Un fetiche llamado Vaca Muerta
31 de julio de 2014
ArgenPress
Por Hernán Scandizzo (OPSUR)
La
referencia a esta formación de esquistos, en los últimos tiempos, se ha vuelto
cotidiana tanto en Neuquén como en el ámbito nacional. Las fantasías de vastos
sectores de la dirigencia política y del mundo corporativo están depositadas en
ella; incluso despierta apetitos más allá de las fronteras argentinas. El
intento de concretar esas fantasías pone en tensión concepciones como
soberanía, participación popular y democracia, e interpela sobre el significado
que el medio ambiente y su cuidado tiene para la dirigencia del país.
La
Agencia de Información de Energía de Estados Unidos estimó, en 2013, que las
formaciones de esquistos Vaca Muerta y Los Molles concentran un potencial de
recursos recuperables de gas de 582 billones de pies cúbicos (TCF, trillones
según la nomenclatura estadounidense). Es decir, más de la mitad de lo que ese
organismo le adjudica a la Argentina, 802 TCF, y más de un tercio de lo que
proyecta para Sudamérica, 1431 TCF. Independientemente de cuán creíbles sean
los números difundidos por Washington, éstos las posicionan en el mercado
energético global. Actualmente Vaca Muerta es considerada el área prospectable
de esquistos más importante fuera de Norteamérica. Justamente, es a partir de
esa caracterización que se dan las pujas entre el gobierno nacional y el de
Neuquén -que tiene el dominio sobre la mayoría de estos recursos y porciones
menores comparten Mendoza y Río Negro-, y se desarrollan las negociaciones con
gobiernos extranjeros y organismos financieros y entre el sector público, las
corporaciones petroleras e YPF -que en los hechos queda a mitad de camino.
Desde la agitada
primera mitad de 2012, que culminó con la intervención de YPF y la sanción de
Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el escenario sigue sometido a constantes
vaivenes. Aprobada la norma por amplia mayoría en ambas cámaras, el Estado no sólo
recuperó el control de la petrolera, al expropiar el 51% de las acciones en
poder de Repsol, sino que anunció el retorno a una concepción estratégica de
los hidrocarburos, enfocada en las necesidades e intereses del país y
divorciada de las imposiciones del mercado. Si bien no se volvió al momento
previo a la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ni se desmanteló
todo el esquema de los ´90, se avanzó en quitarle a las empresas la libre
disponibilidad sobre el recurso y en devolverle al Estado nacional el
protagonismo en la planificación de un sector fuertemente trasnacionalizado. Al
menos los discursos, y algunas acciones, como el decreto 1277/12 que reglamenta
la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, iban en ese sentido (OPSur, 14/08/2012).
Sin
embargo, a poco andar, la balanza comercial energética cada vez más
deficitaria, debido al incremento de las importaciones, y los fuertes
condicionamientos que las corporaciones imponían para asociarse con YPF -libre
disponibilidad, aplicar la cotización internacional al mercado interno y
liquidación de divisas en casa matriz- minaron la intransigencia arropada de
nacionalismo petrolero. El pragmatismo se abrió paso y en ese contexto Miguel
Galuccio, presidente y CEO de la petrolera parcialmente nacionalizada, debutó
como nexo entre los intereses corporativos y los de la empresa controlada por
el Estado, que no necesariamente son los del país. Hizo lobby no sólo para que
a través de programas como Plan Gas se aumente el precio en boca de pozo, sino
también para que los incrementos lleguen a los surtidores y, además, para que
el precio interno del crudo se acerque a la cotización internacional. El
objetivo de esta transferencia de renta al sector privado -que funcionó para
inyectar dinero en la petrolera de bandera- era reactivar la producción, ya que
respondía a la demanda de mejores condiciones planteadas por las corporaciones,
sin embargo sólo YPF aumentó los niveles de extracción (Página/12, 14/04/2014).
La
imposibilidad de revertir a través de YPF la caída de la extracción de crudo y
de gas, que se arrastran desde 1998 y 2004, respectivamente, mostró los límites
de la expropiación de las acciones de Repsol, ya que la petrolera de bandera
concentra poco más del 30% de la producción argentina. Por otra parte, las
dificultades para conseguir socios financieros para avanzar en la explotación
de Vaca Muerta, planteada por el Gobierno Nacional como la única vía para
lograr el autoabastecimiento, se transformaron en un cuello de botella que se
decidió sortear sacrificando letras del término soberanía. Así se alcanzó el
acuerdo con Chevron para el desarrollo de un piloto para explotar el área Loma
Campana.
Este acuerdo fue
precedido por la firma de los decretos 927 y 929, que modifican el marco
regulatorio para la actividad hidrocarburífera. A través del primero se
quitaron o redujeron considerablemente aranceles a la importación de tecnología
e insumos que directa o indirectamente estén vinculado al desarrollo de
yacimientos no convencionales. Mientras que el segundo remontó el camino de los
’90: tanto para los proyectos convencionales como no convencionales que
inviertan más de U$S 1000 millones, a partir del quinto año, pueden exportar el
20% de la producción a precio internacional, libre de aranceles, y liquidar en
casa matriz las divisas obtenidas; en caso de no autorizarse la exportación,
ese porcentaje de la producción puede venderse en el mercado interno en
idénticas condiciones.
Sin
embargo el nuevo marco regulatorio no fue seguido por la andanada de inversiones
esperadas, de momento sólo YPF/Chevron se acopló. Ante el poco interés
despertado el Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias petroleras
discuten la posibilidad de reducir el monto de inversión a U$S 250 millones e
incrementar los beneficios, permitiendo la liquidación de total de utilidades
en casa matriz. Pero antes de avanzar en ese debate conviene puntualizar otras
decisiones que lo precedieron. Una de las más relevantes es el cierre del
proceso expropiatorio con Repsol, con el que se intentó dar una señal clara al
mercado de la vocación argentina de respetar las reglas y, en términos
prácticos, poner fi n a las ofensivas de la compañía española, que había
iniciado demandas en diferentes tribunales, incluso ante el CIADI, y presionaba
con acciones similares a las empresas que se asociaran con YPF. Más allá de la
pirotecnia desplegada al momento de la expropiación, en la que voceros del
oficialismo plantearon la posibilidad de no pagar indemnización dada la
gravedad de los pasivos ambientales y financieros de la empresa, finalmente se
acordó un monto y se pagó con bonos (Tiempo Argentino, 24/05/2012 e Infonews,
18/04/2012). Además se garantizó la indemnidad de Repsol en causas judiciales
en curso y futuras vinculadas a su gestión -incluso las vinculadas a pasivos
ambientales.
La incorporación de
los pasivos ambientales como variable de presión en la puja con Repsol, por
parte de las autoridades argentinas, y su posterior desentendimiento, dan un
peligroso mensaje de impunidad ambiental se transforma en una bomba de tiempo, máxime cuando, con
la finalidad de atraer inversiones, se flexibilizan los marcos regulatorios,
como es el caso de los decretos 422 y 1208, firmados en 2013 por el Gobierno de
Neuquén. A través del primero se eliminó la realización de Estudios de Impacto
Ambiental en proyectos de explotación de hidrocarburos de yacimientos no
convencionales y se lo reemplazó por la presentación de un Informe Ambiental,
que es menos profundo y no se somete a una Audiencia Pública. En tanto el
decreto 1208, a
través del cual se aprobó el proyecto de YPF para la explotación de esquistos
en el bloque Loma Campana, asociada con Chevron, se incluyeron cláusulas por la
cual la fiscalización del plan de trabajo y los controles ambientales los realizarán
de manera conjunta la provincia y la empresa, lo que marca tendencia hacia la
autorregulación corporativa (OPSur, 23/08/2014).
A
poco de concretarse la solución amistosa con Repsol, el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario Adjunto de Energía de los
Estados Unidos, Daniel Poneman, anunciaron que sellaban una alianza en materia
energética. Según el diario oficialista Tiempo Argentino, el acuerdo -de
carácter estratégico- apunta a que el país capte capitales para la explotación
de sus recursos y dinamice proyectos claves del sector mientras que Estados
Unidos se insertaría de lleno en el negocio de Vaca Muerta. Durante la reunión Poneman
enfatizó en la necesidad de crear lazos “para favorecer el intercambio entre
las empresas”; mientras que De Vido aseguró que “es uno de los convenios más
importantes que han suscripto ambos países en los últimos años”. “Las partes
ponderaron el acuerdo alcanzado entre YPF y Chevron, y confirmaron que la
oficialización de la colaboración abrirá el ingreso de nuevos inversores entre
los que busca seducir a ExxonMobil” (Tiempo Argentino, 22/05/2014).
Poco
tiempo después el Gobierno Nacional informaba que las negociaciones con el Club
de París habían llegado a buen puerto, seguirían el camino emprendido con
Repsol: pagarle hasta que le duela. En ese sentido, el diario Página/12,
también cercano a la Casa
Rosada , presentó como una buena noticia que grandes
corporaciones, con intereses en Argentina y con casa matriz en los países del
Club -como la
angloholandesa Shell-, allanaran el camino para el diálogo.
“Se trata de grandes empresas de los países acreedores que vienen haciendo
buenos negocios en el país, y que en la etapa que se inicia proyectan fuertes
inversiones.
Las
más importantes en carpeta son en los sectores de hidrocarburos, con Vaca
Muerta a la cabeza, química y petroquímica, automotrices, minería, donde podría
reflotar un megaproyecto para la extracción de potasio en Mendoza y otros de
litio en el norte del país, laboratorios y en licitaciones de obras públicas”
(Página/12, 01/06/2014). En esa misma edición tanto el gobernador de Neuquén
Jorge Sapag, como el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof,
manifestaron sus expectativas de la llegada de inversores externos, incluso se
deslizaron los nombres de las petroleras Petronas y Pemex, y de las empresas de
servicios Halliburton, Schlumberger y Weatherford. El clima de negocios
favorables al desarrollo de Vaca Muerta que se intenta generar a través de los
acuerdos con empresas, gobiernos extranjeros y acreedores parece encontrar su
techo en la puja entre Nación y los gobernadores de provincias petroleras. El
principal conflicto se suscita con la provincia de Neuquén, que tiene el
dominio sobre el área de la formación de esquisto que mayores fantasías genera.
El gobierno provincial busca captar mayor cantidad de renta a través del
sistema de acarreo, por el cual la estatal neuquina Gas y Petróleo (GyP) se
asegura la participación en proyectos de desarrollo de no convencionales sin realizar
un desembolso directo. Desde el gobierno nacional e YPF se busca poner fin a
este sistema, arguyendo que actúa como una traba para la inversión externa,
aunque, poco se dice respecto a que la petrolera de bandera tiene intereses en
juego. En breve negociará la prórroga de 19 bloques en los que está asociada a
GyP a través de dicho mecanismo (LMN, 22/05/2014).
Más
allá de las divergencias en torno al acarreo, las negociaciones para consensuar
una nueva ley de hidrocarburos giran alrededor de las porciones del negocio que
corresponderán a la Nación, las provincias y las empresas, al tiempo que se
evalúan otros beneficios para atraer la atención de las corporaciones, como
extender la duración de los contratos a 35 años para no convencionales, período
al que se sumaría la posibilidad de prórroga por 10 años. También se negocian
los alcances de la estabilidad fiscal, el congelamiento de las regalías y la
posibilidad de que las empresas liquiden el 100% de utilidades en su casa
matriz. El fetiche sigue alimentando fantasías, mientras que de la soberanía
sólo se conservan unas pocas letras, el resto fueron servidas como ágape en las
celebraciones.
Oposición, terrorismo y control social
La
fuerte represión policial con que el 28 de agosto de 2013 se intentó frenar la
manifestación contra el acuerdo Neuquén-YPF/Chevron fue la expresión del tipo
de relación que el gobierno de Jorge Sapag está dispuesto a entablar con la
oposición al fracking. Si bien desde un primer momento había adjudicado a
sectores fundamentalistas las críticas a esta técnica, después de aquellas
jornadas de agosto la cuerda se tensó más. En noviembre de ese año, en el Club
del Petróleo, el gobernador neuquino llamó a librar una fuerte batalla
comunicacional a favor de la explotación masiva de yacimientos no
convencionales (Neuquén Informa, 12/11/2013). Mientras que en diciembre la ex
rectora de la
Universidad Nacional del Comahue y actual vicegobernadora de
Neuquén, Ana Pechén, convocó nuevamente al empresariado a educar a la población
para contrarrestar los discursos de miedo del ‘terrorismo ambiental’ (OPSur,
19/12/2013). Meses más tarde, durante la inauguración de una escuela, el
gobernador pidió a los jueces “no generar terrorismo ambiental” al referirse a
un fallo judicial que paralizó la perforación de un pozo para esquistos en la
provincia de Chubut (LMN, 21/03/2014).
Estas
declaraciones se complementan con pedidos de endurecer las sanciones a quienes
bloqueen el acceso a yacimientos o interrumpan la producción (LMN, 05/06/2014)
y con otras medidas como capacitaciones para policías y fiscales provinciales
dictadas por agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados
Unidos y la construcción de un laboratorio forense con fondos de
responsabilidad social de las petroleras (RN, 14/02/2014 y 24/02/2014).
Punta de lanza
YPF
es la única empresa que ha tomado la decisión explotar masivamente yacimientos
de esquistos y, en ese sentido ha desembolsado alrededor de U$S 2.500 millones
en Vaca Muerta. También intervino la formación D 129, en Chubut, donde perforó dos
pozos, que se encuentran paralizados por acciones judiciales fundadas en la
legislación ambiental e indígena. Las otras empresas que más han avanzado en la
exploración de Vaca Muerta son la francesa Total y la angloholandesa Shell. La
compañía con sede en París explota 11 áreas hidrocarburíferas, en 6 de las
cuales está a cargo de la operación, y cuenta con 16 pozos exploratorios
perforados en Vaca Muerta. La angloholandesa, en tanto, obtuvo permisos de
exploración para tres áreas de la provincia patagónica y perforó 6 pozos
horizontales.
Al
tándem de las europeas se suma la alemana Wintershall ,
que a principios de año formalizó un acuerdo con GyP para la exploración del
potencial de shale del área Aguada Federal. Mientras que otra actora de peso es
la
estadounidense ExxonMobil , corporación a la que Gobierno Nacional
pretende asociar con YPF, pero que llegó a Vaca Muerta de la mano de la empresa
neuquina. En mayo último la mayor petrolera privada del mundo anunció que
resultó exitosa la perforación de un pozo en el área Bajada del Choique.
Publicado
en Fractura Expuesta N°3, julio 2014.
Fuente: http://www.enernews.com/debate/262744/scandizzo-opsur-un-fetiche-llamado-vaca-muerta
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