Usurpación de comunidades indígenas.
Un diálogo con Verónica Huilipan
Un diálogo con Verónica Huilipan
16
de febrero de 2015
Por Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)
Verónica Huilipan nos habló de las comunidades Neuhen Ñuque Mapu y Cayupan
que vieron sus dos territorios alambrados por privados, tanto en las provincias
de Rio Negro como de Neuquén.
“Aún cuando la geografía separa a los territorios por más de 900 kilómetros , son
dos situaciones iguales y tiene que ver justamente con un proceso sistemático
de usurpación territorial por parte de privados con comunidades mapuches. En el
caso de Neuquén, es decir, la comunidad Cayupan , cercana a la comunidad de
Zapala, han invadido parte del territorio de Veranada por parte de un privado
que llegó de buenas a primeras ostentando un título de propiedad que nadie sabe
de dónde lo sacó. Por lo tanto, se acusa como un título de propiedad
fraudulento. Porque para que tenga título de propiedad dentro de territorios
comunitarios, tendría que haber sido la comunidad quien le vendió a esa
persona. Sin embargo, no es así. Y estas personas llegan y se instalan.
Primero, con toda la prepotencia que traen los especuladores de nuestros territorios,
vienen con matones, generalmente son o amigos o aliados del poder político
local, entonces cuentan con la venia del poder local. La situación que les tocó
vivir a los hermanos de la
comunidad Mariano de Pulé, en Comayo, en la línea sur de la
provincia de Río Negro también es una situación parecida. Las comunidades,
desde toda la vida vivieron en un lugar, hay reconocimientos formales ya desde
1900. Estos datos son datos oficiales que dan cuenta de que las comunidades
estuvieron ahí porque son datos que se encuentran registrados en el archivo
histórico de la Nación, donde aparecen los primeros mapas catastrales de la
región; así se sitúa en el catastro la ubicación de la comunidad. Por otro
lado, hay papeles de gestiones que en esos años 1905, 1925, 1918, 1930, 1927
que han hecho las autoridades de ambas comunidades ante el gobierno Federal
(porque en ese tiempo era territorio nacional todo) para el reconocimiento de
las tierras en términos de propiedad colectiva. Aún así, los gobiernos
actuales, tanto de la provincia de Neuquén como de la provincia de Río Negro,
siguen desconociendo sistemáticamente este derecho que tienen las comunidades
mapuches sobre su territorio”.
“Esta situación no es
aislada respecto de la situación territorial de los más de 30 pueblos indígenas
que existimos hoy en el país. Porque ocurre lo mismo en la zona norte, en la
región del Noa permanentemente hay actos de resguardo y de asistencia
territorial por parte de los hermanos coyas en el norte para defenderlo de
especuladores que llegan al territorio ostentando títulos y diciendo que son
dueños de un territorio que no conoce más gente que la propia gente de la
comunidad que ha desarrollado toda una vida en ese espacio. Lo mismo sucede en
la región del Nea. Hay un caso emblemático para mostrar un poco lo que pasa en
las provincias de Chaco y Formosa. Toda la situación que están viviendo los
hermanos wichis, los hermanos qom, pilará, etc. Todo tiene que ver con cómo el
gobierno de la provincia de Formosa ha hecho de la tierra pública (lo que ellos
denominan la tierra pública, que en realidad es territorio comunitario
indígena) una rifa al mejor postor. Y en esa zona, sobre todo, donde se
instalan los pool sojeros que son los que van invadiendo territorio comunitario
y luego se provocan estas situaciones ya de crisis humanitaria. Hoy en la
actualidad que tengamos que tolerar todavía que se mueran hermanos por
enfermedades curables, por desnutrición. Esa es la lógica consecuencia de la
desidia de los gobiernos provinciales que desalojan a las comunidades para
favorecer a los amigos en función de su estrategia de desarrollo que tiene que
ver con beneficiar a algunas familias en detrimento de comunidades enteras”.
Ante
el hecho paradójico, la tensión de, por un lado, entender y ser conscientes de
la complicidad estructural del poder judicial y, por el otro, verse obligados a
apelar a la justicia para que no se profundice este proceso de despojo Verónica
asevera: “creo que es una
tensión lógica de un proceso de colonización tan grande con el que se vive, con
el que se han conformado las instituciones estatales. Fijate que tenemos como
dos caminos en paralelo que todavía no logran encontrarse. Por un lado, todo el
marco jurídico de reconocimiento de derechos que existe en Argentina respecto
de los pueblos indígenas, que es un marco jurídico, podríamos decir, de lujo;
porque los derechos que se reconocen son los derechos que hemos venido
demandando históricamente los pueblos indígenas y que por eso también hemos
sido actores primarios a la hora de construir el actual marco jurídico de
reconocimiento. Y, en paralelo, sigue una política pública y está basada
justamente en una matriz cultural racista, colonial, que no le permite ver a
los pueblos indígenas como sujetos de derecho para que sean actores primarios
de la resolución de estos conflictos que el propio estado le va instalando
dentro de los territorios comunitarios”.
“Estas tensiones, nosotros incluso como pueblos originarios, en
términos del movimiento indígena, nos hemos dado el tiempo de pensarnos entre
nosotros, de pensar el Estado, pensar las instituciones democráticas, como para
empezar a ofrecer propuestas políticas de transformación estructural de la
política estatal para que haya inclusión del derecho indígena y a partir de ahí
se empiecen a generar condiciones de un nuevo diálogo en el marco de la
interculturalidad que existe en el país. La única manera de empezar a superar
esa tensión tiene que ver con: tomar decisiones políticas de fondo, que tiene
que ver con empezar a poner el derecho indígena como base fundamental, dejar de
tratar el tema indígena como una cuestión de pobreza (y esto tiene que ver con
la colonización, porque no es un mal que sólo afecte a los pueblos indígenas,
sino fundamentalmente a las instituciones democráticas que dicen ser
progresistas), dejar de ser un país colonial y empezar, de verdad, a general
condiciones de diálogo político con los pueblos indígenas. Este es el gran reto
que tenemos”.
“De parte del estado no hemos escuchado por ahora propuestas que
motiven la posibilidad de una mesa de diálogo serio para empezar a tratar los
temas de fondo y poner en discusión el tema de un ordenamiento territorial
serio, transparente, para garantizar la propiedad comunitaria de los pueblos
indígenas. No se ha puesto en discusión el modelo de desarrollo estratégico del
país para el conjunto de la sociedad Argentina , incluyendo los pueblos
indígenas. Ahí es donde nosotros vemos el mayor problema porque el producto de
priorizar un modelo de desarrollo extractivista agro exportador, genera todo un
proceso de criminalización y asesinatos contra los pueblos indígenas que
resistimos y defendemos nuestro territorio”.
“Por parte de los pueblos indígenas, ya en el año 2005, le hicimos
una primer propuesta política estructural al Estado federal, para que el
derecho indígena sea política pública en el país. Los pueblos indígenas
debatimos, no encontramos, nos llevó más de un año y medio poder ponernos de acuerdo
y plantear cuatro ejes fundamentales por donde nosotros consideramos que debe
atravesar una transformación estructural de política estatal que tiene que ver
con lo territorial, con los recursos naturales, con la educación en términos
genéricos, no para los pueblos indígenas, porque eso es seguir mirando desde un
punto de vista racista y paternalista; necesitamos que el sistema educativo se
transforme en función de la realidad social que tenemos y donde estamos
conviviendo las distintas culturas, incluida la argentina. Asimismo ,
plantear la necesidad del ejercicio del pluralismo jurídico, hemos pedido al
estado que reconozca los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas
y también le hemos ofrecido debatir acerca de crear una instancia bisagra que
articule entre ambos sistemas de justicia. Obviamente que ese sistema estatal
necesita generar adecuaciones para poder ponerse a la altura de las
circunstancias. El sistema judicial de argentina tiene 200 años y fue traído
por exportación desde afuera con una lógica completamente distinta a la
realidad social actual del país”.
“Las tensiones de las que
hablábamos, ponen en evidencia la incapacidad política de los funcionarios de
poder ver a los pueblos indígenas como sujetos de derecho político, capaces de
acompañar procesos de transformación profunda. Los políticos se vanaglorian
abrazando las banderas de Evo Morales, presidente del único estado
plurinacional que existe en el mundo en este periodo, y, sin embargo, aquí
adentro cuando un pueblo indígena demanda reconocimiento se lo persigue
judicialmente, políticamente y hasta se llega a asesinatos”.
En
relación al marco normativo, en el informe de situación de los pueblos
indígenas en la Patagonia del 2013, afirman que en relación a lo que era el
proyecto de reforma del código civil, lo más grave es que este proyecto es
promotor de desalojos indígenas y de condenas penales por usurpación. En
relación a esto, Verónica afirma: “otra
vez la cuestión de la lógica colonial y racista con la que se administra este
país. Gracias a la movilización política del movimiento indígena, al
posicionamiento político de cada una de las organizaciones, logramos que el
tema de la propiedad comunitaria se saque del código civil. Ese fue un triunfo
político porque se pretendía regular al territorio comunitario como una cosa,
un bien material. Y los territorios comunitarios no son sólo eso, son
especialmente bienes culturales, espirituales. Por lo tanto no puede estar
regulado por el código civil que regula cosas materiales en la lógica del uso
individual. Eso es sustancial. El proceso de mayor criminalización contra los
pueblos indígenas se dio desde el año 2009 en adelante, cuando asesinan al
hermano diaguita de Tucumán, Javier Chocobar. Y es justamente donde han basado
el alto nivel de persecución y criminalización fue justamente en el código
procesal penal y en el código civil. Por eso las acusaciones no sólo son por
usurpación, sino que aparecen causas por daño, por retener la posesión, etc.
Distintas causas que son habilitadas por el código civil. Por eso también piden
los desalojos, porque aparece un código civil que favorece la especulación
inmobiliaria, el clientelismo y habilitan la usurpación de los territorios por
parte de los amigos del poder”
Sobre
el quiebre entre lo material y espiritual que menciona antes y sobre la
posibilidad de avanzar en la reconstitución de los vínculos con el territorio
chileno y fundamentalmente con el pueblo mapuche del otro lado de la cordillera Verónica
afirmó lo siguiente: “hay que
mirar por un lado la cuestión estrictamente formal en materia de derechos y,
por otro lado, la cuestión cultural, filosófica, espiritual religiosa que tiene
que ver con las relaciones reales. La mayor parte de los pueblos originarios
transfronterizos, somos pueblos que nunca hemos perdido la relación. Porque
la relación está dada, primero y fundamentalmente, por las relaciones
familiares que no son cotadas por límites geográficos, eso es una ficción. La
realidad concreta es que la relación existió y existe. El intercambio de
conocimiento, por ejemplo. Lo que sí se vio fue la fragmentación del
ordenamiento territorial que teníamos como pueblo producto de la imposición
ficticia de la
frontera. Desde el punto de vista normativo, hemos avanzado a
nivel internacional con el logro del reconocimiento de lo que es el convenio
169 de la
Organización Internacional del Trabajo. En ese convenio, se
deja especialmente normado el reconocimiento de los estados de los pueblos
transfronterizos para que tengan libre tránsito en términos de comunicación y
desarrollo. Lo que aquí también vemos es la debilidad en términos políticos
porque es desde los funcionarios de la administración pública que no se alcanza
a ver la importancia estratégica de esta norma y garantizar el libre tránsito
de los pueblos originarios”.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article9334
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