Constatemos, como también en Bolivia, se desvió hacia empresarios fondos destinados a "abordar y resolver los graves, profundos y estratégicos problemas que tienen los sectores indígenas y campesinos del país, precisamente por tratarse de uno los más vulnerables, explotados y excluidos de la sociedad".

Caja de Pandora
25 de febrero de 2015

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

A lo largo de nuestra historia, en la política como en la realidad nacional, se han sucedido culebrones que han hecho temblar estructuras de poder, de gobierno o de instituciones nacionales, porque sacudieron las fibras más íntimas o los principios más elevados de la sociedad y del Estado, obligando a realizar cambios. Por ello y en vista de los innumerables y generalmente perversos incidentes que surgieron a conocimiento público, se identificaron como cajas de Pandora, en referencia aquel mito griego por el que Zeus las creó.

Actualmente, uno de ellos está vinculado a daños económicos al Estado y la corrupción, que la Contraloría General ha identificado en el uso de los recursos provenientes del IDH, que el Fondo Indígena utiliza y destina para financiar proyectos de los sectores indígenas y campesinos del país. Sin embargo, a pesar de su gravedad y siguiendo aquella lógica simplista y punitiva de encontrar culpables, no importando las causas y los asuntos de fondo que lo originaron, el impacto y sus consecuencias parecen estar destinadas únicamente a sentar un nuevo escarmiento y precedente para los individuos que finalmente se identificarán como corruptos. Y ello podría suceder en el mejor de los casos, porque por el estado en el que se encuentra la administración de justicia, así como la recurrencia a las dilaciones e innumerables “recursos legales” a las que estamos acostumbrados, finalmente podrían dar lugar a que los presuntos culpables logren torcer el proceso, salgan con su gusto y se burle nuevamente la justicia. Es decir, en realidad se habrá omitido y evitado realizar una investigación completa y de fondo, y mucho menos contribuir a identificar, resolver y corregir aquellos asuntos estratégicos de fondo, que hacen a la gestión del proceso de transformaciones y cambio que todos esperamos.

Debe tomarse en cuenta que los resultados de las indagaciones realizadas por la Contraloría, solo dan cuenta de 71 millones de bolivianos que se desembolsaron a 153 proyectos, cuando en realidad entre fines del año 2010 y el primer semestre de 2011 se aprobaron más de 1.100 proyectos por un monto que supera los 1.260 millones de bolivianos (¡!) y, además, también se ha calculado que en 8 años se han asignado alrededor de 3.500 millones de bolivianos (alrededor de 500 millones de dólares, sin contar otros 2.100 millones de bolivianos que quedaron en caja y banco).

Y cuando nos referimos a otros asuntos de fondo de los que no se habla, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a que el Fondo Indígena (una vez identificados, juzgados y sentenciados los culpables, si se logra), continúe siendo una especie de caja chica (con grandes recursos), para administrar las disputas y la pugna de intereses entre los sectores indígenas y campesinos; sufragar gastos arbitrarios; utilizar prebendal y patrimonialmente los recursos como mecanismo de perversión, corrupción y tráfico de influencias; así como la de mantener aquella lógica colonial de “donantes y beneficiarios” para la distribución de los recursos disponibles (amén de facilitar la conformación de una casta o cúpula con amplios poderes para decidir qué, dónde, cuánto y a quién se financia).

Por otra parte, resulta totalmente incomprensible que el Fondo Indígena que dispone de una gran cantidad de recursos, cuya sostenibilidad y disponibilidad en el tiempo están garantizadas, haya mantenido y reforzado una lógica clientelar e inmediatista de financiamiento de pequeños proyectos puntuales, localistas y hasta de beneficio familiar, que dispersaron y atomizaron el impacto y un manejo eficiente de los recursos. No existió la voluntad e iniciativa para preocuparse por abordar y resolver los graves, profundos y estratégicos problemas que tienen los sectores indígenas y campesinos del país, precisamente por tratarse de uno los más vulnerables, explotados y excluidos de la sociedad. Y este asunto es aún más grave, cuando nada menos que la Presidenta del Fondo, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, exdirigente nacional de las mujeres campesinas, que por varios años se ha permitido efectuar gestiones, comprometer todo tipo de facilidades e incentivos, e inclusive otorgar beneficios y licencias más allá de lo legalmente justificable en favor de sectores empresariales y agroindustriales, tradicionalmente conservadores y de intereses antinacionales, no haya tenido la elemental iniciativa de trabajar en favor de su propio sector oprimido y discriminado. Es decir, en un Fondo tan estratégico como pudo haber sido el Indígena. Peor aun cuando se resiste a dar su palabra, explicar su actuación en el manejo de los recursos del Fondo Indígena y dar por entendido que sólo serían culpables quienes utilizaron los recursos. Como si la responsabilidad y obligación (triple por ser autoridad, miembro de los sectores afectados y militante de un proceso de cambio), sólo fuese atribuible a quienes siguieron la lógica de expresar sus necesidades inmediatas, pero que no se aseguraron de respaldar documentalmente los gastos y/o dar continuidad a proyectos iniciados. 

Arturo D. Villanueva Imaña es Sociólogo, boliviano. Cochabamba.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195808