Territorios y cuerpos en disputa:
Horacio Machado Aráoz (Universidad Nacional de Catamarca.)
Este
nuevo ciclo de ‘mineralización’ de la América Latina se extiende ya a lo largo de la
vasta diversidad biológica y climática de sus territorios, y abarca también los
más diversos paisajes ideológicos de los gobiernos vigentes. Hoy por hoy, el
‘consenso minero’ unifica a todo el espectro variopinto de los oficialismos
gobernantes: desde los gobiernos de ‘derecha’ (de la ‘moderada’ y de la
extrema), a los autoproclamados ‘progresistas’ y hasta ‘revolucionarios’; desde
aquellos que abren las puertas a la expansión del militarismo norteamericano,
permiten la instalación de nuevas ‘bases’ e impulsan los TLC con las potencias
dominantes, a los que adoptan una retórica ‘anti-neoliberal’ , e incluso, a
aquellos que modificaron sus Constituciones y consagraron los “Derechos de la
Naturaleza” y el “Buen Vivir”. Al unísono con las grandes corporaciones del
sector, los gobiernos latinoamericanos defienden a rajatabla “la minería”.
El oficialismo pro-minero se ejerce instalando,
día a día, a través de diferentes canales y lenguajes, el mensaje de que “sin
minería no se puede vivir”. A juzgar por los intereses del poder, el extractivismo minero parece
férreamente consolidado. A más de dos décadas de iniciado, su implantación ha
implicado cambios tan drásticos como profundos en todas las dimensiones de lo social;
su magnitud y consecuencias no sólo impactan en el escenario presente sino que
tienen implicancias mayores aún en el mediano y largo plazo. Con precisión,
cabe señalar que la contundencia y eficacia transformadora del nuevo régimen
minero ha dado lugar a la conformación de un nuevo escenario socioterritorial
regional, tanto en el plano macro, de las instituciones y variables
estructurales, como en nivel micro, de las subjetividades y las experiencias de
la vida cotidiana. La envergadura del fenómeno ha concitado el interés de las
ciencias sociales en la región y hoy contamos con muchas investigaciones
relativas a diversos aspectos de la problemática. Por
caso, hay ya una profusa bibliografía sobre las reformas
político-institucionales y legislativas que crearon el marco de condiciones de
posibilidad de este nuevo ‘auge minero’ (…).
2.- Territorios minados. Una caracterización de la conflictividad
socioterritorial ‘minera’.
“En los ámbitos de las operaciones mineras, las
comunidades se convierten en anfitrionas pasivas de una actividad que poco
conocen y que trastoca su vida cotidiana y sus relaciones con el entorno. (…)
Se acumulan elementos de vulnerabilidad dinámicos que acrecientan el factor de riesgo
de las comunidades locales. (…) El desafío es la reducción de la vulnerabilidad
construyendo y potenciando capacidades, respetando la cultura y contribuyendo a
que estas comunidades mineras sean actores de los procesos de crecimiento
económico y desarrollo sostenible. (…) Es recomendable considerar el tema de
los riesgos mineros como parte de los desafíos del desarrollo”. (Martínez
Casilla, 2003: 5-6).
“Para nosotros no son solamente conflictos
socioambientales, son más bien conflictos multidimensionales que tienen que ver
con la problemática de la tierra y de los territorios; tienen que ver con
recursos fundamentales como, el agua, la tierra, los bosques, tiene que ver con
la vida misma. Es decir, la presencia de las multinacionales petroleras o
mineras están, directamente, influenciando en nuestra vida, están afectando
nuestra salud… […] Por ejemplo, en La Oroya, ocho de cada diez niños, están
fuertemente contaminados con presencia de metales pesados en sus organismos
[…]Pero más allá de esto tiene que ver, también, con la cultura, nuestra
cultura, nuestra forma de organización social económica: las comunidades se ven
alteradas fuertemente por la presencia de multinacionales que estropean, que
arrasan con nuestros territorios”. (Mario Palacios Panéz, CONACAMI, Lima, 2009).
Uno de
los principales y más difundidos slogans del marketing social de la minería
transnacional a gran escala afirma que “ningún proyecto minero se hace sin el
consentimiento previo de las comunidades involucradas” (Machado Aráoz et Alt.,
2011). Sin embargo, de ser así, resulta bastante difícil entender cómo y por
qué este tipo de explotaciones genera tantas resistencias y tantos conflictos
allí donde se instala. La realidad regional de las últimas décadas muestra, en
efecto, que la expansión territorial de los proyectos mineros ha alimentado una
escalada de la conflictividad que no ha cesado de crecer en frecuencia,
intensidad y grados de violencia. Los marcados contrastes que -en términos de
recursos financieros e intervención tecnológica sobre los territorios- se
verifican entre estos emprendimientos y las modalidades productivas de las
economías locales, frecuentemente se usan para alentar las ilusiones de un
discurso desarrollista que presenta a la minería como “oportunidad de empleo” y
“superación de la pobreza” de los lugares.
No obstante, poco tiempo después esos mismos contrastes
alimentan frustraciones y antagonismos crecientes. En
el ámbito de la minería a gran escala, los efectos de las promesas
desarrollistas duran poco; a medida que la maquinaria extractiva se echa a andar,
los conflictos no cesan de fluir. Así, lo cierto es que más allá de las
‘políticas de imagen’ que despliegan las corporaciones, la expansión del
extractivismo minero da lugar al estallido de una amplia multiplicidad de
antagonismos. Procesos de reubicación forzada de poblaciones;
anegamiento de espacios productivos; ventas compulsivas de tierras y/o en
condiciones fraudulentas; afectación de las fuentes de agua; conflictos por el
acceso y uso de los bienes naturales (agua, suelo, flora, fauna); impactos por
instalaciones y mega-infraestructuras, con sus transformaciones paisajísticas
radicales y sus ‘cuotas’ de nuevos riesgos y peligros…
Competencias
internas por el reparto de las nuevas ‘oportunidades’ económicas; disputas por
puestos de trabajo y/o la venta de ‘servicios’ a las mineras; divisiones entre
los que aceptan y aprovechan tales ‘oportunidades’ y quienes no acceden o se
niegan a ‘transar’ con ‘la minera’; acusaciones de corrupción de los líderes
políticos locales; conflictos por salarios, por el pago y/o el uso de las
‘regalías’, por incumplimientos o restricciones de los ‘programas’ de
“responsabilidad social” de las empresas; afectados por accidentes, por casos
de contaminación, por nuevas enfermedades ‘raras’; enfrentamientos directos entre
pobladores y fuerzas de seguridad públicas y/o privadas; litigios judiciales
interminables… Éstas, y muchas más, conforman la larga lista de la casuística
de la conflictividad en las noveles “comunidades minera(lizada)s” (AA.VV., 2009; Bebbington, 2007;
Bury, 2007b; De Echave, Hoetmer y Palacios Panez, 2009; AA.VV., 2009; Damonte,
2007; Delgado Ramos, 2010; Machado Aráoz, 2010a; Alimonda, 2011). A través de éstos y muchos otros
casos, se manifiesta en realidad un escenario de conflictividad estructural en
torno al territorio como espacio de vida y proyecto político (….).
Comprender la profundidad y especificidad de este tipo de
conflictividad requiere atender a la propia naturaleza ecobiopolítica de la
entidad “territorio”. En efecto, como indicábamos en otro trabajo (Machado
Aráoz, 2010d), cabe concebir el territorio como producto complejo del acto de
apropiación –inseparablemente material y simbólico- que se da en y por el
trabajo, la energía psíquica, corporal y social que designa, se apropia y transforma
la disposición de fenómenos, elementos y procesos que se dan en un determinado
espacio geográfico, y que de tal modo, es así convertido en
entorno-propio-de-vida. De allí que no hay territorio sin sujeto político que
lo constituya como tal en el marco de esa relación pragmática que se entabla
entre población y espacio geográfico en la gestión de la vida (…).
Desde sus orígenes, la modernidad definió lo ‘civilizado’ como lo
‘desapasionado’; la ‘racionalidad’ como el estadio de dominio y control del cálculo
sobre los sentimientos. La expresión directa y plena de lo que ‘sentimos’ fue
desde entonces asimilado a lo ‘bárbaro’ y a lo ‘primitivo’ (Elías [1977] 2011).
Así nació la ‘objetividad’, como negación de lo que sentimos…. De allí que no debe haber sentimiento
político que exprese más cabalmente la moral del orden colonial-burgués que el
cinismo, ese arte de mentir ‘descaradamente’; de ocultar las emociones y
controlar las pasiones propias para ejercer el dominio sobre los cuerpos y las
acciones ajenas… Cinismo que se cultiva en intencionalidades inconfesables, y
se desarrolla en el ejercicio de decir siempre lo ‘políticamente correcto’;
aunque sea ‘falso’; aunque uno no ‘sienta’ lo que dice como ‘propio’. Cinismo
que, en definitiva, es el triunfo pleno del interés sobre los ‘sentimientos’…
Cuerpos radicalmente insensibles; completamente mineralizados… Pese a todo, mal
que les pese a burócratas de Estado y a inversionistas, todavía hay en estas
Tierras, cuerpos que, pese a tanta violencia, a tantas agresiones
históricamente acumuladas, sienten en ‘carne propia’ la devastación de los
territorios… Son aquellos que no ‘entienden’ la lógica de la compensación, pues
creen que ciertos bienes están fuera de lo ‘negociable’… Son cuerpos-sujetos de
sensibilidades-sociabilidades otras…. Portadores de afectividades radicalmente
otras… Potencialmente alumbradoras, por tanto, de otros mundos posibles…
Fuente: theomai.unq.edu.ar/Art_Villamil_(Territorios_y_recursos_en_disputa).pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario