Documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia –
24 de marzo de 2015
Hoy, a 39 años del
24 de marzo de 1976, estamos en esta plaza para repudiar el golpe genocida más
brutal en la historia de nuestro pueblo, para reivindicar las banderas de nuestros 30.000
compañeros detenidos desaparecidos y para ratificar nuestro compromiso en la
lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.
Repudiamos a la
dictadura que buscó destruir todas las formas de organización de los
trabajadores y el pueblo para profundizar la entrega y el endeudamiento, la
explotación y el hambre al servicio de un régimen económico y político a
beneficio de los monopolios y las potencias imperialistas.
30.000
detenidos-desaparecidos, asesinatos cotidianos de militantes, más de 600 campos
de concentración, miles de presos políticos, exilio, secuestro, tortura y robo
de niños, constituyó el genocidio racional y planificado desarrollado contra
nuestro pueblo.
El terror
dictatorial tuvo el objetivo de aniquilar el gigantesco despliegue del
movimiento obrero y popular que, desde los tiempos del Cordobazo, se proponía
terminar con la opresión y la explotación.
A pesar del terror y
del silencio impuesto, nuestro pueblo resistió. Las Madres de Plaza de Mayo
fueron la avanzada, y se convirtieron en el símbolo de esa resistencia que armó
lazos de solidaridad y que llegó a expresarse en paros generales y
movilizaciones realizadas en las peores condiciones de la represión genocida.
Esa lucha tuvo su
continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles, en los que varias
generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable de conseguir castigo a
los genocidas y terminar con la impunidad de ayer y de hoy.
Nuestro pueblo luchó
incansablemente contra las infames leyes de impunidad de Alfonsín y los
indultos de Menem.
La rebelión popular
del 19 y 20 de diciembre, y la lucha inclaudicable de tantos años contra la
impunidad, fueron factores fundamentales para conseguir la anulación de las
leyes de punto final y obediencia debida, que permitió la reapertura de las
causas contra los genocidas.
Lo decimos una vez
más con orgullo: los juicios a los genocidas son un logro histórico de nuestro
pueblo.
Denunciamos también
en esta plaza, como lo venimos haciendo todos estos años, las enormes
limitaciones de estos juicios, que se desarrollan a cuentagotas. Cientos de
represores mueren antes de ser juzgados.
El Poder Ejecutivo
tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas necesarias para acelerar
los juicios y no lo hace. Los genocidas que hoy son juzgados son solamente
aquellos que formaban parte de la cadena de mandos o los pocos que fueron
reconocidos por los sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención.
El Estado no ha
entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada Campo de
Concentración. El Poder judicial no investiga ni aporta pruebas para juzgarlos.
Sólo las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos que luchamos
contra la impunidad presentamos pruebas e impulsamos las causas para que los
represores sean juzgados por el delito que cometieron: genocidio.
No hay 900
condenados como dijo la Presidenta en su discurso del 1º de marzo. La realidad
es que existen, hasta hoy, sólo 538 condenas, de las cuales muchas corresponden
a un mismo procesado. Hay menos de un condenado por campo de concentración.
Apenas el 20% de esas sentencias se encuentran firmes. El 68% de los condenados
y la mitad de los procesados cumplen prisión domiciliaria, que además violan
sistemáticamente.
Los cómplices
civiles y empresarios del genocidio gozan de absoluta impunidad. Lo mismo
ocurre con los dirigentes sindicales colaboracionistas y entregadores, y con
los jueces y fiscales que fueron cómplices del genocidio y que aún continúan en
funciones. Repudiamos los fallos que en las últimas semanas beneficiaron, entre
otros, al latifundista Pedro Blaquier –dueño del Ingenio Ledesma-, a Vicente
Massot, dueño del diario La
Nueva Provincia y a Alejandro Bottinelli, del staff editorial
de Atlántida.
Exigimos:
¡¡¡CARCEL YA A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
¡¡¡APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA!!!
¡¡¡RESTITUCIÓN DE LA
IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS!!!
El nombramiento del
genocida Milani al frente del Ejército revela, definitivamente, hasta donde
llega la hipocresía del gobierno K en materia de derechos humanos.
Milani ya había sido denunciado en 1984, en el
informe de la Conadep de La
Rioja. Las pruebas contra él por su participación en el
Operativo Independencia, en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, en el
secuestro y tortura de Pedro Adán Olivera y a su hijo, Ramón Alfredo, en el
secuestro y tortura de Verónica Matta y el periodista Schaller, son
abrumadoras. Denunciamos al juez Bejas, de Tucumán, que se negó a llamar a
indagatoria a Milani, bajo los argumentos de la obediencia debida. También
denunciamos al juez federal de La Rioja Daniel Herrera
Piedrabuena por declarar nula la causa Olivera.
Milani es un ejemplo paradigmático de los miles
de represores que permanecen en las fuerzas de seguridad sin ser juzgados por
sus crímenes durante la dictadura.
El empeño del gobierno en sostener a Milani, a
pesar de las contundentes evidencias en su contra, se explica por su rol en la
reorganización de un aparato de inteligencia dirigido al espionaje interno. La
nueva ley de inteligencia le otorga un poder y un presupuesto fenomenales.
La presidenta, por cadena nacional, y en
presencia de Milani, llamó a superar los prejuicios hacia los militares. Su
objetivo es naturalizar la ingerencia de las fuerzas armadas en la seguridad
interior. Mostró, una vez más, su política de reconciliación con los genocidas.
¡¡FUERA MILANI!!
Desde esta plaza denunciamos la política de
entrega y ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos locales, respaldada
por las grandes patronales y la burocracia sindical, que descarga la crisis
sobre los trabajadores y el pueblo.
Repudiamos el pago de la fraudulenta e
ilegítima deuda externa, la megaminería a cielo abierto, la presencia de
Monsanto, los acuerdos con Chevrón y con China y la instalación de una base
militar china en nuestro territorio.
Denunciamos el ataque cotidiano a los derechos
básicos a la vivienda, al trabajo, a salarios y jubilaciones acordes a la
canasta familiar, a la salud y la educación. Nos solidarizamos activamente con
todas las luchas populares, con los obreros industriales, con los docentes, con
los trabajadores de la salud, con los desocupados y con los jubilados.
El asesinato de numerosos luchadores populares,
la sanción de la ley antiterrorista, la criminalización de la protesta, con
presos políticos y miles de procesados, los trabajadores de Las Heras
condenados a cadena perpetua y la persecución a los pueblos originarios que
luchan en defensa de sus territorios ancestrales y de su cultura; el espionaje
a las organizaciones y militantes obreros, estudiantiles y populares, la
represión a las movilizaciones de desocupados, la militarización de los barrios
y la criminalización de la pobreza, como en el desalojo del Barrio papa
Francisco, y la complicidad del Estado con los distintos grupos narcos que
operan en el país, han sido la marca de la política en materia de libertades
democráticas del gobierno kirchnerista.
Con Berni al frente de la represión, durante el
último año se agudizó la militarización de los conflictos obreros que comenzó
con Gestamp, continuó en Emfer y se profundizó con las 18 represiones en la
Panamericana contra los obreros de Lear. Este avance represivo es producto del acuerdo
entre el gobierno, estas patronales y la burocracia sindical.
La masacre de Cromañón, la tragedia de Once y
el incendio intencional de Iron Mountain desenmascararon los grandes negociados
y la corrupción que atraviesa impunemente al Estado y que pagamos con la vida
de cientos de jóvenes y hombres y mujeres trabajadores. Denunciamos la
complicidad de todos los estamentos del Estado con el narcotráfico y la trata
de personas. Centenares de mujeres permanecen desaparecidas víctimas del
negocio de la trata.
La muerte de miles de jóvenes a manos del
gatillo fácil y de la represión policial y de todas las fuerzas de seguridad,
la tortura y muerte en cárceles y comisarías, con la complicidad de jueces y
fiscales, marcan también dolorosamente la impunidad del presente.
Son más de 4350 los jóvenes asesinados desde
1983.
El crimen de Luciano
Arruga puso de manifiesto con claridad la red de encubrimiento y complicidades
entre el poder político, la justicia y la policía. Luciano
fue encontrado después de seis años de lucha, durante los cuales la policía de
Scioli, Casal y Granados se dedicó a espiar y amedrentar a sus familiares y
amigos. No fue un accidente. A Luciano
lo mató la policía y lo desapareció el Estado.
BASTA DE
CRIMINALIZAR LA PROTESTA
Y LA POBREZA
FUERA BERNI
Como cada 24 de marzo, denunciamos la represión
y la impunidad promovida por los gobiernos provinciales y el gobierno de Macri.
Estos gobiernos, a pesar de sus disputas, coinciden en dar una respuesta
represiva a las luchas obreras y populares.
Denunciamos la responsabilidad del gobierno
nacional y los gobiernos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en el
encubrimiento de la bonaerense y en la impunidad de los responsables de la
segunda desaparición de Julio López y del asesinato de Silvia Suppo.
APARICIÓN CON VIDA
YA DE JULIO LÓPEZ
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
La muerte del fiscal Nisman confirmó lo que
venimos denunciando hace años: la impunidad es política de Estado. Sacó a la
luz la feroz disputa entre diferentes sectores del aparato represivo, los
servicios de inteligencia y de las clases dominantes.
La muerte de Nisman es una muerte política,
inscripta en los 21 años de encubrimiento y manipulación, por parte del Estado
y la justicia, de la causa que investiga la masacre de la Amia.
El gobierno nacional no puede negar su relación
y colaboración directa durante más de 10 años con Stiusso y Nisman, que
operaban con la CIA y el MOSSAD, y con los servicios que hoy cuestiona.
En su discurso del 1º de marzo, la Presidenta
mostró que el Estado argentino sigue poniendo el atentado a la AMIA al servicio
de las políticas de las grandes potencias imperialistas. Pretende desligar la
responsabilidad del Estado Nacional en la masacre y en la trama de impunidad y
encubrimiento de la conexión local, sostenida desde el mismo momento del
atentado por los diferentes gobiernos y la justicia cómplice.
La apertura de los archivos anunciado por la
presidenta es una farsa. Los archivos permanecen cerrados. Para arribar a la
verdad, es imprescindible la formación de una Comisión Investigadora
Independiente con plenos poderes y que se abran todos los archivos secretos de la causa. De los 21 años de
impunidad, doce corresponden a los gobiernos kirchneristas.
La orientación que los distintos gobiernos
postdictadura dieron a los servicios de inteligencia fue dirigirlos hacia la
infiltración y el espionaje interno. Lejos de ayudar al esclarecimiento del
atentado a la AMIA o de la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero, han
contribuido a su encubrimiento. Estos mismos servicios estuvieron activamente
involucrados en la masacre de La Tablada, de Puente Pueyrredón, en la
desaparición de Julio López y en tantos otros crímenes contra el pueblo.
El gobierno de los Kirchner continuó y
profundizó esas prácticas, con las leyes antiterroristas y el proyecto X con el
que espió e infiltró a obreros en lucha, con el espionaje a estudiantes
secundarios, a militantes de derechos humanos y de diferentes movimientos
sociales y partidos políticos y a todos los que luchan en defensa de los
derechos populares.
Exigimos:
DESMANTELAMIENTO DEL
APARATO REPRESIVO Y DE ESPIONAJE. NI SIDE – NI AFI.
NO AL PROYECTO X -NO
A LA LEY
ANTITERRORISTA.
BASTA DE
MANIPULACIÓN Y ENCUBRIMIENTO DEL ESTADO Y LA JUSTICIA EN LA
CAUSA AMIA. COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE
Existe una disputa entre el gobierno y sectores
de la oposición tradicional por el control de un aparato judicial que siempre
utilizaron contra los trabajadores. Esta pelea fracturó como nunca el poder
judicial. Seamos claros: el poder judicial está dividido entre un sector
dirigido por el gobierno y otro hegemonizado por jueces y fiscales involucrados
también con la impunidad y la criminalización de la protesta, apoyados por
sectores reaccionarios como Macri -que fundó la Metropolitana con el Fino
Palacios y creó su propio servicio de espionaje- y por Massa, cuyo jefe de
campaña es Juan José Álvarez, uno de los responsables de la masacre de Puente
Pueyrredón y hombre de los servicios de inteligencia.
Sin ningún rubor, la presidenta denunció la
existencia de un partido judicial cuando muchos de los funcionarios y jueces
que denuncia le fueron funcionales durante estos doce años de gobierno e
incluso fueron nombrados a iniciativa del Ejecutivo. El gobierno no dudó en
manipular jueces y fiscales a su antojo para frenar causas que lo involucraban
en hechos de corrupción.
Más que nunca, hoy es evidente para millones de
argentinos aquello que desde hace años venimos reclamando desde el Encuentro
MVJ: la necesidad de liquidar los aparatos de inteligencia heredados de la
dictadura y la apertura de todos sus archivos secretos.
Sólo se ha abierto un número mínimo, de
contenido casi inocuo, de aquellos archivos. Esto es particularmente grave,
porque con ellos sería posible conocer el destino de nuestros compañeros
desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y
apropiados. También sería posible descubrir infiltrados en el movimiento
popular, como se demostró con los agentes del Batallón 601 Gerardo Martínez y
Raúl Tarifeño de Neuquén.
APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA
La recuperación de la identidad de los hijos de
desaparecidos es una necesidad y un derecho del presente. Es una
responsabilidad del Estado y no puede depender de la voluntad individual de
cada joven.
El traslado del Banco Nacional de datos genéticos del Hospital Durand y su
privatización no sólo abre la puerta a un gran negociado sino que además acota
el acceso al derecho a la identidad.
Del mismo modo, afirmamos: la memoria popular es
una construcción colectiva y por eso denunciamos la manipulación del gobierno
nacional sobre los sitios de memoria, manipulación que resulta coherente con su
política de reconciliación con los genocidas, como lo demuestra su cerrada
defensa del genocida Milani.
Compañeras y compañeros:
En esta marcha popular, queremos repudiar la
brutal amenaza del imperialismo yanqui a Venezuela y expresamos toda nuestra
solidaridad con el pueblo venezolano.
La dictadura genocida que estamos repudiando en
esta plaza se propuso terminar con la lucha de los trabajadores y el pueblo por
conquistar un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para
todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con futuro.
Hoy, luchando contra la impunidad de ayer y de
hoy y contra las distintas formas de represión y persecución a los trabajadores
y el pueblo afirmamos que las banderas por las que lucharon nuestros 30000
compañeros detenidos desaparecidos están vigentes cada día más. Ratificamos
nuestro compromiso de continuar la lucha por conquistar una Argentina sin
opresión, sin represión y sin explotación.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos
¡¡¡Presente!!!
Fuente:
http://encuentromvyj.org/
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