Disciplinar para que el crudo fluya
8 de abril de 2015
8 de abril de 2015
Por OPSur
Criminalizan a
mapuches, ambientalistas y trabajadores
El próximo 13 de abril la Justicia de la provincia del Neuquén,
Argentina, definirá los cargos por los que serán llevadas a juicio autoridades
tradicionales mapuche que defendieron su territorio de la explotación de
hidrocarburos. Tanto la Fiscalía como la querella, piden que Relmu Ñamku
sea procesada por tentativa de homicidio mientras que contra el werken (vocero)
Martín Maliqueo y el lonko (autoridad comunitaria) Mauricio Raín presentaron
cargos por daños agravados.
Los hechos se remontan al 28 de diciembre de 2012. Ese día, la comunidad Winkul Newen
resistió un intento de desalojo promovido por una subsidiaria de la empresa
norteamericana Apache –comprada en 2014 por YPF. El objetivo de la acción
judicial era reactivar la explotación del Yacimiento Portezuelo Norte,
emplazado dentro de la comunidad y paralizado desde hacía varios meses por los
mapuches. Aquel día la oficial de justicia Verónica Pelayes, ahora querellante
en la causa penal, sufrió lesiones al recibir el impacto de una piedra en el
rostro, hecho que le imputan a Ñamku y califican como tentativa de homicidio.
Lo ocurrido en aquella jornada se enmarca en el extenso proceso de
avances petroleros sobre la comunidad, promovidos por el estado provincial –que
otorga las concesiones- y consumado por diferentes empresas –como las
norteamericanas Pioneer y Apache en su momento, y que pretende continuar la
subsidiaria de YPF, Yacimientos del Sur. Vale decir que todo ello se encuentra
en flagrante violación de los derechos indígenas ya que la política
hidrocarburífera, tanto en la provincia de Neuquén como a nivel del país, se
implementa sin el libre, previo e informado consentimiento de los Pueblos
Originarios afectados. Desde hace más de una década esta situación es
denunciada por organizaciones indígenas y sociales e, incluso, el entonces
Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, James Anaya,
emitió un documento en el mismo sentido luego de su visita a la Argentina
en 2011.
Lamentamos las lesiones sufridas por la oficial de justicia,
consideramos que son consecuencia de la violencia generada por la negación
derechos al Pueblo Mapuche. Durante más de una década de avanzada petrolera, la comunidad Winkul Newen
ha estado expuesta tanto al hostigamiento de la policía y de civiles armados -e
incluso niños y ancianos han sufrido graves lesiones. Para ellos no ha habido
justicia, como tampoco hay por la violenta afectación ambiental, que impide el
normal desarrollo de la vida mapuche al interior de su territorio.
Como capítulo latinoamericano de la Red del Sur Global Oilwatch,
consideramos que la mera posibilidad de que una persona sea juzgada y condenada
bajo el cargo de tentativa de homicidio por defender su territorio lanzando
piedras es un hecho desproporcionado que responde a un nuevo intento de
profundizar la criminalización de la protesta social. De haber un fallo
condenatorio se sentaría un grave precedente y en el futuro, cualquier persona
podría enfrentar los mismos cargos por participar en una protesta en la que se
lanzaron piedras.
También queremos expresar nuestra preocupación por el
procesamiento de los asambleístas Horacio De Carli, Facundo
Scattone, Bernardo Zalisñak, Francisco Larocca y Cesar Arístides Pibernus por
el delito de ‘entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte
terrestre’, dictado por la justicia federal. En agosto de 2014 en Concordia,
provincia de Entre Ríos, asambleas socioambientales impidieron durante varias
horas el cruce hacia la
República Oriental del Uruguay de cuatro camiones que
transportaban maquinarias para realizar trabajos de prospección sísmica.
Aquella acción fue realizada en el marco de la lucha por la defensa del
Acuífero Guaraní, en la que organizaciones de ambos países se oponen a la
explotación de hidrocarburos con la técnica de fracturación hidráulica o
fracking sobre una de las mayores reservas de agua dulce de la región.
No podemos dejar de mencionar el caso de los trabajadores
petroleros de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, que constituye un
gravísimo exponente de la criminalización de la protesta social -en el que
claramente se busca disciplinar para garantizar la productividad de las
empresas. En diciembre de 2013 Ramón Cortez, José Rosales, Franco Padilla y
Hugo González fueron condenados a cadena perpetua por la muerte del policía
Jorge Sayago, ocurrida en febrero de 2006, cuando trabajadores y policías se
enfrentaron en el marco de una larga huelga contra la precarización
laboral y el cobro del impuesto a las ganancias sobre su sueldo. La sentencia,
por la cual también se condenó a otros seis obreros a penas menores, fue
apelada por la defensa, que denunció que los testimonios incriminatorios habían
sido obtenidos bajo torturas.
Desde Oilwatch Latinoamérica queremos expresar nuestra solidaridad
con quienes defienden sus territorios del avance de la frontera extractiva y
que hoy enfrentan procesos de criminalización, así como también nos sumamos al
pedido de absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras.
Exhortamos a las autoridades argentinas, y en particular al
Gobierno de la provincia de Neuquén, a garantizar los derechos fundamentales
del Pueblo Mapuche. Asimismo instamos a las autoridades argentinas, y al
Gobierno de la provincia de Entre Ríos en particular, a garantizar la
preservación del Acuífero Guaraní.
Abril 2015
Oilwatch Latinoamérica
Acción Ecológica
(Ecuador), Censat Agua Viva – AT Colombia, FASE (Brasil), Foro Boliviano sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, Observatorio Petrolero Sur (Argentina)
Primeras adhesiones. Argentina: Adolfo Pérez Esquivel, Premio
Nobel de la Paz; Félix Díaz, qarashe comunidad Qom Potae Napocna Navogoh;
Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales (INECIP); Antonio Gustavo
Gómez, Fiscal General de Tucumán; Maristella Svampa, investigadora del CONICET,
socióloga; Enrique Viale, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas;
Bercovich, Alejandro periodista y economista; Belén Alvaro, docente e
investigadora de la Carrera de Sociología, Universidad Nacional del Comahue;
Fernando Stratta, sociólogo, docente UNLa / UBA / UNSAM; Miguel Mazzeo,
escritor, docente UBA y UNLa; Lic. Juan José González, profesor jubilado de la Universidad Nacional
del Comahue; Dr. Juan Carlos Radovich, Antropólogo Social -Universidad de
Buenos Aires – CONICET; Alexis Papazian, profesor de historia y doctor en
Antropología UBA; Hernán Moreno, concejal de Zapala (PS); Herman Schiller,
periodista; Pablo A. Fernández, Documentalista/Periodista; Lucila
Matteucci; Silvia Rosario Vázquez; Equipo Pueblos Originarios –
SERPAJ; Secretaría de Pueblos Originarios – Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) Nacional; APDH Neuquén; Zainuco, Mesa de los Pueblos
Originarios de Capital Federal y Provincia; Colectiva Feminista La Revuelta;
Sin Cautivas, Feministas por la Resistencia; Fundación Ecosur. Ecología,
Cultura y Educación desde los pueblos del Sur; Foro Ambiental Waj Mapu
de Entre Ríos; Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional; Red de
Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena; Diálogo 2000 – Jubileo Sur
Argentina; Foro Ambiental
y Social de la Patagonia – Comodoro Rivadavia; ONG Alerta Angostura; Patria
Grande; MST Nueva Izquierda – Neuquén; Red Ecosocialista – Neuquén; Red
Ecosocialista – Santa Cruz; Partido Socialista Distrito Neuquén;
Emancipación Sur Neuquén en el Frente Popular, Emancipación Sur Corriente
Nacional, Asamblea de Bariloche
contra la Megaminería; Prensa Latina Argentina; Asamblea Permanente del Comahue
por el Agua (APCA); Partido Comunista de los Trabajadores. Brasil: Prof. Dr. Sebastião F. Raulino,
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias – FEUDUC (Brasil);
Jamila Rodrigues Venturini, periodista; Rede Brasileira de Justiça Ambiental
(RBJA) Brasil; Toxisphera Associação de Saúde Ambiental (Brasil); Associação de
Defesa do Meio Ambiente de Araucária (AMAR); Associação de Proteçãoao
Meioambiente de Cianorte (APROMAC), Fórum dos Atingidos pela Indústria do
Petróleo e Petroquímica das cercanias da Baía de Guanabara (FAPP-BG); Campanha
Por um Brasil Livre de Fracking / Associação Nacional dos Servidores da
Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA (ASCEMA Nacional) y
Associação dos servidores do IBAMA – Rio de Janeiro (ASIBAMA RJ). Chile: Andrés Figueroa Cornejo, periodista. México: Comité Cerezo.
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/04/08/argentina-disciplinar-para-que-el-crudo-fluya/
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