia social y ecológica.
Por último, renovamos nuestra decisión de no permitir la minería de ningún tipo en nuestra provincia anteponiendo un perfil agrario y turístico a baja escala con apoyo a las economías sociales y solidarias en la región.
No aceptamos censuras ni pedimos
permisos para ejercer el derecho a defender nuestro territorio
Frente
al miedo que nos intentan imponer, nosotros nos fortalecemos y unimos. Seguimos
defendiendo nuestra vida, nuestra agua y nuestros cerros. Seguimos defendiendo
la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la protesta y la libertad de
expresión como pilares de una democracia real.
Resistimos a las injusticias y abusos de poder que impiden
el desarrollo democrático de los pueblos y la participación activa en defensa
de nuestros derechos fundamentales. Por ello, invitamos a todos los ciudadanos
a que ejerzan sus derechos por una sociedad más justa, equitativa y sustentable.
“La mejor forma de expresión del enojo es cuando te indignas por algo que te parece indignante. Uno tiene que elegir cotidianamente de qué lado está: DEL LADO DE LOS INDIGNOS O DE LOS INDIGNADOS” –Eduardo Galeano-
¡Gane quien gane, aquí
no habrá minería!
En el Valle del
Famatina, a los 27 días del mes de Abril de 2015
Contactos:
0380-154520732
03825-15415310
03825-15531607
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la
Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
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http://twitter.com/prensauac
(pdf cuadernillo uac:) --> http://go4.es/0aJa
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